Pedro Rivero dijo adiós como buen periodista

El director de EL DEBER falleció esta madrugada. Fue periodista, empresario, embajador y presidió casi todas las instituciones cruceñas. Su familia y su periódico atestiguan su obra

A la una menos diez, a la hora en la que el último periodista abandona la Redacción de EL DEBER, Pedro Rivero Mercado se despidió de este mundo, cerró la última página de su vida. “El periódico no lo voy a poder dejar, lo llevo en las venas, es parte de mi sangre”, decía cuando le preguntaban por su jubilación. Por eso, el hombre nacido el 19 de octubre de 1931, supo que a esta hora, cuando los periodistas apagan las luces para volver a casa, era el momento de marcharse.

Pedro Rivero Mercado solía llegar temprano a EL DEBER. Atravesaba la Redacción a diario y saludaba con un sonoro y solemne “buenos días” a quien encontraba a su paso. Luego desaparecía en una oficina espaciosa, llena de libros, pinturas y recuerdos. Recibía una visita por día, revisaba editoriales y pasaba el día tecleando sobre una computadora de pantalla grande, mientras su vieja máquina de escribir lo miraba celosa desde la chimenea. Eso lo tenía ocupado diez horas al día.

Rivero Mercado comenzó a recibir un sueldo de periodista en 1961, cuando fue contratado como redactor del diario Progreso. Sin embargo, el periodismo lo había enamorado antes, en los tiempos en los que era un flacuchento estudiante del Nacional Florida. Allí editaba El Tijeretazo, un periódico colegial en el que mezclaba bromas en prosa y en verso y comentarios serios sobre la juventud y el estudio.

La vocación era clara, pero en 1950 Pedro Rivero Mercado decidió no escucharla. Quiso estudiar Medicina. Había visto morir a su padre, Guillermo Rivero Arriaza, cuando solo tenía 42 años y luego había despedido a su hermano de solo 19 años producto de una meningitis. “Me propuse ser médico y luchar contra la muerte”, decía cuando contaba su año en Cochabamba en la Facultad de Medicina. Pero la vocación tiene una voz poderosa. Volvió a Santa Cruz, aplazó su sueño con la promesa de retomarlo cuando se abriera Medicina en la Gabriel René Moreno y comenzó a estudiar Derecho.

Antes de graduarse, se casó con Rosa Jordán y tuvo a Guillermo, Pedro y María del Rosario. Tras recibir el título de abogado, nacerían Sonia y Juan Carlos. En 1965, luego de un paso por la dirección de La Estrella del Oriente, tomó las riendas de EL DEBER. En ese momento, el Diario Mayor no era el periódico de referencia que hoy es, era un diario casi artesanal, que escribía, editaba y distribuía Pedro Rivero Mercado junto a su esposa.

No descuidó nunca su trabajo como escritor. Desde la década de los 80 comenzó a publicar libros de poesía, comenzando por Los 100 mejores poemas de Gustavo Adolfo Baca, una colección de versos que pasó fácilmente la centena y que aún resuena en los actos cívicos de los colegios. Luego se unieron historias contadas en verso como Las tres perfectas solteras o Las palomas contra las escopetas, entre otros títulos, pero aún no estaba tranquilo. A los 69 años editó su primera novela, Los gorriones del barrio. Temía que no tendría tiempo para escribir una segunda, pero terminó sumando cuatro títulos a su catálogo.

Pedro Rivero Mercado era un hombre que quería a su tierra. Presidió casi todas las instituciones cruceñas y cuando lo nombraron embajador de Bolivia en París, quiso llevarse parte de su cultura y mostrarla en Francia. Sobre el escenario de la Unesco, sonaron los violines de Urubichá.

Era un mecenas silencioso, que ayudaba a gente de cultura sin que nadie lo sepa. Para que esa tradición sobreviva, creó junto a su esposa la Fundación Pedro y Rosa. Ahora, el premio de periodismo más codiciado del país lleva su nombre. Este año no pudo entregarlo en persona. Ya peleaba su propia batalla contra la muerte, esa que se había llevado a su padre y a su hermano tan jóvenes. Pedro Rivero Mercado nunca pudo estudiar Medicina. Cuando se abrió la carrera en la Gabriel René Moreno ya tenía más de 60 años. Ya no importaba.

Había aprendido a dar vida a personajes a través de las palabras. Había aprendido a perpetuarse, que es otra forma de derrotar a la muerte.

Fuente: El Deber, 13.6.16

Un gran periodista que deja un valioso legado

Una de las mayores virtudes de Pedro Rivero Mercado fue acompañar los procesos de modernidad del medio de comunicación que lideró y consolidó como el mejor del país. La creación de un grupo empresarial supera con creces a la empresa periodística que adquirió en los años 60

Pedro Rivero Mercado o simplemente Don Pedro (así lo conocían en Santa Cruz,) fue un hombre completo. No solamente cosechó grande éxitos y reconocimientos con el periodismo, sino que también fue un próspero empresario, que gracias a su capacidad para leer las nuevas realidades tecnológicas, supo incorporar en su preciso momento todo lo que hoy forma parte del Grupo EL DEBER.

La refundación de EL DEBER, la creación de EL DEBER Radio, el periódico El Norte y la imprenta EL DEBER, como parte de un proceso de integración empresarial, fueron una clara muestra de la capacidad de gestión y visión de negocios de Don Pedro, según Javier Urey, miembro del directorio de esta empresa periodística.

Martín Rapp, también integrante del directorio de EL DEBER SA, describe a Don Pedro como un visionario perseverante, ya que paso a paso hizo crecer su emprendimiento, dejándolo como líder indiscutible y creó un grupo empresarial que superó a la casa periodística.

En un libro que Bismarck Kreidler escribió sobre Don Pedro, lo califica como un llanero con historia, con trayectoria y con huellas de luchador.

Nunca perdió el foco

A decir de Rapp, Don Pedro tenía una idea muy clara tanto de su ventaja distintiva como de sus límites y en lugar de perderse en las tantas oportunidades de negocio que cruzaron a una persona como él, siempre fue fiel a su esencia. “En persona se preocupaba del detalle más importante de un empresario: Que su producto salga impecable”, dijo.

“Los últimos tiempos debemos destacar su apoyo para consolidar EL DEBER como una empresa referente en nuestro país, transformándola en una sociedad anónima y fortaleciendo su órgano de gobierno con la incorporación de un directorio, además de su apoyo por el negocio digital para posicionar a EL DEBER como una marca siempre al lado de sus lectores”, resalta Urey.

Para Kreidler, Don Pedro siempre tuvo la virtud de acompañar todos los procesos de modernidad tecnológica del medio de comunicación que lideró y esto lo llevó a tener una empresa sólida, grande y saneada.

Vanguardista tecnológico

Entre sus innovaciones tecnológicas sobresale la web de EL DEBER, la cual desde el primer momento se caracterizó por su dinamismo y diversidad de contenido. Hoy en día es el sitio multimedia más avanzado del país y uno de los más leídos.

Urey destaca su firme apoyo por el negocio digital para posicionar a EL DEBER como una marca siempre al lado de sus lectores y anunciantes dentro de un acelerado proceso de transformación de la industria periodística acompañando el desarrollo tecnológico. “En aquellos tiempos, cuando los académicos y las revistas especializadas hablaban de multimedia, Don Pedro ya puso el concepto en práctica. Creó una industria editorial, fundó una radio y preparó el terreno para que los contenidos periodísticos salgan por la web”, expresó Rapp

Otros emprendimientos. El nombre Pedro Rivero Mercado es sinónimo de EL DEBER; sin embargo, el líder del Diario Mayor también ‘engendró’ otras empresas que hoy son referentes en sus sectores

Poniendo letras más de una década

Fundada en octubre de 1999 para prestar servicios de impresión al Diario Mayor, en lo referido a suplementos y productos especiales tales como Para Ellas, Extra y separatas a ser impresas en determinadas fechas, la Imprenta EL DEBER actualmente realiza trabajos para varias empresas e instituciones de Santa Cruz que difunden su trabajo en todo el territorio nacional. La demanda de sus servicios, gracias a la calidad impuesta por Don Pedro, ha ido creciendo de forma gradual con el transcurso de los años, hasta ponerla en la cúspide de las compañías dedicadas al sector de impresiones gráficas.

Una frecuencia con sello oriental

EL DEBER Radio llegó de la mano del nuevo milenio con equipos radiofónicos de última generación no vistos hasta esa época en el país. En febrero de 2O00 salió al aire en un primer momento con la intención de rescatar y difundir la música del oriente boliviano e informar a través de flashes noticiosos. Uno de sus mayores hitos, siempre bajo la iniciativa de Don Pedro, ha sido la identificación y recopilación de las 100 mejores canciones de la música oriental en 2005. En la actualidad, EL DEBER Radio cuenta con una gran variedad de programas de distintos formatos, entre ellos deportivos y revistas.

Cubriendo necesidades de la región

Siendo Montero el epicentro de una región pujante como la norteña, se consideró la necesidad de que contara con un medio de comunicación que, además de cumplir de la mejor manera posible su tarea, interpretara y canalizara las inquietudes de una comunidad identificándose, única y exclusivamente, con sus intereses. A las 22:00 del 21 de marzo de 2003, en el stand del Diario Mayor en Exponorte, se produjo el lanzamiento del diario El Norte, que desde el primer momento fue un proyecto serio, sello que caracterizó todos los emprendimientos de Don Pedro.

Fuente: El Deber, 13.6.16 por Mauricio Vásquez

Carlos Mesa: “Periodistas y medios estamos viviendo una sensación de miedo”

“El Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición”.

“Estamos viviendo una sensación de miedo”, dice el expresidente Carlos D. Mesa Gisbert al analizar la situación de la prensa y la libertad de expresión en Bolivia. Y el miedo, advierte, tiene como consecuencia inevitable la autocensura.

Asimismo, sostiene que el Gobierno “ha establecido una estrategia de ataque directo a algunas instituciones, no solamente a los medios de comunicación, sino también a la Iglesia Católica”, algo que “no ha existido como política de Estado en el período democrático previo al 2006”.

“La idea del ‘cártel de la mentira’, a fuerza de ser repetida, se convierte en una estrategia de demolición. El Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición”, sostiene en alusión a los ataques gubernamentales a los diarios Página Siete y El Deber, a la red ERBOL y a la Agencia de Noticias Fides (ANF).

“La democracia ha sido diseñada para limitar al poder y por lo tanto la tarea de los periodistas y del periodismo es limitar al poder; es mucho más comprensible un periodismo no de oposición, sino un periodismo crítico, un periodismo de denuncia, un periodismo que ponga en evidencia los excesos del poder, que un periodismo complaciente”, sostiene.

Asimismo, afirma que el Gobierno perdió el referendo porque “hay un proceso de agotamiento” y por “la necesidad de una alternancia en el poder después de 10 años consecutivos de administración del mando”. En este sentido, le augura al Gobierno una nueva derrota si convoca una consulta para revertir el resultado del referendo del 21 de febrero.

¿Hay libertad de prensa en Bolivia?

La respuesta tiene que ser inevitablemente matizada, porque estamos siempre en la historia de Bolivia comparándonos con nosotros mismos y con un pasado que ha sido brutal. Si tú has vivido en un proceso de dictadura como el que ha vivido Bolivia, para no ir muy lejos, los 18 años entre el 64 y el 82, es evidente que la situación no es la misma en términos generales. Por comparación tienes que aceptar que hay rasgos de libertad de expresión que son importantes y que nos permiten estar conversando aquí y que permiten a Página Siete ser un medio legítimo de oposición dentro de un marco democrático.

Entonces, ¿sí hay libertad de expresión?

Sería una ingenuidad decir que tenemos una libertad de expresión plena. En primer lugar, hay formas de restricción que tienen que ver, por ejemplo, y además no hay ningún secreto en ello porque el Gobierno lo ha planteado así, que aquellos medios que no son amigos del Gobierno no tienen por qué recibir publicidad gubernamental. El Gobierno no es “dueño” de la publicidad que genera por dos razones: uno, porque utiliza dinero de quienes somos contribuyentes, y dos, porque se supone que el trabajo del Gobierno es una representación del trabajo del Estado y la publicidad que hace referencia a acciones del Estado boliviano representadas por el Gobierno no pueden ser asumidas como un patrimonio del Gobierno. Nunca en la historia el

Gobierno había tenido un control tan directo de medios que aunque no sean oficialmente propiedad del Estado o del Gobierno, tienen evidentemente inversiones de personas que tienen una vinculación muy significativa con el Gobierno, y que ha convertido a esos medios privados en por lo menos paraoficialistas cuando no directamente oficialistas. Otro elemento importante: quizá desde las épocas del MNR, el Gobierno no había hecho un uso tan eficiente desde el punto de vista del Gobierno, no del Estado, de medios como el canal estatal, como la radio del Estado y las radios que a título de comunitarias hacen difusión de intereses gubernamentales, y un periódico propio. Y algo muy significativo, y aquí sí que no hay comparación alguna: no conozco ningún caso de un presidente que tenga a su servicio una unidad móvil  para reflejar sus actividades y no necesariamente las actividades vinculadas a la administración del Estado,  sino de entretenimiento del Presidente cuando juega partidos de fútbol, que son transmitidos por el canal del Estado.

¿Cómo se traducen estas restricciones?

Hay una línea de preocupación que tiene que ver con el más grande peligro que tienen los medios o los periodistas o los columnistas: el miedo y, como consecuencia, la inevitable autocensura. Estamos viviendo una sensación de miedo, una sensación de que si dices cosas que son complicadas acabas judicializado. El gran secreto de un proceso democrático que limita las libertades es transformar la represión directa en judicialización.

La judicialización de la política y la judicialización del periodismo o de los medios de comunicación es uno de los mecanismos que con el celofán de la legalidad se convierte en una forma de presión sobre los medios.

El Gobierno afirma que ha perdido el referendo por culpa de algunos medios y de las redes sociales, razonamiento que conlleva una agudización de la presión sobre estos medios. ¿Qué opina al respecto?

Eso no tiene ningún asidero de carácter científico. El Gobierno ha perdido el referendo simplemente porque hay un proceso de agotamiento y porque hay una lógica que cada vez es más evidente, que es la necesidad de una alternancia en el poder después de 10 años consecutivos de administración del mando. Éste es un aspecto fundamental, más allá de lo que tú opines del Presidente. El pueblo boliviano, incluso aquel que ha respaldado al Presidente, está absolutamente consciente de que estamos viviendo un proceso de agotamiento. Por lo tanto, achacarle a los medios, a los escándalos y a las redes sociales la derrota, y mucho menos a la manipulación y a la mentira, es una lectura equivocada que además le va a perjudicar al propio Gobierno. El Gobierno está pensando que el Presidente puede intentar repetir la experiencia de una consulta, pero probablemente no le va a ser positiva porque no veo ninguna razón para que la percepción ciudadana cambie. Su derrota no ha sido una cosa circunstancial vinculada a una manipulación de un momento determinado, sino que tiene que ver con una sensación permanente de la ciudadanía boliviana sobre la necesidad de renovación.

En conexión con su percepción sobre la derrota del 21 de febrero, el Gobierno está pensando en la reforma de la Ley de Imprenta o en la elaboración de una nueva ley de comunicación.

Yo quisiera hacer aquí dos consideraciones, una vinculada al contenido de la Ley de Imprenta, aprobada en 1925. La filosofía de la ley me parece impecable en sus principios y caracterización, salvo en uno que otro detalle de cuáles son los delitos de imprenta. Está claro que hay un conjunto de cosas vinculadas a la modalidad, al siglo XXI, que en principio tú dirías que por lo menos hay que incorporarlas, incorporar a los medios audiovisuales, las redes sociales, internet. Sin embargo, esto no se puede hacer en un momento como éste porque no hay una voluntad real del poder de establecer de manera abierta y plural un debate sobre una modificación que mejore las características de la ley. Lo que el Gobierno quiere es ver cómo podemos limitar lo que la Ley de Imprenta establece como una opción de esa libertad. En mi opinión, el momento histórico y político que estamos viviendo es absolutamente inadecuado para una reforma porque no tenemos las condiciones de voluntad política ni del oficialismo ni de la oposición, porque estamos completamente erizados unos con otros en relación con esta cuestión tan delicada.

¿Qué está pasando con el ejercicio del periodismo? Pareciera que la polarización ha colocado a los periodistas en dos trincheras totalmente opuestas, entre quienes apoyan el “proceso de cambio” y quienes lo critican. ¿Qué piensa como periodista al respecto?

Comenzaré por hacer un pequeño paréntesis en torno a una expresión. Hablar del “proceso de cambio” es igual que hablar del “neoliberalismo”. Yo no acepto que se califique como “neoliberalismo” al proceso democrático previo al 2006, ni acepto que se llame “proceso de cambio” al actual proceso político. El análisis histórico de lo que ese proceso representa lo analizaremos en su momento, pero el Gobierno nos ha ganado con las palabras.

Le estamos creyendo que es un proceso de cambio. Algunos podrán interpretar que sí, otros que no. El actual proceso político tiene una característica muy clara, que es que nos obliga a tomar posición. Ahora bien, el 2006 ha representado un momento singular en la historia del país y las características de este proceso político implican elementos equivalentes a los que hemos vivido en momentos anteriores, como el proceso democrático del 82 o la Revolución del 52. Son momentos profundos de proyección histórica que hacen que cada uno de nosotros tome una posición. Por lo tanto, no debe sorprendernos  que este proceso político y estos 10 largos años de gobierno te coloquen en un lado o en el otro. Es muy difícil la neutralidad y los periodistas no hemos sido excepción en esta lógica. Y aquí diría algo más. Dada la debilidad del sistema de partidos y de la  oposición, los medios de comunicación se están convirtiendo en los únicos instrumentos a través de los cuales puedes expresar ideas que antes los partidos políticos de oposición expresaban. No solamente es un déficit de los partidos, es una forma de construcción de hegemonía partidaria, es una forma de asfixia de la oposición, es una forma de legalidad que impide que la oposición se pueda desarrollar. El abanderamiento es comprensible. Yo diría que no es ideal, porque estamos llegando a un punto en el que de pronto nos podemos pasar de rosca, tanto de quienes defienden el proceso político actual como de quienes están en contra. Yo creo que es legítimo que un periodista y un medio de comunicación se autodefinan, que de manera legítima digan “yo estoy a favor de este proceso político” o “no estoy a favor”, siempre y cuando la esencia de su trabajo no pierda la perspectiva de la veracidad, de reflejo de los hechos tal y como son, y de una mirada crítica que no sea desmesurada.

Pero eso no está ocurriendo. Los medios independientes están siendo estigmatizados, como se ha hecho con el denominativo del “cártel de la mentira”, y otros están totalmente adscritos al poder. ¿Cómo afecta esto al  derecho del ciudadano a ser informado?

El Gobierno, y esto no ha existido como política de Estado en el período democrático previo al 2006, ha establecido una estrategia de ataque directo a algunas instituciones, no solamente a los medios de comunicación, sino también a la Iglesia Católica, para poner un ejemplo. La idea del “cártel de la mentira”, a fuerza de ser repetida, se convierte en una estrategia de demolición. El Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición. Al Gobierno no le gustan estos medios y con esa caracterización quiere decir: “¡ojo, señores!”. En los medios audiovisuales estamos en el umbral de la renovación de licencias, situación que puede tener un efecto devastador para el pluralismo. La norma que establece un tercio para los medios privados es en realidad de 66/33. Hay una estrategia consciente del Gobierno para debilitar a aquellos medios que no le son favorables y eso es una lógica que no habíamos conocido en democracia. La idea de que tú eres independiente quiere decir que eres independiente del poder. La democracia ha sido diseñada para limitar al poder y por lo tanto la tarea de los periodistas y del periodismo es limitar al poder. Es mucho más comprensible un periodismo no de oposición, sino un periodismo crítico, un periodismo de denuncia, un periodismo que ponga en evidencia los excesos del poder, que un periodismo complaciente. La idea de que tú, porque estás en una línea crítica al Gobierno, eres  opositor en el sentido militante, partidario, es una falacia. Por razones de definición hablamos de oficialismo y oposición como hablamos de derecha e izquierda. Eso es comprensible, pero el concepto de periodismo independiente existe en ese sentido, el de la independencia del poder. El secreto del buen periodismo está en la independencia del poder, del poder empresarial, del poder político, del poder social, del poder como criterio de uso excesivo de ese poder en contra de la ciudadanía y de la sociedad.

Retomando el tema de las redes sociales, ¿cómo ve la pretensión del Gobierno de controlarlas?

Es un esfuerzo imposible, salvo que tomaras actitudes de gobiernos dictatoriales, es decir, técnicamente, como lo hacen Corea del Norte y China. Para ponerles un ejemplo, China para hablar del modelito que a todos les gusta, ejerce una censura abierta, limitando de manera explícita mediante determinados mecanismos de bloqueo.

Asumo que el Gobierno no está en esta lógica y no tiene ninguna posibilidad de limitar el funcionamiento de las redes sociales. Por supuesto, desde la perspectiva conceptual no debería ni siquiera intentarlo. Es verdad que hay excesos en las redes sociales,  que hay anonimato,  que se pueden cometer delitos, desde delitos sexuales hasta delitos de terrorismo internacional, pero las redes sociales permiten una democratización de las voces que antes estaban restringidas al escenario de la conversación cotidiana. En ese sentido, siempre hay que hacerse la pregunta del costo y beneficio de la libertad y la libertad plena tiene un costo, que vale la pena que sea pagado.

En ese contexto, creo que el Gobierno ha entendido la lección y ha lanzado a una cantidad impresionante de personas o instituciones que están haciendo su tarea en las redes sociales. Es parte del juego. Que el Presidente tenga presencia en el Twitter me parece una gran noticia, me parece que entendieron las cosas correctamente.

Es decir, están dispuestos a pagar el precio de las redes sociales. Pero, por favor,  el discurso del “cártel de la mentira” y el discurso de que las redes sociales lo están derrotando, no. Hoy las redes sociales son un instrumento legítimo y democrático que le da poder a la gente para hacer cosas, cosas en democracia.

Fuente: Página siete, 12.6.16 por Juan Carlos Salazar e Isabel Mercado, periodistas

Movilización de periodistas de base

Tuvo características singulares la movilización de los periodistas de base, realizada el miércoles 8, hacia el mediodía. Recorrió las arterias céntricas de la ciudad e ingresó a la plaza Murillo, pese a que estaba con fuerte respaldo policial, en defensa de la libertad de prensa y de la Ley de Imprenta.
La novedad de la demostración es que no fue promovida por ninguna de las organizaciones gremiales que tiene el sector de los periodistas. De manera que fue totalmente espontánea la actitud asumida por los periodistas de base de los diarios y otros medios de comunicación de La Paz.
De ello puede extraerse dos puntos de vista. En primer lugar, que la Asociación de Periodistas y la Federación de Trabajadores de la Prensa se encuentran ajenas a las vulneraciones que se están produciendo contra el ejercicio del periodismo. En segundo término, que los periodistas de base han adoptado, por su propia voluntad y profesionalismo, la decisión de exteriorizar su preocupación y rechazo a tales hechos, en los que las víctimas han sido precisamente periodistas de base.
Por tanto, la conclusión es que la llama de la defensa de la libertad de prensa se mantiene viva entre los redactores y reporteros de los medios de comunicación, pues sus propias mesas de redacción han optado por la pasividad o el temor a las represalias oficialistas.
Entonces, la barrera inexpugnable en la defensa de la libertad de prensa e información, así como de la Ley de Imprenta, se halla sustentada por la principal fuerza laboral del periodismo, pues es la que a diario se encuentra en el terreno donde se dilucida real y efectivamente si su trabajo es respetado y si tiene o no acceso a la información pública.
Este es un giro trascendental e histórico que se produce en Bolivia, en particular en La Paz, en defensa de la libertad de prensa y de la Ley de Imprenta de 1925. Implica ello que la ciudadanía en general puede confiar en que tiene guardianes que la custodian para tener la información. Cuando esto no suceda, querrá decir que el mayor bastión que tiene hoy la defensa de la libertad de prensa ha sido reducido o eliminado.
La dirigente sindical Carmiña Moscoso expuso que “los trabajadores de la prensa que diariamente deben realizar la cobertura de diferentes hechos públicos, en los últimos meses han sufrido diferentes agresiones, desde ser filmados y fotografiados por personas desconocidas. Peor todavía, han sido golpeados, perseguidos, apedreados y hasta se les ha arrebatado sus equipos de trabajo, como son grabadoras, filmadoras y otros recursos propios de la actividad profesional”.
La periodista Moscoso añadió que “La cobertura periodística, desde la quema de la Alcaldía, registrada en la ciudad de El Alto, el pasado 17 de febrero, y las manifestaciones sociales desarrolladas a nivel nacional y sobre todo en la sede de Gobierno, se han convertido en una tarea de “riesgo”, con la posibilidad no sólo de recibir la agresión por parte de los grupos antimotines, como es el caso de la Policía, sino también de los mismos grupos confrontados política o socialmente, quienes prefieren no ser filmados ni fotografiados por la prensa, sobre todo cuando se genera la vulneración de los derechos humanos de algún grupo social”.
Remarcó, asimismo, que “los periodistas, como en épocas dictatoriales, neoliberales o caudillistas, han sido siempre la piedra en el zapato de los grupos de Poder, porque develan hechos de violencia, la vulneración de los derechos humanos de sectores minoritarios, razón por la que, efectivamente, se convierte en una tarea de “riesgo” realizar la cobertura periodística que demanda la sociedad, que solicita recibir una información, lo más cercana a la realidad”.
A tiempo de efectuar un breve recuento, Moscoso puso de manifiesto que “sólo en las ciudades de La Paz y de El Alto, alrededor de 10 periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron agredidos y, de entre ellos, a cinco les arrebataron sus instrumentos de trabajo, por personas desconocidas”.
Continuó exponiendo que “pese a dar a conocer las denuncias, a la fecha, las organizaciones sindicales, como asociaciones del gremio, prefirieron callarse y acatar un “silencio cómplice, más parecido a la estupidez”, porque dejaron pasar el tiempo, hasta que los periodistas de base se pronuncien con una protesta pacífica, pero contundente”.
Fuente: El Diario, 12.6.16 por Alberto Zuazo, periodista boliviano

La escucha que potencia la palabra

No resulta fácil reflexionar hoy sobre el periodismo, aunque la conmemoración invite a hacerlo. Poco hay, sin embargo, para celebrar. Toda celebración se obnubila por la disminución de los puestos de trabajo, por los despidos en los medios y por la precarización del trabajo de los periodistas. Pero eso requeriría un tratamiento especial y específico por aparte y en sí mismo.

El periodismo atraviesa una etapa difícil de su historia. Hay reconfiguraciones que provienen de las transformaciones en la industria de la comunicación, pero simultáneamente existe un desplazamiento de la política al ámbito de la comunicación con todas las connotaciones que ello suma a la labor profesional de los periodistas. No habría que perder de vista que el escenario político argentino, dada la polarización de las posiciones, le agrega algunos ingredientes que hacen especialmente complejo este último aspecto.

Para no entrar en el debate sobre el periodismo independiente o no, habría que comenzar recordando que antes que periodistas (se aplica de la misma manera para abogados, arquitectos, médicos…) quienes ejercemos esta profesión somos ciudadanos y como tales tomamos opciones –tenemos la responsabilidad de hacerlo– que son también políticas. Entonces es casi ridículo seguir pretendiendo la independencia y mucho menos la objetividad. Abandonemos de una vez y para siempre este debate estéril y sin sentido. Somos ciudadanos políticos y el ejercicio de nuestra profesión no puede alejarnos de esta condición.

Lo único que se nos puede exigir y demandar es veracidad y honestidad en el manejo de la información. Aunque usemos criterios de selección que, sin duda, responden a nuestro discernimiento político. No nos debemos arrepentir de ello; sí transparentarlos con honestidad. Lo triste es que muchos y muchas que niegan actuar de esta manera, utilizan el periodismo para generar operaciones o se prestan a ellas. Mienten a sabiendas. Esa sí es una conducta reprochable y reñida con la ética. Dejo por su cuenta, estimado lector, hacer una lista –que puede llegar a ser extensa– de quienes en nuestro medio incurren en esas conductas. Lamentablemente lejos de haber sanciones éticas para quienes así proceden, vastos sectores de la sociedad siguen calificando a estas personas como “profesionales reconocidos”.

Es indudable que la información es fuente de poder y que quienes trabajamos con la información como materia prima ejercemos una cuota de poder. No se trata de negar esta realidad evidente. Sí de preguntarnos honestamente qué hacemos con ese poder, en favor de quien lo jugamos, sabiendo que cada noticia se divulga tiene un potencial pedagógico y educativo, para promover el cambio o para perpetuar la injusticia. Aquí está el verdadero dilema ético. No en manifestarse independiente sino, por el contrario, en comprometernos como ciudadanos-periodistas en la construcción de una sociedad cada día más justa, más igualitaria en la que el ejercicio del derecho a la comunicación es un eje fundamental.

Y esto último solo se logra haciendo de la profesión de periodistas y comunicadores una vocación volcada hacia la participación, un modo de facilitar circuitos virtuosos de diálogo entre actores diferentes en la sociedad. Para hacerlo, quienes nos desempeñamos en este oficio, tenemos que aprender cada día que, aún más importante que decir, es escuchar. Solo si abrimos nuestros oídos mediante la escucha atenta de todos los actores sociales, plurales y diversos, nuestra labor como periodistas y comunicadores podrá responder a las necesidades de los actores ciudadanos y transformarse en un aporte valioso a la sociedad y al sistema democrático.

Fuente: Página12, 7.6.16 por Washington Uranga, periodista uruguayo

“La Ley de Imprenta no sólo protege a los periodistas, sino a toda la ciudadanía”

Antes que nada, creo  que  hay que considerar tres aspectos que son muy importantes en la Ley de Imprenta y que son insustituibles e irrenunciables  para los periodistas. El primero es que el proceso se ventila en un jurado de imprenta. Esto quiere decir que son ciudadanos los que van a decidir la suerte de proceso,  no un solo juez y eso garantiza el fallo; que el juzgamiento sea adecuado, equitativo y  justo.

El segundo tema es que evita que quienes ejerzan el periodismo vayan a dar a la cárcel por alguna publicación que hayan realizado. Esto da garantías al ejercicio profesional porque las penas son pecuniarias y no son penales.

El tercero es que garantiza el secreto de la fuente, que  es un principio periodístico que también es irrenunciable para  todos los periodistas. ¿Por qué es tan importante el secreto de fuente? Porque es la forma en que los periodistas consiguen la información. Mucha gente entrega información, pero con la condición de que no revele quién la está entregando. Esto es muy importante en el periodismo de investigación y en la fiscalización del poder.

Los periodistas no podemos  convertirnos en delatores de quienes nos están proporcionando la información.

Estos tres principios son fundamentales para el ejercicio del periodismo.

Pero también hay un tema que es importante y que debe saber la ciudadanía. La Ley de Imprenta no sólo protege a los periodistas, sino a toda la ciudadanía. La Ley de Imprenta es para toda la ciudadanía.

Hay ciertos aspectos que se han comenzado a difundir y que son mentiras. El primero  de ellos  es que es una ley que se limita a  los impresos. Y no es así. En el credencial de los periodistas dice prensa, no dice medios de comunicación; y esto es porque  cuando se redactó la Ley de Imprenta había pocos medios tecnológicos y no se sospechaba la presencia del  internet, pero el espíritu de la ley, los tres principios que menciono, se aplican a todos los medios. Hasta ahora seguimos utilizando los términos  prensa, periodismo, para referirnos a este oficio y a esta actividad.

Una segunda mentira es que la Ley de Imprenta  es un “fuero especial” para los periodistas, y no es así. Quien juzga los delitos de imprenta  es un jurado de imprenta, un jurado de ciudadanos que se van a pronunciar sobre un tema referido al periodismo.

Entonces esos son dos temas muy importantes que debemos  desmitificar y debemos comenzar a pensar en el espíritu mismo de la ley.

Fuente: Página siete, 5.6.16 por Renán Estenssoro es director de la Fundación para el Periodismo.

Actualizar la Ley de Imprenta: sí, pero no

Por enésima vez han surgido en las últimas semanas algunas voces que plantean modificar la casi centenaria  Ley de Imprenta. Salta a la vista que este instrumento legal tiene aspectos que han quedado obsoletos o simplemente no abarcan las nuevas realidades de la comunicación. Al momento de su promulgación, en 1925, el medio impreso (las imprentas) era el único que existía, no habían nacido todavía la radio, la televisión y mucho menos las nuevas tecnologías de información y comunicación, que están revolucionando el mundo de las comunicaciones (satélites, computadoras, internet, celulares, redes sociales, fibra óptica, etc.).

Entonces, parece una cuestión de simple sentido común que la Ley de Imprenta sea modificada para actualizarse, pero manteniendo y reforzando algunos de sus principios fundamentales. Así lo han comprendido muchos estudiosos del tema, que además han ido lanzando propuestas en ese sentido. Por ejemplo, el conocido periodista y exdirector de Erbol Andrés Gómez Vela, en su libro Los periodistas y su ley: argumentos para defender y actualizar la Ley de Imprenta (2012), sostiene: “La Ley de Imprenta contempla importantes principios que valen la pena ser conservados, reforzados y complementados con otros, pero a la vez se constata que requiere una actualización para garantizar una equilibrada relación jurídico-administrativa y jurídico-comunicativa entre medios, Estado y sociedad.”

Es más, propone algunos puntos que debieran ser tomados en cuenta para esa actualización: el derecho a la información, el sujeto titular de ese derecho, el derecho a la comunicación y el vasto campo de las nuevas tecnologías.

Podría decirse, de modo razonable, que nadie está en contra de modificar y actualizar la Ley de Imprenta. El tema de fondo es que esto es imposible de realizar sin contar con el concurso de periodistas y de quienes operan los medios. Y es doblemente imposible hacerlo contra ellos y ellas. Peor aún, es triplemente imposible intentar siquiera hacer esos cambios en medio del enrarecido y emponzoñado clima reinante en la relación entre el periodismo y el Gobierno.

Críticas estridentes, torpes amenazas, manejo extorsivo de la publicidad estatal, acusaciones infundadas, rabietas desenfrenadas, tratamiento escandaloso y sensacionalista de algunos temas espinosos, en fin, el desencuentro es la nota dominante en los actuales momentos.  Por tanto, de muy lejos no existen ahora las más mínimas condiciones para entrar a debatir modificaciones a la Ley de Imprenta.

Si algunos políticos oficialistas desubicados pretenden a toda costa poner en agenda el tema, lo único que conseguirán es que todo el gremio: periodistas, trabajadores de los medios en general, el sector académico y hasta los propietarios de medios, cerrará filas en defensa de ese instrumento legal y, de seguro, recibirá la solidaridad de amplios y diversos sectores sociales. El Gobierno se abrirá un nuevo frente donde lleva todas las de perder. Un senador banzerista hizo aprobar en 1988 la anulación de la Ley de Imprenta de un solo plumazo; al final le salió el tiro por la culata: en vez de ser abrogada fue ratificada y declarada vigente por el Parlamento.

Lo sensato es restablecer un ambiente de diálogo. Para eso, unos y otros lo único que tienen que hacer es respetar y poner en práctica la Constitución Política del Estado. Dos artículos específicos, el 106 y el 107, además de varios incisos de otros cuatro artículos (21, 24, 30 y 75) garantizan a libertad de expresión y establecen un marco de autorregulación para el trabajo periodístico. Ni más ni menos.

Fuente: La Razón, 5.6.16 por Carlos Soria Galvarro,  periodista boliviano

La Fundación de Gabo

Era fin de 1994 y el director de EL PAÍS me llamó para decirme que un señor colombiano me iba a llamar en nombre de Gabriel García Márquez, y que nos teníamos que poner de acuerdo. El “señor colombiano” era Jaime Abello, recién nombrado director de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano del Nobel colombiano. Y no solo nos pusimos de acuerdo sino que nos hicimos amigos, lo que perdura hasta el día de la fecha. Así es como comenzó la colaboración entre el periódico y la FNPI.

Di mi primer curso en la Fundación en la Casa de España de Cartagena, a comienzos de 1995. Y aunque Gabo me hizo el honor de inaugurar en persona los trabajos, fue un asunto muy modesto de solo tres días sobre Periodismo Internacional, gratísima experiencia, en cualquier caso, que se prolonga hasta nuestros días. Y desde entonces la FNPI ha llevado a cabo varios miles de actos, entre seminarios, conferencias, cursos, tertulias y celebraciones varias, siempre en torno a esa idea de fomentar, enseñar, mejorar la práctica profesional del periodismo en el continente de habla española, actividades entre las que destaca la concesión de los premios de periodismo Gabriel García Márquez, que tiene lugar cada año en Medellín, entre septiembre y octubre.

Gabo había dejado bien claro que no se trataba únicamente de promover el periodismo colombiano, sino que siempre habló de toda América Latina. Y nótese aquí que en el propio nombre de la Fundación se habla de Periodismo Iberoamericano, no Latinoamericano, sino que deliberadamente englobaba en su intención, al menos como marca de nacimiento, a España y Portugal. Por eso, la Fundación, con o sin el concurso de este periódico, ha organizado cursos, la mayor parte de cinco días, lunes a viernes, en toda América. Y yo mismo he dirigido reuniones en México, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros países, además de en numerosas localidades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, sin dejar nunca de recalar periódicamente en La Heroica.

En Cartagena podemos concentrarnos en “cómo se hace un periódico”

Y así fue cómo surgió la idea de crear un curso que fuera más allá de una toma de contacto y que se planteara como un principio de formación integral para el joven periodista. El primer curso, en 2002, fue de tres semanas de duración, pero al año siguiente lo extendimos a cuatro, con la pretensión de que fuera una versión, reducida, pero bastante extensa, del propio curso de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS, que ocupa todo un año académico. Y digo “bastante extensa” porque son cinco días a la semana, mañana y tarde, más el sábado por la mañana para recapitulación. Y, como del curso de Madrid se excluye toda la parte teórica y materias complementarias, en Cartagena podemos concentrarnos en “cómo se hace un periódico”, de modo que ese cuerpo central se traslada sino en su integridad, sí en buena parte, al curso de cuatro semanas, y desde el primer día podemos trabajar sobre supuestos de realidad, como si estuviéramos en un periódico. Finalmente, el desarrollo del llamado periodismo digital no podía sino reflejarse en las sesiones colombianas. Y así, desde 2009 el planteamiento general es el de que trabajamos para un periódico en su doble versión impresa y online, de forma que la última de las cuatro semanas nos dedicamos exclusivamente al multimedia, bajo la dirección del jefe de la web de EL PAÍS, Bernardo Marín.

El curso de este año está previsto entre el próximo 25 de julio al 19 de agosto para una selección de unos 15 alumnos, que estén preferentemente al comienzo de su carrera profesional, y si nos guiamos por lo acontecido hasta la fecha, algo menos de la mitad serán colombianos, y el resto de toda América Latina. Esta es la decimoquinta edición de lo que yo llamo el curso largo y, sumando todas las anteriores, vemos que ha habido alumnos de cada uno de los países latinoamericanos, sin excluir a Brasil, que ha dado extraordinarios asistentes a lo largo de los años. Por eso digo a guisa de despedida, nos vemos en Cartagena.

Fuente: El País, 4.6.16 por  M.A. Bastenier

La situación de la prensa en Bolivia

Editorial

Reporteros Sin Fronteras (RSF), institución dedicada a la defensa de la libertad de prensa en el mundo y a la protección de periodistas, emitió un comunicado el pasado sábado en el que denuncia una campaña del Gobierno de Bolivia contra los medios. “Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, señala la nota del responsable para América Latina de RSF.

 

Esta misma institución de origen francés  ha hecho públicas en los últimos años denuncias contra el acoso a la libertad de prensa y exige el fin del “acoso y el hostigamiento hacia periodistas, estudiantes, escritores, artistas, manifestantes o cualquier persona que busque expresar públicamente sus ideas”. Junto a Amnistía Internacional  ha denunciado que en diferentes países los periodistas y “otras personas que expresan sus ideas” han sufrido “persecución, amenazas, encarcelamiento, secuestros, tortura e incluso fueron asesinados” el pasado año y señalan su preocupación ante “la autocensura motivada por el miedo”.

En el caso boliviano, RSF hace referencia a las acusaciones emitidas el pasado 19 de mayo por el ministro Juan Ramón Quintana, que acusó a cuatro medios (entre ellos Página Siete) de conformar un “cártel de la mentira”, y aludió, con nombres y apellidos, a los periodistas Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez Vela que “son blanco de una verdadera campaña de difamación (…) con ataques verbales”.

RSF es una de las  entidades defensoras de la libertad de prensa más conocidas a nivel mundial, por lo que su opinión supone un duro golpe para la imagen internacional del Gobierno de Evo Morales..

Al margen de ello, el hecho de que dos periodistas hayan tenido que pedir protección fuera de Bolivia demuestra la situación de inermidad en la que viven algunos medios en Bolivia.

Como la Fiscalía no es independiente, cualquier persona que sea crítica del oficialismo puede ser detenida incluso sin orden de aprehensión (y como se  está viendo, en pocas horas algún fiscal “regularizará” la situación con las  órdenes correspondientes).  Los periodistas que han pedido protección fuera de Bolivia  son Wilson García Mérida, director del periódico digital Sol de Pando, y Carlos Valverde, conductor de  programas de radio y TV  en Santa Cruz.

García Mérida  está en Río Branco, Brasil, en dependencias de la Iglesia Católica, mientras se aclara su situación en Bolivia. Fue acusado de “sedición” por  el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y ante lo que él creía era su segura detención en la audiencia de ese proceso, salió  del país.

Valverde, por su parte, fue el periodista que dio a conocer la existencia de un certificado de nacimiento de un supuesto hijo de Evo Morales y su exnovia Gabriela Zapata y de un presunto caso de tráfico de influencias debido a que ésta se convirtió en representante de varias empresas chinas, especialmente la CAMC, a la que supuestamente ayudó a firmar importantes contratos con el Estado, casi todos por invitación directa. Valverde, hace poco, dijo que tenía información de que ese supuesto hijo nunca existió, lo que motivó que el ministro Quintana hiciera la ya conocida alocución en el Legislativo en la que denuncia la supuesta existencia de “un cártel de la mentira” que busca desestabilizar  al Gobierno mediante  un “golpe político mediático”.

Valverde primero dijo que se ponía “a buen recaudo” y, después, reveló que está en Buenos Aires y que desde allí denunciará las presiones de las que es objeto.

A todo ello se agregan anuncios de modificar la Ley de Imprenta o formular una ley de medios que impongan restricciones a la prensa. No es, por lo que se ve, un buen momento para el ejercicio del periodismo, o lo que es lo mismo para el debate libre y plural y el acceso a la información,  condiciones esenciales de un sistema democrático.

Fuente; Página siete, 3.6.16

El gobierno de Macri ante el desafío histórico de crear una ley que permita la libertad de expresión

El histrionismo y la comicidad no lograrían ocultar la gravedad de lo actuado. Como ex Relatores de Libertad de Expresión de las Américas, sabíamos perfectamente la magnitud de la amenaza. Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contrariado con lo expresado por el diario Clarín, rompió ante las cámaras de televisión un ejemplar del periódico, representando en menos de un minuto la lucha histórica y desigual de la prensa frente al inconmensurable poder del Estado.

Ambos fuimos testigos en América Latina de esos abusos. Ya fuera Fujimori en Perú o Chavez en Venezuela, la prensa molestaba. Pero desde el retorno a la democracia en nuestro país ningún gobierno había llegado a esos extremos. Nuestra preocupación estaba bien acompañada; la misma Relatoría de la OEA que ayudamos a forjar años atrás continuaba monitoreando los abusos autoritarios y, en el año 2015, Argentina, a juicio de la extensión del informe, estaba ubicada entre los peores países de la región en cuanto al respeto de la libertad de expresión. La necesidad de una nueva política pública en materia de libertad de expresión y de prensa era incuestionable.

El actual gobierno del presidente Mauricio Macri decidió impulsar ese cambio mediante, entre otras acciones, la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley “Argentina Digital” que durante el kirchnerismo fueron usadas en forma parcial y partisana. La ley que se está gestando, debe, ante todo, ajustarse a los estándares de protección de la libertad de expresión y de prensa del sistema interamericano. Algunos de esos estándares son los siguientes:

Es fundamental que las frecuencias radioeléctricas se otorguen en base a “criterios democráticos” como establece la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH. Criterios de renovaciones automáticas u otorgamientos de licencias muy prolongados en el tiempo no son adecuados. Se deben incorporar criterios que vayan más allá de los meramente económicos. Inclusive debe tenerse en cuenta la asignación de licencias para quienes provean servicios de Internet (ISPs) para que ello en la práctica facilite el acceso a las tecnologías de información.

Otra requisito esencial que debe contener una nueva ley es la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales. Es importante incorporar en la ley una idea adecuada de pluralismo que fomente la libertad de expresión y de prensa. Esto debe ir acompañado con regulación clara que implique autonomía de los medios públicos en cuanto a la emisión de contenidos respecto de los gobiernos. El modelo de la BBC es uno, entre los posibles.

Creemos que la ley tiene que aclarar si va a incluir Internet como servicio público o no. Con una regulación cuidadosa, la prestación de servicios de Internet como servicio público puede ser incluida. Igual consideración respecto de la distribución de contenidos por cableoperadores. Finalmente, en relación con el control de la aplicación de la ley, es deseable que la autoridad de aplicación tenga, en la reglamentación pero también en la práctica, independencia y autarquía del Poder Ejecutivo.

Estos son algunos trazos de lo que debería incluir la nueva ley. La decisión de impulsar una nueva normativa es una decisión de política pública de todo gobierno. El rol de todos los que defendemos la libertad de expresión es debatir y aportar ideas para que la nueva ley contenga los principios y mecanismos de control moderno y adecuados para gozar de una libertad de expresión plural, diversa y sin límites arbitrarios en la ley o en su implementación y aplicación.

El Gobierno del Presidente Macri está avanzando por ese camino: el 1 de marzo, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución Nº 9 estableció que el anteproyecto de Ley de Marco regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina deberá contemplar una serie de cuestiones que están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos recién expresados. Ello incluso llevó al Relator de la CIDH a que se pronunciara en una audiencia pública reconociendo al Gobierno actual por “atender las recomendaciones que consistentemente ha hecho la Relatoría” como ser el envío de la ley de acceso a la información recientemente aprobado en Diputados y “el cambio en el clima de la relación entre el gobierno y el periodismo”.

Un año después de haber roto el diario por televisión, ya fuera del poder y tal vez en la desesperada búsqueda de una buena prensa que le ayude a sostener una carrera política en vertiginoso descenso, el Jefe de Gabinete pidió disculpas por su ridículo y temerario acto. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho y nuestra democracia había llegado a uno de los puntos mas bajos desde 1983 en la defensa de la libertad de expresión. El gobierno esta ante un desafío histórico: crear una ley que permita que la libertad de expresión sea “la piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” como dijo la Corte Interamericana de DDHH.

La nueva ley es solo un paso. El intercambio fluido con periodistas mediante múltiples conferencias de prensa o la decisión de modificar la asignación de la pauta oficial son también decisiones que avanzan por el mismo camino. Al final de todo este proceso, lo importante es que las políticas implementadas sirvan para proteger a todos los ciudadanos de las arbitrariedades y autoritarismos de funcionarios pasajeros que usan el poder del Estado para silenciar y someter.

Fuente: Diario El País, 3.6.16 por Santiago A. Cantón y Eduardo Bertoni fueron Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente son funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Nacional respectivamente.

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