La prensa que ayudó a mentir

En los sótanos del edificio del Tesoro de su Majestad en Londres se encuentran las habitaciones de guerra de Churchill. Ahí se instaló, bajo las órdenes de ese gigante de la historia, el centro de mando para enfrentar al monstruo del nazismo en la II Guerra Mundial.

Si Inglaterra entonces no hubiera sido esa muralla inexpugnable, desde donde pudo fraguarse el desembarco, Europa no se habría salvado de Hitler.

Ochenta años después la decisión de irse de la Unión Europea (UE) no tiene nada de grandeza, aunque sea el hecho más trascendental desde la caída de la Unión Soviética.

Para empezar, según medios serios como Financial Times, la idea del referendo Brexit nació en una pizzería en el aeropuerto O’Hare de Chicago en el año 2012, después de un cumbre de líderes mundiales.

Esperando el vuelo de regreso a Londres, al primer ministro David Cameron y a otro líder del partido conservador se les ocurrió que tal referendo serviría para mantener unida a esa colectividad. Erraron en su cálculo.

Ahora Cameron –ya renunciado- tiene bien merecida la entrada infame a la historia como el peor primer ministro inglés en el último siglo (dicen, después de Chamberlain). Aparte de Cameron hay otro protagonista al que la historia no puede perdonar: Boris Johnson, populista, quien fue alcalde de Londres y líder en el bando de los que estaban de acuerdo en abandonar a la UE.

El triunfo del Brexit pone a este personaje camino a convertirse en primer ministro. Como para hacerle compañía a Trump, quien, a propósito, celebró a rabiar del lado de los eurofóbicos. Lamentablemente, la prensa británica fue protagonista para mal del resultado del Brexit la semana pasada.

Periódicos como Daily Mail y Daily Telegraph descubrieron que para vender más y exacerbar los ánimos xenófobos de la clase trabajadora, valía la pena mentir amenazando con que Europa se devoraría a los británicos y se perderían miles de empleos. A pesar de la arrogancia y los vicios burocráticos de la UE, el europeísmo le ha dado a millones de personas acceso a instituciones democráticas. Todos pierden con el triunfo del Brexit. Mucho más cuando el mundo está tan corto de líderes.

Fuente: El Espectador, 27.6.16 por Juan Carlos Gómez, periodista colombiano

12. Prensa boliviana, 10 años bajo acoso permanente por Wendy Pinto Ante las recientes agresiones de parte de las autoridades de Gobierno, periodistas denunciaron ese hostigamiento ante instancias internacionales. Según los informes de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) y un reporte anual de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), los trabajadores de este gremio de Bolivia desde 2006 hasta la fecha son blanco de todo tipo de agresiones de parte del Gobierno, de organizaciones sociales y de otros sectores. “Cumplan, por favor, lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), lo que establece la Ley de Imprenta, y los acuerdos y convenios que ha firmado Bolivia a nivel internacional donde se compromete a respetar la libertad de prensa y expresión”, exhortó el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Ronald Grebe, a oficialistas, opositores y organizaciones sociales.

Los trabajadores de la prensa denuncian que son sometidos a amenazas y agresiones físicas o verbales debido a las investigaciones que realizan sobre un determinado caso que incomoda a algunos sectores afines al partido en función de gobierno, también a los opositores o a otros sectores de la sociedad.

Cada año la SIP se reúne en diferentes países donde desarrolla asambleas generales y se informa sobre la situación de la prensa en el mundo.

La organización presentó también un reporte de Bolivia En 2006, el presidente Evo Morales inició su mandato y en su primer discurso aseguró que los periodistas defienden intereses de Estados Unidos y anunció la implementación de medios alternativos para “informar” al pueblo.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a los medios críticos de buscar inestabilidad. No obstante, el oficialismo no fue el único que ejecutó dichas acciones. Autoridades de oposición y sus militantes empezaron la agresión verbal y física contra los medios del Estado Canal 7, hoy Bolivia Tv, Radio Patria Nueva y el periódico Cambio.

Ese amedrentamiento se vivió en Sucre con la Asamblea Constituyente, y en la denominada masacre de Pando. De los calificativos de Morales hacia el gremio periodístico se pasó a la regulación del trabajo mediante normas como la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación y la Ley de Régimen Electoral, lo que generó autocensura.

Luego se utilizó la asfixia económica para acallar a medios. En la actualidad, las amenazas son más directas, tanto que periodistas y medios de comunicación presentaron denuncias ante instancias internacionales.

Las federaciones de prensa analizan hacer lo mismo. 54 denuncias en el Tribunal Nacional de Ética Periodística “Hemos tenido contacto con la relatoría de la Unesco para la libertad de expresión; no hay condiciones adecuadas para el libre accionar de los medios de comunicación”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Nelson Martínez.

A pesar de todas las agresiones que sufre la prensa, el gremio se ha organizado para conformar el Tribunal de Ética, instancia que resuelve las denuncias de diferentes sectores contra medios de comunicación y periodistas. “Es una medida de autorregulación, y hasta la fecha según los reportes de los últimos cinco años, se han resuelto 54 casos”, dijo Martínez Esta instancia está conformada por tres periodistas y profesionales en comunicación social y un abogado. 2006

En Sucre califican a la prensa de racista Según el informe de la SIP, el presidente boliviano Evo Morales arremetió contra periodistas de Unitel, los calificó de “terratenientes y representantes de la oligarquía opositora” y afirmó que el Gobierno es víctima del “terrorismo mediático”.

El Gobierno impulsó el funcionamiento de 30 radios comunitarias como “información alternativa” y habló de cambios a la Ley de Imprenta En Sucre, lugar de la Asamblea Constituyente (AC), los periodistas fueron amenazados y catalogados como prensa racista.

El 17 de septiembre trabajadores de La Razón salieron a vender el periódico y fueron agredidos por los canillitas. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, amenazó a un periodista de El Deber y dijo que impedirá que se informe sobre su gestión de gobierno. (Asamblea general SIP en México 2007 Decomiso de equipos Evo advirtió en tono de broma con “nacionalizar” La Razón, dice que los medios son sus principales adversarios: “hay libertad de prensa y también libertinaje”.

La Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia decomisó equipos al canal 20 de Cochabamba por hacer críticas al Gobierno en un programa periodístico. En Santa Cruz, periodistas de El Mundo y Red Uno son heridos en una manifestación callejera el 28 de agosto, mientras que los periodistas de EFE y Canal 7 fueron intimidados; en La Paz agredieron físicamente a periodistas de Cadena A y Red Uno que cubrían en la UMSA. Quintana acusó a periodistas y columnistas de ser pagados por una agencia norteamericana para “desestabilizar” la democracia. (Asamblea General -AG- de la SIP Miami). 2008 Prensa en Pando, año conflictivo.

El Gobierno controló la mayoría de los medios rurales en el referendo autonómico y el revocatorio, Canal 7 instaló 20 repetidoras con propaganda contra los opositores. Grupos oficialistas atacaron a la prensa por observar irregularidades en la aprobación de la CPE.

El 19 de septiembre periodistas fueron agredidos por militantes del MAS y opositores. En Pando, la periodista Claudia Méndez, de PAT, fue herida en el pie por una bala cuando los militares tomaron el aeropuerto de Cobija; el 13 de septiembre propinaron golpiza al fotógrafo de El Deber, Ángel Farell, tuvo que simular estar muerto para salvar su vida.

También fueron golpeados cinco periodistas de medios estatales. La ANP estableció que se produjeron 43 ataques. (AG de la SIP Madrid). 2009 UTARC agrede a los periodistas La SIP exhortó a Evo a garantizar el trabajo periodístico y él tergiversó las declaraciones y se mofó de los periodistas llamándolos “pollos de granja”. Los ataques fueron a 111 periodistas, de los que 104 representaban a medios privados.

El 3 de septiembre, efectivos de la UTARC atacaron a un equipo de Unitel, obligaron a los periodistas a tenderse boca abajo, dispararon con una ametralladora en el piso y confiscaron material. En Sucre se robaron equipos de trabajo, amenazaron a los periodistas vía celular; en otro caso, la Policía dispersó a bastonazos a periodistas que marchaban para que se aplique la Ley de Imprenta en un juicio de un municipio contra un reportero.

(La Asamblea General (AG) de la SIP se realizó en Buenos Aires, Argentina). 2010 Reuniones, tapas en blanco y huelgas El hecho más grave fue la aprobación de la Ley contra el Racismo y la Discriminación, cuyos artículos 16 y 23 apuntan a sacar de circulación utilizando cualquier argucia a medios y a sus propietarios que no estén alineados con el oficialismo .

El artículo segundo apunta a a aplicar el Código Penal contra los periodistas, atropellando la vigente Ley de Imprenta y la autorregulación. El Vicepresidente le restó importancia al tema y dijo que los periodistas debían sentirse contentos con la ley.

En respuesta, la prensa escrita publicó tapas en blanco; y se instaló una huelga de hambre.

De golpes e insultos se pasó a leyes mordaza; se registraron 99 agresiones a periodistas y 62 medios de comunicación, según la ANP. (AG de SIP Mérida, México 2011 Censura previa y autocensura Se aplicó la censura previa y la autocensura de prensa con la promulgación de las leyes como la de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y de Régimen Electoral, que amenazan con cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas.

Ese año hubo una significativa reducción de las agresiones físicas a periodistas y medios de comunicación en relación con gestiones anteriores. Pero, autoridades del Gobierno continúan echando la culpa de sus errores a los medios de comunicación. “Los medios mienten, tergiversan las declaraciones, no dicen exactamente lo que se dijo”.

Según la ANP, las agresiones verbales y físicas llegaron a 131 periodistas, de los que solo uno era de un medio estatal y los otros 130, de medios independientes. (AG de la SIP en Lima, Perú). 2012 Sanción y cierre de los medios Se reportó que el Gobierno buscaba la sanción y el cierre de medios.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete fueron los primeros medios procesados bajo el artículo 281 del Código Penal que consigna la figura de “difusión e incitación al racismo y la discriminación” por una declaración de Morales sobre la producción de alimento y la flojera.

El control de los medios de comunicación es prioridad del Gobierno. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, agredió verbalmente a periodistas y medios, y el 1 de septiembre amenazó de muerte a periodistas y directivos de El Deber.

La ANP registró 13 agresiones físicas contra periodistas y 14 agresiones verbales y amenazas ese año. (AG de la SIP, São Paulo, Brasil). 2013 Asfixia económica a independientes Morales logró el mayor porcentaje de medios a su favor. “Ahora quedan 10 o 20% de opositores”, dijo.

Varios medios independientes recibieron la “visita” de inspectores de Impuestos. La más evidente fue el 6 de junio, cuando intervinieron y embargaron bienes de El Diario. Otro tipo de asfixia fue el manejo discrecional de la publicidad estatal en los medios.

El 14 de agosto, El Deber denunció represalias del Gobierno contra medios críticos mediante la reducción de la pauta publicitaria estatal. El Gobierno admitió que gastó 21 millones de dólares en propaganda y publicidad a favor de la campaña presidencial de Evo.

Hubo 15 denuncias de agresiones contra periodistas por funcionarios gubernamentales y organizaciones sociales afines al MAS. (AG de la SIP, Denver, EEUU) 2014 Condicionamiento de entrevistas Se denunció que la imparcialidad del TSE quedó en duda porque impusieron a los medios y empresas encuestadoras la obligación de registrarse para ser habilitados. Evo no debatió sobre su propuesta electoral.

La presión oficial sobre los medios independientes incluyó condicionamiento sobre las entrevistas de los candidatos oficialistas. Un periodista de Tv Uno denunció que para aceptar una entrevista con el candidato vicepresidencial le impusieron unos temas y le vetaron otros, como el narcotráfico.

Tras la denuncia de casos de corrupción el Gobierno inició demandas judiciales contra La Prensa y Página Siete. Después de la publicación de una información sobre la demanda marítima boliviana, se abrió un juicio contra periodistas de La Razón. (AG dela SIP, Santiago). 2015 Gobierno expulsa a periodistas Los mandatarios admiten la exclusión de publicidad a medios que, en su opinión, hacen política y mienten.

Hay un intervención indirecta que determinó el alejamiento de periodistas influyentes como Amalia Pando, de Erbol; Enrique Salazar, conductor del programa televisivo QNMP; y John Arandia, jefe de prensa de Cadena A. Una política de cerco tributario y asfixia financiera amenaza la inde pendencia de los medios. El periodista de El Diario, Carlos Quisbert, fue detenido en la cárcel por investigar la muerte del bebé Alexander.

Las críticas de ONG a la gestión gubernamental llevaron al endurecimiento de normas para regularlas.

El Vicepresidente advirtió con expulsarlas del país, luego 38 ONG fueron declaradas “irregulares”. (AG de la SIP, Charleston,EEUU). 2016 Evo, Álvaro y Quintana atribuyeron a los periodistas y medios independientes el papel de portavoces de partidos de derecha y de EEUU, en respuesta a la difusión de noticias sobre el desfalco de $us 182,7 millones del Fondioc, a las denuncias sobre tráfico de influencias realizadas por el periodista Carlos Valverde Bravo y que vinculan a Morales, y a la pérdida del referendo del 21F.

El Gobierno califica de “cártel de la mentira” o “mafia mediático-informativa” a Página Siete, ANF, ERBOL y El Deber, arremete contra Pando y Andrés Gómez. Los afectados presentan denuncias ante instancias internacionales. (SIP, Punta Cana, República Dominicana)

Fuente: Página siete, 27.6.16 por Wendy Pinto, periodista boliviana

La libertad de prensa es expresión del pensamiento

En la vida de la humanidad, en todos los tiempos, la libertad de pensamiento de la que proviene la libertad de expresión, ha sido derecho sustantivo de todos, sin distinciones de ninguna clase porque el pensamiento nunca pudo ser apresado, limitado, controlado, censurado, tergiversado o lapidado porque se trata de algo inmanente al ser humano y sólo éste puede tener acción y fortaleza sobre sus pensamientos e ideas; lo mismo ocurre con la libertad de expresión que es efluvio, consecuencia y fin del pensamiento. Y es, la libertad de expresión, honrada y magnificada por la palabra, la que es propiedad inembargable del hombre y ella da lugar en todo tiempo, a la libertad de prensa que en términos generales, implica información, comentario, opinión, criterio, análisis, orientación, crítica, censura y aplauso.

El periodismo en todas partes del mundo es ejercido por quienes tienen libre pensamiento y, con él, libertad absoluta de expresión y son los medios de comunicación -prensa, radio, televisión, teatro, cine y toda comunicación alternativa- las vitrinas, los espejos, los vínculos y todas las manifestaciones de las libertades que, en todo caso, representan los derechos humanos, derechos que son ejercicio permanente de todos sin distinción alguna.

En Bolivia, precautelando la libertad de información, prensa, pensamiento, sentimiento, opinión, criterio, etc., etc., se ha dictado la Ley de Imprenta el año 1925, ley que sufrió muchas veces y en muchos gobiernos la tentación de ser limitada, cambiada o controlada; esta ley está inmersa e impresa en el conjunto de leyes que rigen la vida del país y no cabría que algunos profesionales del derecho la ignoren.

Menos pueden quebrar la profundidad y grandeza de la libertad de expresión quienes poseen poder al calificar a los medios como mentirosos y contrarios a los intereses del país; ellos, por tener poder, también tienen el derecho de ser libres para opinar, para creer y expresar lo que sienten y piensan; pero, no tienen derecho para buscar cadenas para la prensa, para los periodistas que informan o emiten opiniones que no alteran la verdad y no conforman mafias de ninguna naturaleza porque, de ser así, serían integrantes de grupos delincuenciales, atentarían contra los principios que se sustentan en la profesión del periodista, del pensador, del escritor que expresan su pensamiento.

Acusaciones temerarias contra la prensa, radio y televisión son, para quienes las emiten, un atentado a sí mismos porque toda situación de poder es siempre pasajera, circunstancial, momentánea (así dure muchos años); en cambio, la libertad de pensamiento, expresión y prensa es permanente, eterna. Creer que el poder implica inviolabilidad e infalibilidad es craso error y autoridad o persona que emita criterios o conceptos contrarios a la libre expresión, vulnera principios de respeto y consideración por quienes sólo cumplen deberes atenidos a la verdad y a la responsabilidad respaldados por la Ley de Imprenta que en su artículo 8vo. señala: “El secreto en materia de imprenta es inviolable” y por ello no se puede brindar las generales de los periodistas y, mucho menos, revelar lo que es secreto, propio del periodista y del medio que ha publicado una información, comentario u opinión sobre cualquier tema o cuestión que atañe al bien público.

Quienes buscan aplicar el Código Penal o cualquier otra ley para coartar o controlar o censurar la libertad de pensamiento, expresión o prensa tendrían que cerciorarse de lo que la Ley de Imprenta señala y que, ningún poder pudo cambiar porque, en la forma y en el fondo, implicaría violar o conculcar derechos inalienables de cada persona y no solamente de los medios y periodistas que son transmisores del pensamiento, sentimiento, criterio o creencia del ser humano.

El periodismo o la comunicación social, en cualesquiera de sus expresiones -prensa, radio, televisión o información alternativa- por ser instrumento de servicio está ligado a la Constitución y las leyes, a la verdad, a la moral y a la responsabilidad; endilgarle delitos no cometidos es creer que ese ejercicio es ilegal y arbitrario que llega a los extremos del libertinaje, el gran enemigo de la libertad de prensa. La ley que protege a la libertad de pensamiento, expresión o prensa, es clara y terminante; vulnerarla o ponerle cualquier traba es atentar contra los derechos humanos que por principio se sustentan en la libertad y la justicia.           ¡El silencio es para los cementerios, no para los periodistas¡

Fuente: El Diario, 24.6.16 por Armando Mariaca, periodista y economista

Las garantías de la libertad de prensa

Dentro la cadena de escándalos mediáticos que Bolivia vive, se ha conocido la intencionalidad del Gobierno, esta vez mediante su Ministerio de Obras Públicas, que mediante una orden judicial ha solicitado que cinco medios de comunicación social entreguen las grabaciones y la lista de los periodistas que cubrieron el ‘Caso Zapata’, actuación que constituye un verdadero atentado a la libertad de prensa en Bolivia y las garantías mínimas que cuenta (y debe contar) todo periodista.

En efecto, la libertad de prensa, tal como señala la doctrina, implica la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado pudiendo cualquier persona publicar sus ideas libremente y sin censura previa, siendo Suecia el primer país en adoptar una legislación de libertad de prensa con la “tryckfrihet” del 2 de diciembre de 1766 y también los EEUU mediante  la Primera Enmienda de la Constitución.

En el caso de Bolivia, la regulación constitucional de la libertad de prensa data de tiempos remotos, estando consagrada en la Constitución de 1826 en cuyo artículo 150 establecía: ‘Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley determine’ previsión que fue mantenida en las Constituciones de 1826 (Art. 150), 1831 (Art. 150), 1834 (Art. 152), 1839 (Art. 149), 1843 (Art. 94), 1851 (Art. 6), 1861 (Art. 4), 1868 (Art. 12), 1871 (Art. 4), 1878 (Art. 4), 1880 (Art. 4), 1939 (Art. 6), 1945 (Art. 6), 1945 (Art. 6), 1961 (Art. 6), 1967 (Art. 7), 1994 (Art. 7), 2004 (Art. 7), siendo destacable que durante estos casi 200 años de historia constitucional se hayan mantenido intocables dos ideas centrales: a. La libertad de prensa como el derecho fundamental a expresar libremente ideas y opiniones de los bolivianos, b. La inexistencia de censura previa, reconociendo que los límites que la ley puede imponer, no puede constituir censura.

En la actualidad, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en sus artículos 106 y 107, no solo reconoce estos legados históricos, sino que los profundiza de forma indiscutible, reconociendo dentro el ámbito de las garantías de la libertad de la prensa en Bolivia: a. El derecho a libertad de expresión, comunicación y a la información a favor de los trabajadores de la prensa; b. La garantía de cláusula de conciencia; c. El derecho a establecer mecanismos de autorregulación propios del gremio, debiendo comprender que la garantía de la cláusula de conciencia, constituye a la vez el derecho fundamental que tienen los periodistas que, según María Clara Güida, de la Universidad de Buenos Aires, tiene por ‘objeto garantizar la independencia en el desempleo de su función profesional, la cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a hechos producidos (….)’ por lo que un periodista tiene el derecho a reservar su fuente de información así como su modo de obtención, su análisis y tratamiento, por lo que mal puede un juez ordinario (que además resulta incompetente para material periodístico como son las grabaciones) compelir a un periodista a entregar y revelar sus fuentes de información, ya que ello constituye un mecanismo expreso de censura y restricción a la labor del periodista, más aun si en Bolivia, existe una Ley de Imprenta, en cuyo artículo 19 establece que: ‘en las causas de imprenta, se establece el juicio por jurados’, debiendo tenerse en cuenta finalmente que un periodista, no reviste la calidad de juez ni fiscal, para emitir de antemano un veredicto sobre la veracidad o no de una noticia, la cual debe ser evaluada por la opinión pública.

Fuente: Los Tiempos, 23.6.16 por Henry A. Pinto, catedrático de Derecho Procesal Constitucional y Relaciones Internacionales – UMSS.

El derecho a la información: entre lo real y lo ilusorio

El destape del caso Zapata y su relación con el Gobierno mantiene  en vilo a la ciudadanía desde hace más de cuatro meses, en una situación de confusión entre lo que realmente habrá sucedido y lo que se nos muestra como realidad.

Desde el principio se han  establecido las versiones más irracionales y contradictorias que se puedan imaginar.

La primera denuncia que lanzó Carlos Valverde con pruebas contundentes sobre el vínculo entre Zapata y el presidente Morales  mostraba una realidad irrefutable. No obstante, sobrevino una tormenta de desmentidos por parte del Gobierno, contradenuncias y contrapruebas, que derivaron en el amedrentamiento y encarcelamiento de varios supuestos testigos e involucrados, y de la propia Gabriela Zapata.

 

Esto no quedó ahí. La novela continuó con un intercambio intenso y absurdo de “verdades” que ocupó  las primeras planas de la prensa e inundó las redes sociales,  al punto que, a estas alturas, quienes somos espectadores de estas insólitas escenas no podemos establecer los límites entre la realidad y  la invención artera de los hechos.

Por supuesto que  detrás de todo están intereses de poder que marcan relaciones de dominación y violencia simbólica e incluso física. La mejor estrategia política para evadir un problema cuando comienza a afectar seriamente las estructuras del poder y la imagen gubernamental es contaminarlo, a tal punto que se crea una verdadera confusión entre lo real y lo imaginario.

Sin duda alguna, los personajes centrales colaboraron mucho en esta confusión -sobre todo respecto a la existencia o no del hijo de Evo Morales y a los vínculos con la CAMCE- con la aparición y desaparición de personajes cual figuras fantasmagóricas en una escena de terror.

Resulta que, al cabo de unos meses, Carlos Valverde se retracta de su primera denuncia. La propia Gabriela Zapata, que en determinado momento ratificó su posición, niega sus propias declaraciones y la trama se llena de discursos ambivalentes,  poco confiables y contradictorios.

De hecho, este enredo no se limita a la circulación discursiva de declaraciones y contradeclaraciones de los personajes, sino que de éstas se pueden inferir fuertes presiones que están detrás y que determinan el contenido y los súbitos giros en las posiciones  discursivas.

En ese sentido, la situación se agrava porque las palabras carecen de fiabilidad.  A ello se suman aspectos emocionales que juegan con los sentimientos del público, como la autovictimización, la distorsión, la conversión de tiranos  en víctimas y viceversa, generando una confusión que verdaderamente supera cualquier película de ficción, donde se presentan realidades paralelas o sobrepuestas y donde las ilusiones se pueden mostrar como realidades.

La situación  recuerda los viejos problemas filosóficos que proponen la difícil relación entre lo real y lo ficticio,  entre la “verdad” y lo “ilusorio” -en este caso lo ilusorio entendido como falsedad o como un engaño-. El conocido  mito de la caverna de Platón  plantea la metáfora de hombres encadenados en una caverna  obligados a mirar en una sola dirección y tomar como verdaderas las imágenes proyectadas  en un muro, imposibilitados de dilucidar aquello que estaba  detrás de las sombras.

Este tema ha generado cansancio, confusión e incertidumbre y perfora seriamente la legitimidad del poder. El ejercicio de la ciudadanía en  democracia exige un mínimo respeto al derecho a la información y al esclarecimiento de los hechos  y responsabilidades.

Fuente: Página siete, 23,6.16 por María Teresa Zegada, socióloga y analista política

Acceso a la información y derecho a la comunicación

La semana anterior un plenario de tres comisiones del Senado de la Nación, especialistas y legisladores debatieron en torno a 16 proyectos de ley vinculados de diferentes maneras al derecho a la comunicación, en base a cinco proyectos para implementar la obligatoriedad de los debates presidenciales y once proyectos vinculados al acceso a la información pública.

La discusión es sumamente compleja, ya que todo esfuerzo por democratizar la comunicación y el acceso a la información queda trunco mientras el poder ejecutivo nacional y sus aliados descuartizan una ley de la democracia como la de Servicios de Comunicación Audiovisual, impidiendo que cumpla con su principal objetivo: desmonopolizar la comunicación y garantizar la pluralidad de voces.

De todas formas, cabe plantear algunas apreciaciones sobre los temas en discusión. La obligatoriedad de los debates vuelve a la agenda sistemáticamente en tiempos de elecciones. El sentido común –mediado por la experiencia política contemporánea– indica que este tipo de eventos no son ninguna panacea, y nadie puede sostener desde una posición democrática la obligatoriedad de debatir en condiciones desfavorables (moderadores, temáticas sesgadas, ediciones maliciosas). El debate de cara al ballotage sucedido el año pasado es una muestra acabada de las limitaciones de estos formatos: Macri planteó por cadena que no devaluaría, y trató a Scioli de mentiroso (“por qué mentís, Daniel, ¿en qué te han convertido?”). Los resultados están a la vista del pueblo argentino, devaluación del 60% mediante. Algunos integrantes de la ONG Argentina Debate, que organizó el evento, son hoy funcionarios del PRO.

En este marco, solo el proyecto del FPV hace un aporte al federalismo del derecho a la comunicación sosteniendo la necesidad de que al menos un debate se realice en el interior del país. Si bien es solo un gesto, reconoce el centralismo de los medios masivos de comunicación en Argentina. También plantea el rol central de la TV Pública y el sistema de medios públicos, a diferencia de otros proyectos que plantean el uso de la cadena nacional. Entendemos que el lugar natural de este tipo de iniciativas es la TV Pública, con la posibilidad de que los canales privados tomen la señal, tal como plantea el proyecto en cuestión. Se debería incorporar la obligatoriedad de que el debate sea transmitido por la Televisión Digital Abierta (TDA) y vía web. También se destaca en este proyecto el consenso entre los candidatos respecto de los temas, sería interesante que también consensuaran moderadores y emplazamientos.Respecto a los once expedientes sobre proyectos para el acceso a la información pública, llama la atención en primer lugar la inclusión de las universidades públicas en tres proyectos oficialistas (Marino, del PRO, Odarda, de la Coalición Cívica, y Naidenoff, de la UCR). Parecen desconocer el principio de autonomía consagrado en la Reforma del 17, aunque más bien debemos suponer que lo ignoran deliberadamente.

El mayor aporte a la jurisprudencia respecto a este tema lo hizo Néstor Kirchner mediante el decreto 1172 del año 2003 en el que regula el acceso a la información pública. Allí Kirchner planteó que la información debía requerirse por escrito sin necesidad de justificar motivo, y daba a la oficina solicitada diez días de plazo prorrogables a diez más para responder. De no existir el dato requerido, se debe dejar constancia por escrito. En ese mismo decreto instala el mecanismo de audiencias públicas y las reuniones abiertas de los Órganos de Control de los Servicios Públicos.

La sanción de una ley que incorpore este decreto creando a su vez autoridades de aplicación, como hacen dos proyectos del FPV (de los senadores Irrazábal y Abal Medina respectivamente), va en ese camino.

De todos modos, una idea amplia y productiva de información pública debería pensarse también en la posibilidad de tener información sin ir a buscarla. El derecho humano a la comunicación es instrumental porque hace al cumplimiento de otros derechos, por ejemplo a la salud, o a la educación. Esta es una idea que debe estar presente en los proyectos que se voten, para ayudar a mantener vivo el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que costó muchos años de discusión y militancia que no debemos resignar.

Fuente: Página12, 22.6.16 por Tomás Viviana, docente, investigador y codirector del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Mentir como forma de opinión

Henry Martyn Robert fue llamado sin aviso previo a presidir una reunión pública de su comunidad, y se dio cuenta que no sabía cómo hacerlo. A partir de esa embarazosa experiencia decidió no repetirla hasta conocer sobre leyes parlamentarias. Pero descubrió que había muy poca literatura al respecto y, en sus recorridas por Estados Unidos, notó una sostenida anarquía sobre los procedimientos parlamentarios. Para tratar de poner orden escribió en 1876 un libro llamado Robert’s Rules of Order que sentaron las bases del funcionamiento parlamentario en muchos países. Hay quienes opinan que, dado que Robert como ingeniero trabajaba regularmente en el Ejército, los fundamentos de su propuesta diseñan el esquema de una batalla donde el objetivo es ganar al contendiente. Para ello se utilizan las mejores estrategias y no faltan las tácticas de descrédito y las alianzas circunstanciales.

La política en nuestro país muchas veces se manejó con este esquema de diseño militar dando lugar al desarrollo de estrategias teñidas de mentira y ocultamiento. Los centros de poder mediático ayudaron a dibujar un clima de asfixia social que hizo del ocultamiento de la información, del relato construido sin sustento real y jamás desmentido junto a la estimulación de sentimientos de odio y desprecio. Es bien sabido que en la guerra la primera víctima es la verdad. Una vez que se lucha por el poder, no importan los métodos utilizados, tampoco importa cómo se establecen las reglas de la nueva etapa. Este caldo de cultivo propicia el desarrollo de un “día D” de invasión y posesión del poder que, como en la invasión a Normandía, viene plagada de tragedia, valentía, devastación y leyendas.

Los ingleses acuñaron la frase “económico con la verdad”, una forma elegante y tramposa de calificar una mentira. Mentir se ha convertido en una forma de opinión, en otra mirada válida. Pero los medios también han encontrado, cuando tienen intereses que defender, otras formas de no aceptar la realidad. Se trata simplemente de ignorarla, desvalorarla o inventarla. Para limpiar los campos de batalla hay que demoler barreras: muletillas que se repiquetean con insistencia, como: “estamos fuera del mundo” “la pesada herencia”, “700 por ciento de inflación”, “la gente no aguantaba más”, “el país estaba en la ruina”. A esta mirada del pasado se le unen los necesarios anuncios de cambios drásticos. “En tres semanas vendrán grandes capitales”, “los cambios se verán en el segundo semestre”.

En los primeros días del nuevo gobierno florecieron los decretos de necesidad y urgencia, con los cuales, entre ellos, se sepultó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se allanó el camino para que el mayor poder mediático fuera más poderoso, como un muchas gracias por su ayuda para esta invasión y su mantenimiento, aunque esa fidelidad puede tener fecha de vencimiento. Al mismo tiempo se acallaron muchas voces en otros medios.

El poder vencedor quiere imponer privilegios al que la inmensa mayoría no podrá acceder. El que no puede pagar que no consuma. Los despidos se han empezado multiplicar en el Estado y en las empresas privadas. Cuando los ejércitos toman el poder los empleados y obreros son tratados con control policial para proceder a su despido. El mentado argumento de los “ñoquis”, resultó muy débil, frente a la suspensión de la construcción del Arsat III y de Atucha en Zárate, y en varios programas de servicio a la comunidad. La respuesta aducida es que se trata de “una sensación” porque “la gran mayoría está de acuerdo con estos cambios”, obviando poder ser corroborado.

El Presidente proclama sin ninguna argumentación o plan que lo sustente que se conduele porque “el sinceramiento es doloroso” mientras declama que su quimera es la “Pobreza Cero”. Una utopía que ninguna gran nación avala en sus proyecciones. Pero, como no hace falta certificarlo, puede repetir ese slogan sin titubearse ni sonrojarse.

Nadie podría decir que vivíamos en el mejor de los mundos y evidentes agotamientos y confrontaciones siempre debilitan los frentes. Es necesario asumir esos costos si es que la resistencia quiere rehacer valores. Mientras tanto, buena parte de los legisladores, que se asume son la oposición, apuntalaron al núcleo oficialista y dieron un fuerte apoyo para la firma de la capitulación con los fondos buitres con argumentos tales como que era el único arreglo posible, necesario e ineludible. Los costos de este pago en su totalidad y en efectivo, se van sumando a otras deudas que afectarán a la presente y a futuras generaciones. El reclamo de una marcha multitudinaria de trabajadores espera respuestas. No deberían olvidar quienes asumieron el poder que el triunfo en la batalla democrática, como en toda guerra, no es eterno.

Fuente: página12, 22.6.16 por Carlos A. Valle, pastor de la Iglesia Metodista Argentina, comunicador social y ex presidente de la Asoc. Mundial para las Comunicaciones Cristianas.

Medios y periodistas agredidos por el Gobierno acuden a la ONU

Los directores del diario Página Siete y de la Agencia de Noticias Fides (ANF) Juan Carlos Salazar y Sergio Montes, y los periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda, todos ellos mencionados por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en su alocución del 19 de mayo en la Asamblea Legislativa, se apersonaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las NNUU en La Paz.

Los cuatro afectados se reunieron el lunes por la tarde-noche con el representante en Bolivia de dicha institución, Denis Racicot, y con los jefes de las distintas unidades de esa oficina en Bolivia, Xavier Mena, Rocío García, Vilma Romero y Jennifer Guachalla.

En la reunión con Racicot, los afectados entregaron una carta en la que se pide que un Relator Especial visite el país para que comprueben en el  terreno las acciones de acoso, amedrentamiento, intimidación y presiones varias que ejerce el Gobierno contra periodistas independientes bolivianos.

Quintana dijo ante el Legislativo que cuatro medios de comunicación (El Deber, Página Siete, ANF y Erbol) y cuatro periodistas (André Gómez, Raúl Peñaranda, Amalia Pando y Carlos Valverde), conforman el supuesto “cartel de la mentira.

Los representantes de esos medios rechazaron de plano las acusaciones y denunciaron que se trata de una estrategia de las autoridades tendente acallar a los medios y eternizarse en el poder.

Durante la reunión, tanto Racicot como los cuatro jefes de unidades de su oficina dieron una amplia explicación de cómo trabajan los relatores especiales, dieron fotocopias del perfil biográfico del actual Relator sobre libertad de expresión, David Kaye e informaron que el Gobierno nacional es el que debe dar una fecha para su llegada.

Entre las atribuciones de un Relator Especial están “reunir la información pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad contra periodistas” asegura el portal web del Alto Comisionado.

Racicot dijo que les preocupa en su oficina las presiones ejercidas contra la libertad de expresión en Bolivia y otros derechos democráticos y mencionó una reciente declaración pública emitida sobre las irregularidades cometidas en la detención del abogado Eduardo León, que atendió por un par de meses el caso de la expareja del presidente Evo Morales.

Valverde y Pando, además de Roxana Lizárraga, que trabaja con ésta última en la radio Líder de La Paz, presentaron el viernes un pedido de Medidas Cautelares ante la CIDH, que pertenece a la OEA. Pando dijo sentirse “amenazada” y denunció que el Ministerio Público y el Órgano Judicial están sometidos a los intereses del Gobierno

Carta recopila agresiones        

Tras la arremetida del ministro de la Presidencia,  Juan Ramón Quintana, contra los medios de comunicación y periodistas,  otras autoridades han emitido otras formas de acoso contra los medios. El vicepresidente Álvaro García Linera atacó a medios independientes y a reporteros  en dos ocasiones y advirtió que “deben ser perseguidos y castigados” y en una lo hizo el presidente Evo Morales. El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, parafraseando a un intelectual boliviano, llamó “perros” a los periodistas mencionados por el Ministro Quintana.

La carta entregada por los directores de medios al Alto Comisionado de la ONU,  Denis Racicot,  detalla las amenazas vertidas por Quintana en mayo pasado, pero también rememora otros eventos de los últimos años en los que distintas autoridades han lanzados agravios, intimidaciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, y los otros mecanismos usados por las autoridades para acallar a los medios independientes, como el veto de la publicidad estatal, el acoso de entidades estatales como Impuestos, Ministerio de Trabajo y otras. Menciona también la compra de medios mediante empresarios cercanos al Gobierno. Las acusaciones

En su discurso del 19 de mayo en la Asamblea Legislativa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que estos medios de comunicación se acoplaron para hacer una campaña de desprestigio contra el Gobierno, presuntamente basado en “mentiras”.

También señaló que esos medios buscan “desestabilizar” a la administración del presidente, Evo Morales, y al denominado “proceso de cambio”.

Asimismo, sostuvo que esos medios, en los últimos 100 días, impulsaron un “golpe político mediático”, que sería uno de los cinco intentos de golpes de Estado que sufrió el Gobierno.

Leyó varios titulares a los que calificó como manipulados, pero todos ellos respondían a entrevistas y declaraciones de fuentes periodísticas.

Fuente: Los Tiempos, 22.6.16

Revisarán decreto en las licencias a medios

Podrían dejar sin efecto el Decreto que restringe la otorgación de licencias a los medios-

El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez, confirmó la promesa del presidente Evo Morales respecto a que el Gobierno analiza modificación al Decreto Supremo 1391, que facilita la renovación de las licencias de radiodifusión para evitar el cierre de al menos 500 radios en el país, que podría dejar cesantes a cerca de 2.500 trabajadores. “Se está analizando y viabilizando algún tipo de modificación, mecanismos de flexibilización que se puedan dar (…) Estamos viendo la distribución de acuerdo a las frecuencias que existe, pero no me quiero adelantar todavía, estamos todavía en una etapa de análisis y muy pronto vamos a tener un resultado”, señaló.

Vásquez añadió que en este último tiempo se sostuvo reuniones con diferentes representantes de los medios de comunicación, con el objetivo de que este sector “sea el menos afectado” en la renovación de licencias.

El viernes último, el presidente Evo Morales se comprometió a analizar una posible modificación del D.S. 1391.

El mandatario dijo que recibió cartas de canales de Tv y de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) y admitió que aunque siente que algunos medios lo atacan, son necesarios en el territorio nacional.

Proyecto de Asbora. En marzo la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) presentó un proyecto de decreto supremo modificatorio al actual D.S. 1391. El abogado de esta instancia, Mario Saúl Andrade, explicó que la actual disposición final sexta del parágrafo III del D.S. 1391 se contrapone al art. 30 de la ley 164 o Ley General de Telecomunicaciones, porque en lugar de canalizar la renovación automática, indica que se debe ingresar a un proceso de licitación. La Ley General de Telecomunicaciones establece que el Gobierno, mediante la ATT, administrará, autorizará y supervisará el uso de las frecuencias a través de un Plan Nacional. Por lo que hasta el 2019, más de 500 medios podrían cerrar sus emisiones debido a la extinción de sus frecuencias.

Fuente: El Día, 20.6.16

Ley de Imprenta contra la justicia politizada

El juicio contra una periodista del diario cruceño “Extra” y la convocatoria para que seis medios de comunicación entreguen información sobre el caso Zapata, son entre otras, que estamos frente a una justicia ordinaria politizada y manipulada por el actual régimen de Gobierno, siendo que en Bolivia, tenemos vigente la Ley de Imprenta. Acusada de obsoleta y de ser “un cachivachi”, la Ley de Imprenta nació para evitar que los jueces ordinarios apliquen sanciones penales contra los informadores, pues establece que los ciudadanos más notables de cada municipio conformen un Tribunal de Imprenta para juzgar casos que tienen relación con el ejercicio periodístico.

El artículo 21 dice que “el cuerpo de jurados se compone de cuarenta individuos en las capitales de departamento y de veinte en las provincias, que serán elegidos por los Concejos y Juntas Municipales, respectivamente, prefiriéndose a los abogados más notables, miembros de Universidad y propietarios con residencia fija en el lugar”.

Libertad de expresión que se encuentra protegida por normas nacionales e internacionales. “La libertad de expresión se encuentra en el orden público primario y radical de la democracia”, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la Declaración de Derechos Humanos, consagra en su artículo 19, que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin considerar fronteras (…).

Y porque la Ley de Imprenta, a pesar de cumplir este 2016, 91 años, se encuentra admitida como vigente en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado en vigencia desde el 2009.

“La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su leyº.

Decir “su ley”, es nuestra ley, vale decir La Ley de Imprenta que está en vigencia. Por eso tal vez, el presidente del Senado, José Alberto “Gringo” Gonzales, que por suerte recuerda su esencia de periodista –y que tal vez pueda volver al oficio después de haber cruzado la línea- dijo que un juez paceño debe reconocer la validez de la norma sustantiva de los comunicadores.

“A ese juez le voy a mandar una copia de la Ley de Imprenta”, dijo a propósito del requerimiento del magistrado para que seis medios entreguen grabaciones y archivos sobre el caso Zapata.

Gonzales agregó que “si hubiese algún tipo de denuncia o proceso, se debe activar la Ley de Imprenta (…) La Ley está hecha para respetarse, ni mucho ni poco, la Ley se cumple y la Ley de Imprenta es clara. Nuestras autoridades deben cumplir la Ley”.

Pero no la cumplen. El juez paceño pidió información sobre el caso y nombre de los periodistas que cubrieron la información, situación que ha puesto en estado de alerta al gremio. Por esa razón el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe,  afirmó que los medios deben entregar esta información sólo si lo autorizan los resultados de un juicio en el Tribunal de Imprenta.                                                                                                                                                               Y tampoco la cumplen en el juicio contra una periodista del matutino Extra en Santa Cruz en la que el magistrado anunció que dictará sentencia y si lo hace, sentará un precedente funesto para los periodistas.

Por eso es que los periodistas debemos pasar de la alerta a las acciones y primero exigir a los concejos municipales que activen los tribunales de imprenta y que entre nosotros iniciemos un debate para modernizar nuestra propia norma, porque tal vez, en una mesa de cocaleros, como lo han hecho con las redes sociales, ya tienen una Ley de Comunicaciones, elaborada al traje y medida del Gobierno plurinacional que ha dicho que ‘somos sus enemigos’.

Fuente: El Día, 20.6.16 por Roberto Mendez, periodista boliviano

Periodistas locales corren mayor riesgo de sufrir ataques

El riesgo que sufren los periodistas locales es mayor al que corren los extranjeros, a pesar de que los primeros no concentran la misma atención en los medios de comunicación, como lo refleja el asesinato de tres profesionales el 5 de este mes (junio 2016), la reportera de televisión somalí Sagal Salad Osman, el afgano Zabihullah Tamanna y el fotoperiodista estadounidense David Gilkey, informa Valentina Ieri1 (IPS) desde Naciones Unidas.

Gilkey y Tamanna, quien oficiaba de intérprete y “fixer”, fueron asesinados juntos en Afganistán. El “fixer” (guía) es un término utilizado para referirse a un periodista local que ayuda a corresponsales extranjeros a encontrar fuentes e historias para cubrir. Su papel queda invisibilizado cuando se informa de la muerte de periodistas internacionales porque no se los reconoce como tal.

“Conductores, guías, traductores son, por definición, probablemente también periodistas locales”, dijo a IPS la directora del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Courtney Radsch.

“Hubo casos en Afganistán e Iraq donde los traductores eran el objetivo principal por trabajar con estadounidenses, ya sea que estos fueran periodistas o militares. Eso revela que los guías y los reporteros locales suelen correr un riesgo mayor”, remarcó.

“Los periodistas locales son a quienes más acosan, asesinan o detienen porque informan sobre asuntos locales como corrupción y política, que en ciertos casos son aun más peligrosos que la guerra. Es mucho más común que ellos sean el blanco” de un ataque, explicó. Asimismo, “no es tan común que un periodista extranjero sea detenido”, acotó.

Por su parte, Sagal Salad Osman, asesinada en la región occidental de la capital de Somalia, trabajaba para la estatal Radio y Televisión Nacional Somalí en Mogadiscio. Al igual que ella, Hinda Hagi Mohamed fue asesinada en esa misma ciudad en diciembre de 2015, al parecer por combatientes del grupo extremista Al Shabaab.

El premiado Gilkey y su intérprete y periodista Tamanna trabajaban para una cadena de radio y televisión estadounidense, la National Public Radio (NPR), cuando fueron atacados en lo que al parecer fue una emboscada a la unidad del ejército afgano con la que viajaban, en el distrito de Marjah, en la suroccidental provincia de Helmand, en Afganistán.

El CPJ informó de que 65 periodistas fueron asesinados en Somalia desde 1992, 59 de los cuales perdieron la vida a causa de su trabajo. Todavía no se pudo confirmar la causa de la muerte de cuatro de ellos, dos trabajan como guías, intérpretes y conductores. Además, 80 por ciento de los profesionales eran trabajadores locales y el restante 20 por ciento, extranjeros.

En Afganistán, los datos del CPJ revelan que 29 periodistas, un trabajador de los medios y 6 reporteros no confirmados fueron asesinados desde 1992, de los cuales 34 por ciento eran profesionales locales y 66 por ciento, extranjeros.

Independientemente de si la persona atacada era personal local o extranjero, es importante garantizar que se difunda la información en torno a su muerte, puntualizó Radsch, pues la atención internacional que concentra el fallecimiento de profesionales de la prensa puede contribuir a su seguridad en el terreno: “garantizar la seguridad de los periodistas no es solo convertirse en activista, sino cubrir el tema y asegurarse de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”, subrayó.

Los tres periodistas asesinados esta segunda semana de junio se suman a una larga lista de reporteros que perdieron la vida cumpliendo con su trabajo en países con conflictos.

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, también condenó los ataques: “Debe reconocerse el derecho de los trabajadores de los medios a ejercer su deberes profesionales en condiciones seguras por el bien de la sociedad en su conjunto”.

Desde la adopción de la resolución 29, en 1997, la Unesco está al frente de las iniciativas para proteger la libertad de expresión y el derecho de las personas a recibir información.

La jefa de la sección de libertad de expresión de la Unesco, Sylvie Coudray, dijo a IPS en 2012 que la organización asumió la responsabilidad del Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, que procura crear un ambiente libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios, subrayar la necesidad de hacer frente a la seguridad de los profesionales y a la impunidad de los delitos en su contra.

“Es el primer plan sistemático de la ONU que reúne a cada uno de los actores relevantes en un esfuerzo universal concertado, que incluye a otras agencias del foro mundial, a gobiernos, a la academia, a la sociedad civil, a medios de prensa y a instituciones”, explicó Coudray.

A pesar de los significativos avances, como la adopción de la resolución 2222 por el Consejo de Seguridad, que condena todas las formas de violencia contra los periodistas, observó, hay una aumento de casos de asesinatos desde 2013, en parte debido a los varios conflictos calientes que existen en la actualidad.

“Siguen siendo numerosas las amenazas contra periodistas y trabajadores de los medios. Desde ataques, detenciones arbitrarias, acoso, secuestro hasta asesinato, la última forma de censura”, detalló Coudray.

“Lo que empeora más la situación es el clima de impunidad predominante, pues nueve de cada 10 asesinatos de periodistas quedan sin resolver, lo que también aviva el círculo de violencia contra los medios”, remarcó.

En 2016, 13 periodistas, más otros 10 que no se pudieron confirmar, fueron asesinados en los ocho países con mayor número de muertes de reporteros, según el CPJ, entre los cuales Afganistán ocupó el cuarto lugar. Lo otros fueron Yemen, en el uno, India, en el dos, Iraq, en el tres, México, en el cinco, Guinea, en el seis, Siria, en el siete, y Turquía, en el ocho.

El año anterior, 73 reporteros, más dos trabajadores de los medios y 25 profesionales sin confirmar, fueron asesinados en los países con mayor número de muertes, entre los cuales Somalia ocupó el lugar nueve.

En esos dos años, 80 por ciento de los periodistas asesinados eran trabajadores locales.

Fuente: Periodistas en español, 15.6.16

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