Protocolos y periodismo

El respeto de los derechos humanos y la preservación de la democracia necesitan del “buen hacer informativo”, tarea que no puede quedar librada a su suerte o cargarse a la cuenta de los periodistas o los editores responsables, mucho menos de los empresarios. Si la libertad de prensa no es un derecho absoluto, eso quiere decir que puede ser objeto de discusión y regulación pública.

Con la protocolización del quehacer periodístico se busca adecuar el tratamiento informativo de los hechos a los estándares internacionales de derechos humanos. Protocolizar significa establecer una serie de criterios que orienten la redacción o presentación de una noticia en radio o televisión.

La protocolización implica abandonar el modelo de periodismo forjado en el siglo XIX, que sostiene que el periodismo, como cualquier oficio, es algo que se aprende en la calle, en la sala de redacción, midiéndose con la máquina de escribir todos los días, al lado de un maestro-referente que apadrina o guía, que sabe trasmitirnos los secretos del oficio de escribir. Esta visión romántica es tributaria de la historia que le tocó. Hoy en día, las sociedades son mucho más complejas, hay más conflictos, más actores con más problemas y esos problemas, con todos sus actores, deben ser atendidos no perdiendo de vista los estándares internacionales de derechos humanos, las viejas y nuevas conquistas sociales producto de las luchas previas que el propio Estado debe garantizar. La democracia necesita de otro prototipo de periodista y de otra manera de hacer la información.

Hace rato que la labor periodística viene siendo objeto de reflexión y regulación. Prueba de ello son los “manuales de estilo” y “los códigos de ética”. El problema que tienen estos marcos normativos es que son declamativos: sólo estipulan principios enunciativos que no tienen un carácter vinculante para los editores o periodistas. Se trata de declaraciones de principios que sólo obligan moralmente al periodismo. Estos códigos deontológicos funcionan de la misma manera que los Diez Mandamientos: sólo se limitan a decirnos lo que no debemos hacer, pero nunca nos dicen cómo debemos hacer para no hacer lo que no se debería hacer.

Por el contrario, los “protocolos de procedimiento profesional” no son tratados morales, una declaración de buenas intenciones, un listado de aspiraciones. No establecen principios, sino

procedimientos a los que debe adecuarse la producción periodística. Se trata de hacer del periodismo un acto deliberado y no automático o romántico. Cuando escribe la noticia que eligió o le dijeron que escriba, el periodista deberá seguir determinados pasos. Con ello se busca tener en cuenta y respetar los derechos de los actores involucrados en cada noticia, así como también garantizar la calidad informativa para enriquecer el debate que necesitan las democracias.

El objeto de los protocolos no es el contenido, sino el procedimiento. No le dicen al periodista qué tiene que decir, sino cómo hacerlo; no le dicen sobre qué escribir, sino cómo debe hacerlo para que no vulnere los derechos de las personas involucradas en esa noticia y para que la ciudadanía reciba información de calidad.

Otra diferencia con los códigos deontológicos hay que buscarla en sus autores. Si los manuales de estilo son redactados por las empresas periodísticas y los códigos de ética por los gremios de la prensa, los protocolos son el resultado de un debate colectivo que debe involucrar a diferentes actores donde, además de las empresas periodísticas y los periodistas, contemple las carreras de comunicación social y periodismo con sus equipos docentes, investigadores y estudiantes; los distintos movimientos sociales; sindicatos; partidos políticos; el Estado; juristas; otras organizaciones de la sociedad civil, etcétera. El debate sobre la información no puede ser un debate corporativo, tiene que ser el fruto de una discusión abierta y vigorosa.

En definitiva, los protocolos son instrumentos a través de los cuales la ciudadanía podrá después pedir que el periodismo rinda cuentas por las noticias que escribió. Esto es lo que algunos han llamado Sistema Ciudadano de Rendición de Cuentas de los Medios, que funcionan como mecanismos de equilibrio y contención de los medios. Si la sociedad civil no cuenta con sistemas de control externos, si los mass media están exentos de cualquier tipo de control social (y que conste que no digo gubernamental), tienden a desbordarse y a pensar la realidad con los intereses de las empresas. Cuando eso sucede –como ahora–, estaremos en problemas. No sólo la democracia, sino la vigencia de los derechos humanos.

Fuente: Página12, 15.5.13 por Esteban Rodríguez, argentino profesor de Derecho a la Información en la UNQ, autor de Contra la prensa y Justicia mediática.

¿Periodista o propagandista?

Hay dos profesiones que se parecen, pero no son lo mismo. Nacen del mismo huevo, pero tienen funciones diferentes. Periodista y propagandista. Hay personas que un día son periodistas y otro día, relacionistas (salvo excepciones). O un día relacionistas, propagandistas y otro día quieren ser periodistas. Veamos las diferencias.

El periodista tiene como objetivo buscar y publicar la verdad (humilde, circunstancial), así afecte a su jefe máximo, su padre, su madre, el dueño de la empresa donde trabaja, el compañero de trabajo o el amigo más cercano. Opta por la verdad porque es el alimento de la democracia

El propagandista tiene como objetivo cuidar la imagen de su jefe máximo, así afecte a la verdad, que nutre a millones de personas que componen una sociedad. Presta sus servicios a un político, un empresario o una institución pública o al Gobierno de turno. Si un día se animara a decir la verdad en contra de su jefe, cometería un contrasentido en su profesión y anularía el fin último de su existencia funcional.

El periodista tiene un gran jefe: la sociedad, su público, su audiencia, los televidentes, los radioescuchas, los internautas, los lectores, se debe a ellos y ellas, ante ellos y ellas rinde cuentas; en última instancia, sólo ante la comunidad puede inclinarse y someterse, pero en términos democráticos.

El relacionista tiene un gran jefe, al que cuida de la sociedad, de los públicos de los medios de comunicación, de los internautas, de los radioescuchas, de todos aquellos y todas aquellas que se atrevan a cuestionarlo o a descubrir lo que intenta ocultar.

El periodista produce información, comprendida como un bien público, cuya esencia es cualificar la democracia, ampliar la participación social, aportar con elementos de juicio a la gente para que construya decisiones en función de intereses comunes y respete al otro en su dimensión humana y cultural.

El relacionista produce propaganda, entendida como la fábrica de la mentira porque oculta la verdad o la exagera o la disfraza para preservar el poder o la “buena imagen” de su jefe, de su partido, de su grupo.

El periodista distribuye la palabra para coadyuvar en la distribución del poder; al distribuir la palabra entre los diferentes actores distribuye el flujo democrático de ideas en la sociedad, que no es más que un abigarrado sistema de intereses, donde cada uno y una se esfuerzan por convivir bien con el otro.

El propagandista distribuye la palabra de su jefe, de la persona que le paga, generalmente no le interesan las otras palabras o voces, menos aquellas críticas, aquellas que desnudan la verdad o

buscan contrastar opiniones para llegar a la realidad de los hechos; busca sobredimensionar la palabra de su benefactor para cuidarlo. El periodista es un ser político, pero no un ser sumiso a un partido; no es neutral, pero practica el equilibrio para cristalizar el pluralismo; su opción contundente es la justicia, lo que le obliga a mantener su honestidad intelectual en el marco de la libertad de expresión y el derecho a la información, que pertenece a la sociedad, más que a él.

El propagandista es un mercenario de la palabra, hoy puede trabajar para su jefe izquierdista y mañana para su jefe derechista o fascista; casi siempre es oficialista porque es hábil para vivir al amparo del poder político o fáctico porque sólo bajo esa sombra “brilla”.

Periodistas y propagandistas están ahí. A cada quien se lo juzga por sus obras. Lo que no es bueno ni coherente es que el propagandista o relacionista se disfrace de periodista y engañe a la sociedad, dando propaganda en lugar de información para beneficiar a su jefe máximo, a quien considera su dios, en desmedro de millones de personas. Entonces, se convierte en un sicario del periodismo.

Fuente: Página siete, 12.5.13, por Andrés Gómez Vela, periodista boliviano

Artículo 19

Quienes contra viento y marea suponemos que las decisiones humanas son prioritariamente racionales encontramos poco apoyo para nuestro prejuicio en algunas medidas gubernamentales. Un ejemplo destacado es la prohibición y persecución internacional de ciertas drogas, cuyo resultado ha sido el aumento de su consumo, de su precio y de su adulteración, así como una multiplicación terrorífica de la delincuencia ligada a su comercio ilegal. En algunos países americanos, como Colombia y México, el crimen organizado y las rivalidades entre las bandas han llegado a amenazar la estabilidad social y política. Por cada zar de la persecución hay cien rasputinesdel tráfico, el celo de unos apoya el beneficio de los otros y todos se ganan bien la vida… salvo los miles de víctimas de este juego macabro. Pero claro, nos aseguran, los principios son lo primero y la cruzada debe continuar.

En México, la narcoviolencia se ha cobrado ya este año casi 2.700 víctimas, 237 entre el 13 y el 19 de abril (incluyendo ocho decapitaciones). Uno de los colectivos más castigados es el de los periodistas, amenazados, secuestrados y ejecutados a mansalva, sobre todo en los Estados de la federación que padecen el dudoso honor de ser campos de batalla entre narcotraficantes por su proximidad con EE UU, el principal consumidor y también patentador de la cruzada antidrogas. Quienes llevamos décadas visitando México hemos visto cómo algunas de las poblaciones más tranquilas y ordenadas —Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Acapulco, Torreón…— se convertían en territorio de alarma permanente por culpa de este bandolerismo despiadado y brutal. Y los medios de comunicación locales que no se avienen a silenciar o minimizar esos desmanes son objetivos prioritarios del odio de los delincuentes. Lo peor es que no se trata de amenazas solamente dirigidas a los reporteros, sino contra cualquiera de los trabajadores del diario, como demuestran los secuestros de cinco de los empleados de El Siglo de Torreón, así como el tiroteo de sus guardias de seguridad. Si se “contaminan” por su vinculación al periódico, nadie está seguro: es el modus operandi habitual de los gánsteres, una generalización intimidatoria que hemos conocido en los más diversos campos (incluido el periodístico) en el País Vasco y que ahora tratan de minimizar o convertir en mérito por renuncia los matones reciclados en gobernantes.

La organización Artículo 19 México, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de prensa en el país, también ha sido directamente amenazada por quienes a través del miedo y el crimen se consideran con derecho al señorío ilegal pero efectivo de la sociedad. El mensaje feroz que han recibido no destaca por su corrección ortográfica ni por su coherencia gramatical, aunque dado su contexto tampoco puede ser echado en saco roto: “mucha puta libertad verdad, a ver que tan verga eres cuando acabes tu y tus putitos bien puteados, ya nos tienes hasta la madre estamos viéndote y bien cerca osea no te sigas crellendo mucho que te partimos la madre son unos pendejos que tenemos ganas de chingaronos sabes quienes somos y que si lo podemos hacer”. Es fundamental que organizaciones como Artículo 19 continúen

activas, pese a tener que soportar intentos de amedrentamiento que con frecuencia no se quedan en simples excrementos verbales como el antes transcrito. Y en su apoyo deben movilizarse todos los ciudadanos conscientes de que cuando una sociedad que aspira a ser democrática abandona a sus informadores y voces críticas renuncia a sí misma. Como dijo Bertrand Russell, “si no podemos evitar los demás crímenes, al menos evitemos el del silencio”. Porque romper la imposición del silencio es el comienzo de la lucha contra el resto de los crímenes.

Hace pocos días falleció Fernando Castelló, histórico defensor de la libertad de prensa. Valga esta nota como modesto homenaje a su memoria.

Fuente: El País, 12.5.13 por Fernando Savater, escritor español

Libertad de expresión y periodismo

En el pasado, particularmente durante la época del melgaregismo, era un sacrilegio emitir opiniones, informar o criticar sobre las actuaciones gubernamentales, y para aquellos que se atrevían a utilizar los medios, la respuesta era inclusive la pena de muerte, de manera que la política fue acallar cualquier pretensión de esa naturaleza.

Menos mal que en enero del año 1925, se dio inicio al respeto de las opiniones o informaciones a través de la Ley de Imprenta, que alguna gente del presente la quiere mostrar como obsoleta, cuando en nuestro país se tuvo los Códigos Santa Cruz, cuya vigencia fue de más de cien años, sin que alguien hubiera observado los mismos, pese al avance de la ciencia del Derecho,

La Ley de Imprenta no tiene esos cien años de nuestros códigos, de modo que al presente aún sigue vigente, así como el Código de Ética del Periodista, con el que cuenta este sector de la sociedad boliviana, para garantizar el ejercicio de la profesión.

Este pasado 10 de mayo se ha recodado el Día del Periodista, y hacemos un breve paréntesis de nuestra actividad, tal como lo hace cualquier sector de la sociedad, para referirnos a los avatares que tiene que enfrentar el periodista cuando tiene que informar la verdad de un hecho, opinar sobre el mismo o finalmente criticar alguna conducta de quienes se encuentran en el ejercicio gubernamental.

Cuando se produce la concentración del poder, obviamente que los abusos emergentes de aquella actitud tienen que ser informados al soberano (el pueblo), pero quienes estamos comprometidos con esta profesión, no podemos dejar de ser analistas, menos críticos de lo malo, así como también aplaudir lo bueno.

Lo cierto es que el periodismo se debe sustentar en la libertad de expresión y en la libertad de información, principio fundamental de la democracia en cualquier parte del mundo, so pena de encontrarnos en un sistema dictatorial o autocrático, debiendo tenerse presente que la LIBERTAD es uno de los derechos fundamentales del hombre, conseguido con sangre y luto tras luchas a través de la historia, y que se plasmó en la Declaración de los Derechos del Hombre, recogidos por la Carta de la ONU, así como pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, e incorporados en la diversas Constituciones Políticas de los Estados, donde se ha establecido el ejercicio de una verdadera democracia.

Tenemos que recordar a eximios periodistas del pasado , como el Dr. José Carrasco Torrico, fundador de “EL DIARIO”, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, José Cuadros Quiroga, Armando Arce, Rodolfo Salamanca, Jorge Suárez, Ted Córdova Claure, Carlos Miralles de La Patria de Oruro y muchos más, quienes en su momento sostuvieron a ultranza la libertad de expresión e información. Las nuevas generaciones de periodistas deben continuar este legado en sus tareas diarias, porque de lo contrario no estarían cumpliendo con el pueblo al que se deben.

Merecen especial mención en esta nota el Rvdo. Padre José Gramunt de Moragas, los matutinos EL DIARIO y Página Siete, por haber sido los que nos dieron ejemplo de rectitud

en sus informaciones y editoriales, y por ser celosos defensores de la Libertad de Expresión y Prensa, pero que a la postre sufrieron la avalancha de los depositarios del poder.

En la posesión de los nuevos miembros del Tribunal de Imprenta, consagrado por su respectiva Ley, se señaló con absoluta claridad que el periodismo es el último reducto de la democracia, ya que sin libertad de expresión no hay democracia.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada)

Fuente: El Diario, 11.5.13 por Santiago Berrios,  periodista y abogado constitucionalista.

CIDH: el valioso trabajo del periodismo

La CIDH insta a adoptar medidas eficaces de prevención, protección e investigación frente a la violencia contra periodistas

En el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoce el valioso trabajo de las mujeres y los hombres que ejercen el periodismo en nuestra región, y llama a los Estados a adoptar mecanismos eficaces de prevención y protección frente a circunstancias que puedan amenazar la vida, seguridad o integridad personal de las y los comunicadores.

 La Relatoría Especial insta en una comunicación institucional a las autoridades a erradicar las causas que fomentan y perpetúan la violencia contra las y los periodistas y trabajadores de los medios y a tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad de estos crímenes.

El sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido que la libertad de expresión es un instrumento esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos, la denuncia contra la arbitrariedad y la lucha por los derechos de las personas. En particular, el sistema interamericano ha explicado que la prensa es una herramienta clave para la formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión

pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales. Sin una prensa plural, vigorosa, libre e independiente los abusos de poder quedan silenciados y se fomenta el arraigo de sistemas autoritarios. No en vano la primera medida adoptada por los regímenes autoritarios en todas las latitudes ha sido históricamente la de impedir el ejercicio de una prensa crítica e independiente y prohibir todo acto de disidencia.

Las Américas han tenido un avance significativo en el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, esta Relatoría Especial ha llamado la atención sobre el sensible aumento, en los últimos años, de la violencia contra las y los periodistas, asociada al ejercicio de su profesión y el preocupante estado de impunidad de dichos crímenes. Las condiciones anteriores hacen que en la actualidad, algunas zonas de nuestra región sean catalogadas como de extremo riesgo para el ejercicio del periodismo.

En términos del Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Tal y como lo establece el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, con el cual la Relatoría Especial se encuentra plenamente comprometida: “los esfuerzos encaminados a poner fin a la impunidad en la esfera de los crímenes de los que son víctimas los periodistas deben correr parejos a la defensa y la protección de los defensores de los derechos humanos en general. La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad”.

Por esta razón, con motivo del vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados:

 •Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra las y los comunicadores, incluyendo la condena pública de todo acto de agresión en su contra;

 •Adoptar medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión;

 •Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social, juzgar y condenar a todos los responsables de estos hechos, y reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares;

 •Derogar el delito de desacato y promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos; y

 •Abstenerse de hacer declaraciones públicas o de utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Periodistas en español, 3.5.13 por Rafael Jiménez, periodista español

Caballos de Troya contra la libre información

Yirgalem Fisseha es una joven periodista eritrea, una de las poquísimas del país, especializada en crítica de arte. Un día de febrero de 2009, fuerzas gubernamentales entraron al asalto en Radio Bana, en Asmara, se llevaron a todos los periodistas y les encerraron en una prisión militar. Algunos fueron liberados al cabo de días o meses, pero Yirgalem Fisseha sigue en la cárcel. No ha tenido acusación formal, ni juicio. Ha pasado gran parte de estos cuatro años incomunicada y sometida a durísimas condiciones de subsistencia. No le permiten ver a la familia ni recibir visitas. Tiene graves problemas de salud. ¿Su delito? Informar.

Es solo una pincelada, un caso de los más de 300 periodistas y blogueros encarcelados en el mundo por hacer su trabajo. Por no hablar de los 90 periodistas y 48 internautas asesinados en 2012, el más terrorífico de los últimos 17 años. A los que hay que añadir docenas de exiliados, secuestrados, heridos o torturados, y medios de comunicación atacados con bombas u obligados a cerrar por Gobiernos abusivos.

Es un relato poco agradable, sí, pero en el Día Mundial de la Libertad de Prensa conviene recordar que más allá de las penurias económicas, los ERE y cierres de periódicos, los bajos salarios y la falta de empleo que acorralan a los periodistas en nuestro país, existe una libertad de prensa por la que muchos colegas se juegan la vida. No niego la importancia de un periodismo profesional riguroso, honesto y de calidad, y en el que la pluralidad de medios es esencial para que los ciudadanos estén bien informados y puedan ejercer la crítica de los poderes. Pero acostumbrados a mirarnos el ombligo solemos olvidarnos de situaciones por las que pasan la mayoría de los informadores en el mundo. Preferimos ignorarlas o considerarlas propias de países autoritarios. Craso error. Las amenazas a la libertad de información van en aumento y no solo en los países totalitarios.

Si nos acercamos a la nube de Internet, en teoría ese gran territorio global y libre para todos, ¿cuántos usuarios saben que uno de cada cuatro internautas no tiene acceso a un Internet libre, y que unos 60 países han establecido controles o censuras en la Red? Y no se trata ya de la censura directa —de esas 138 palabras que tiene prohibidas Turquía, entre ellas falda, cuñada, embarazada, libre—, de ralentizar la banda o del expeditivo apagón directo, sino de técnicas mucho más sofisticadas.

Hay grandes empresas de telecomunicación que, de acuerdo con los Gobiernos de determinados países, se han convertido en los nuevos policías de la Red. Y a petición de estos establecen filtros locales o “censuras geolocalizadas” y redireccionan páginas web para evitar informaciones “ofensivas”. Da verdadero miedo ver las posibilidades del “software espía” que cinco grandes empresas, Amesys, Blue Coat, Gamma, Hacking Team y Trovicor, con sede en países democráticos, y a las que Reporteros Sin Fronteras ha calificado de “mercenarios de la era digital”, venden a países totalitarios. Un software que sirve para encarcelar y torturar a periodistas y blogueros en Siria, China, Irán, Bahréin o Vietnam, considerados por esta organización “Estados enemigos de Internet”.

Escuchas de conversaciones a través del Skype, lectura de chats y correos electrónicos cifrados, encendido a distancia de la webcam o micrófono del ordenador, acceso a los archivos cifrados del disco duro, recuperación de contraseñas… Y “caballos de Troya” capaces de romper los encriptados e infectar todo tipo de ordenadores, son muestras de un espionaje digital que ponen los pelos de punta a todo el que no pertenezca a algún servicio secreto de inteligencia…

Por si fuera poco, en los países democráticos aumentan las leyes que al socaire de la lucha antiterrorista en Internet, la pedofilia o la piratería, permiten una amplia vigilancia sin mandato judicial y corren el riesgo de convertirse en leyes represivas para la información. Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Rusia o Canadá han aprobado leyes en este sentido.

Pero saliendo de la nube y volviendo a pisar tierra firme, en España, donde el jefe del Gobierno ha inaugurado un nuevo tipo de periodismo, “el plasmático”, que solo puede incitar a la risa, si no fuera porque supone un paso adelante en la funesta costumbre de las ruedas de prensa sin preguntas, resulta bochornoso ver cómo políticos, responsables de medios y periodistas continúan prestándose a este simulacro de información. ¿A qué esperan los responsables de los medios para anunciar que el suyo no se someterá a ese atentado contra la libertad de prensa?, ¿a qué aguardamos los periodistas para negarnos a asistir a tales esperpentos informativos?

La libertad de prensa está, por desgracia, bastante machacada y no se soluciona con recordarlo un día al año. Hace falta que esa libertad esté presente todos los días del año en nuestra realidad y que la amenaza de su pérdida sea lo suficientemente grave para que nos obligue a todos a no bajar la guardia. Porque sin libertad de información no hay democracia posible.

Fuente: El País, 3.5.13 por Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras-España.

La Unesco y la libertad de expresión

Hoy, 3 de mayo, la Unesco y las organizaciones dedicadas al fomento y a la protección de la libertad de expresión conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin libertad de prensa, la sociedad es muda, ciega y sorda. La sociedad civil sólo puede tomar decisiones fundamentadas basándose en información veraz y plural. Sin el trabajo de miles de periodistas que a veces arriesgan su vida para investigar y explicar lo que acontece en el mundo, los ciudadanos estarían a la merced de poderes fácticos, indefensos ante los intereses de grupos criminales. Así, mientras que los trabajadores de los medios de comunicación deben esforzarse por mantener y ganar -y en algunos casos, por recuperar- la confianza de la sociedad civil, manteniendo su independencia y ofreciendo información de servicio público, la población ha de ser firme en la exigencia de una información libre y de calidad.

La seguridad de los periodistas es la piedra angular de esta lucha, y este es el tema para las celebraciones de este año: “Hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios”. Garantizar la seguridad de los periodistas y de quienes transmiten información a través de Internet es un asunto urgente. Las cifras son alarmantes: más de 600 han sido asesinados en los últimos 10 años o, lo que es lo mismo, cada semana un periodista pierde la vida por dar información. Sólo en 2012, como Directora General de la Unesco, condené el asesinato de 121 periodistas, profesionales que perdieron la vida en el ejercicio de su labor, tanto durante la cobertura de conflictos armados como por informar sobre cuestiones locales como corrupción, actividades criminales o narcotráfico.

La impunidad es otro de los focos de atención de este año. Los datos más actuales reflejan que sólo uno de cada 10 crímenes contra periodistas da lugar a una condena. Muchos periodistas sufren intimidación y acoso, amenazas de muerte y violencia. Es intolerable.

Para proteger a los periodistas y poner fin a la impunidad de que disfrutan quienes los atacan, la Unesco tomó la delantera de un movimiento histórico para la instauración del Plan de Acción de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. Este Plan de Acción, adoptado en 2012 por todos los organismos de la ONU, es un paso importante para aunar esfuerzos y crear un entorno más seguro para los periodistas.

Las iniciativas de protección de la libertad de expresión deben abarcar tanto los medios de comunicación tradicionales como el mundo digital. Internet ha posibilitado un flujo de información sin precedentes y las nuevas tecnologías han convertido a muchas personas en “periodistas ciudadanos”.

Fuente: El Comercio, 3.5.13 por Irina Bokova, Secretaría General de la Unesco

 

Del Periodismo sus fallas (II)

¿Por qué se declaró al 10 de mayo como Día del Periodista Boliviano?

Hay dos apuntes históricos al respecto: el fusilamiento de Cirilo Barragán y Néstor Galindo, ordenado por Mariano Melgarejo en 1865; y la creación de la Caja Nacional de Jubilados, Pensionados y Montepíos de periodistas, en 1938.

Parecería que el establecimiento de dicha caja, mediante decreto promulgado por Germán Busch, es un acontecimiento de relativa importancia, pero la verdad es que fue el corolario de una larga lucha de los periodistas que pasó, entre otras cosas, por la defensa de la libertad de expresión, la partida de varios de ellos a la Guerra del Chaco y el reconocimiento de la personería jurídica de la Asociación de Periodistas de La Paz.

No obstante, los fusilamientos también merecen ser revisados.

Sobre Galindo, es preciso apuntar que, aunque publicó la “Revista de Cochabamba”, su actividad fue particularmente literaria. Pese a ello, es Armando Alonso Piñeiro quien lo ubica junto a Barragán en su “Enciclopedia de Periodismo”.

Más ligado al periodismo era Barragán quien, según Ronald Grebe, fue el primer periodista en ser fusilado por ejercer el oficio. El dato todavía está pendiente de confirmación debido a que 1865 ya es un año bastante avanzado en la historia del periodismo boliviano.

Para empezar, ¿está históricamente definido quién fue el primer periodista del territorio que hoy es Bolivia?

En la lógica simplista que estudia la historia del periodismo boliviano desde la introducción de la imprenta, se nombra a Vicente Pazos Kanki y Manuel Aniceto Padilla. El papel del primero

en las luchas independentistas es notable, dado que se relacionó con Mariano Moreno y fundó el “Telégrafo de las Floridas” en el tiempo en el que ese territorio fue una república independiente, pero el del segundo es verdaderamente cuestionable. Aunque técnicamente periodista, Padilla fue colaboracionista con el imperio británico debido a que estaba a cargo de la traducción al español de los textos de “The Southern Star”, el primer periódico bilingüe de América.Mariano Baptista Gumucio considera que el primer periodista boliviano fue Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela debido a que “registra el pasado potosino año por año, pues al margen de sus lecturas interminables solía frecuentar los tambos a los que llegaban los viajeros para pedirles noticias de otras ciudades y provincias…”. Entonces, resulta difícil determinar quién fue el primero que registró hechos y los legó a la posteridad.

Igual de complejo es determinar quién merece el mayor homenaje cuando de periodismo se trata ya que, a lo largo de una historia que es más extensa de lo que se cree, muchos son los que sacrificaron sus vidas en procura de conseguir que la información sea transmitida.

Si se confirmara el dato de Barragán, no sólo su muerte sino su vida merece ser estudiada con mayor profundidad y detenimiento. Entretanto, yo todavía sostengo que uno de los periodistas que mayor reconocimiento merece fue Luis Espinal quien murió no sólo por ejercer el periodismo sino por confrontar directamente las injusticias, así estén revestidas de dictadura, y por decir una verdad que era suicida en los tiempos en que la bota militar se campeaba oronda por nuestra patria.

Por ello, creo que el 22 de marzo es una fecha que los periodistas deberíamos conmemorar con la misma importancia que el 10 de mayo.

Fuente: La Prensa, 10.5.13

 

Del periodismo sus fallas

La primera quincena de mayo trae al Día del Periodista Boliviano y, como toda fecha conmemorativa, ésta debería servir para una reflexión sobre el presente y futuro de este sector de nuestra sociedad.
Y si hablamos de presente y futuro, obviando el pasado, es porque pese a su cualidad de registrador permanente de la historia, el periodismo boliviano ha descuidado el estudio de sus orígenes.
La historia del periodismo en nuestro país ocupa un lugar secundario en los planes de estudio de las carreras de Ciencias de la Comunicación y en algunas simplemente no existe. En las escasas ocasiones en que se toca el tema, el estudio se remonta a la llegada de la imprenta a Sudamérica y esto nos lleva hasta 1538, cuando el italiano Antonio Ricciardi introdujo una de esas máquinas a Lima. En el caso de lo que hoy es Bolivia, el dato mayormente aceptado es el de la imprenta que se instaló en 1600 en Juli, cuando ese pueblo dependía de la Audiencia de Charcas.
Sin embargo, es preciso apuntar que en aquellos lejanos años la imprenta no estaba tan ligada al periodismo como lo está ahora. Gustavo Adolfo Otero hace notar que los aparatos de impresión que fueron introducidos a América, la mayoría por religiosos, tenían “la finalidad de realizar la difusión proselitista de la fe católica, mediante la expansión gráfica de los catecismos, vocabularios indígenas, novenas y libros piadosos”.
Por tanto, la imprenta no llegaba para difundir la cultura, sino a ganar adeptos. Había una intención política por detrás como político fue el origen del periodismo moderno.
Aquí tenemos, entonces, dos de las grandes fallas de nuestro periodismo. Una de ellas, quizás la mayor, es considerar que esta actividad es apolítica cuando su origen fue precisamente político. Los periódicos tienen su antecedente en el “Acta Diurna”, el boletín que Julio César
mandó a fijar en lugares públicos de Roma con el claro propósito de controlar la información en tiempos en los que las conspiraciones eran permanentes.
Y si el gobernante romano más famoso ya sabía que la información es poder, no es de extrañar que los sacerdotes, particularmente los jesuitas, hayan entendido el valor que tenía la imprenta como difusora de ideas.
Inventada por chinos y japoneses entre los años 770 y 923, la imprenta fue perfeccionada por Gutenberg apenas 42 años antes de la llegada de Colón a América. He ahí la importancia que tuvo su introducción al continente.
No obstante, pese a que su finalidad primera era la evangelización, en realidad se convirtió en un instrumento más para el sometimiento de los americanos, en una nueva manera de colonización. Por ello, considero totalmente inadecuado estudiar la historia del periodismo a partir de la llegada de la imprenta.
En 1943, Carlos Montenegro ganó el primer concurso sobre historia del periodismo convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz con su ahora famoso “Nacionalismo y Coloniaje”. Es este libro el que incluye, quizás por primera vez, el dato del Rimay Pampa, un espacio urbano de las poblaciones prehispánicas en el que se contaban las últimas noticias.
Ese no tan simple dato es simplemente una muestra de lo mucho que nos falta conocer sobre el pasado del periodismo boliviano. Otra gran falla es, entonces, el limitar nuestra área de estudio a la introducción de la imprenta en el momento de sumergirnos en esa historia.
Un estudio más o menos concienzudo de la historia del periodismo boliviano permitiría descifrar algunas de sus claves y entender, sobre bases ciertas y científicas, por lo menos unas cuantas de sus complejidades.
Fuente: Los Tiempos, 3.5.13 por Juan José Toro, Premio Nacional en Historia del Periodismo

27 países de América tienen algún tipo de restricción para la prensa

Las dificultades para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa se expanden por la mayoría de latitudes del hemisferio.
Procesos judiciales, reformas legales, agresiones, descalificaciones y hasta atentados son los principales mecanismos a través de los cuales se busca amedrentar a personas y periodistas.
Así lo sostienen reportes de entidades como la red global Defendiendo y Protegiendo la Libertad de Expresión (Ifex-Alc) y de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA.
Según la Red Ifex-Alc, las violaciones a las libertades de expresión y de prensa en América Latina abarcan un número “alarmante”.
La razón: 74 periodistas han sido asesinados desde enero del 2010 hasta septiembre del 2012 en América Latina y el Caribe.
En el mismo período -agrega la red Ifex-Alc- 431 comunicadores han sido amenazados de muerte y 120 periodistas han sido llevado a los tribunales, ya sea por sus informaciones u opiniones.
Para esta red formada por 80 organizaciones, lo más inquietante es que los sistemas judiciales de la región han sido incapaces de sancionar a los responsables. De hecho, de los 74 asesinatos solo ocho responsables fueron condenados.
A la luz del elevado número de agresiones a periodistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también está preocupada.
Su secretario general Ban Ki-moon, condenó ayer los ataques que sufren los periodistas y lamentó la impunidad de que disfrutan a menudo los autores, en un acto en la sede, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Ante el elevado nivel de violencia, el Secretario dijo que cobra relevancia el Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de los Periodistas. Por eso, urgió a aplicarlo a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, de DD.HH. y de prensa, según la agencia EFE.
No obstante, precisamente algunos gobernantes y organizaciones políticas aparecen como principales impulsores de esa violencia.
=�< om�Y ��V ‘text-align:justify’>“En 2006, una modificación constitucional permitió a las comunidades indígenas tener sus propias radios, pero siete años después aún no hay una ley reglamentaria que permita que los pueblos puedan acceder a ese derecho”, indicó.
 
Para Amarc, la lucha que viene si finalmente se aprueba la ley será conseguir que las radios no tengan restricciones de potencia, que puedan tener acceso a la publicidad, que no estén confinadas a un sector geográfico y que se reserve el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las emisoras comunitarias e indígenas.
Otros temas importantes serán la transparencia en la expedición de refrendos y nuevos permisos de transmisión, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la subsistencia económica de las radios, sin poner en riesgo su autonomía e independencia.
Pero no todos son tan optimistas. En Oaxaca y muchos otros lugares del país, las radios populares han sido un elemento fundamental en las luchas de los territorios y cultura frente a grandes proyectos de desarrollo: “A nosotros esa ley no nos sirve de nada”, aseveró a IPS vía telefónica Óscar Ledima Santiago, otro de los coordinadores de Radio Totopo.
“Toda esa discusión es una mentira porque las radios estamos siendo reprimidas por defender los derechos de los pueblos, y para cuando terminen de hacer los reglamentos ya no va a haber tierra por la cual luchar”, señaló.
Así lo señaló la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que divulgó la lista de los 39 “depredadores” de la libertad de información en el 2013. Con respecto al año anterior, cinco nuevos predadores se agregaron.
Entre ellos figura el nuevo presidente chino Xi Jinping, el grupo yihadista sirio Jabhat Al-Nosra, el partido de los Hermanos Musulmanes en Egipto, los grupos armados baluches de Pakistán y los extremistas religiosos de las Maldivas. “Estos predadores de la libertad de información son responsables de las peores exacciones cometidas contra los medios de comunicación y sus representantes”, subrayó RSF.
El reporte en América
A inicios de abril, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión presentó su informe anual sobre la región. Allí no solo se recogen los problemas en Ecuador, que ha generado el rechazo del Gobierno. También figuran otros 27 países del hemisferio. A continuación presentamos una síntesis.
Argentina
Medidas dirigidas y agresiones
Un clima hostil hacia el ejercicio del periodismo y el afán del Gobierno de tomar medidas que afecten a los medios privados, en especial los privados.
Esos son dos de los rasgos centrales que caracterizaron en 2012 la situación de la libertad de prensa en Argentina, generando así un ambiente de polarización entre el poder político y los medios. En su reporte, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA recuenta un total de 16 casos de amenazas, agresión física o campañas de difamación en contra de periodistas, principalmente privados.
Citando la Convención Americana de los DD.HH., la organización indica que esa confrontación cierra los espacios para el debate sosegado. Por eso, la Relatoría recordó que una de las tareas del Estado es contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, “incluso cuando le resulten ofensivas o perturbadoras”.
En ese sentido, dijo que el Gobierno de abstenerse de usar sus facultades para “premiar o castigar” a medios cercanos o críticos.
Esas palabras se refieren a una ley aprobada en 2011 que declara de “interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios”. Y citó el art. 13 de la Convención, que señala que no se puede restringir la libre expresión con el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. El Gobierno argentino, públicamente, no ha descalificado este informe.
Colombia
Uribe aparece en el informe
Aunque la Relatoría reconoce avances de la Justicia colombiana para sancionar a los responsables de muertes de periodistas, también señala que en el país hay inseguridad para ejercer el oficio.
En el 2012 hubo el asesinato de dos periodistas. El uno corresponde al radiodifusor Argemiro Cárdenas Agudelo, a manos de supuestos sicarios. La otra víctima fue Guillermo Quiroz, luego de una aparente agresión de un miembro de la Policía en una manifestación.
En ese sentido, la Relatoría recordó al Estado colombiano que está en la obligación de sancionar a los responsables, reparar a las víctimas e impedir que se repitan nuevos casos.
La Relatoría también reporta al menos otros 11 casos de amenazas e intimidación a periodistas y ex funcionarios públicos. En todos esos casos, las advertencias presumiblemente tienen como origen bandas criminales, grupos armados ilegales y actores políticos de diverso nivel.
En el reporte, la Relatoría también menciona al ex presidente Álvaro Uribe y su trato hacia la prensa. Específicamente reseñó un ‘trino’ de junio en Twitter en contra de comunicadores y analistas. “A las 5 p.m. publicaré Cartel de los Sicarios, Zuleta, Coronell, León Valencia, Cepeda”.
Según el reporte, “Uribe se ha caracterizado por hacer constantes declaraciones públicas que estigmatizan a periodistas independientes (…) y tienen la potencialidad de aumentar el riesgo objetivo para la vida”.
Bolivia
Judicialización a la prensa
El reporte subraya que en el país andino crece la tendencia de llevar a los tribunales a periodistas y medios, en busca de que sean sentenciados penalmente.
Uno de los casos emblemáticos es el iniciado por el gobierno de Evo Morales, en contra de dos periódicos y una agencia de noticias. A ellos se les acusa del supuesto delito de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, por el tratamiento que dieron a unas declaraciones del presidente Morales, sobre la pobreza en el Oriente del país.
Al comentar este caso, la Relatoría citó el art. 11 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa norma señala que la protección a la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles.
Además, le recordó a Bolivia que en estos casos debe probarse que en la difusión de las noticias el periodista “tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas…”.
A la par, el documento también recoge declaraciones “estigmatizantes” y de amenaza de autoridades de elección popular. Una de ellas corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los medios “inventan” conflictos y tienen “actitudes golpistas”. Y la otra a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien dijo sobre un diario: “No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa…”.
Estados unidos
La regulación encierra riesgos
Estados Unidos también está en el radar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y su informe. Aunque no ha ratificado la Convención Americana de DD.HH., el organismo también reseñó las dificultades de la libertad de expresión en ese país.
Uno de los temas que mayor preocupación genera es el trámite de la ley para poner fin a la piratería (Stop Online Piracy Act, SOPA).
Según la Relatoría Especial, los proyectos recibieron fuertes críticas online, por considerar que están redactados en un lenguaje demasiado amplio o ambiguo, que podría provocar el cierre de sitios Web completos con la consecuente limitación a la libertad de expresión.
Además, recordó que con la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU ya hizo un pronunciamiento en el mismo sentido.
El reporte también subraya otros casos en contra de este derecho fundamental. Por ejemplo, la acusación formal que el Gobierno hizo contra el ex agente de la CIA, John Kiriakou, quien habría filtrado información a medios sobre las prácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo en la administración de George W. Bush. O la orden de Leon Panetta, secretario de Defensa, de monitorear a los principales medios para detectar filtraciones no autorizadas de información clasificada”. El organismo recordó que en 2010 la Relatoría de la ONU dijo que los Estados deben proteger a testigos que revelen ese tipo de datos.
En otros países…
Canadá. El grupo Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión y otras 5 organizaciones periodísticas solicitaron al Gobierno levantar las restricciones para que los científicos federales puedan hablar libremente con los medios de comunicación.
Chile. La Relatoría tomó nota de procesos penales contra un grupo de radios comunitarias, por operar sin las respectivas licencias. Señaló que espera que la Legislatura acabe la revisión de la norma para que el tema no siga en la vía penal.
Cuba. La situación de la libertad de expresión en Cuba es similar a la presentada en los últimos años. Al respecto, la CIDH señaló que Cuba es el único país de las Américas donde se puede afirmar que no se garantiza de ninguna manera la libertad de expresión.
Guatemala. Tres periodistas, que en sus carreras han divulgado violaciones a los DD.HH. en el conflicto interno, fueron denunciados por su presunta participación, por acción u omisión, en crímenes cometidos por grupos guerrilleros.
México. Las amenazas y asesinatos de periodistas ocupan un lugar importante en el informe. Más de 22 acápites recogen informaciones sobre los atentados contra los informadores y medios de comunicación.
Panamá. El documento reseña el juicio por USD 5,5 millones del ex presidente Ernesto Pérez Balladares al periódico La Prensa, por mencionarlo en una investigación de supuesto lavado.
Fuente: El Comercio, 3.5.13 por Santiago Zeas, periodista ecuatoriano
 � sM�Y ��V style=’text-align:justify’>A la par, el documento también recoge declaraciones “estigmatizantes” y de amenaza de autoridades de elección popular. Una de ellas corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los medios “inventan” conflictos y tienen “actitudes golpistas”. Y la otra a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien dijo sobre un diario: “No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa…”.
 
Estados unidos
La regulación encierra riesgos
Estados Unidos también está en el radar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y su informe. Aunque no ha ratificado la Convención Americana de DD.HH., el organismo también reseñó las dificultades de la libertad de expresión en ese país.
Uno de los temas que mayor preocupación genera es el trámite de la ley para poner fin a la piratería (Stop Online Piracy Act, SOPA).
Según la Relatoría Especial, los proyectos recibieron fuertes críticas online, por considerar que están redactados en un lenguaje demasiado amplio o ambiguo, que podría provocar el cierre de sitios Web completos con la consecuente limitación a la libertad de expresión.
Además, recordó que con la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU ya hizo un pronunciamiento en el mismo sentido.
El reporte también subraya otros casos en contra de este derecho fundamental. Por ejemplo, la acusación formal que el Gobierno hizo contra el ex agente de la CIA, John Kiriakou, quien habría filtrado información a medios sobre las prácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo en la administración de George W. Bush. O la orden de Leon Panetta, secretario de Defensa, de monitorear a los principales medios para detectar filtraciones no autorizadas de información clasificada”. El organismo recordó que en 2010 la Relatoría de la ONU dijo que los Estados deben proteger a testigos que revelen ese tipo de datos.