. Nace la Ley de Comunicación del Ecuador en medio de la polémica

Por Ronald Grebe

El parlamento ecuatoriano, compuesto mayoritariamente por diputados de la oficialista “Alianza País”, tardó más de cuatro años de constantes debates y cambios en aprobar la Ley Orgánica de Comunicación que la nueva Constitución vigente desde octubre de 2008 en el numeral 4 de su Primera Disposición Transitoria ordenaba que se elaborara en el plazo de 360 días.

Desde entonces tuvo que elegirse un nuevo parlamento y reelegirse al presidente Rafael Correa para que se aprobara en tiempo record y sin discusión una Ley de Comunicación compuesta de 119 artículos, 23 disposiciones transitorias, seis disposiciones reformatorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final.

A lo largo de estos años a la Asamblea ecuatoriana le llegaron propuestas de Ley de parlamentarios oficialistas y de oposición, pero la que fue aprobada estuvo a cargo del parlamentario oficialista Mauro Andino que el 14 de junio presentó su propuesta que incluía más de 40 cambios que la oposición nunca conoció.

Desde el día de su aprobación, la Ley de Comunicación ha recibido, como no se podía esperar de otra manera, innumerables comentarios favorables y muchas expresiones de rechazo y reclamo tanto en el Ecuador como en el exterior.

Un comentarista ecuatoriano escribía que “es muy mal síntoma que una Ley tan importante como la de Comunicación llegue en medio de expresiones tan polarizadas. Siempre puede haber sectores perdedores y ganadores frente a una norma legal nueva, pero queda lugar para la duda razonable cuando el poder político tiene tantos motivos para cantar victoria”. Mientras que otro decía que “una ley por la que han luchado durante décadas el movimiento indígena, las redes de medios alternativos, los jóvenes, las mujeres, las organizaciones sociales, mucha ciudadanía consciente”.

El mismo aclaró que “el artículo 106 de la Ley establece una redistribución equitativa de las frecuencias de radio y de televisión: 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para comunitarios. Antes, los medios privados concentraban el 95% de las concesiones. Esta distribución exigida por la Ley se refiere tanto a las frecuencias analógicas como a las futuras digitales”. Además, el artículo 113 limita el número de concesiones. Una persona natural o jurídica no puede tener más de una matriz de radio en fm, una en am y una de televisión. Y quienes tengan más (que son muchísimos) tendrán que devolverlas.

Otro comentario sostenía que “en cuanto a los medios privados, la Ley dificultará aún más su labor periodística”, creando incluso sanciones administrativas que pueden en la práctica convertirse en censura previa. Para ello se crea una Superintendencia de Información y Comunicación con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas. El Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por el Presidente de la República.

Adicionalmente, un punto crítico de esta Ley, sostienen varios expertos, es el que en el artículo 45 se hace referencia a la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, organismo, con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social, que “tiene por finalidad diseñar e implementar las políticas públicas de comunicación relativas a sus competencias y ejercer las potestades regulatorias en el ámbito de sus atribuciones”, pero cuya integración será con órganos afines al gobierno, que también estará marcada por su falta de independencia y podrá disponer la investigación de posibles delitos”.

La Ley también busca regular en el artículo 10 a los medios de comunicación mediante la creación de normas deontológicas, con las cuales la prensa estaría bajo la obligación de seguir y cuyas violaciones serían determinadas por el Consejo de Regulación, señalo el Instituto Internacional de Prensa (ipi).

Además, uno de los cambios que deberán introducir “obligatoriamente” los medios es la creación del “defensor de las audiencias y lectores”.

En cuanto a la producción de programas se dice que “la Ley exige que el 60% de la programación diaria de los medios, en horarios aptos para todo público, sea de producción nacional. Y en cuanto a música, las emisoras deberán difundir un 50% de canciones ecuatorianas”.

Al respecto, Ernesto Yturralde, productor independiente ecuatoriano, dijo que un mayor espacio en televisión para productos nacionales no es un hecho aislado que se dé solo en Ecuador y calificó de “proteccionista” el contenido del artículo 97 porque es “un incentivo a la mediocridad”, porque los productores no tendrán que competir con productos extranjeros, a los que valoró como de mayor calidad y con menor presupuesto.

Dentro de la Sección vi de la Ley también consta un artículo que pretende promover la difusión de películas nacionales en señal abierta. El artículo 102 establece que los canales de televisión que transmiten desde el territorio nacional deberán difundir cada año –con carácter de estreno– al menos dos películas de producción ecuatoriana. Para la compra de los derechos de esas películas, los canales deberán destinar mínimo el 2% de sus ingresos por publicidad (5% en el caso de los que tengan cobertura en un área donde vivan más de 500.000 personas).

Las compañías extranjeras que funcionen en Ecuador y que controlen un medio de comunicación deberán transferir su patrimonio a personas naturales o jurídicas ecuatorianas con la correspondiente autorización de la autoridad de telecomunicaciones cuando se trate de medios audiovisuales que sean concesionarios de una o más frecuencias de radio o televisión.

Los medios que pertenezcan a empresas donde el Estado tenga una participación accionaria mayoritaria, tendrán 180 días a partir de la entrada en vigencia de la Ley, para adquirir el carácter de públicos o transformarse en empresas públicas de comunicación.

Frank La Rue, relator Especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, expresó su preocupación por la Ley de Comunicación y pidió al primer mandatario ecuatoriano que se volviera al debate antes de aprobarla por el lado del Ejecutivo, ya que ve en ella “elementos que gravemente afectan la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, tales como la creación del concepto de ‘linchamiento mediático’ que, por supuesto, no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado”.

Los que están a favor dicen que “hay muchas novedades en la nueva Ley. Hay también cosas que mejorar porque ninguna normativa es perfecta. Por ejemplo, el internet no aparece aún como un derecho humano que el Estado debe garantizar de forma universal”.

Por su parte, el Foro de Periodistas del Ecuador (fope), asegura que “la Ley es ambigua, subjetiva y deja varios puntos bajo la libre interpretación de las autoridades a nombrarse”. Esto podrá afectar “no sólo el trabajo periodístico, sino el derecho de los ciudadanos a conocer asuntos de interés público”.

Y como no podía ser de otra manera, el presidente Rafael Correa no vetó el proyecto de Ley que la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, le remitió después de su aprobación en la Asamblea ecuatoria-na y el Registro Oficial la publicará para que entre en vigencia.

Fuente: Nueva Crónica, Nr. 126 2 quincena de junio 2013, por Ronald Grebe, comunicador social boliviano

Alianza de medios digitales de América Latina

Diez medios de noticias digitales independientes crearon la nueva asociación conocida como “ALiados”, la cual busca fortalecer la cooperación mutua y buscar nuevas formas de sustentabilidad para el periodismo independiente en América Latina, informa Cerigua.

periodismo independiente Alianza de medios digitales de América LatinaEn una reunión efectuada en Buenos Aires, el pasado 15 de junio, los representantes de los diez medios dieron vida a la red y acordaron su común voluntada para asociarse en una organización que busque a contribuir a la sostenibilidad y mejor desarrollo de sus miembros.

En su manifiesto de asociación, los medios resaltan su identificación con “los más altos estándares de calidad profesional, la transparencia de procedimientos, la independencia de criterio respecto de poderes políticos y económicos, y la rigurosidad fáctica con que informan sobre realidades de América Latina y el mundo de un mundo en que no lo hacen los medios tradicionales de la región”.

Los medios que forman parte de esta nueva alianza son Animal Político, de México; Agencia Pública, de Brasil; Ciper, de Chile; The Clinic, de Chile; Confidencial, de Nicaragua; El Faro, de El Salvador; IDL-Reporteros de Perú; La Silla Vacía, de Colombia; Plaza Pública, de Guatemala y El Puercoespín, de Argentina.

Aliados a la vanguardia, tecnológica y fortalecidos por la cooperación mutua con la que aquí nos comprometemos, confiamos en ampliar aún más el impacto y la influencia que nuestro trabajo ya tiene en vastos e importantes sectores de la opinión pública latinoamericana, señala el manifiesto.

En busca de nuevas formas de sustentabilidad para el periodismo de investigación digital ALiados organizará programas e iniciativas conjuntas, como apoyo de donadores y del público.

Plaza Pública es un medio online, fundado en 2011 por la Universidad Rafael Lanvídar, de análisis, investigaciones y debates; asimismo publica reportajes sobre las dinámicas del poder que atentan contra la dignidad de la población.

Fuente: Periodistas en español, 26.6.123

Debates en políticas de comunicación

por Washington Uranga

Lejos ya de los años setenta en los que el concepto de políticas de comunicación se instaló en los escenarios académicos y políticos, el tema se actualizó en los últimos tiempos, particularmente en América latina, a partir de los procesos de democratización impulsados por los gobiernos, por una parte, y por las organizaciones sociales, en especial aquellas dedicadas prioritariamente al campo comunicacional. No se trata, por cierto, de cuestiones de fácil resolución. Por el contrario, todo planteo sobre políticas de comunicación desata polémicas, despierta controversias, porque compromete intereses y juegos de poder, pero también porque la cuestión entraña un alto grado de complejidad que alimenta las perspectivas diversas, las aproximaciones desde distintos ángulos para buscar respuestas ajenas al consignismo y a las simplificaciones.

Todas estas tramas se abordan en un libro de reciente aparición titulado Siete debates nacionales en políticas de comunicación. Actores, convergencia y tecnología, compilado por los investigadores Guillermo Mastrini y Ornela Carboni, editado por la Universidad Nacional de Quilmes y que cuenta con prólogo de Martín Becerra.

El trabajo colectivo (269 páginas) realizado por investigadores y maestrandos de la Maestría en Industrias Culturales de la UNQ analiza los marcos regulatorios en comunicación en el Reino Unido (C. Rodríguez, M. Taborda y E. Zabala), en Venezuela (M. García, A. Murúa, A. Panozzo y C. Rotouno), en Estados Unidos (A. Bizberge, C. Rodríguez Miranda, C. Fariña y L. Spinelli) y en México (F. Montesino, L. Vega, R. Irimia y A. Baiza).

Bajo el título “El proceso de regulación democrática de la comunicación en la Argentina”, los doctores Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Santiago Marino desarrollan un capítulo dedicado al país, en particular en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el que sostienen, entre otros conceptos, que la mencionada norma “constituye un paso muy importante en el proceso de democratización de los medios” pero “debe ser considerado un punto de partida”. Agregan, en el mismo sentido, que “la consolidación de una política de comunicación (en la Argentina) será consecuencia de la acción de los gobiernos (actual y futuros) y de la participación intensa de la sociedad civil”.

Otros dos capítulos del libro están dedicados a analizar el fenómeno de la televisión digital terrestre (TDT). B. Califano, O. Carbone y C. Labate trabajan sobre “el fin de la cuenta regresiva: el desembarco de la TDT en España” y A. Baccaro, A. Maglieri y N. Manchini sobre “el proceso de implementación de la TDT en Brasil”.

El libro abre a un panorama de discusiones sobre una cuestión que se vuelve central no sólo para los expertos en comunicación, sino que es cada día más significativa para la política y para los procesos democráticos en todas partes del mundo. “Hoy en día las políticas de comunicación superaron el gueto de los especialistas para ser objeto de discusión en los propios medios, que durante décadas se resistieron a hablar sobre los criterios que rigen su funcionamiento, y sobre todo para ser tema de debate en la sociedad”, sostiene Becerra. Y agrega que “los políticos parecen haber vencido el tabú de hablar sobre los medios y la sociedad descree del mito de la inmaculada concepción de los medios y las industrias culturales”.

Una constante que aparece a lo largo de toda la obra, y más allá de las diferentes aristas de cada uno de los capítulos, es que las políticas de comunicación, en el marco de la democracia y como uno de los pilares de las políticas públicas, requieren de la acción conjunta y articulada del Estado y de la sociedad civil. Y que es precisamente a los actores no estatales a quienes les corresponde tener un papel sumamente activo y protagónico para garantizar que dichas políticas contribuyan a “generar sociedades más igualitarias y democráticas”, según se afirma en las conclusiones de la obra. Aunque es evidente, como también se asevera, que el aporte de la sociedad civil resultaría insuficiente para lograr el éxito del proceso de democratización de las comunicaciones si no está “acompañado por la decisión política de los gobiernos a fin de mediar entre los intereses privados y los intereses ciudadanos”.

El libro reúne una serie de aportes coherentes en la temática, diversos en los enfoques y complementarios entre sí, que resultan de gran valor no sólo para los estudiosos de los temas de la comunicación, sino para todos aquellos interesados en comprender los procesos políticos y sociales atravesados hoy también por los debates de la comunicación, las tecnologías, la cultura y las industrias culturales.

Fuente: Página12, 26.6.13 por Washington Uranga, periodista uruguayo

A nuestros lectores: Golpe a la libertad

La libertad de expresión de las personas sufre un duro golpe. El poder político ha puesto el ejecútese y ha enviado al Registro Oficial la Ley Orgánica de Comunicación, uno de los cuerpos más polémicos en la vida de la República.
La libre expresión es la manifestación del derecho individual y colectivo más sagrado y consustancial a la naturaleza humana: la libertad de pensamiento. Pero el espíritu de la Ley de Comunicación, pese a la proclama de democratizar la comunicación, lesiona seriamente ese derecho consagrado en todos los instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor.
La Ley fue aprobada transgrediendo prácticas parlamentarias expresas, al introducir cambios que no habían sido debatidos ni aprobados por los legisladores de la anterior ni la actual Asamblea. Pero sobre todo contiene peligrosos instrumentos de control e intimidación y limita seriamente la acción de los medios no alineados con el poder.
Entregar a altos organismos como una Superintendencia de Comunicaciones y un Consejo Regulador una práctica sustancial de la libertad humana es limitar la libertad y la independencia, así como lo es la catalogación del derecho a la información como un servicio público del cual el Estado se vuelve concesionario.
Si el Superintendente será elegido de una terna que envíe el Presidente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo afín al Ejecutivo, se anula la independencia. Si lo propio ocurre con la composición del Consejo de Regulación, las decisiones de estos organismos coartarán la libertad.
La Ley introduce una figura tan subjetiva como extraña a la legislación internacional: el linchamiento mediático, que pudiera proteger a los servidores públicos de la acción de los medios y la ciudadanía. Serán tiempos aún más difíciles para el periodismo de investigación y para todo afán de revelar lo que el poder quiere ocultar.
Diario EL COMERCIO, fiel a sus objetivos periodísticos que lo han identificado con la comunidad a lo largo de 107 años, se compromete a seguir entregando a sus lectores contenidos informativos y de opinión plural, abierta y positiva. Para ello persiste en innovaciones tecnológicas de primera línea, se actualiza y trabaja por la libertad de expresión de la gente y el derecho de las personas a ser informadas.
Seguimos adelante. Los tiempos oscuros para la libertad de expresión en el país, que no son patrimonio de esta época sino que han caracterizado muchos momentos de la vida nacional en los cuales el poder trató de limitar la acción de los medios, pasarán.
Fuente: El Comercio, 23.6.13

La Censura

por Enrique Ayala Mora 

Durante el siglo XIX, la presión de establecer garantías para la población y la creciente influencia de la prensa, llevaron a que todas las constituciones, desde la primera, establecieran normas sobre la libertad de expresión. Variaron de una constitución a otra, pero en todas se establecieron responsabilidades ante la ley y en algunas, límites morales y religiosos.

En ciertas constituciones, las normas fueron restrictivas y en otras más amplias. La de 1878, por ejemplo, establecía que los ecuatorianos tenían “El derecho de expresar libremente sus pensamientos, de palabra o por la prensa, sujetándose a la responsabilidad que imponen las leyes. Jamás podrá establecerse la censura o calificación previa de los escritos “.

Pero, en ningún caso, esa garantía significaba libertad religiosa, es decir del ejercicio de cultos distintos del católico. El Estado confesional debía proteger a la religión oficial y no podía permitir otros cultos. Pese a que teóricamente no podía existir, se mantuvo la “censura” eclesiástica, es decir la obligación que tenían los redactores de pedir permiso para sus publicaciones a los obispos, quienes establecían si su contenido no estaba en contra de los principios católicos y la gente podía leerlos. El Concordato celebrado con el Vaticano por García Moreno reconoció esa práctica. Como cada vez más el liberalismo y sus doctrinas de libre pensamiento cuestionaban los dogmas y el poder de la Iglesia, las censuras se multiplicaron. Los periódicos y sus redactores que respondían eran excomulgados y a veces privados de derechos políticos.

Por su impacto e influencia, los periódicos fueron objeto de abusos y conflictos. Como desde muy temprano aparecieron impresos ofensivos y agresivos, las autoridades emitieron primero normas y luego leyes que regulaban su publicación. Debían fijar domicilio, designar un responsable editorial, cuyo nombre debía constar junto con el del impresor y la imprenta. En la práctica, esos requisitos no detenían la violencia verbal o las denuncias. Por ello, desde el poder político se tomaba con frecuencia medidas como la agresión física, la expulsión del país o el confinio contra los redactores; destrucción de las instalaciones con “empastelamiento” de las imprentas o daño a sus locales.

De este modo, más allá de los excesos que se dieron, la lucha contra la censura eclesiástica y el control gubernamental, devino en la mayor batalla ideológica del siglo XIX, en la que se debatía sobre valores fundamentales como libertad, democracia y respeto a la persona. Por ello, así como muchos clérigos se sentían enviados de Dios para moralizar a la sociedad, los periodistas contestatarios se veían a sí mismos como mensajeros de la luz, de la cultura y de la dignidad humana. El enfrentamiento duraría más de un siglo en nuestra historia.

Fuente: El Comercio, 21.6.13 por Enrique Ayala Mora, historiador y analista ecuatoriano

Linchamiento mediático

por Juan José Toro Montoya

Si se pretende regular el periodismo en Bolivia –pues ya es hora de que eso ocurra–, las normas deben partir del mismo periodismo y sólo merecer su aprobación en la instancia legislativa. De otra forma, estaremos repitiendo la experiencia ecuatoriana y condenaremos a nuestro país al oscurantismo

A través de artículos publicados en esta columna, entrevistas y mi investigación titulada “Prensa enemiga” –que ninguna organización periodística quiso publicar– repetí machaconamente que es antinatural que los políticos elaboren leyes para regular el periodismo.

Y digo “antinatural” porque la prensa es, en esencia, enemiga de los políticos. Debido a su estructura organizacional, los Estados son manejados por los políticos y, si bien el manejo estatal debería ser público, los políticos se sienten más cómodos cuando su actividad no se hace pública. Como la función de la prensa es hacer pública la actividad de los encargados del manejo del Estado, se produce una colisión que deviene en el eterno enfrentamiento entre prensa y políticos.

Y ya que prensa y políticos son enemigos, ¿no es ilógico permitirles a estos que regulen a aquella? Precisamente por la referida enemistad natural, los políticos aprovecharán cualquier oportunidad que tengan para restringir el trabajo de la prensa o, peor aún, controlarla del todo. Sobran ejemplos para probar esa aseveración y la más reciente es la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.

Los informes señalan que esta ley maduró durante cuatro años en el país hermano. Uno de los textos de este proceso es el que fue remitido al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, por el asambleísta Mauro Andino el 18 de julio del año pasado. Cuando se lee ese documento se llega a la conclusión de que la norma pretende implantar control estatal al periodismo pero, al margen de esa cuestionable intención, existen artículos que, bien vistos, podrían mejorar el manejo de la prensa no sólo en Ecuador sino en cualquier otro país.

Pero ése no es el texto aprobado el 14 de junio por los asambleístas ecuatorianos.

El texto votado, y que hoy causa controversia, es el que Andino remitió el 13 de junio recién pasado a la actual presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con notorios cambios en su redacción. Al comparar ambos documentos se llega fácilmente a la conclusión de que el original pudo ser redactado por especialistas en la materia y probablemente tenía la loable intención de poner orden al caos jurídico en el que se desenvuelve el periodismo, pero el que se aprobó finalmente fue cambiado por alguna o algunas personas cuyo propósito es, evidentemente, el control de la prensa ecuatoriana.

El documento aprobado crea figuras como la Superintendencia de la Información y Comunicación que, según reza el Artículo 55, “es  el  organismo técnico de  vigilancia, auditoría, intervención y control, con  capacidad  sancionatoria,…” que tendría el Estado ecuatoriano sobre la prensa de su país.

La Ley Orgánica de Comunicación también crea un bodrio jurídico denominado “linchamiento mediático” que, según define el párrafo “j” de la norma cuarta del Artículo 10, es “la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

Todas las páginas de este periódico serían insuficientes para explicar lo ridículo y estúpido que es utilizar la palabra “linchamiento” en ese contexto pero el propósito de este artículo es otro.

Baste decir que lo ocurrido en Ecuador confirma, por enésima vez, mi afirmación de que los políticos no deben legislar al periodismo. Si se pretende regular el periodismo en Bolivia –pues ya es hora de que eso ocurra–, las normas deben partir del mismo periodismo y sólo merecer su aprobación en la instancia legislativa. De otra forma, estaremos repitiendo la experiencia ecuatoriana y condenaremos a nuestro país al oscurantismo de una prensa controlada.

Fuente: Los Tiempos, 20.6.13 por Juan Jose Toro, periodista boliviano

Tropezar con la misma piedra

por  Paola Fernández

A propósito del hecho conocido como la Masacre de Ramallo, el periodista Mariano Grondona, en una nota publicada en el diario La Nación, sintetizaba de esta manera la actitud que según él se necesita para entablar contacto con uno de los delincuentes apostado en el banco: “Uno trata de que la conversación tenga algún efecto tranquilizador, de inyectarles un grado de racionalidad. En televisión uno no puede preguntarse todo el tiempo qué consecuencias van a tener las noticias. Si no, en vez de ser periodistas nos convertimos en curadores del bienestar psíquico del público”. La frase puede ayudar a comprender el criterio utilizado por cierta prensa en los últimos días ante hechos de notoriedad. La reflexión sobre la práctica profesional ante la coyuntura permite relacionar dos temas. Que la cobertura de los medios ante sucesos violentos se realiza bajo cuestionables criterios de noticiabilidad y espectacularización y que tales parámetros no hacen sino responder al tipo de consumo televisivo que tenemos como sociedad.

Tal como plantea Damián Fernández Pedemonte (2010), “el sensacionalismo no es privativo de los medios populares ni va inevitablemente unido a temas tabú, sino que responde a malas prácticas periodísticas que construyen un lector modelo al que alojan en el ámbito de la experiencia similar a la del entretenimiento, en vez de promover la reflexión que la gravedad del tema demanda”.

En así que un suceso de la envergadura del asesinato de una joven cuyo cuerpo se encontró en la Ceamse irrumpe en la agenda mediática y es capitalizado por los medios para ubicar en la opinión pública temas que se encuentran latentes en el imaginario popular, gracias a imágenes construidas por los mismos medios y que responden a intereses económicos y políticos. La cobertura de los hechos se basó fundamentalmente en supuestos y en fuentes de dudosa veracidad y confiabilidad. El uso del condicional fue tapa y ocupó gran parte de las pantallas televisivas; se informó, se ratificó y se debatió sobre una violación que no se sabía si existía y que incluso fue negada horas más tarde. El entorno familiar de la joven fue sospechado antes por los medios que por la policía, dando por evidente la filtración de información de fuentes judiciales como si el uso del condicional no atentara contra el secreto del sumario. Pero al mismo tiempo la oferta informativa actúa en complicidad con un tipo de consumo naturalizado por parte de la ciudadanía.

La conjetura que no se apoya en pruebas y fuentes confiables se ha convertido en parte esencial de la oferta noticiosa masiva. Y suele ocurrir que el mismo medio que hace visible un conflicto lo cierra por su sola decisión cuando se decide dar un giro en la agenda.

Fernández Pedemonte sostiene que es “así como el suicidio de Yabrán es la culminación del caso mediático del asesinato de José Luis Cabezas, pero no de la causa judicial. Se trata de un cierre simbólico. Un nuevo cambio de agenda operado por los medios”.

La lucha por otro tipo de comunicación no se refiere sólo al cambio de estructura de propiedad de los medios o la modificación de los contenidos, sino también a romper con esas prácticas hegemónicas que transforman a los trabajadores de prensa en operadores al servicio del poder económico de los dueños de los medios y de la información como mercancía. Y no es que esto último no sea así, sino que contiene al mismo tiempo un valor simbólico que no desagrega el económico.

Somos la información y los medios que consumimos.

La lógica del minuto a minuto hizo que Sergio Lapegüe, eufóricamente, inventara detenciones porque sabía que eso le retribuía rating. La monetización de la tragedia. La aplicación de la ley de medios no debe limitarse sólo a una disputa por la propiedad entre Clarín y el Gobierno; debe contemplar también el cumplimiento de lo que representa la información como servicio público. Los periodistas no pueden responder únicamente al requerimiento editorial de la empresa para la que trabajan, sino que tienen que atender a los criterios que conforman a la información y la comunicación como derecho universal y servicio público. Esto implica veracidad, objetividad (sujeta a la mirada y al trabajo realizado por cada trabajador del medio) y, sobre todo, respeto al ciudadano.

Somos los medios y la información que consumimos.

¿La espectacularización de la noticia, la ficcionalización de la violencia y la tragedia, corresponden al tipo de medios que queremos como sociedad? Porque el tipo de periodismo que queremos es un reflejo del tipo de sociedad que queremos ser. Elijamos, entonces, qué queremos ser.

Fuente: Página12, 18.6.13 por Paola Fernández, argentina licenciada en Comunicación Social. Becaria Dpto. Ciencias Sociales UNQ.

Responsabilidades y derechos

por Washington Uranga

El tratamiento dado por gran número de periodistas y de medios a la noticia del asesinato de una adolescente en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, podría titularse como un caso de mala praxis periodística. Hubo de todo… menos información. Los periodistas y los medios que trabajaron responsablemente la noticia –que también existen– han sido los menos.

Puede argumentarse que las fuentes judiciales no están a la altura del desarrollo de los actuales medios de comunicación y de las exigencias que impone la velocidad noticiosa. Pero ¿se puede exigir que la Justicia se adapte a la lógica de los medios? La responsabilidad del Poder Judicial en todos sus niveles es impartir justicia: en los tiempos y en las condiciones que se consideren imprescindibles para alcanzar este objetivo central para toda la sociedad. Todo lo demás –incluida la tarea de aportar información a los periodistas y a los medios– queda subordinado a lo anterior.

Quizá los responsables de comunicación en el ámbito de la Justicia podrían revisar algunos de sus procedimientos, facilitar ciertos accesos a las fuentes. Sobre todo teniendo en cuenta que el remanido “secreto de sumario” termina siendo traspasado y vulnerado por investigadores, policías y quién sabe qué otro funcionario con acceso al expediente.

Pero la dificultad no sirve como excusa y no se puede admitir que se actúe bajo la premisa de que “lo que no se sabe se inventa”. Porque en ese contexto surgen trascendidos de declaraciones que nadie hizo, pruebas inexistentes, imputaciones incomprobables y, sobre todo, especulaciones y teorías construidas por supuestos expertos o conocedores del tema que llenan espacios y consumen horas de televisión y radio. Con ello, irremediablemente, se daña a personas y se violan derechos ciudadanos.

El sujeto del derecho a la comunicación y a la información es el ciudadano, que debe ser respetado en su integridad como persona y como ser humano pensante. El ejercicio indebido y falto de ética de la profesión periodística antes que un aporte constituye un atentado que atenta contra el derecho ciudadano a la información para la construcción libre y razonada de una opinión y la toma de decisiones consecuente.

En este mal ejercicio periodístico confluyen las empresas, los profesionales y las audiencias cómplices. Desde distintas miradas, apetitos y expectativas, los tres actores coinciden para generar productos alejados de la noticia y cercanos a la especulación y a la construcción de historias macabras sin importar si guardan alguna relación con la realidad.

Habría que decir también que el método aquí utilizado no es diferente al que se estuvo usando en los últimos tiempos por idénticos medios y algunos de los mismos periodistas, para desatar operaciones políticas sobre la base también de noticias falsas, de conjeturas o de titulares que luego no se sustentan en datos firmes, en información chequeada y consistente.

La irresponsabilidad y la falta de ética es la misma. Tan carente de rigurosidad e idéntico ejercicio de mala praxis es inventar versiones sobre un homicidio como mostrar primeros planos de supuestas bóvedas y argumentar sin más que allí se guardaron millones de dólares producto de la corrupción. De la misma rigurosidad periodística se carece cuando se generan, en un caso y en el otro, testimonios de testigos supuestamente claves que luego no lo son por diferentes razones. Es lo mismo, aunque parte de las audiencias midan idéntico procedimiento con diferente vara porque antes han decidido qué es lo que quieren creer.

Sin lugar a dudas entre emisores y receptores, entre periodistas y audiencias hay complicidades mutuas, sentidos construidos que se alimentan entre sí como parte de lo que unos quieren ver y creer y lo que otros ofrecen para satisfacer a los primeros. La diferencia consiste en la capacidad de incidencia de unos y otros. Los periodistas, los comunicadores en general, disponen de una artillería de medios y recursos que es incomparable respecto de la que tiene el espectador, la audiencia, en su condición de ciudadano. Es incomparable y no hay equivalencia posible. Esto no hace sino acrecentar la responsabilidad de los periodistas y agravar la falta de ética cuando se incurre en semejantes errores.

Nada de lo dicho podría servir para limitar el derecho a trabajar de los periodistas, de acceder a las fuentes libremente, a investigar con seriedad y responsabilidad. No se trata de eso. De ninguna manera. Pero como todo derecho, el de informar también tiene su contracara: la responsabilidad, la ética, el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos, en términos individuales y como comunidad. No existe derecho sin obligación. Aunque algunos se hayan convencido de lo contrario.

Fuente: Página12, 18.6.13 por Washington Uranga, periodista uruguayo

El poder y la prensa

por Antonio Rodríguez Vicéns 

El debate sobre la relación entre el poder y la prensa es de antigua data y forma parte de la pugna entre la opresión y la libertad. Ha sido materia fecunda de la más trascendente literatura política. Un ejemplo es el poco conocido Diálogo en el Infierno, escrito por Maurice Joly, abogado y periodista francés, en 1864. Maquiavelo y Montesquieu conversan extensamente sobre la organización de los pueblos. El francés, que aboga por la libertad, la igualdad y la democracia, defiende la independencia de la prensa. El florentino, que representa la arbitrariedad y la pasión por el poder, pregunta y responde con cinismo: “Puesto que el periodismo es una fuerza tan poderosa, ¿sabéis qué hará mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del periodismo”.

Maquiavelo, desde su postura autoritaria, tiene una concepción negativa y pesimista de la prensa: estorba y molesta. “Está siempre al servicio de pasiones violentas, egoístas y exclusivas, porque denigra por conveniencia, porque es venal e injusta. . .” Esos argumentos llevan a una conclusión: el poder político debe controlar y utilizar a la prensa y, si no logra su objetivo, neutralizarla. “Hoy en día -resume-, utilizar la prensa, utilizarla en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir”. Es el lenguaje falaz y perverso de los autoritarios de todas las épocas.

Montesquieu adopta una posición diferente: desde la orilla opuesta, la de la libertad y la democracia, reconociendo los errores de la prensa independiente, critica sin reticencias y con ácida ironía la intención de amordazarla y reprimirla. La defiende y justifica con sinceridad, sin subterfugios. “Impide, sencillamente, la arbitrariedad en el ejercicio del poder; obliga a gobernar de acuerdo con la Constitución; conmina a los depositarios de la autoridad pública a la honestidad y al pudor, al respeto de sí mismos y de los demás. En suma, para decirlo en una palabra, proporciona a quienquiera se encuentre oprimido el medio de presentar su queja y de ser oído”.

Concibo a la prensa como un contrapoder: una instancia libre para la crítica y el cuestionamiento al poder. Al abuso y la corrupción. A la mentira y la injusticia. A la manipulación y el engaño. A la demagogia irresponsable. La utilización de la prensa para servir a los intereses mezquinos del poder me parece un atentado contra la libertad. Me desagrada la sumisión palaciega, empalagosa y complaciente, que aspira al acomodo y la aceptación. No sirvo para la alabanza y la apología a los gobernantes y a las mediocridades de moda. Admiro y respeto a los contestatarios y rechazo instintivamente a los serviles e incondicionales. No busco el aplauso: pretendo hacer reflexionar. Creo que un periodista, mientras más cerca está del poder, más le pertenece y menos cumple su misión.

Fuente: El Comercio, 18.6.13 por Antonio Rodríguez Vicéns, periodista ecuatoriano

IPI: preocupación por la "ley mordaza" de Correa

El Instituto Internacional de Prensa criticó la nueva legislación de medios en Ecuador por crear una “autoridad excesiva” y permitir la aplicación discrecional de ciertas medidas

La nueva Ley Orgánica de Comunicación, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de Ecuador, “crea un consejo regulador con autoridad excesiva; el cual, por medio de las provisiones imprecisas de la ley, puede ser utilizado por el gobierno de Rafael Correa para seguir atacando a la prensa”, según advirtió el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés).

También busca regular a los medios de comunicación mediante la creación de normas deontológicas, las cuales la prensa estaría bajo la obligación de seguir y cuyas violaciones serían determinadas por el consejo, de acuerdo con el comunicado del IPI difundido este lunes.

“El nivel de control que la Ley Orgánica de Comunicación le otorga al consejo regulador es inaceptable. La historia reciente demuestra que los funcionarios ecuatorianos no se cohíben a la hora de utilizar cualquier tipo de medio otorgado por la ley para ahogar a la crítica. El nuevo consejo regulador sólo lo hará más fácil”, manifestó el subdirector del IPI, Anthony Mills.

IPI expresó su preocupación, además, por los cambios que Correa aún le puede agregar a la ley cuando ésta llegue a la Presidencia. “Bajo sus poderes constitucionales como colegislador, el mandatario no se ha caracterizado por la renuencia a la hora de afilar la legislación que afecte a los medios de comunicación”, indicó el Instituto.

El comunicado cita el ejemplo de las reformas a la ley electoral, mejor conocida como el “Código de la Democracia”, realizadas en 2012. En aquella ocasión, el presidente introdujo una cláusula que les prohibía a los medios de comunicación “hacer promoción directa o indirecta” de cualquier candidato.

“Le urgimos al presidente Correa que no sólo se abstenga de cambiar el proyecto de ley de un modo que siga restringiendo a la prensa, sino que también reconsidere la propuesta en su totalidad. Como se encuentra hoy en día,  la nueva ley podría tener repercusiones desastrosas en el área de la libertad de prensa y, por ende, también en la democracia”, alertó Mills.

A fines de este mes, IPI publicará un informe en el cual se analizan las provisiones más problemáticas dentro de la Ley Orgánica de Comunicación. Asimismo, se presentarán en detalle varios de los numerosos incidentes contra periodistas en los últimos meses. Ambas presentaciones muestran “que el periodismo ecuatoriano continúa enfrentando un ambiente de hostilidad”.

Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también denunció el lunes que la nueva ley de comunicación de Ecuador es el “más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”.

“Esta ley en particular demuestra con toda claridad que el Gobierno carece de legitimidad de ejercicio, por cuanto las disposiciones que contiene no se diferencian en nada a las que establecían las dictaduras militares que asolaron la región en los años 70 y 80”, aseguró el presidente de la comisión de libertad de prensa e información de la SIP, Claudio Paolillo, en un comunicado de prensa.

Fuente: Infobae, 17.6.13