Prensa bajo acoso

Los medios de comunicación que no son de la línea oficialista ni responden a los devaneos del poder vienen soportando una fuerte y sostenida arremetida de las principales autoridades del Gobierno, lo que acentúa un deterioro gradual de las condiciones para el ejercicio periodístico en Bolivia. Hace poco, durante el conflicto por las demandas de los cívicos de Potosí, cuyas movilizaciones llegaron a la ciudad de La Paz, el jefe de Estado acusó a los medios de “incendiar el país” y de estar al servicio de la oposición.
La cantinela no es novedosa por cuanto el primer mandatario, a poco de haber llegado a Palacio Quemado hace casi una década, identificó a los medios como sus principales enemigos y desestabilizadores de su gestión. No se ha quedado atrás el vicepresidente al admitir públicamente que el Gobierno evita la publicidad en algunos medios porque “mienten” y hacen “política partidaria”. Privados de esos recursos que recibe el TGN de todos los bolivianos, esos medios están condenados a la asfixia financiera e incluso a cerrar sus puertas.
Acusaciones de tal jaez, destempladas y sin pruebas, se han vuelto recurrentes y coinciden con el alejamiento de los medios informativos de figuras connotadas del periodismo, caracterizadas por su posición crítica al Gobierno. Con motivo de la visita del papa Francisco, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en carta dirigida al pontífice, denunció la “sistemática asfixia a los medios independientes a través de injustos tributos, por una fiscalización destinada a generar temor y autocensura, y por las constantes agresiones a los periodistas”.
Mientras el vicepresidente del Estado afirma que nunca antes hubo tanta libertad de expresión en el país, la ANP considera que se está atravesando un momento crucial en que el silenciamiento de voces que discrepan con las ideas del Gobierno podría limitar drásticamente esa libertad de expresión que se dice que hay en Bolivia. La misma organización recuerda que este año, con celeridad llamativa, fueron imputados y enviados a la cárcel los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco cuando cumplían su trabajo periodístico. Este atropello se agrega a los 21 casos de agresiones físicas y verbales reportados por la ANP en lo que va del año.
La prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Por eso es preocupante el acoso a los medios de comunicación por regímenes que, en teoría, se consideran libres y democráticos
Fuente: El Deber, 14.8.15

Acatar la libertad de expresión no es un acto protocolario

La regulación, el acatamiento, la vigencia de la libertad de expresión, de opinión, el debate de las ideas y la libertad de prensa han sido producto de una lucha incesante de la humanidad por ver respetados y reconocidos sus derechos fundamentales que son inalienables, universales, irrenunciables e interdependientes.
La materialización de las ideas, las distintas formas de comunicación, el acceso a distintas fuentes de información, la posibilidad de informar, de opinar, de disentir, son pilares fundamentales para la democracia e inherentes al ejercicio de la profesión periodística que, como toda práctica profesional, se rige por referencias deontológicas.
La libertad de información, consagrada universalmente, constituye una esencialidad en la participación ciudadana real y en la construcción de condiciones materiales y espirituales de las personas.
En Guatemala, el periodismo ha sido una profesión de alto riesgo. Durante el conflicto armado, según algunos datos, la contrainsurgencia cobró la vida de 342 periodistas y 126 fueron desaparecidos; decenas tuvieron que salir al exilio para resguardar sus vidas. Muchos fueron torturados, se implantó la censura oficial y prevaleció la humillante autocensura, que privó a la sociedad del conocimiento de las atrocidades que sucedieron y que muy poco están reflejadas en los medios. Atreverse a informar, apegarse al rigor de la verdad, no acatar los límites impuestos, se convirtieron en sentencias de muerte.
Hoy nuevas amenazas nos tienen cercados, la agitación de los escenarios en donde se desarrollan los hechos que constituyen noticia se convierten en peligros, que unas veces se hacen evidentes y otras son parte del enorme subregistro de casos que los reporteros no denuncian.
Los ataques contra periodistas se han incrementado, provienen de agentes vinculados al Estado, de autoridades, de fuerzas de seguridad, de partidos políticos, de sicarios, de criminales y hasta de pobladores, entre otros.
También se ha recurrido a las denuncias penales, para inhibir la libertad periodística, tal el caso de las acciones ejercidas por allegados al partido Líder, por haberse difundido información que perjudica la imagen de su candidato presidencial, con lo cual buscan someter a un acoso a profesionales quienes están haciendo su trabajo. Se obvia así la jurisdicción privativa a la que tenemos derecho y que es lo que correspondería cuando se tratare de delitos referidos a la libertad de expresión.
Desde 1994, en la Declaración de Chapultepec, las personalidades signatarias reconocieron que “la crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales, son un peligro constante para el progreso alcanzado”. Agrega: “Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicaciones. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas”.
Trece candidatos a la Presidencia —faltó uno— firmaron la Declaración que establece un decálogo que materializa una aspiración ciudadana, como dijo un miembro de la SIP, “saca de la abstracción la libertad de prensa y expresión y la convierte en algo medible y tangible”.
Fuente: Periodistas en español, 14.8.15 por Ileana Alamilla, periodista guatemalteca

Periodistas contra el discurso del odio en los medios

La Federación Europea de Periodistas (FEP) se ha unido a la organización italiana “Carta di Romawelcoming” en una iniciativa lanzada en el diario La Stampa, en la que se pide a los profesionales de los medios ser conscientes del peligro de una discriminación propagada a través de los discursos de odio, tras los recientes debates y cobertura de los medios sobre la “crisis migratoria” en Europa.
Ricardo Gutiérrez, secretario general de la FEP, señala que “los periodistas deben atreverse a denunciar y enfrentar el discurso del odio públicamente. Tienen la responsabilidad ética de contrarrestar los mensajes y comentarios racistas y discriminatorios que incitan al odio y la violencia contra otras personas en la esfera pública”.
Frente a una ola de comentarios antigitanos en la página Facebook de La Stampa, el periódico anunció el 9 de agosto que suprimiría esos mensajes racistas y prohibirá a los usuarios publicar esos comentarios. El periódico recomendó a sus lectores no responder o reaccionar a los comentarios de odio, sino informar al editor de inmediato para tomar las medidas necesarias y evitar la propagación del discurso de odio.
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La iniciativa se puso en marcha después de que varios periodistas, entre ellos el alemán Anja Reschke, de la televisión pública regional NDR, o Julien Vlassenbroek, periodista belga que trabaja para la televisión pública RTBF, tomaran posición públicamente contra el crecimiento de ataques racistas contra los refugiados durante las emisiones de sus programas.
Julien dijo: “Es desalentador como periodista ver un gran número de comentarios que se basan en la xenofobia y la ignorancia si quieres expresar tu odio a otros seres humanos, por favor hazlo en otro lugar, pero no en esta página de Facebook”.
Gutiérrez considera que “estas respuestas de periodistas individuales son de gran alcance. Los periodistas no pueden permanecer pasivos cuando se enfrentan a la incitación al odio y la ignorancia de lo contrario se convertirán en cómplices. Las organizaciones de medios tienen derecho a aplicar medidas para hacer frente a los comentarios de odio y prevenir que cualquier persona pueda predicar ese tipo de mensajes en los medios.
“A pesar de que la libertad de expresión, tal como fue concebida por la Convención Europea de Derechos Humanos, se aplica también a las declaraciones que ofenden, resultan chocantes o perturban los demás”, dijo Ricardo Gutiérrez,  “en este caso, no es realmente una cuestión de libertad de expresión. Se trata de la ética profesional de los periodistas y los medios de comunicación”.
“Hay una serie de códigos de ética en las redacciones que requieren de medios de comunicación y editores moderar los comentarios de los usuarios de Internet con el fin de evitar los de carácter racista, discriminatorios, insultos y odio. Los propietarios de los medios de comunicación deben proporcionar los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo esta misión periodística”, añadió.
Fuente: Periodistas en español, 14.8.15

Malasia: medios censurados por mencionar la corrupción del gobierno

Los grupos titulares de medios de comunicación en Malasia han lanzado una campaña dirigida a la opinión pública para que les ayude a tutelar el derecho a la libertad de expresión, tras la suspensión de una página de información digital y dos periódicos locales por publicar artículos relativos a un escándalo financiero en el que está implicado el primer ministro del país, informa Mong Palatino en la publicación Global Voices Online.
El 19 de julio de 2015 apareció bloqueado Sarawak Report, un  sitio informativo, como resultado de las diligencias abiertas por la Comisión de Malasia para la Comunicación y los Multimedia (Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC), que le acusa de difundir “acusaciones no verificadas” sobre los negocios de 1Malaysia Development Bhd (1MDB), una sociedad de inversiones gubernamental y dice que el bloqueo se ha llevado a cabo “tras recibir quejas de la opinión pública”. La semana siguiente, el Ministerio del Interior suspendió la licencia de los periódicos The Edge Financial Daily y The Edge Weekly, también por publicar documentos y reportajes de investigación sobre 1MDB.
El caso 1MDB se refiere a algunas dudosas transacciones financieras efectuadas por la entidad, que habrían costado miles de millones de dólares a los contribuyentes. En los primeros días de julio de 2015, el estadounidense Eall Street Journal publicó un informe denunciando la transferencia de 700 millones de dólares a diversas cuentas bancarias del primer ministro de Malasia, Najib Razak, a través de la sociedad 1MDB. De momento, el gobierno malasio dice que está investigando los movimientos de la compañía y el ministro niega las acusaciones.
Por su parte, el digital Sarawak Report mantiene no haber cometido ningún delito y exige que el gobierno presente pruebas acerca de los manejos llevados a cabo por 1MDB, en lugar de censurar la información: “Este nuevo atropello a la libertad de los medios no hace más que desacreditar a una Administración que está demostrando no ser capaz de enfrentarse a la evidencia”. El bloqueo de Sarawak Report ha inspirado  a muchos internautas malasios, que no cesan de comentar lo sucedido en las redes sociales.
En cuanto a los periódicos censurados, el Ministerio del Interior ha declarado que dos de los artículos publicados en The Edge sobre 1MDB podían “presumiblemente, suponer un peligro para el orden público y la seguridad, y sembrar la alarma en la opinión pública”.
El Centro para el Periodismo Independiente (Center for Independent Journalism, CIJ) ha emitido un comunicado afirmando que el gobierno tiene que investigar las acusaciones de corrupción en lugar de atacar a la libertad de expresión: “El CIJ manifiesta su enorme preocupación por la última vuelta de tuerca en torno a una cuestión de interés público, que niega la capacidad de todos a buscar información, discutir sobre ella y formarse una opinión. El CIJ reitera su exigencia de que se investiguen las cuestiones de actualidad y se niega a aceptar ningún tipo de regulación o censura en Internet”, lo mismo que en los medios convencionales.
Malaysiakini, página informativa alternativa, ha publicado un editorial denunciando la actuación del gobierno, al que acusa de “pérdida de credibilidad”: “Cuando unos representantes políticos que no tienen nada que ocultar silencien u n medio de comunicación ponen en duda su credibilidad. Esta suspensión lo que hace es enviar al pueblo el mensaje de que el gobierno tiene algo que ocultar”.
Para el Club de Corresponsales Extranjeros de Malasia (Foreign Correspondents Club of Malaysia ) “la idea de que el gobierno pueda suspender, o revocar la licencia periodística mina cualquier defensa que se haga de la libertad de prensa. Y suspender un periódico por publicar informes que nadie ha podido demostrar que sean falsos, es algo absolutamente contrario al concepto de justicia natural”.
La asociación de defensa de los derechos humanos Suaram ha exigido al gobierno verdad y transparencia. El grupo de juristas Lawyers for Liberty ha asegurado que la suspensión de Sarawak Report tiene un “efecto escalofriante” en la prensa: “Es necesario recordar a las autoridades que el periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un componente indispensable en una sociedad moderna y democrática, como medida de control y equilibrio para los excesos del gobierno. Un comportamiento autoritario envía a la prensa un espantoso mensaje de autocensura”.
Los juristas malasios aseguran también que investigaciones como la publicada por The Edge deberían verse “animadas” por las autoridades, para garantizar un buen gobierno.
Fuente: Periodistas en español, 12.8.15 por Mercedes Arancibia, periodista española

La libertad de expresión en Bolivia

En un artículo anterior hice una resumida descripción de la situación del derecho a la libertad de expresión en América Latina, sobre la base del análisis de la temática en dos eventos realizados en San José de Costa Rica, durante los días 16 al 20 de junio pasado; describiendo las formas en las que se vulnera este derecho. Algunos amables lectores de mi columna me pidieron que hiciera el análisis del tema en nuestro país, razón por la que abordo el tema.
Es lamentable constatar que en Bolivia la libertad de expresión no está exenta de las acciones y determinaciones que la vulneran o, cuando menos, la ponen en grave riesgo de restricción indebida.
Resulta muy preocupante que, desconociendo el principio del pluralismo político proclamado por el art. 1º de la Constitución, altos funcionarios de gobierno desplieguen acciones de descalificación social o política en contra de aquellas personas que asumen una posición crítica o diferenciada frente a las políticas o el accionar del Gobierno nacional. Desconociendo su derecho a la libertad de expresión tildan a esos ciudadanos de derechistas, neoliberales, incluso de “agentes del imperialismo”, los estigmatizan como enemigos del “proceso de cambio”, o les acusan de trabajar a favor de empresas transnacionales; así, a manera de ejemplo, se puede mencionar las últimas acusaciones hechas públicas en contra de las ONG Cedib, Fundación Tierra, Fundación Milenio y Cedla, a las que se las acusa de “hacer política”, y de responder a “intereses transnacionales”, amenazando de expulsarlas del país. Ese accionar gubernamental constituye una lamentable y grave vulneración del derecho a la libertad de expresión.
De otro lado, no dejan de llamar la atención y generar legítima preocupación las acciones de amedrentamiento desplegadas por servidores públicos en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, a través de amenazas, como las que fueron vertidas en contra de una periodista de la Red ATB, o las vertidas en el Municipio de Yacuiba en contra de una periodista, hechos que oportunamente fueron denunciados, pero hasta la fecha no han sido esclarecidos.
En los últimos días se ha hecho pública la determinación del Gobierno, que se viene ejecutando desde mucho tiempo atrás, de excluir de publicidad estatal a aquellos medios que unilateralmente los ha catalogado como “políticos”; en razón a que asumen una línea editorial crítica o tienen programas en los que expresan posiciones contrarias o críticas a las políticas de gobierno. Con esa acción de exclusión generan una asfixia económica a los medios masivos de comunicación social, motivando a que se autocensuren y, en su caso, cancelen programas o destituyan a periodistas. Así, a manera de ejemplo, podemos señalar lo que ha acontecido con Carlos Valverde, la periodista Amalia Pando, que se vio obligada a renunciar a la Red Erbol, o el periodista John Arandia, intempestivamente separado de sus funciones en Cadena A. Esas acciones constituyen una forma indirecta de vulneración a la libertad de expresión, ya que generan una suerte de autocensura en los medios masivos de comunicación social.
De otro lado, se han emitido disposiciones legales, como la Ley del Régimen Electoral o la Ley Antirracismo, que imponen obstáculos legales al ejercicio de la libertad de expresión.
Según dispone el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…). El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores (…). No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”. De otro lado, el art. 21.5 de la Constitución prevé que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 5) A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.
Las acciones gubernamentales antes referidas infringen las normas convencionales y constitucionales trascritas; por lo tanto, vulneran el derecho a la libertad de expresión de las personas cuyas ideas, opiniones y pensamientos motivan su descalificación social o política además de generarle consecuencias económicas. Algo más grave aún, vulneran el derecho de los bolivianos y bolivianas a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.
Cabe recordar que, por previsión del art. 1º de la Constitución, Bolivia es un Estado democrático de Derecho, lo que significa que tiene como uno de sus elementos cualificadores la concepción plural de la Sociedad, sustentada en la plena vigencia de la libertad de expresión; en coherencia con ello, el Estado Plurinacional se funda en la pluralidad y el pluralismo político, lo que supone la coexistencia de diferentes ideologías, sin que esté permitida la imposición de un monopolio ideológico; finalmente, el Estado de Derecho supone, de un lado, el respeto y cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico, y, de otro, la vigencia plena de las libertades, así como el resguardo y respeto de los derechos fundamentales.
Siendo esas las cualidades del Estado boliviano, es inconcebible que en un régimen democrático se desplieguen esas acciones en contra de la libertad de expresión, desconociendo las reglas preestablecidas y los compromisos internacionales, como los pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fuente: Los Tiempos, 12.8.15 por José Antonio Rivera, catedrático de Derecho Constitucional

El discurso político en los medios

Superadas las PASO y rumbo a las elecciones nacionales, es interesante volver a analizar la relación de los políticos con los medios masivos. No resulta nada nuevo señalar que los medios hegemónicos son una parte importante en la estructura comunicativa de la campaña electoral.
El medio se convierte en un escenario, con sus limitaciones de tiempo y espacio –pero mejor aún de palabras–, por donde se interpreta los entramados simbólicos.
En este cuadro de situación, el discurso político debe amoldarse a una estructura que en muchos casos lo vacía o deforma en tanto posibilidad de exponer una propuesta electoral. Los medios estipulan las condiciones de producción del discurso político.
Desde esta misma lógica y casi a la par, el marketing político acompaña al candidato con el objetivo de ofrecer un programa de gobierno como si se vendiera una crema que adelgaza el cuerpo en pocas horas. Las promesas, con sus apelaciones emocionales (con resonancia afectiva y hasta pidiendo por favor, al estilo PRO), se convierten en exigencia primera en ese teatro lumínico que es la televisión. Actúan como gurúes del management, expertos en persuasión queriendo formatear a los votantes con discursos eficaces.
En Storytelling, Christian Salmon plantea algo parecido: no se trata sólo de contar historias, sino de compartir un mundo de creencias capaces de suscitar la adhesión o de orientar los flujos de emociones, de crear un mito colectivo constrictivo.
Sigamos. En los últimos tiempos y con insistencia, se cuestiona la referencia de “lo político” como algo inservible o que va en contra de lo pragmático. “Te cortan la calle y estamos sitiados porque se les ocurre hacer política”, despotrica algún político sentado plácidamente en un estudio de televisión. Lo interesante es entender que cuando se constituye la existencia de un “nosotros” que no cortamos la calle, se permite la presencia de un “ellos”, los que sí cortan. El mero hecho de la existencia de un nosotros/ellos hace constitutiva la política. En Agonística, pensar el mundo políticamente, la francesa Chantal Mouffe plantea algo atrayente con respecto a esto: “Lo político en su dimensión antagónica exige aceptar que el mundo es pluriverso, no un universo, es también pluralizar las hegemonías”. Es importante considerar que el campo discursivo de lo político implica enfrentamiento, una relación de lucha entre enunciadores donde es inseparable la construcción de un adversario. El poder se plasma en el discurso, la palabra crea verdad y la verdad un orden.
Otra estrategia discursiva es el uso de dos efectos, esto es, del interdiscurso y de la sustentación. El primero es cuando el político se vale de su propio discurso, de su plataforma electoral para ser recitada de memoria en cualquier medio.
El segundo se sustenta de otros discursos para apoyar el propio. A modo de ejemplo, en los últimos tiempos, la oposición apoyó al oficialismo en relación con los planes sociales.
El ápice se da con el asesor Durán Barba al señalar que el “PRO es el único partido de izquierda que hay en la Argentina, un partido totalmente inclusivo, respetuoso. Hay armenios, judíos, islámicos en las listas. Hay todo” (sic).
Sumemos a ello otra combinación semántica interesante, esto es, se recurre a la función de énfasis de “nuestras buenas acciones y sus malas acciones” y a la de minimización de “sus buenas acciones y nuestras malas acciones”.
Otro de los discursos recurrentes, especialmente desde la derecha, es el de “desideologizar” la política. Debemos entender que el lenguaje, sus signos, tomar una palabra, un lexema es ya ideología. Como decía Volóshinov, todo signo es ideológico, ya que refleja una clase, lucha de clases.
Las palabras hacen funcionar innumerables hilos ideológicos que traspasan las zonas de la comunicación social. El mismo camino lo plantea Sartori: “Ideologías y pragmatismo son sistemas de creencias que mueven a la acción. La metáfora puede funcionar como un síntoma de lo ideológico pero aun mejor, sintetiza lo complejo”.
Resulta tarea difícil el entramado del discurso político. Un camino posible es deconstruirlo; se puede desenmascarar entendiendo su estructura en esa red de intereses y condicionamientos. El político propugna sentido en el plano de sus palabras, donde nada es inocente y mucho menos neutral.
Como un sistema, el lenguaje se conforma con un régimen de exclusión e inclusión, que en su formulación ontológica se establece del par ser y no ser. Es necesario entender que las palabras delimitan y diferencian y cuestionar esos discursos formalmente correctos, pero vacíos semánticamente.
Fuente: Página12, 12.8.15 por Alvaro Rosado, licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación. Docente UBA

La publicidad como censura y como negocio millonario

Hace poco menos de un año, en Argentina se juntaron todos los medios de comunicación y ganaron un amparo constitucional que obligaba al gobierno de Cristina Kirchner a colocar el pauteo publicitario del Estado en una escala proporcional a todos los medios de comunicación sin excluir a ninguno. Lo lograron demostrando que la publicidad funciona como mecanismo de censura y demostrando, además, que el pauteo publicitario del Estado es diferente que el privado, pues al ser fondos públicos no pueden ser manejados como instrumento para la manipulación de contenidos.
Cuando el gobierno usa la publicidad como mecanismo de presión, no estamos frente a un asunto menor que depende de la decisión discrecional de cualquier director de comunicación. Como lo dijo el propio Vicepresidente, estamos frente a un arma de coartación de la libertad de expresión. Estamos frente a un arma de presión que está siendo usada para asfixiar medios de comunicación, para vetar periodistas sin necesidad de perseguirlos abiertamente.
Este no es un proceso nuevo, sino que ha sido un lento y continuo proceso a lo largo de todo el gobierno de Evo Morales, un proceso selectivo que va al detalle, un proceso que tiene además resultados palpables como son el control vía directa e indirecta de por lo menos el 80% de todos los medios entre radiales, televisivos y escritos.
Con un panorama así, el gobierno no debería preocuparse por una pequeña radio, inclusive no debería preocuparse por un columnista o un radialista cualquiera porque siendo su control tan aplastante esas pequeñas voces parecieran tener poca o ninguna relevancia.
Sin embargo, la baja calidad periodística, la baja calidad estética, la repetitividad y el monólogo que producen los medios afines al gobierno no son suficientes, el público sostiene y busca medios por fuera del esquema.
El control de la opinión libre, de la información libre se les hace, aunque parezca mentira, cada día más difícil.
Fue, por ejemplo, imposible descalificar al movimiento potosinista que no paraba de recibir apoyo. Fue una jugada magistral de los propios medios oficialistas por mostrar un Presidente que, dueño de la situación, jugaba fútbol en lugar de dialogar con un movimiento como el potosino.
Fue magistral la transmisión de la mesa de diálogo con los ministros donde uno a uno fueron demostrando una administración estatal mediocre sin proyecto real de país, sin continuidad entre gestión y gestión y sin palabra, ni aparato informativo técnico.
Un gobierno que literalmente tenía que buscar en el buzón de los objetos perdidos los proyectos prometidos a toda una región hace más de cinco años.
El gobierno tiene armado en los medios oficialistas una especie de teatro donde controla luces, telón y contenidos, pero su farsa no basta, ni ellos mismos, ministros y ministras, le dan crédito a lo que sus medios dicen, cualquiera intuye que una entrevista en ATB o Canal 7 no tienen ninguna relevancia por una verdad muy simple y evidente: el público no es idiota, el público todavía no está completamente domesticado.
Pero el control de los medios no sólo tiene un objetivo político, sino que detrás está también un negocio rentable. Por eso hemos visto surgir medios de comunicación de la noche a la mañana, medios con inmensas planillas donde sí se puede emplear al cuñado, a la amiga o a la exministra sin problema alguno porque son privados, aunque en realidad y vía publicidad viven de fondos públicos.
Las campañas publicitarias son también un mecanismo para disfrazar, de la forma más fácil, transferencias de dinero que pasarían cualquier auditoría limpiamente.
El gasto en campañas publicitarias es a todos los ojos millonarios, la necesidad de producir campañas publicitarias sin medida que no sólo responde a la necesidad de control de la opinión pública, sino a la necesidad de generar mecanismos para el gasto de dinero y la transferencia fácil de fondos públicos.
El aparato comunicacional gubernamental no es una cuestión de convicciones de los buenos contra los malos, de los paladines de la revolución contra la derecha boliviana, es un proyecto de enriquecimiento a manos llenas de una serie de personajes que están usando sus cargos para eso.
Fuente: Página siete, 12.8.15 por María Galindo

El delito de ser periodista

Este 21 de agosto, recordamos que hace 44 años, el régimen dictatorial de Bánzer empezó una feroz arremetida, que duró siete años, contra los periodistas que  no comulgaban con su ideología política, o que simplemente  difundían noticias  que ponían en evidencia  hechos del gobierno contrarios a la democracia  o falsos sobre su gestión gubernamental, trabajo periodístico que para el régimen eran  “mentiras”.
Lamentablemente  estamos reviviendo en Bolivia aquel negro pasado de intolerancia, de manipulación  contra los medios de expresión en Bolivia y de castigo a hombres y mujeres que desde su labor periodística osan expresar su opinión, se atreven a denunciar hechos que incomodan  a los gobernantes y peor aún, lo hacen no como hace cuatro décadas,   con bayonetas en ristre, con ataques violentos a los medios y a las casas de los(as) periodistas, y persiguiéndolos abiertamente, sino a través de medidas solapadas, de mecanismos  “invisibles” para asfixiar económicamente a las empresas periodísticas, con delicadas “quejas” contra periodistas que “mienten”.
En Bolivia hoy, estamos frente a un proceso frontal  de persecución del gobierno contra las libertades más caras de una democracia real: libertad de opinión, de expresión,  de trabajo,  de asociación para conformar  instituciones privadas comunicación, difusión y educación a distancia, que como ERBOL vienen sirviendo al país desde hace casi medio siglo.
Ante esta realidad, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) hace suyas  las acciones que el periodismo nacional organizado asuma contra este atentado gubernamental , que en los últimos meses ya ha cobrado varias víctimas, entre ellas John Arandia de Cadena “A” y Amalia Pando de ERBOL, y se solidariza plenamente con estos colegas.  Es más, utilizará todos los canales a su alcance para denunciar este estado de cosas a nivel internacional.
El mundo debe saber,  que  “proceso de cambio” hacia una real democracia,  no es lo que se pregona  desde los escenarios formales oficiales, sino lo que nos permite vivir  con pluralidad de pensamiento, de acciones, de miradas sobre nuestra realidad y de respeto del gobernante al pueblo en todas sus manifestaciones.  Y esa realidad, viene desmoronándose en Bolivia.
Fuente: APLP, 11.8.15, el Directorio de la APLP

La comunicación, en peligro

En el mapa de la Libertad-2014, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina son los países que ocupan el casillero de ser “libres”; mientras que México, Venezuela y Ecuador se ubican como “parcialmente libres”. Esta ubicación se debe a que las comunicaciones no tienen fluidez, porque son objeto de intervenciones estatales a través de sus gobiernos que violan claros mandatos constitucionales que declaran la plena libertad.
En Ecuador, se crearon en junio del 2013 los organismos de vigilancia y control en la Ley Orgánica de Comunicación, porque su Art. 55 instrumentó la Superintendencia de Información y Comunicación; esto es, que llegó al máximo nivel administrativo para imponer sanciones, elemento que lesiona gravemente la libertad de pensamiento, claramente expresada en el Art. 66 de la Constitución que dice: “ Se reconoce y garantizará a las personas -numeral 6- el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. La imposición directa de sanciones eliminó un proceso judicial independiente previo, para que al concluirse, las imponga razonadamente y con el derecho a la defensa irrestricta.
Con la actual tecnología, dotada de velocidad para comunicarse en e-mails, textos, redes sociales, chats, y también frente al peligro de intervenciones como los ‘hackers’, o como con la Secretaría Nacional de Inteligencia-Senain- y hasta la posibilidad de contratar a compañías internacionales para invadir la privacidad, hay peligro inminente de ser espiados desde el poder político gubernamental, lo cual afectaría gravemente el derecho a la privacidad, como elemento vital de existencia de las personas en las sociedades humanas.
La organización “Reporteros sin fronteras” en un informe titulado: Enemigos de Internet-2014, con ocasión del Día Mundial contra la censura en Internet ubica a Corea del Norte, China y Vietnam como países que han implementado la censura y vigilancia ‘online’ amparándose en un criterio necesario de seguridad nacional. Cabría, mejor decir, que se trata de mecanismos directos de censura a la libertad de pensamiento y expresión que afecta a periodistas y blogueros independientes.
Por eso, en Rusia, Irán y China, sus ciudadanos tienen Internet, pero modificado; y en China, “hay páginas que no puedes navegar porque el Gobierno te obliga a utilizar una red social que es suya (Weibo)”, afirma el ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, y agrega que monitorean todo lo que tú dices, elabora perfiles sobre los usuarios, los apresa y los desaparece.
El mismo camino ha trazado Rusia e Irán y le siguen unos 40 países enemigos de Internet, lo cual es una grave violación a los derechos humanos. También se refiere al Ecuador, que viola las libertades, mientras tiene asilado en su Embajada en Londres a Julián Assange, cuando internamente le incomoda la plena libertad de los medios de comunicación.
Fuente: El Comercio, 7.8.15 por Marcelo Ortiz

Cómo hacer periodismo de datos teniendo a los usuarios en mente

Es un lugar común, aunque a menudo descuidado, que los periodistas deben escribir historias para un público particular y definido, y no para sí mismos, sus colegas o algún lector ideal pero imaginario.
En demasiados casos se trata de un proceso instintivo. Un periodista encarna una marca en particular que trabaja, la audiencia es una construcción de esa marca, y existe una correlación a veces feliz entre el productor, el consumidor y el contenido de la pieza. Este proceso accidental es una de las muchas cosas de las que la era digital nos ha liberado.
El contenido digital ha traído consigo el don de conocer a nuestro público. Aún mejor, nos ha permitido dirigirnos hacia múltiples audiencias y comprenderlas. Esto, por supuesto, también acarrea problemas: una de las cosas que los medios suelen descubrir es que en realidad no tienen una audiencia, o al menos no la audiencia que le ofrecieron a sus anunciantes. La idea de lo que es un periodista también ha cambiado: hoy un codificador es tan capaz de producir una pieza periodística como un reportero.
La razón por la que estoy pisando estos caminos trillados es porque he estado luchando con el problema de cómo medir el valor de una pieza de periodismo de datos. Las viejas métricas para el contenido digital –cantidad de vistas a una página o descargas de una historia– están dejando de servir, y estamos ocupados tratando de desarrollar una métrica compartida para medir el compromiso de la audiencia.
Pero lo que no ha cambiado es el adagio del filósofo Ludwig Wittgenstein sobre la lengua: el significado es el uso. En otras palabras: si nadie está utilizando una pieza de periodismo de datos, esta no tiene ningún sentido.
Un parte importante de este proceso es establecer los objetivos de medición en el producto antes de construirlo. Es decir, la forma en que se mide debe ser parte indisoluble del producto en sí. Parte del proceso es el diseño del producto (un texto en una página, una aplicación, una herramienta basada en datos, etc.), de forma de que sea dirigido específicamente a un determinado mercado o mercados. En otras palabras, construyes en función de las estadísticas que necesitas.
Existen tres razones por las que necesitas una estrategia de medición que funcione. En primer lugar, para saber si tu producto funciona. En segundo lugar, para que puedas modificar o adecuar el producto de acuerdo con la interacción con el usuario real. Y en tercer lugar, para probar su valor. Sin estas métricas no tienes un producto; lo que tienes es una idea concretada.
Para mí, un producto de periodismo de datos debería ser concebido y construido teniendo en mente tres distintos grupos: socios, usuarios y audiencia. Cada grupo necesita su propio sistema de medición para monitorear el éxito, y a cada uno de ellos hay que venderle una idea determinada del producto.
Los socios ayudan a conceptualizar, crear, difundir, financiar y/o mantener proyectos. Los usuarios participan activamente en los proyectos, ya sea para obtener beneficios materiales o para contribuir con la evolución de los datos. Y las audiencias consumen, promueven y hacen comentarios sobre los proyectos.
Para atraer a los socios a invertir en un producto de periodismo de datos, el proyecto debe apelar a su estrategia editorial y visión. Pero necesita más que eso: debe resolver una necesidad comercial del socio potencial, ya sea en el crecimiento del tráfico, en los ingresos o en el marketing.
Para atraer a los usuarios y conseguir que contribuyan a la pieza es necesario identificar primero la necesidad y luego los datos. Esto tal vez sea un poco contradictorio: quizás mucha gente te inste a dejar que los datos sugieran las historias. Pero para estar verdaderamente centrado en los usuarios, un producto periodístico tiene que ser creado en base a las necesidades primordiales de esos usuarios.
Hay una diferencia fundamental entre la audiencia y los usuarios. Esencialmente, los usuarios son parte del producto que está siendo consumido por la audiencia. Por ejemplo, los usuarios que ayudaron a generar los datos de la Calculadora de Salario Digno de Code for South Africa se convirtieron en parte de la historia contada por los datos.
El contenido se generó en torno a los comentarios de los usuarios sobre la calculadora. El cerebro detrás de la calculadora, el director de Code for South Africa Adi Eyal, escribió posts sobre algunos de los comentarios generados (“11 excusas que da la gente para no pagar un salario digno”) y sobre el valor de intercambiar con los usuarios para que una historia evolucione (“Por qué usted debería alimentar a los trolls”).
Pero lo más importante: 12.000 usuarios hicieron una encuesta en la que se les pidió que completaran algunos datos demográficos básicos y contaran cuánto le pagan realmente a sus trabajadores domésticos. El resultado constituye uno de los conjuntos de datos más grandes de Sudáfrica acerca de los ingresos verdaderos del servicio doméstico, y permite que los datos incluso cuenten otras historias, como cuál es el salario promedio por provincia en este rubro.
Las historias que emergen de este tipo de procesos serán consumidas por un público que no ayudó a generar los datos. En los dos casos (usuarios y audiencia) existe una interacción con el producto de periodismo de datos, y el tráfico de ambos conjuntos de interacciones puede ser medido.
Detrás de esta estrategia, sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de la gente no está tan entusiasmada con el periodismo de datos como los proselitistas de los datos piensan. La mayoría de las personas necesitan encontrar un valor para sí mismas en los datos. Los productos de datos que no están diseñados para socios, usuarios o audiencias simplemente no se utilizan. Y, como dijimos, solo significan algo si alguien los está usando.
Fuente: IJNET, 6.8.15 por Chris Roper, periodista norteamericano