La crisis de los periódicos

A fines del siglo pasado reputadas voces del periodismo norteamericano auguraron que para 2020, o antes, ya no habría periódicos de papel en Occidente. La predicción no se ha cumplido, pero no era un disparate. En los últimos 15 o 20 años el número de publicaciones, no solo diarias, ha decrecido tanto en EE UU como en Europa, al tiempo que caía su difusión.
Yo no soy de los que creen que el periódico impreso vaya a desaparecer, pero sí de que su salvación sobre bases económicamente sanas solo puede venir de la operación digital
En el curso de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS hay quien inaugura su primer día de clase con una lúgubre jaculatoria: “En los últimos ciento y pico de años el ciudadano/a del mundo occidental ha venido repitiendo una misma operación; salir por la mañana a la calle; dirigirse unos pocos pasos hasta una estructura usualmente de madera que se conoce como kiosco; y por unas monedas recibir un fajo de hojas que llamamos periódico”. Bien. El número de individuos que practican esa forma de culto es menor que ayer y mayor que mañana. Los lectores aún se cuentan por millones, pero esa es la realidad ante la que nos encontramos.
Yo no soy de los que creen que el periódico impreso vaya a desaparecer, pero sí de que su salvación sobre bases económicamente sanas solo puede venir de la operación digital. ¿Y cabe preguntarse cómo se ha llegado a esta situación? La opinión pública da las más variadas respuestas: la crisis económica general repercute muy negativamente en la publicidad; esta no sostiene ya como antes a los diarios impresos y tampoco está claro cuándo lo digital pueda compensarlo; se habla, asimismo, de la pérdida de calidad de los periódicos y su enfeudamiento a intereses ajenos a lo público; pero hay una explicación que lo domina todo: Internet. Cuando decía que el ciudadano/a occidental encontraba cada día menos razones para efectuar la operación antes citada, no quería decir, sin embargo, que hubiera dejado de leer periódicos, sino que hoy lo hace con mucha mayor comodidad, en forma gratuita o siempre a un costo menor que lo que entraña el desplazamiento hasta el kiosco.
Habrá diarios que sobrevivirán, con o sin esa subvención de sus hermanos —pero nunca gemelos— digitales, mediante el cobijo que encuentren en mecenazgos, patronatos, asociaciones del buen vivir o, directamente, como en Francia, subvenciones o desgravaciones; lo que dicen que París tiene “sentido de Estado”. Pero la salvación, para ser duradera, debe proceder de los propios recursos de la publicación, y ocurre que los diarios digitales no han alcanzado globalmente el punto en el que puedan sufragar su propia versión de papel. Pero la situación no puede reducirse a un esperar y ver, porque abundan las asechanzas en cada revuelta del camino.
Las redes sociales ejercen una doble influencia sobre la prensa de papel, a la vez positiva y negativa. Los periódicos tienen que estar en las redes, Twitter y lo que toque, porque no hacerlo equivaldría a no existir, con lo que estos foros sirven en principio de caja de resonancia de la prensa de papel, pero también aspiran a reemplazarla; si leemos lo esencial de lo que hay que saber diariamente en las redes, ¿a qué molestarse en buscar la versión digital del periódico, gratuita o mediante peaje, el famoso pay wall? Las redes vehiculan lo que, genéricamente, podemos llamar comunicación, mientras que los periódicos, digitales o impresos, aspiran a que lo suyo sea información, materia prima de actualidad procesada con arreglo a criterios profesionales para el consumo público. Y con ello llegamos al meollo de la cuestión. Parece probado que el número de horas/persona dedicado al consumo de redes sociales —básicamente, comunicación— aumenta más rápidamente que el destinado a recibir información. La comunicación indiscriminada y sin denominación de origen le basta a guisa de información a buen número de usuarios. Y esa desproporción debe influir necesariamente sobre el éxito de las operaciones digitales. No basta, por tanto, esperar a que se produzca el santo advenimiento, sino que hay que hacer mejores periódicos para que la información le gane la batalla a la comunicación y con ello se salve el periodismo, naturalmente multimedia. En Internet, por supuesto.
Fuente; El País, 13.2.15  por M.A. Bastenier, periodista español

Breve análisis sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la paz en Colombia

Los medios masivos de comunicación en Colombia han sido un arma de guerra
La prensa colombiana ha sido históricamente un instrumento del Estado, una herramienta para legitimar dentro de las mentes de la población sus políticas antipopulares y represivas. Los principales diarios escritos siempre han sido propiedad de las familias más poderosas del país, al igual que los principales canales de televisión quienes hoy concentran para sí el 95% de la audiencia.
Los canales RCN y Caracol comienzan emisiones continuas desde julio de 1998 como una necesidad del Estado para cubrir el espectro de opinión generado por los eventuales diálogos del Caguán. Su misión era que los colombianos vieran a través de sus transmisiones solo lo que al Estado le convenía, estableciendo un telón de acero entre la población colombiana y la mesa de diálogos. Al Estado no le convenía que se escucharan ni siquiera las propuestas más elementales de la contraparte tendientes a generar un clima propicio para el fin del conflicto, lo cual se vuelve a repetir en las actuales negociaciones.
El cerco mediático no solo es para invisibilizar al enemigo declarado del Estado –las insurgencias- sino también para dejar sin voz al movimiento popular y a los desposeídos, a quienes padecen todas esas otras violencias que tampoco se muestran en los grandes medios, como la violencia de los paseos de la muerte, las muertes infantiles por desnutrición, la violencia de los desalojos de viviendas, de los cierres de hospitales y empresas públicas, la violencia de las batidas ilegales del ejército, de la discriminación a las mujeres y a la comunidad LGTBI, la violencia del desempleo y el rebusque.
Pero el cerco mediático no solo nos invisibiliza sino que también nos ataca y nos condena. Los grandes medios no solo han estigmatizado y atacado sin piedad a la izquierda y a cualquier expresión disidente, sino que además han legitimado el proyecto paramilitar y su visión fascista de Estado del cual los medios hacen parte. El ataque continuado y planificado contra la administración de Gustavo Petro, la clara intención de destruir a Piedad Córdoba como personalidad política, la campaña sucia contra la reciente campaña de Clara López son solo algunos ejemplos de esta otra violencia que hoy denunciamos, la violencia de los medios de comunicación.
Si bien es cierto que estamos en un proceso de paz que el mismo gobierno ha caracterizado como “irreversible”, las viejas conductas de sus aparatos tanto político como militar y mediático no cambian en lo más mínimo. Lo medios masivos siguen siendo enemigos declarados del pueblo que lucha, de hecho tienen sus razones, inherentes a su carácter y papel dentro del sistema, para estar en contra de la paz.
¿Por qué los medios están en contra de la paz?
La paz implica el cese de la violencia política, y esa violencia también ha sido simbólica y ha sido ejercida desde los sets de noticias y los micrófonos de las emisoras. Por tanto, si de acabar esa violencia simbólica se trata los medios tendrán que modificar radicalmente su conducta y cambiar su doctrina al igual que las Fuerzas Militares y de Policía.
Para construir una sociedad en paz es necesario implementar cambios en las estructuras no solamente políticas, económicas y jurídicas, sino también en las estructuras que construyen lo simbólico y lo cultural, que construyen lo ideológico y que delinean las relaciones entre los diferentes sectores sociales de la realidad colombiana.
En los foros realizados por el centro de pensamiento de la Universidad Nacional, las organizaciones populares se han pronunciado por una reforma al papel de los medios masivos de comunicación, y más concretamente por pactar, en el marco de un acuerdo de paz, una ley de medios de comunicación para la paz cuyo eje central sea la democratización de la propiedad de estos medios. Esto con el fin de romper el cerco mediático y visibilizar por fin a los sectores populares y a las víctimas, de darles voz para poder dialogar con el resto de la sociedad y construir una verdadera reconciliación.
Pero los medios masivos le temen como el diablo a la cruz a la ley de medios, es decir a la expresión concreta de la paz en la esfera comunicativa, en la esfera social que recoge a los actores que de una u otra forma construyen la opinión y delinean la mentalidad política de vastos sectores de la población. Le temen a la ley de medios por razones económicas, políticas y culturales.
Razones económicas:
En el año 2011 las mayores ganancias por concepto de publicidad las obtuvo RCN con 567.318 millones, seguidos de la Casa editorial El Tiempo con 485.723 millones y las de Caracol televisión con 4666.910 millones. Después de El Tiempo, los medios impresos que se destacan entre los primeros 10 medios con mayores ingresos son El Colombiano, Semana y El País. Según las cifras de Andiarios, el sector de medios que registró el mayor crecimiento en pauta publicitaria fue la radio al pasar de $365.762 millones en 2009 a $419.008 millones en 2010. En periódicos, la inversión pasó de $366.510 millones a $416.253 millones, lo que significó un alza de 13,6%. Las empresas de televisión nacional obtuvieron por pauta en 2010 un total de $919.366 millones, esto es un crecimiento de 11,6% en comparación con los $823.611 millones de 2009.
El negocio de la televisión es tan bueno que hasta se pelean entre ellos por lo que se factura en la señal de alta definición o HD. Por eso no les conviene que entren más canales a la parrilla nacional, porque estos podrían ofrecer una pauta publicitaria a menor costo y muchas empresas estarían más cómodas pagando una publicidad más barata en un medio de comunicación nuevo.
Por otra parte la competencia propia en la esfera de los medios de comunicación haría que estuviera en riesgo el actual rating de los canales principales RCN y Caracol, pues el televidente tendría a su disposición muchas más opciones que las narconovelas, o las telenovelas sobre cantantes. Se acabaría incluso el cerco que se tendió sobre el canal Uno, pues los anteriormente mencionados no podrían ser los dominantes si este canal no tuviera una programación tan deliberadamente mediocre, al igual que los canales regionales e institucionales.
Los gremios económicos utilizan sus medios de comunicación para hacer la pauta publicitaria de sus propios productos. Si perdieran una porción significativa de la audiencia, la publicidad de sus productos se vería seriamente afectada, afectando indirectamente la economía de sus productos. Esta pérdida de la audiencia depende, por supuesto, de si en un escenario mucho más amplio, con más medios de comunicación, más periódicos y más emisoras, la gente va a seguir prefiriendo a los tradicionales. Entonces ¿a qué le temen los medios masivos, a que ya no los prefieran?
Como todo buen negocio, los medios prosperan gracias a que tienen cierta tasa de explotación sobre sus periodistas de base, a los cuales les pagan salarios muy por debajo de lo que merecen. En ese sentido las propuestas de las organizaciones populares en el marco de una nueva ley de medios apuntan hacia dignificar a los periodistas y garantizarles estabilidad laboral, y a eliminar las discriminaciones en el gremio en razón a su posición política, sexual, étnica o religiosa.
Para nadie es un secreto que en Colombia hay un amplio sector de comunicadores, artistas, cineastas y medios alternativos y populares que se verían directamente beneficiados fruto de la democratización no solo de la propiedad de los medios como tales, sino también de los espacios en los medios institucionales y privados. Su trabajo sería visibilizado y reconocido, al igual que los sectores populares que podrían expresarse a través de estos medios cuyas propuestas comunicativas y culturales ya han causado gran impacto incluso a nivel internacional.
Razones políticas:
Como hemos mencionado anteriormente la paz implica el cese de la violencia ejercida por los medios de comunicación contra los movimientos políticos y sociales contrarios al poder establecido. Es claro que los actuales contenidos televisivos, sobre todo las narco novelas, son re victimizantes pues se hace una apología de los victimarios con el fin de reescribir la historia en las mentes de la audiencia.
Por respeto a las víctimas y como parte de la reparación a estas los medios de comunicación deben reconocer su responsabilidad en la legitimación del proyecto paramilitar, así como en haber lavado durante ocho años la imagen del ex presidente Álvaro Uribe quien ha sido varias veces señalado por ex paramilitares y víctimas de haber sido, junto con altos funcionarios de su gobierno que ya están en la cárcel, los autores intelectuales de las masacres paramilitares, desplazamiento de comunidades, robo de tierras y narcotráfico.
Pero a los medios no solo les asusta reconocer su responsabilidad política, sino que temen también que en los nuevos escenarios creados para que la oposición política se pueda expresar se consoliden corrientes de opinión que terminen con la hegemonía de los periodistas amañados al servicio de los partidos políticos tradicionales. Le temen a que se generen y se fortalezcan por esta vía los movimientos políticos del pueblo colombiano que le puedan disputar el poder a la oligarquía colombiana.
Los cambios que se esperan también incluyen el derecho de réplica y una legislación mucho más clara sobre los derechos de imagen. El derecho de réplica es el más violado por los actuales medios masivos, pues su especialidad es lanzar acusaciones sin pruebas ni fundamento para deslegitimar a su adversario. ¿Cuántas veces no se utilizó esta estrategia contra nuestro movimiento político marcha patriótica al tildarnos de brazo político de la insurgencia? Y ¿cuántas veces se nos ha permitido expresarnos en estos medios para desmentir esas acusaciones?
Por otra parte se necesita una legislación sobre derechos de imagen que proteja a los ciudadanos y a los movimientos políticos y populares del atrevimiento y sevicia de los medios masivos de comunicación. Un caso emblemático de violaciones a los derechos en este aspecto fue el de los trece estudiantes de la universidad nacional quienes fueron detenidos, según los medios por haber llevado a cabo los atentados en la capital del país contra las sedes de Porvenir. Luego dijeron que estaban implicados en disturbios en la universidad, y al final los tuvieron que liberar por falta de pruebas. ¿Quién responde por el daño al buen nombre causado? Además durante este proceso los medios masivos sacaron a la luz pública fotografías personales de los acusados sin su autorización.
Los medios masivos no pueden sorprender a cualquier transeúnte en la calle con su tradicional pose intimidatoria para acusarlo y preguntarle estupideces como ¿por qué se pasó el semáforo en rojo? O ¿por qué no usó el puente peatonal? Esto constituye una violación a nuestros derechos de imagen pues solo los ciudadanos somos libres de escoger si queremos que nuestra imagen sea televisada en vivo y en directo para millones de personas.
La violación del derecho de réplica y de los derechos de imagen son los pilares en la estrategia de los medios de comunicación para desacreditar a los adversarios políticos de los poderes tradicionales. Por eso una ley de medios no le conviene a los medios masivos, ni a los partidos de derecha y ultraderecha pues los obligaría a ser respetuosos de la oposición política, a debatir de verdad con sus contradictores, y todos sabemos que por este camino a lo mejor pierden.
Razones culturales:
La dinámica de los medios de comunicación masivos ha creado también un tipo de audiencia a la que no le importa tanto el hecho como tal sino cuántos muertos hubo y cómo se murieron. Los medios masivos han consolidado una cultura de la violencia y de apología al dinero fácil, así como de machismo, racismo, y de la mujer como un objeto. Estos contenidos también son, como hemos dicho anteriormente, re victimizantes, y deben ser censurados, al igual que todas las expresiones de fanatismo político y religioso que pretendan prender de nuevo los fuegos de la guerra.
El poder dominante y sus medios le temen a que esta cultura de la violencia sea reemplazada por la cultura popular, quien tendría grandes posibilidades de desarrollo si se logra crear una ley de medios. Le temen a que nuestra música popular, el teatro callejero, la literatura y las ciencias reemplacen la violencia pues esto ayuda a crear una ciudadanía crítica, consciente de su responsabilidad de construir una sociedad en paz y con justicia social, y no una ciudadanía temerosa, conformista y envilecida.
La cultura de la violencia ayuda a mantener un régimen de violencia, y en un escenario de paz la cultura de la violencia también debe desaparecer, lo cual demanda un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad con el Estado como garante para que se implementen las reformas necesarias no solo en los medios de comunicación, sino en el ámbito económico, social, educativo, cultural y ambiental.
Participación política y acceso a medios de comunicación
Estando claras las razones por las cuales los medios masivos de comunicación están en contra de una ley de medios que regule su actividad en un escenario de paz, vale la pena echar un vistazo a los acuerdos que se han firmado al respecto en los diálogos de La Habana y a las propuestas que ha hecho la insurgencia al respecto.
Lo que propone la insurgencia
La propuesta de las FARC-EP sobre la democratización de los medios de comunicación expuesta en su documento “100 propuestas mínimas: Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional” la podemos resumir así:

  • Los movimientos políticos que surjan como producto del acuerdo de paz tendrán: un canal de televisión, una emisora, un periódico y una revista de teoría y análisis político, todos de cobertura nacional y financiación por parte del Estado.
  • Se abrirán espacios a los nuevos movimientos políticos en los medios institucionales y privados.
  • Se creará el Consejo Nacional de Medios de Comunicación donde participarán los nuevos movimientos políticos.
  • Las frecuencias de radio y televisión se distribuirán por partes iguales entre el sector público, el sector privado y el sector social.
  • Se creará el Fondo especial de financiación de medios alternativos y comunitarios. El Fondo estará conformado por aportes del Gobierno nacional provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa y de la contratación de un tercio de la pauta publicitaria de las instituciones del Estado con dichos medios. El sector privado contribuirá con la contratación del diez por ciento de su pauta publicitaria.

Lo que se acordó por ahora en la mesa de diálogos fue:

  • El gobierno abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto.
  • El gobierno promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general.
  • Financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitario.
  • Se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Como vemos, todo lo que no se acordó quedó como salvedad para ser discutida posteriormente entre las partes. La contradicción esencial entre lo que se acordó y lo que queda como salvedad es precisamente la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, pues el gobierno habla de democratizar los espacios, mas no la propiedad, y habla de crear solamente un canal de televisión para todos los partidos políticos.
El tema de la financiación de los nuevos medios tampoco le agrada ni al gobierno ni a los grandes medios pues los obliga a financiar los medios alternativos y populares, cosa muy mala para su negocio.
En conclusión ni el Estado ni los medios masivos quieren la democratización de los medios, pues esto los debilita políticamente en un escenario donde la lucha política abierta, franca y sin violencia es la que prevalecerá. A los poderes establecidos no les conviene que exista una ciudadanía crítica y educada, pues ellos insistirán en la aplicación de sus políticas neoliberales y antipopulares y en legitimarlas por medio de sus medios de comunicación.
Por nuestra parte tenemos que aunar esfuerzos entre los sectores populares, los comunicadores, periodistas, medios alternativos y populares para exigirle al gobierno por medio de un mandato constituyente una nueva ley de medios de comunicación para la paz. Esto nos exige luchar por crear los escenarios constituyentes donde podamos expresar nuestras exigencias ante la mesa de diálogos de La Habana para que se tenga en cuenta nuestra posición sobre los nuevos escenarios de participación política.
Se hace imperativo entonces avanzar hacia la conformación de la constituyente de medios, independientemente de lo que pase en La Habana y del mecanismo que acuerden las partes para refrendar los acuerdos, pues todo no se resolverá allá y el pueblo tiene muchas otras cosas que exigirle al Estado.
Llamamos a la unidad de todos los que pertenecen al Frente Amplio por la Paz en torno a la democratización de los medios de comunicación y a la creación de una ley de medios como bandera de lucha y herramienta fundamental para construir una sociedad en paz y con justicia social.
Por: Comité de impulso del sector de comunicaciones. Marcha Patriótica Capítulo Valle
Fuente: MarchaPatrioticaEnElValle12.2.16

Diario The Independent cierra su edición en papel para priorizar versión digital

The New York Times, ahora con portal en español y de contenido gratuito
The Guardian reducirá costos para compensar caída de publicidad
El diario británico The Independent, y su edición dominical Independent on Sunday, dejarán de publicarse en papel y tendrán solo una edición digital, anunciaron este viernes sus propietarios.
La última edición impresa del diario aparecerá el 26 de marzo, unos 30 años después de su nacimiento, en 1986, anunció en un comunicado la empresa propietaria, ESI Media, de la familia ruso-británica Lebedev.
“La industria de los diarios está cambiando, y ese cambio está siendo conducido por los lectores. Ellos nos muestran que el futuro es digital”, dijo en el comunicado Evgeny Lebedev. “Esta decisión preserva la marca ‘Independent'”, agregó.
The Independent es el primer gran diario nacional británico que da este paso, ya tomado por el diario español Público o el francés La Tribune, que sale en papel una vez a la semana.
La edición electrónica de The Independent tiene 70 millones de usuarios únicos mensuales, afirma ESI Media.
The Independent tiene una popular versión resumida que se llama “i”, y se vende por 40 peniques -un tercio aproximadamente de los diarios normales-, y que ESI venderá a la empresa Johnston Press, se anunció en el mismo comunicado.
ESI conservará el Evening Standard, un diario vespertino gratuito que se reparte sobre todo a la entrada del metro y que la familia Lebedev compró en 2009. Según el comunicado, este diario tuvo en 2015 unos beneficios de 5 millones de libras.
Fuente: El Universo, 12.2.216

La radio y las brechas

Hace tiempo se habla de la brecha que separa a sociedades con mayor o menor nivel de desarrollo tecnológico. Aplicados al campo de la comunicación, en particular, esos adelantos determinaron que la información se convirtiera en una unidad de valor destinada a consagrar nuevos límites entre pobreza y riqueza.
Hasta hace poco tiempo la radio podía considerarse el medio más democrático en virtud de la idea de gratuidad que involucra, dado que los aparatos receptores tienen precios accesibles y los costos de escucharla son prácticamente despreciables.
Sin embargo, y aunque su penetración popular continúa siendo muy importante, el análisis de este medio casi centenario se torna ahora más complicado a la luz de los procesos de convergencia y el fenómeno de mediamorfosis habilitados a partir de los maridajes establecidos entre dispositivos, soportes o plataformas.
La simpleza de esas voces que nos alcanzaban en nuestro propio idioma y refiriéndose a asuntos de nuestra cotidianidad ha comenzado a experimentar grados crecientes de complejidad y sofisticación. Prácticamente todas las emisoras e, incluso, cada uno de sus ciclos, cuentan con portales o sitios de Internet que actúan complementariamente con el texto sonoro matriz. Pero, además, existe una apelación constante de los emisores para que los receptores formulen devoluciones a través de Twitter, Facebook o Whatsapp. Para mantenerse al ritmo que proponen los medios, sus audiencias deben trascender vínculos históricos como el teléfono o la esquela, lo que les demanda acceso a redes y aplicaciones informáticas que sí tienen costos y que reclaman algunos conocimientos para su manipulación.
Hace varios años ya una radio universitaria argentina habilitó un espacio sobre fotografía en el que una docente de la especialidad describe y comenta material gráfico que el oyente puede apreciar simultáneamente en un sitio blog ad hoc.
Aunque la programación se enriquece con la incorporación de un nuevo contenido como éste, el programador haría bien en considerar el impacto de la novedad en la fase de recepción. ¿Su oyente modelo la celebrará, cuestionará o quedará indiferente ante ella? Y más aún: ¿por qué adopta esa actitud?, ¿estaba preparado para esa inclusión?
Sucede que las desigualdades entre ambos lados de la brecha no sólo tienen lugar por una cuestión de conectividad, sino por los apetitos y las urgencias de cada uno de los comensales de la propuesta.
Acostumbrada durante décadas a un tête à tête directo (y, a veces, intimista) con su público, ahora la radio debe pensar en conversaciones interferidas por otros dispositivos que convocan distintas interfaces cognitivas.
Así como la lectura de un libro de papel es distinta a la de un hipertexto, sintonizar un viejo receptor de circuitos electrónicos a base de transistores no puede equipararse con percibir los contenidos de una radio on line. Y, menos aún, los alojados en un sitio de descarga en el que es el usuario quien determina la ocasión de la escucha e, incluso, su reiteración las veces que crea conveniente. Parece claro que la vertebración de las dimensiones de tiempo y espacio que la radio formuló en el siglo XX se disuelve y reconfigura en nuestros días.
Un antiguo principio pedagógico enseña que los seres humanos aprendemos por empalme de experiencias. En consecuencia, el desafío de los realizadores radiofónicos de hoy es conocer cuáles son los intereses de alguno de los recortes de unas audiencias cada día más segmentadas y construir desde allí su agenda temática. No obstante, cometerán un error si permanecen anclados en ese puerto sin advertir que su tarea debe estar al servicio de expandir los límites cognitivos de sus oyentes.
Es este un momento en que nuestra capacidad de procesar datos quedó desbordada. La información contenida en todos los libros escritos hasta la fecha es millones de veces menor a la que se encuentra digitalizada y que hoy ya se mide en billones de gigabytes. A medida que esa masa informativa crece exponencialmente, más huidizo se vuelve el dato específico que cada uno de nosotros necesita encontrar.
La producción de la radio debe permitirnos el ajuste cognitivo a esta nueva realidad, agilizando nuestros procesos de búsqueda, selección y aplicación de contenidos útiles y expresivamente gratificantes.
Probablemente algunas de estas consideraciones encuentren una adecuada caja de resonancia en la próxima Bienal Internacional de Radio que sesionará en México durante el mes de octubre bajo la consigna convocante de la “Biotecnología mediática. Etica y praxis de la cognitividad digital”.
Fuente: Página12, 10.2.16 por Ricardo Haye, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue

Cuando el periodismo estorba

Para quienes estorba el periodismo crítico y creen que la comunicación es un “servicio público”, no estaría mal que observen el caso de Chile, donde gobierna una cercana amiga del Presidente. Ella se cobija con las banderas de socialista y progresista, pero jamás se le ocurriría hacer lo que ha hecho su amigo ecuatoriano.
En Chile, la pluralidad de medios, ya sean grandes, chicos, radiales, escritos, televisivos, alternativos… cumplieron su tarea: destaparon casos de corrupción y sacudieron los cimientos del poder político y económico. Si un medio evitó algún tema por intereses o dependencia con quien sea, otro lo expuso. Compitieron y el resultado está a la vista.
Pusieron contra la pared a influyentes personajes, incluidos el banquero más poderoso y hasta el hijo y la nuera de la Presidenta, pero al Gobierno no se le ocurrió plantearles un juicio, declararse injuriados, llamar al “pueblo” a repudiarlos o dedicarles una andanada de ataques. Cuando en marzo del 2014 arrancó la gestión de Michelle Bachelet, quien se ha empeñado en reemplazar algunas políticas que en su país funcionaron bien por las fracasadas de otras latitudes, el oficialismo habló de diseñar una ley para regular a los medios de comunicación. Pero no hubo piso para que prospere tal idea.
Ciertamente hay partidarios de poner límites, pero son minoría, y el país parece vacunado contra la censura luego de la larga y cruenta etapa dictatorial.
Gracias a trabajos periodístico de investigación, datos de fuentes protegidas y hasta filtraciones, pero sobre todo al interés de cumplir con la tarea, los chilenos conocieron que buena parte de sus políticos oficialistas y de oposición, engañaban al Fisco y a las autoridades para financiarse. Recibían dinero de empresas o de ejecutivos y a cambio entregaban recibos de terceros. En los medios hubo acogida a las denuncias contra allegados a la Mandataria y sus ministros, así como contra poderosas empresas. Gran parte de los casos están en manos de la justicia.
Organizaciones sociales denuncian que en Chile hay concentración de medios en dos grupos económicos y que eso atenta contra la libertad de expresión. Los dos tienen gran audiencia, pero eso no impidió que presenten su trabajo de denuncia e investigación, ni que aparezcan otros y hagan lo propio.
En Chile, como en gran parte del mundo democrático, la comunicación no es un servicio público que deba ser dado en gracia por el Estado, tampoco hay un clima persecutor contra medios. No hay instituciones como un Consejo de Regulación o una Superintendencia de Control (vaya nombres reveladores), y tampoco una presidenta que cope las pantallas cada semana. Correístas, analicen lo que pasa con sus amigos chilenos. No olviden que la salud de una democracia se mide en gran parte por la de sus medios.
Fuente: El Comercio, 10.2.16 por Diego Cevallos Rojas, periodista ecuatoriano

Reglas para asignar frecuencias de radio y televisión

Por los pronunciamientos públicos de las organizaciones y movimientos sociales, de los actores políticos de todas las tendencias, de las autoridades públicas, de los periodistas y de los organismos internacionales, no cabe duda de que la redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que manda realizar el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, es considerado el más significativo y profundo cambio para alcanzar la democratización de la comunicación en este país, y esa es precisamente la bandera política que el Gobierno nacional ha levantado, dentro y fuera del país, como sustento legitimador de los cambios regulatorios en relación a la gestión de los medios de comunicación audiovisuales.
En ese contexto, la inminente convocatoria de la ARCOTEL para la realización de los concursos públicos de adjudicación de frecuencias enfrenta serios desafíos jurídicos y técnicos para avanzar en el proceso democratizador de la comunicación.
Uno de los más importantes es evitar que la normativa secundaria viole la Ley Orgánica de Comunicación y la Constitución de la República permitiendo asignaciones de frecuencias de forma ilegal, discrecional y arbitraria, tal como sucedía en los tiempos del tan cuestionado CONARTEL cuyas irregularidades en la asignación de frecuencias fueron documentadas y presentadas al país en el informe final de la Comisión de Auditoría de Frecuencias, en mayo de 2009.
El CORDICOM es el encargado de producir la normativa y el informe que define a quién se adjudicarán las frecuencias de radio y televisión de señal abierta, así como las autorizaciones para el funcionamiento de los sistemas de televisión por pago. En ese sentido, son los miembros de este cuerpo colegiado los que tienen la responsabilidad, no solo de garantizar una distribución equitativa de las frecuencias que contribuya a la democratización de la comunicación social, sino también, de que la oferta de programación de los medios de comunicación audiovisuales cumpla con el artículo 19 de la Constitución que establece la prevalencia de contenidos informativos, educativos, culturales y de producción nacional.
Desde esa perspectiva, el 21 de noviembre de 2013, el CORDICOM aprobó un reglamento por el cual otorgaba hasta 60 puntos a los medios de comunicación que en su proyecto comunicacional, es decir en su programación, se comprometan a superar los porcentajes establecidos en la Ley de Comunicación para la difusión de producción nacional y de producción nacional independiente (siempre que fueran contenidos educativos, formativos, culturales y de entretenimiento, que eliminen estereotipos, respeten y promuevan los derechos humanos y la dignidad de las personas, y difundan valores, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios).
En la misma línea se otorgaba 10 puntos a los medios de comunicación que en su programación, dentro de la franja familiar, incluyan más de 5% de contenidos interculturales; y de 10 a 30 puntos a quienes respectivamente incluyeran más del 10 % y 30% de contenidos formativos, educativos y culturales. También recibían la misma puntuación si este tipo de contenidos se difundía en franja de responsabilidad compartida en los mismos porcentajes.
En el caso de los contenidos informativos se siguió la misma lógica de progresividad y prevalencia, de modo que el solicitante de la concesión podía recibir hasta 60 puntos si dedicaba más del 30% de su programación, en horario familiar y en franja de responsabilidad compartida, a difundir contenidos informativos.
Complementariamente, la inclusión en la plantilla de trabajadores de los medios de comunicación de personas con discapacidad, mujeres en número igual o mayor al de los hombres, y ciudadanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, también recibiría hasta 55 puntos.
Finalmente, el reglamento preveía asignar hasta 70 puntos más a aquellos concesionarios que demuestren que en su programación y sus modelos de gestión se incluye mecanismos de impacto social para promover la equidad de género en la producción de contenidos informativos, la participación de los grupos de atención prioritaria, la promoción y el respeto de los derechos humanos, así como la eliminación de prejuicios y estereotipos.
Por supuesto que este tipo de regulación generó una gran conmoción en los actuales titulares de concesiones de frecuencias de radio y televisión –quienes quieren retenerlas en su poder– y ciertamente elevó el nivel de la calidad de la oferta comunicacional que, cualquiera que aspire a que el Estado le otorgue una frecuencia para instalar una radio o un canal de televisión, debe ofrecer a los ciudadanos.
El problema principal es que los medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión) dedican un enorme porcentaje de su programación a contenidos que no recibirían puntos según las reglas establecidas por el CORDICOM en noviembre de 2013, pero son contenidos económicamente muy rentables; y, por otro lado, los contenidos que pueden recibir puntos ocupan un muy bajo porcentaje en su programación.
En efecto, según la investigación presentada por la SUPERCOM en mayo de 2015, en promedio el 51,25% de los contenidos de televisión de señal abierta son de entretenimiento, en tanto que los contenidos formativos, educativos y culturales son apenas del 5% en promedio; en el caso de contenidos informativos el promedio llega al 22,75% pero los contenidos interculturales ocupan menos de 1% de la programación.
Es decir que, según el reglamento del CORDICOM de noviembre de 2013, un canal de televisión con estos porcentajes de ocupación de pantalla no tendría oportunidad de recibir una frecuencia, por lo que necesariamente debería mejorar su programación de acuerdo a la prevalencia de contenidos establecida en la Constitución.
El problema central consiste en que el entretenimiento deja muchas utilidades a los medios de comunicación y es barato de producir y/o comprar. En tanto, que los contenidos interculturales, formativos, educativos y culturales suponen costos de producción o adquisición no previstos hasta ahora y su rentabilidad comercial está muy por debajo de la rentabilidad del entretenimiento.
En el caso de la radio, el proceso de adaptación al mandato constitucional de prevalencia de contenidos resultaría menos difícil ya que los porcentajes de entretenimiento son sustancialmente menores a los de la televisión. En promedio, las radios dedican 27% de su programación a contenidos de entretenimiento, aunque hay radios cuya con más del 60% de su programación dedicada a entretenimiento.
De cualquier manera, se trata de una pugna entre intereses comerciales privados y el mandato de prevalencia en la difusión de contenidos comunicacionales, y es una pugna también entre un modelo de comunicación social que favorece el respeto de los derechos humanos y otro que se basa en el entretenimiento fácil que a veces vulnera estos derechos. Se trata en el fondo de dinero versus derechos.
Al parecer, la cuestión había sido saldada en favor de los derechos de los ciudadanos mediante el reglamento aprobado por el CORDICOM en 2013, pero lastimosamente este mismo organismo dio un giro total en las reglas para evaluar el proyecto comunicacional de los solicitantes de frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión, y redujo a casi a nada la prevalencia de contenidos comunicacionales establecida en el artículo 19 de la Constitución.
En efecto, en octubre de 2015 el CORDICOM dicta un nuevo reglamento para calificar los proyectos comunicacionales presentados por los solicitantes de una frecuencia para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta según el cual, por ejemplo, lo máximo que se le puede exigir a un canal de televisión privada para otorgarle la frecuencia es que dedique una hora a la semana a la difusión de derechos humanos o enfoques de igualdad; y una hora a la semana a la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Para poner en perspectiva esta disminución de exigencias tengamos en cuenta que el 10% de la programación diaria de un canal de televisión, cuya señal se emite 24 horas, es de 2 horas y 24 minutos. Para otorgar puntos a un solicitante, lo mínimo que debía acreditar, según el reglamento anterior, es tener en su programación diaria en horario familiar, más del 10% de programas informativos; más del 10% de formativos, educativos y culturales; y más del 5% de programas interculturales. Es decir, 6 horas diarias de difusión de estos contenidos, lo cual equivale a 42 horas a la semana, de una programación ajustada al mandato constitucional de prevalencia en la difusión de estos contenidos.
La diferencia entre 42 horas y 2 horas a la semana es ciertamente enorme y proporcional a los costos que se ahorrarían los medios de comunicación en la producción y difusión de estos contenidos, usando las frecuencias que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Es también proporcional a las ganancias que obtendrían si este tiempo de programación sigue dedicado a la difusión de entretenimiento que se compra barato y se vende caro. Es proporcional también a la violación del artículo 19 de la Constitución. Tal diferencia está en el orden del 2100% entre una y otra forma de regular las exigencias para la calificación del proyecto comunicacional que abre la puerta al uso de este bien público estratégico llamado frecuencias del espectro radioeléctrico.
Está en manos del CORDICOM derogar la reglamentación aprobada en octubre de 2015 y volver a poner en vigencia el reglamento de noviembre de 2013. Aunque también existe la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio entre la primera y la segunda normativa para que todos los legítimos intereses en juego puedan coexistir con mayor armonía.
 Fuente: Romel Jurado, 10.2.16

Libertad de prensa en Colombia: superar la guerra será paso adelante

Persisten las vulneraciones contra la libertad de prensa en Colombia: superar la guerra es sólo un paso para garantizar el derecho a la información en Colombia, señala la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), que aporta datos de 179 casos de violaciones a la libertad de prensa en 2015, con un total de 222 víctimas.
La Fecolper ha publicado este “Informe anual sobre afectaciones a la libertad de prensa en Colombia” con motivo del día clásico de los periodistas, que se conmemora cada 9 de febrero, en el aporta sobre 2015 las respuestas a una pregunta: ¿La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC garantizará la existencia de un escenario propicio para un ejercicio libre de la actividad periodística?
Lo que reflejan las cifras, señala la presidenta de Fecolper, Adriana Hurtado Cortés, es que más allá de las afectaciones a los y las periodistas ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, en la actualidad existen, predominan y se consolidan otras formas de violencia contra quienes ejercen la actividad periodística detrás de las cuales se encuentran en su mayoría funcionarios públicos (incluidos los integrantes de la Fuerza Pública), desconocidos y particulares, que constituyen los presuntos agresores contra la libertad de prensa, en el 76 % del total de casos documentados en 2015.
Los sumatoria de casos donde la presunta responsabilidad de las afectaciones proviene de Funcionario/Servidor Público y Fuerza Pública es de 51 casos, lo que posicionaría al Estado como el segundo principal agresor de la libertad de prensa, después de los particulares. Esta situación además de ser lamentable, es de extrema gravedad, teniendo en cuenta que el Estado es el primer responsable de garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país.
En 2015 la Fecolper documentó 179 agresiones contra periodistas en Colombia con un total de 222 víctimas. Con respecto al 2014, se presentaron 33 agresiones más, es decir se registró un aumento del 23%. Las amenazas fueron el hecho más común con 68 casos, seguido de la obstrucción al ejercicio periodístico con 39 reportes. Las agresiones físicas ocupan en tercer lugar con un total de 24 hechos.  Y de manera significativa la estigmatización y campaña de desprestigio a periodistas en 15 diferentes casos.
En 2015 los homicidios a periodistas aumentaron, al cierre del año un total 3 periodistas habían sido asesinados por motivos que estarían relacionados con el ejercicio de su labor: Luis Peralta Cuellar (Caquetá) Édgar Quintero (Valle) y Flor Alba Núñez (Huila). En el mismo periodo, la FECOLPER documentó un caso de exilio de un periodista del sur del país, después de recibir amenazas contra su vida, al parecer relacionadas con investigaciones y denuncias realizadas en torno a la política local a través del medio de comunicación en el que trabajaba.
Adicionalmente, en el informe se precisa que en el 77% de las violaciones, las víctimas corresponden a periodistas (171), seguidos de trabajadores de los medios con un 11% (26); y las afectaciones a la infraestructura de los medios de comunicación se registraron en 5,9% con (13) hechos.
Además, se establece que el 71% de estas afectaciones fueron contra (156) hombres, mientras que un 17% se dirigieron a mujeres (38). Respecto al 2014, las vulneraciones a mujeres periodistas aumentaron en 9 casos.
Con relación al lugar de ocurrencia de las afectaciones, la mayor concentración de hechos se sigue registrando en Bogotá D.C. (23 casos), pero es preciso resaltar que en la ciudad se registra una disminución de las agresiones del 34% en comparación con los hechos registrados en 2014 (35 casos).
Se presenta sin embargo un fenómeno de desconcentración geográfica de las afectaciones contra periodistas, que se evidencia en su aumento generalizado en otras regiones del país. Así, Bogotá es seguida en número de hechos por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca (cada uno con registro de 13 casos), Huila (12 casos), Cesar (11 casos) y Tolima (11 casos), que cierra los primeros seis lugares.
Por su parte, en departamentos como Cauca (9 casos), La Guajira (8 casos), Santander (8 casos), Nariño (7 casos), Boyacá (6 casos) y Guaviare (6 casos), aumentaron significativamente el número de afectaciones en comparación con el 2014.
El informe también señala que del total de afectaciones, el (77 %) se comete contra periodistas y/o medios de carácter privado, el (4 %) contra periodistas y/o medios públicos y alrededor del (10 %) contra periodistas y/o medios de carácter comunitario (3,6 %) y alternativo (5,9 %).
Respecto a los presuntos responsables de las vulneraciones a los periodistas, llama la atención de manera especial que la primera posición sea ocupada por particulares (29 %), seguido de autores desconocidos (22 %), miembros de la Fuerza Pública -que son en su mayoría integrantes de la Policía Nacional- (12 %), funcionarios/servidores públicos (11 casos) y en quinta posición se ubican las BACRIM o paramilitares (3 %).
En lo corrido del 2016, la Fecolper ha documentado 15 violaciones a la libertad de Prensa, (47 %) corresponde a amenazas y (33 %) a obstrucciones al trabajo periodístico.
La Federación Colombiana de Periodistas, recuerda que la impunidad frente a los casos propicia la repetición sistemática de este tipo de violaciones, dejando a los y las periodistas en una situación de indefensión y vulnerabilidad absoluta, tal como lo señala en el cierre de su informe anual, en el apartado de conclusiones y recomendaciones.
Fuente: Periodistas en español, 9.2.16

La seguridad de los periodistas

Representantes de medios de comunicación y de gobiernos se reunieron el viernes 5 en París, para analizar cómo se puede reforzar la seguridad de las personas que trabajan en el sector, mientras continúan los crímenes y ataques contra los periodistas.
Organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), esta reunión “sin precedentes” de ejecutivos de los medios de comunicación y representantes de los Estados miembros de la Unesco procuraba “mejorar la seguridad de los periodistas y combatir la impunidad de los crímenes contra profesionales de los medios”, señaló la agencia.
“El problema de la muerte de periodistas en diferentes partes del mundo ha ido en aumento en los últimos cinco años, y el sistema de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en su conjunto está más preocupado por esto”, declaró Guy Berger, director de la división de la Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios de la Unesco.
La ONU pone “mucho esfuerzo” para que se tomen más medidas contra estos asesinatos y la Unesco trabaja para generar una mayor cooperación entre los diversos grupos interesados en la seguridad de los periodistas, aseguró.
Pero la conferencia se concentró en aquello que las empresas de medios de comunicación pueden hacer por sí mismas para “dar un paso adelante” y llamar la atención sobre el asunto, explicó. La reunión de un día “fomenta el diálogo sobre las cuestiones de seguridad con el fin de reducir el elevado número de víctimas en la profesión”, explicó la Unesco.
En 2015 hubo 112 trabajadores de medios de comunicación asesinados en el ejercicio de su profesión, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
La FIP, que representa a unos 600 000 miembros en todo el mundo, aclaró que de esas muertes al menos 109 periodistas y trabajadores de medios fueron víctimas de “asesinatos selectivos, atentados con bomba e incidentes de fuego cruzado”. Este número representa una ligera disminución con respecto a 2014, cuando fueron asesinados 118 comunicadores.
Reporteros sin Fronteras (RSF), una organización defensora de la libertad de expresión, señaló en su informe anual que las muertes se “atribuyen en gran parte a la violencia deliberada contra los periodistas” y demuestran el fracaso de las iniciativas para proteger al personal de los medios de comunicación.
Entre las víctimas se incluyen los dibujantes del semanario satírico francés Charlie Hebdo, asesinados en enero de 2015.
El director general de RSF, Christophe Deloire, pidió a la ONU que designe a un representante especial para la seguridad de los periodistas y añadió que es “absolutamente esencial” la creación de un mecanismo específico que haga cumplir el derecho internacional referido a su protección.
Fuente: El Universo, 7.2.16 por A.D. Mckenzie, periodista, escritora y artista de Jamaica

Entrevistas “tongo”

Lamentable episodio para la historia del periodismo boliviano. Alguna vez hubo los excesos de la entrevista interrogatorio (también en este extremo a cargo de personas no periodistas), pero nunca antes del MAS vimos lo que ahora vemos
Mientras el mundo debate sobre los alcances éticos, profesionales y estruendosos de la entrevista del destacado actor al notorio prófugo –con la ayuda de la bella artista–, los bolivianos deberíamos estar preocupados por la deformación de ese género periodístico en el país, sobre todo en las grandes cadenas televisivas.
El primer síntoma del cambio de dueño de un periódico local al control oficial fue justamente una entrevista al vicepresidente Álvaro García Linera en varias páginas dominicales y sin disimular el culto y admiración de la periodista a la autoridad.
La entrevista es uno de los géneros más difíciles del periodismo, del periodismo serio debo aclarar. Existen diferentes herramientas objetivas y subjetivas, entre las cuales sobresale la de preparar el contenido de la charla con un amplio contexto o back ground para que el entrevistador haga preguntas inteligentes y útiles, además de estar listo para la contra pregunta.
Los entrevistadores suelen ser las estrellas del medio, sobre todo en la TV; casi siempre son personas con una amplia cultura para poder combinar asuntos universales con detalles propios de la trayectoria del entrevistado. Hay muchos nombres emblemáticos; seguramente el de Oriana Fallaci es el más clásico.
Entre las herramientas subjetivas están las pautas básicas del entrevistador para conseguir la información que desea, desde preparar su propia personalidad y elocuencia, la actitud, hasta mantener suficiente distancia con el invitado. Aspecto siempre muy debatido; la propia Fallaci se enamoró de su entrevistado, un héroe griego.
Acá, conductores de programas conseguidos por influencias políticas, poco entrenados en las normas periodísticas, se dedican a entrevistar a los primeros mandatarios o a altas autoridades, en charlas que sólo son un “tongo”. Facilitan media hora o más para que sus conmilitantes tengan espacios de propaganda en horarios de Triple A, últimamente con el agravante de enlazar con el canal estatal.
En este mes, antes del encendido oficial de la campaña electoral, contemplamos (hasta donde se podía aguantar) entrevistas “tongo” en diferentes canales. Salvo algún caso, las preguntas eran lights, a gusto del cliente, sin rebatir los varios datos equivocados o las medias verdades expresadas por los jefes de campaña del “Sí”.
Lamentable episodio para la historia del periodismo boliviano. Alguna vez hubo los excesos de la entrevista interrogatorio (también en este extremo a cargo de personas no periodistas), pero nunca antes del MAS vimos lo que ahora vemos.
Fuente: Los Tiempos, 29.1.16 por Lupe Cajías, periodista

Periodismo prostituido

La tía Betsabé (en la cual me basé para escribir hace años la novela El último puerto de la tía Verania), que era una señora de mucha guasa, advertía sobre tres oficios que la mayoría de gente creía que eran muy fáciles de ejercer.
Los denominaba las tres “pes”: periodista, panadero y puta. Hoy quiero referirme al primero de ellos, sobre el cual, claro, se ha gastado toda la tinta del mundo e invertido todas las palabras.
Entre el oficio y lo oficiado hay diferencias. El periodismo (y cómo separar de tal corpus a los oficiantes) nació en la modernidad en medio de la lucha entre las viejas y las nuevas ideas; la Ilustración (que, según Kant, “es la salida del hombre de su minoría de edad”) le dio un carácter de servicio a los más desprotegidos, de servir de vocero de los oprimidos y olvidados de la historia. De ser un vehículo para la defensa de aquello que apenas surgía como una novedad revolucionaria, los derechos del hombre y del ciudadano.
Se iba aclarando que el periodismo (y, desde luego, los que lo ejercían) se destinaba para narrar las desgracias del hombre, de los explotados, de los humillados y ofendidos. La prensa (aparte de tener la posibilidad en el capitalismo de ser una empresa comercial, con plusvalías y ánimos de lucro) se erigía como el “cuarto poder”, fiscalizador de los otros poderes y portador de cultura, transmisor de lo más avanzado y también de lo más vergonzoso del hombre. Cabían en sus trabajos desde las ideas de progreso y los descubrimientos científicos hasta las bajezas de un político y las desventuras de las víctimas de la guerra.
El periodista era parte de los ilustrados. Y el periódico estaba para ser vocero de las luchas contra las injusticias y los atropellos. Ejemplos históricos abundan, y pueden ir desde el Yo acuso de Émile Zola hasta los reportajes de denuncia de Upton Sinclair, o los de Reed sobre trabajadores norteamericanos, sin contar sus narraciones sobre las revoluciones de México y Rusia, pasando por sus informes sobre la guerra en Europa oriental.
Abundan, ni más faltaba, los grandes periodistas de todos los tiempos. Lo que se quiere decir es que, tras desaparecer el “cuarto poder”, absorbido por los otros, y puesto en general el periodismo al servicio de los poderosos, con lo cual la esencia del periodismo se vulneró, para ser solo propaganda, el asunto ha venido de mal en peor. Y una mirada sobre Colombia daría fe de la miseria en la que ha caído el periodismo aquí, postrado a los pies del príncipe y de los magnates.
Noticiarios y periódicos de baja estofa, que es más lo que ocultan que lo que revelan. Embriagados con la promoción de la estupidez y la banalidad. Y periodistas sometidos a destacar lo bobería por encima de la inteligencia. Medios que son un atentado contra la razón y el buen gusto. Con reporteros que no salen a las calles (al pobre Pulitzer le daría un infarto al ver tanta gente enfriándose todo el día en las salas de redacción), ni son capaces de mostrar los entresijos de la ciudad, las causas de la violencia, las brechas sociales, las infamias del sistema de salud, las injusticias cotidianas. Nada. Solo bazofia y superficialidad.
Periodistas copietas que, precisamente por falta de reportería y de indagación, y también porque las empresas periodísticas solo piensan en la ganancia y en mantener como un mecanismo más de la cadena de producción a sus “colaboradores”, permiten que sucedan plagios como los denunciados recientemente en un periódico de Medellín. Una vergüenza. Y parece no importarles la pérdida de credibilidad. Qué ilustración ni que carajos. En muchos medios colombianos solo interesan el rating y la venta de desechos. Y mejor darle lustre a la imbecilidad.
El periodismo, en general, ha perdido su esencia combativa, su capacidad crítica y de poner en calzas prietas al poder. Y se ha mudado a la otra posición, la de servir de mampara de los desafueros oficiales. No revela; tapa. No cuestiona; bate incienso. Se ha prostituido, aunque, como decía la tía, tampoco es fácil el ejercicio de vender la carnita. Ah, otro día se hablará del panadero, que el horno está muy caliente y la harina subió de precio.
Fuente: El Espectador, 26.1.16 por Reinaldo Spitaletta, periodista y escritor colombiano