La libertad de prensa en la UE en entredicho

La libertad de prensa en Europa está en peligro y la Unión Europea (UE) tiene el imperativo moral de defender este derecho y hacer que los estados miembros rindan cuenta de sus actos, concluyó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en “Haciendo malabarismos: la libertad de prensa en riesgo“, un informe sobre el historial de la UE en materia de libertad de prensa, divulgado hoy en Bruselas.

“El CPJ está preocupado ante el creciente número de violaciones de la libertad de prensa cometidas por países europeos que tradicionalmente se han considerado ejemplos de buena práctica democrática, y ante la ausencia de medidas firmes por parte de la Unión Europea para proteger los derechos de los periodistas”, declaró Jean-Paul Marthoz, corresponsal del CPJ para los países de la UE y autor del informe. “Si la UE va a seguir siendo una autoridad global en cuestiones de libertad de prensa, debe emplear todos los medios a su disposición para impedir los ataques contra los periodistas, y para asegurar que se eliminen las amenazas contra la libertad de prensa”.

Los periodistas de los estados miembros y de países que intentan solicitar la adhesión a la UE enfrentan amenazas de gobiernos y grupos extremistas. Varias leyes de medios represivas, entre ellas las disposiciones penales sobre la difamación y la blasfemia, continúan vigentes en varios estados miembros, pese a que tales leyes son incongruentes con los valores de la UE, concluye el informe. En algunos países, se están empleando las iniciativas antiterrorismo como pretexto para radicales medidas de vigilancia que censuran el periodismo digital y amenazan con poner al descubierto las fuentes periodísticas.

El informe examina las políticas e instituciones de la UE, y concluye que si bien mantienen un compromiso con la libertad de prensa de cara al exterior, en muchos casos carecen de un mecanismo sólido para que los estados miembros rindan cuenta de sus actos cuando violen la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Las condiciones en deterioro de la libertad de prensa en Hungría ilustran lo mal preparada que está la UE en lo referente a amonestar a los países que incumplan los compromisos adquiridos. Un análisis del proceso de adhesión a la UE llega a la conclusión de que la UE necesita ser más estricta con los estados candidatos, en particular cuando países con preocupantes historiales de libertad de prensa, como Turquía, se esfuerzan por su inclusión en la UE.

“La acelerada marcha atrás de Hungría en el derecho fundamental del periodista de realizar su labor informativa sin restricciones, demostrada más recientemente por la obstrucción de los periodistas que cubren la crisis de los refugiados, es un desafío a los valores declarados de la UE”, expresó Kati Marton, miembra del consejo de directores y expresidenta del CPJ. “No se debe permitir que ningún estado miembro se comporte con semejante impunidad. Si dichos valores todavía son importantes para la UE, Bruselas debe demostrar que tales actos tienen consecuencias”.

Para cumplir con estos compromisos, el CPJ ha efectuado una serie de recomendaciones a la UE como institución y a sus estados miembros, y tiene previsto sostener encuentros con líderes de instituciones clave para analizar los hallazgos del informe.

Fuente; Periodistas en español, 29.9.15

El poder de la agenda

¿Cuáles son los efectos de los medios de comunicación? ¿Qué actores inciden en la construcción de la agenda de temas que la prensa cubre u oculta? ¿Cómo interactúa esa agenda con la agenda pública y la agenda política? Las posibles respuestas a esos interrogantes formaron parte, durante mucho tiempo, de una discusión que parecía restringida a los ámbitos académicos. Sin embargo, el debate se popularizó en los últimos años hasta convertirse en eje de las conversaciones cotidianas en buena parte del mundo occidental.

Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes e investigadora del Conicet, Natalia Aruguete es también colaboradora de Página/12 y Le Monde Diplomatique. Con esa doble perspectiva que brindan la academia y el oficio periodístico, ha centrado sus estudios en esas vinculaciones entre la agenda mediática y la pública. En su libro El poder de la agenda. Política, medios y público (Editorial Biblos) reconstruye desde una mirada crítica las distintas fructificaciones –y derivaciones– que ha tenido la teoría de la “agenda setting”, surgida de la mano de Maxwell McCombs y Donald Shaw a fines de los años sesenta.

El análisis de los efectos de largo plazo que proponen estos investigadores norteamericanos implica el paso del modelo transmisor –que había imperado desde los años veinte– a otro centrado en el proceso de comunicación. Aquí los efectos no son inmediatos sino acumulativos y actúan en el plano cognoscitivo, no en el del comportamiento. Esta teoría sostiene que los medios no son omnipotentes en la construcción de las agendas públicas pero sí influyen en la elección de los temas sobre los que los ciudadanos debaten.

Más que una cronología, Aruguete traza un mapeo de las distintas fases –coexistentes– que ha surcado la teoría del establecimiento de agenda. Así, se observa el pasaje de un primer momento en el que prima el análisis de los efectos cognitivos de los medios a otro en el que se estudian las “condiciones contingentes”; es decir las variaciones en los efectos según factores demográficos y socioeducativos y de acuerdo al tipo de medio. En una tercera etapa, se aborda el tratamiento mediático de los “atributos”, y se determina que los medios no sólo indicarían sobre qué pensar sino también cómo pensar acerca de determinados temas o personalidades.

Luego se comienza a reflexionar sobre el proceso de construcción de esa agenda y se pone el foco en la tensión constante entre los diferentes factores que intervienen en la construcción de las noticias, y que incluyen desde la concepción de los medios como actores políticos hasta el papel que juegan los criterios de noticiabilidad, las rutinas productivas y la relación con las fuentes, entre otros factores. Sin embargo, el libro también da cuenta de las insuficiencias de este tipo de estudios, que confunde a las “fuentes” con los “actores” que pueden incidir en la agenda de un medio; en especial, a partir de la decisión de volverse invisibles en determinados momentos para luego “aparecer” cuando las condiciones se estabilizan.

Con el nuevo siglo se sumaron perspectivas que analizan la eficacia política de las coberturas informativas y su efecto sobre el comportamiento de la audiencia; y otras que plantean un modelo de “agenda setting” en red, en el que los medios conectan la información nueva con aquella que ya existe en la mente de la audiencia.

Pero Aruguete no sólo reconstruye ese mapa teórico sino que va más allá y cuestiona los postulados de la “agenda setting” desde la lectura de perspectivas y corrientes con las que esta concepción se ha enfrentado, tanto conceptual como epistemológicamente. En esa búsqueda, advierte que “ninguna teoría es tan vasta como para dar respuesta a todas las inquietudes que surgen en su aplicación como herramienta para comprender la realidad. Que no es tal, por cierto”.

En las últimas páginas, aborda los interrogantes que se abren con la irrupción de los medios digitales. Así, expone estudios que indican que estas plataformas parecen acentuar –y no menguar– la concentración de la agenda. Sin embargo, la investigadora señala que estos dispositivos “no sólo contribuyen en una diversificación de las fuentes a la que distintos grupos recurren en función de intereses particulares sino que, además, forjan oportunidades de empoderamiento en pos de desafiar las agendas oficiales dominantes, más que en ningún otro período”.

El poder de la agenda es, en definitiva, un libro recomendable no sólo para estudiantes, docentes e investigadores de la comunicación sino también para los periodistas, ya que contribuye a reflexionar sobre las rutinas de trabajo y los mecanismos y los actores que intervienen en el proceso de selección y de construcción de las noticias.

Fuente: Página12, 30.9.15 por Manuel Barrientos, argentino licenciado en Comunicación UBA, periodista.

¡Pinche oficio chingón!

Con este mismo título (¡Pinche oficio chingón!) publiqué hace poco más de tres años un pequeño reportaje sobre el diario Notiver, un modesto y valiente periódico del puerto de Veracruz, cuyo jefe de redacción y su familia habían sido asesinados en junio del año anterior por el crimen organizado o cualquier otra mano negra coludida con el poder. Nunca se supo. En aquella época el cártel de Los Zetas estaba tomando el control del territorio del estado y el Gobierno federal había mandado a la

Marina para intentar restablecer la seguridad. Poco antes, en septiembre, el turístico municipio de Boca del Río, unido al puerto, había amanecido con sus calles sembradas con más de 30 cadáveres. La autoría de la matanza dio lugar a mil especulaciones pero nunca a la verdad.

Las autoridades locales estaban aterradas porque la violencia arruinase los ingresos turísticos y tratando de aparentar que no pasaba nada replicaban en cierta manera la política informativa del Gobierno federal de entonces: las víctimas estaban en connivencia con sus verdugos. La versión oficial del terrible, despiadado, irresponsable y popular comentario de que “ellos se lo habrán buscado”. Por eso la exclusiva que llevaba Notiver aquella mañana de enero, el hallazgo de una cabeza decapitada en la puerta de una discoteca de Boca del Río, era más que un suceso: era una noticia de riesgo.

Desde entonces 15 periodistas han sido asesinados en Veracruz, humildes reporteros y fotógrafos de nota roja, la mayoría profesionales mal pagados que investigaban casos de abusos y corrupción y que vieron o preguntaron lo que no debían. El Gobierno de Veracruz legisló para proteger la libertad de prensa, pero las muertes siguieron produciéndose y sobre todo sin aclararse. El crimen sin castigo y la muerte de informadores continuó, en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero… hasta convertir a México, un país democrático y en paz, en uno de los países más peligrosos del mundo para este oficio. Un centenar de informadores y fotógrafos han muerto violentamente desde 2000, más que en toda la guerra de Vietnam o en los conflictos de Oriente Próximo en lo que llevamos de siglo.

Matar a un periodista, sí, a un curioso, a un entrometido, un demagogo, un chismoso, un impertinente, un bohemio y un escritor, matar a todo eso, es también matar a la sociedad civil, que en el caso de México no puede seguir siendo la que pone las víctimas en el duelo o en la complicidad que mantienen los poderes fácticos y el crimen organizado. Este curso empezó el 26 de septiembre con la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa y siguió con la muerte de 42 civiles, presuntos sicarios, en el Rancho del Sol, la espectacular y vergonzosa fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y el asesinato a principios de agosto en la capital, en donde se había refugiado huyendo de las amenazas que había recibido en Veracruz, del fotoperiodista Rubén Espinosa y de otras cuatro mujeres. Es hora de que los poderes públicos mexicanos además de hacer leyes tan largas como perfectas, las apliquen, los culpables paguen y las víctimas sean resarcidas.

Fuente: La Razón, 27.9.15