Del Periodismo sus fallas (II)

¿Por qué se declaró al 10 de mayo como Día del Periodista Boliviano?

Hay dos apuntes históricos al respecto: el fusilamiento de Cirilo Barragán y Néstor Galindo, ordenado por Mariano Melgarejo en 1865; y la creación de la Caja Nacional de Jubilados, Pensionados y Montepíos de periodistas, en 1938.

Parecería que el establecimiento de dicha caja, mediante decreto promulgado por Germán Busch, es un acontecimiento de relativa importancia, pero la verdad es que fue el corolario de una larga lucha de los periodistas que pasó, entre otras cosas, por la defensa de la libertad de expresión, la partida de varios de ellos a la Guerra del Chaco y el reconocimiento de la personería jurídica de la Asociación de Periodistas de La Paz.

No obstante, los fusilamientos también merecen ser revisados.

Sobre Galindo, es preciso apuntar que, aunque publicó la “Revista de Cochabamba”, su actividad fue particularmente literaria. Pese a ello, es Armando Alonso Piñeiro quien lo ubica junto a Barragán en su “Enciclopedia de Periodismo”.

Más ligado al periodismo era Barragán quien, según Ronald Grebe, fue el primer periodista en ser fusilado por ejercer el oficio. El dato todavía está pendiente de confirmación debido a que 1865 ya es un año bastante avanzado en la historia del periodismo boliviano.

Para empezar, ¿está históricamente definido quién fue el primer periodista del territorio que hoy es Bolivia?

En la lógica simplista que estudia la historia del periodismo boliviano desde la introducción de la imprenta, se nombra a Vicente Pazos Kanki y Manuel Aniceto Padilla. El papel del primero

en las luchas independentistas es notable, dado que se relacionó con Mariano Moreno y fundó el “Telégrafo de las Floridas” en el tiempo en el que ese territorio fue una república independiente, pero el del segundo es verdaderamente cuestionable. Aunque técnicamente periodista, Padilla fue colaboracionista con el imperio británico debido a que estaba a cargo de la traducción al español de los textos de “The Southern Star”, el primer periódico bilingüe de América.Mariano Baptista Gumucio considera que el primer periodista boliviano fue Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela debido a que “registra el pasado potosino año por año, pues al margen de sus lecturas interminables solía frecuentar los tambos a los que llegaban los viajeros para pedirles noticias de otras ciudades y provincias…”. Entonces, resulta difícil determinar quién fue el primero que registró hechos y los legó a la posteridad.

Igual de complejo es determinar quién merece el mayor homenaje cuando de periodismo se trata ya que, a lo largo de una historia que es más extensa de lo que se cree, muchos son los que sacrificaron sus vidas en procura de conseguir que la información sea transmitida.

Si se confirmara el dato de Barragán, no sólo su muerte sino su vida merece ser estudiada con mayor profundidad y detenimiento. Entretanto, yo todavía sostengo que uno de los periodistas que mayor reconocimiento merece fue Luis Espinal quien murió no sólo por ejercer el periodismo sino por confrontar directamente las injusticias, así estén revestidas de dictadura, y por decir una verdad que era suicida en los tiempos en que la bota militar se campeaba oronda por nuestra patria.

Por ello, creo que el 22 de marzo es una fecha que los periodistas deberíamos conmemorar con la misma importancia que el 10 de mayo.

Fuente: La Prensa, 10.5.13

 

Del periodismo sus fallas

La primera quincena de mayo trae al Día del Periodista Boliviano y, como toda fecha conmemorativa, ésta debería servir para una reflexión sobre el presente y futuro de este sector de nuestra sociedad.

Y si hablamos de presente y futuro, obviando el pasado, es porque pese a su cualidad de registrador permanente de la historia, el periodismo boliviano ha descuidado el estudio de sus orígenes.

La historia del periodismo en nuestro país ocupa un lugar secundario en los planes de estudio de las carreras de Ciencias de la Comunicación y en algunas simplemente no existe. En las escasas ocasiones en que se toca el tema, el estudio se remonta a la llegada de la imprenta a Sudamérica y esto nos lleva hasta 1538, cuando el italiano Antonio Ricciardi introdujo una de esas máquinas a Lima. En el caso de lo que hoy es Bolivia, el dato mayormente aceptado es el de la imprenta que se instaló en 1600 en Juli, cuando ese pueblo dependía de la Audiencia de Charcas.

Sin embargo, es preciso apuntar que en aquellos lejanos años la imprenta no estaba tan ligada al periodismo como lo está ahora. Gustavo Adolfo Otero hace notar que los aparatos de impresión que fueron introducidos a América, la mayoría por religiosos, tenían “la finalidad de realizar la difusión proselitista de la fe católica, mediante la expansión gráfica de los catecismos, vocabularios indígenas, novenas y libros piadosos”.

Por tanto, la imprenta no llegaba para difundir la cultura, sino a ganar adeptos. Había una intención política por detrás como político fue el origen del periodismo moderno.

Aquí tenemos, entonces, dos de las grandes fallas de nuestro periodismo. Una de ellas, quizás la mayor, es considerar que esta actividad es apolítica cuando su origen fue precisamente político. Los periódicos tienen su antecedente en el “Acta Diurna”, el boletín que Julio César

mandó a fijar en lugares públicos de Roma con el claro propósito de controlar la información en tiempos en los que las conspiraciones eran permanentes.

Y si el gobernante romano más famoso ya sabía que la información es poder, no es de extrañar que los sacerdotes, particularmente los jesuitas, hayan entendido el valor que tenía la imprenta como difusora de ideas.

Inventada por chinos y japoneses entre los años 770 y 923, la imprenta fue perfeccionada por Gutenberg apenas 42 años antes de la llegada de Colón a América. He ahí la importancia que tuvo su introducción al continente.

No obstante, pese a que su finalidad primera era la evangelización, en realidad se convirtió en un instrumento más para el sometimiento de los americanos, en una nueva manera de colonización. Por ello, considero totalmente inadecuado estudiar la historia del periodismo a partir de la llegada de la imprenta.

En 1943, Carlos Montenegro ganó el primer concurso sobre historia del periodismo convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz con su ahora famoso “Nacionalismo y Coloniaje”. Es este libro el que incluye, quizás por primera vez, el dato del Rimay Pampa, un espacio urbano de las poblaciones prehispánicas en el que se contaban las últimas noticias.

Ese no tan simple dato es simplemente una muestra de lo mucho que nos falta conocer sobre el pasado del periodismo boliviano. Otra gran falla es, entonces, el limitar nuestra área de estudio a la introducción de la imprenta en el momento de sumergirnos en esa historia.

Un estudio más o menos concienzudo de la historia del periodismo boliviano permitiría descifrar algunas de sus claves y entender, sobre bases ciertas y científicas, por lo menos unas cuantas de sus complejidades.

Fuente: Los Tiempos, 3.5.13 por Juan José Toro, Premio Nacional en Historia del Periodismo

27 países de América tienen algún tipo de restricción para la prensa

Las dificultades para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa se expanden por la mayoría de latitudes del hemisferio.

Procesos judiciales, reformas legales, agresiones, descalificaciones y hasta atentados son los principales mecanismos a través de los cuales se busca amedrentar a personas y periodistas.

Así lo sostienen reportes de entidades como la red global Defendiendo y Protegiendo la Libertad de Expresión (Ifex-Alc) y de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA.

Según la Red Ifex-Alc, las violaciones a las libertades de expresión y de prensa en América Latina abarcan un número “alarmante”.

La razón: 74 periodistas han sido asesinados desde enero del 2010 hasta septiembre del 2012 en América Latina y el Caribe.

En el mismo período -agrega la red Ifex-Alc- 431 comunicadores han sido amenazados de muerte y 120 periodistas han sido llevado a los tribunales, ya sea por sus informaciones u opiniones.

Para esta red formada por 80 organizaciones, lo más inquietante es que los sistemas judiciales de la región han sido incapaces de sancionar a los responsables. De hecho, de los 74 asesinatos solo ocho responsables fueron condenados.

A la luz del elevado número de agresiones a periodistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también está preocupada.

Su secretario general Ban Ki-moon, condenó ayer los ataques que sufren los periodistas y lamentó la impunidad de que disfrutan a menudo los autores, en un acto en la sede, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Ante el elevado nivel de violencia, el Secretario dijo que cobra relevancia el Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de los Periodistas. Por eso, urgió a aplicarlo a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, de DD.HH. y de prensa, según la agencia EFE.

No obstante, precisamente algunos gobernantes y organizaciones políticas aparecen como principales impulsores de esa violencia.

=�< om�Y ��V ‘text-align:justify’>“En 2006, una modificación constitucional permitió a las comunidades indígenas tener sus propias radios, pero siete años después aún no hay una ley reglamentaria que permita que los pueblos puedan acceder a ese derecho”, indicó.

 

Para Amarc, la lucha que viene si finalmente se aprueba la ley será conseguir que las radios no tengan restricciones de potencia, que puedan tener acceso a la publicidad, que no estén confinadas a un sector geográfico y que se reserve el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las emisoras comunitarias e indígenas.

Otros temas importantes serán la transparencia en la expedición de refrendos y nuevos permisos de transmisión, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la subsistencia económica de las radios, sin poner en riesgo su autonomía e independencia.

Pero no todos son tan optimistas. En Oaxaca y muchos otros lugares del país, las radios populares han sido un elemento fundamental en las luchas de los territorios y cultura frente a grandes proyectos de desarrollo: “A nosotros esa ley no nos sirve de nada”, aseveró a IPS vía telefónica Óscar Ledima Santiago, otro de los coordinadores de Radio Totopo.

“Toda esa discusión es una mentira porque las radios estamos siendo reprimidas por defender los derechos de los pueblos, y para cuando terminen de hacer los reglamentos ya no va a haber tierra por la cual luchar”, señaló.

Así lo señaló la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que divulgó la lista de los 39 “depredadores” de la libertad de información en el 2013. Con respecto al año anterior, cinco nuevos predadores se agregaron.

Entre ellos figura el nuevo presidente chino Xi Jinping, el grupo yihadista sirio Jabhat Al-Nosra, el partido de los Hermanos Musulmanes en Egipto, los grupos armados baluches de Pakistán y los extremistas religiosos de las Maldivas. “Estos predadores de la libertad de información son responsables de las peores exacciones cometidas contra los medios de comunicación y sus representantes”, subrayó RSF.

El reporte en América

A inicios de abril, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión presentó su informe anual sobre la región. Allí no solo se recogen los problemas en Ecuador, que ha generado el rechazo del Gobierno. También figuran otros 27 países del hemisferio. A continuación presentamos una síntesis.

Argentina

Medidas dirigidas y agresiones

Un clima hostil hacia el ejercicio del periodismo y el afán del Gobierno de tomar medidas que afecten a los medios privados, en especial los privados.

Esos son dos de los rasgos centrales que caracterizaron en 2012 la situación de la libertad de prensa en Argentina, generando así un ambiente de polarización entre el poder político y los medios. En su reporte, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA recuenta un total de 16 casos de amenazas, agresión física o campañas de difamación en contra de periodistas, principalmente privados.

Citando la Convención Americana de los DD.HH., la organización indica que esa confrontación cierra los espacios para el debate sosegado. Por eso, la Relatoría recordó que una de las tareas del Estado es contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, “incluso cuando le resulten ofensivas o perturbadoras”.

En ese sentido, dijo que el Gobierno de abstenerse de usar sus facultades para “premiar o castigar” a medios cercanos o críticos.

Esas palabras se refieren a una ley aprobada en 2011 que declara de “interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios”. Y citó el art. 13 de la Convención, que señala que no se puede restringir la libre expresión con el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. El Gobierno argentino, públicamente, no ha descalificado este informe.

Colombia

Uribe aparece en el informe

Aunque la Relatoría reconoce avances de la Justicia colombiana para sancionar a los responsables de muertes de periodistas, también señala que en el país hay inseguridad para ejercer el oficio.

En el 2012 hubo el asesinato de dos periodistas. El uno corresponde al radiodifusor Argemiro Cárdenas Agudelo, a manos de supuestos sicarios. La otra víctima fue Guillermo Quiroz, luego de una aparente agresión de un miembro de la Policía en una manifestación.

En ese sentido, la Relatoría recordó al Estado colombiano que está en la obligación de sancionar a los responsables, reparar a las víctimas e impedir que se repitan nuevos casos.

La Relatoría también reporta al menos otros 11 casos de amenazas e intimidación a periodistas y ex funcionarios públicos. En todos esos casos, las advertencias presumiblemente tienen como origen bandas criminales, grupos armados ilegales y actores políticos de diverso nivel.

En el reporte, la Relatoría también menciona al ex presidente Álvaro Uribe y su trato hacia la prensa. Específicamente reseñó un ‘trino’ de junio en Twitter en contra de comunicadores y analistas. “A las 5 p.m. publicaré Cartel de los Sicarios, Zuleta, Coronell, León Valencia, Cepeda”.

Según el reporte, “Uribe se ha caracterizado por hacer constantes declaraciones públicas que estigmatizan a periodistas independientes (…) y tienen la potencialidad de aumentar el riesgo objetivo para la vida”.

Bolivia

Judicialización a la prensa

El reporte subraya que en el país andino crece la tendencia de llevar a los tribunales a periodistas y medios, en busca de que sean sentenciados penalmente.

Uno de los casos emblemáticos es el iniciado por el gobierno de Evo Morales, en contra de dos periódicos y una agencia de noticias. A ellos se les acusa del supuesto delito de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, por el tratamiento que dieron a unas declaraciones del presidente Morales, sobre la pobreza en el Oriente del país.

Al comentar este caso, la Relatoría citó el art. 11 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa norma señala que la protección a la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles.

Además, le recordó a Bolivia que en estos casos debe probarse que en la difusión de las noticias el periodista “tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas…”.

A la par, el documento también recoge declaraciones “estigmatizantes” y de amenaza de autoridades de elección popular. Una de ellas corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los medios “inventan” conflictos y tienen “actitudes golpistas”. Y la otra a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien dijo sobre un diario: “No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa…”.

Estados unidos

La regulación encierra riesgos

Estados Unidos también está en el radar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y su informe. Aunque no ha ratificado la Convención Americana de DD.HH., el organismo también reseñó las dificultades de la libertad de expresión en ese país.

Uno de los temas que mayor preocupación genera es el trámite de la ley para poner fin a la piratería (Stop Online Piracy Act, SOPA).

Según la Relatoría Especial, los proyectos recibieron fuertes críticas online, por considerar que están redactados en un lenguaje demasiado amplio o ambiguo, que podría provocar el cierre de sitios Web completos con la consecuente limitación a la libertad de expresión.

Además, recordó que con la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU ya hizo un pronunciamiento en el mismo sentido.

El reporte también subraya otros casos en contra de este derecho fundamental. Por ejemplo, la acusación formal que el Gobierno hizo contra el ex agente de la CIA, John Kiriakou, quien habría filtrado información a medios sobre las prácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo en la administración de George W. Bush. O la orden de Leon Panetta, secretario de Defensa, de monitorear a los principales medios para detectar filtraciones no autorizadas de información clasificada”. El organismo recordó que en 2010 la Relatoría de la ONU dijo que los Estados deben proteger a testigos que revelen ese tipo de datos.

En otros países…

Canadá. El grupo Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión y otras 5 organizaciones periodísticas solicitaron al Gobierno levantar las restricciones para que los científicos federales puedan hablar libremente con los medios de comunicación.

Chile. La Relatoría tomó nota de procesos penales contra un grupo de radios comunitarias, por operar sin las respectivas licencias. Señaló que espera que la Legislatura acabe la revisión de la norma para que el tema no siga en la vía penal.

Cuba. La situación de la libertad de expresión en Cuba es similar a la presentada en los últimos años. Al respecto, la CIDH señaló que Cuba es el único país de las Américas donde se puede afirmar que no se garantiza de ninguna manera la libertad de expresión.

Guatemala. Tres periodistas, que en sus carreras han divulgado violaciones a los DD.HH. en el conflicto interno, fueron denunciados por su presunta participación, por acción u omisión, en crímenes cometidos por grupos guerrilleros.

México. Las amenazas y asesinatos de periodistas ocupan un lugar importante en el informe. Más de 22 acápites recogen informaciones sobre los atentados contra los informadores y medios de comunicación.

Panamá. El documento reseña el juicio por USD 5,5 millones del ex presidente Ernesto Pérez Balladares al periódico La Prensa, por mencionarlo en una investigación de supuesto lavado.

Fuente: El Comercio, 3.5.13 por Santiago Zeas, periodista ecuatoriano

 � sM�Y ��V style=’text-align:justify’>A la par, el documento también recoge declaraciones “estigmatizantes” y de amenaza de autoridades de elección popular. Una de ellas corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los medios “inventan” conflictos y tienen “actitudes golpistas”. Y la otra a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien dijo sobre un diario: “No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa…”.

 

Estados unidos

La regulación encierra riesgos

Estados Unidos también está en el radar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y su informe. Aunque no ha ratificado la Convención Americana de DD.HH., el organismo también reseñó las dificultades de la libertad de expresión en ese país.

Uno de los temas que mayor preocupación genera es el trámite de la ley para poner fin a la piratería (Stop Online Piracy Act, SOPA).

Según la Relatoría Especial, los proyectos recibieron fuertes críticas online, por considerar que están redactados en un lenguaje demasiado amplio o ambiguo, que podría provocar el cierre de sitios Web completos con la consecuente limitación a la libertad de expresión.

Además, recordó que con la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU ya hizo un pronunciamiento en el mismo sentido.

El reporte también subraya otros casos en contra de este derecho fundamental. Por ejemplo, la acusación formal que el Gobierno hizo contra el ex agente de la CIA, John Kiriakou, quien habría filtrado información a medios sobre las prácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo en la administración de George W. Bush. O la orden de Leon Panetta, secretario de Defensa, de monitorear a los principales medios para detectar filtraciones no autorizadas de información clasificada”. El organismo recordó que en 2010 la Relatoría de la ONU dijo que los Estados deben proteger a testigos que revelen ese tipo de datos.

Radios comunitarias mexicanas alegales

Las radios comunitarias han apoyado la resistencia de los pueblos aborígenes a la construcción de megaproyectos energéticos o mineros

Radio Totopo nació el 16 de febrero de 2006 en el barrio de Pescadores, el más antiguo y marginado del municipio de Juchitán, en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Pero en la actualidad sigue clausurada por las autoridades, mientras el proyecto de ley de telecomunicaciones continúa su trámite, informa Daniela Pastrana (IPS)

Los habitantes de La Séptima, como se conoce popularmente el barrio, dicen que la emisora es de todo el pueblo. Totopo, que como la mayoría de las radios comunitarias y comerciales en México carece de permiso oficial, transmite 90 por ciento de su programación en diidxazá, la lengua de los indios zapotecos.

En los últimos años, Radio Totopo acompañó a campesinos y pescadores binnizá, como se llaman a sí mismos los zapotecos de la región, en la resistencia a la instalación de un parque eólico por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa en terrenos comunales del Istmo de Tehuantepec.

La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció que el proyecto fue presentado con engaños a los campesinos y algunos, al no hablar español y no tener traducción, firmaron los contratos de arrendamiento de sus parcelas en total desventaja y violentando el derecho de los pueblos originarios a la información y a la consulta.

Totopo procedió por seis meses a la traducción de los contratos al idioma zapoteco, los transmitió e implementó campañas sobre el proyecto hasta el 26 de marzo, cuando policías estatales desmontaron la emisora, quitaron los cables de luz y de audio y se llevaron su transmisor y una computadora, en el marco de una acción de desalojo del predio en disputa.

El coordinador de la radio, Carlos Sánchez, sufrió fractura de un brazo durante el operativo y ahora permanece oculto ante la posibilidad de ser detenido, como lo fue por varios días Mariano López Gómez, dirigente del movimiento opositor de los parques eólicos, al que acusaron de extorsión a funcionarios

Todo eso ocurrió mientras en el Congreso legislativo nacional se discute una compleja iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, comprometida por el presidente Enrique Peña Nieto en el multipartidario Pacto por México, que responde a añejos reclamos de grupos de la sociedad civil que pugnan por el derecho a la información.

“La iniciativa recoge muchas demandas que como sociedad hemos tenido durante tres décadas, por lo que gran parte de su contenido no es un mérito cupular sino producto del estudio de especialistas y de la movilización social”, destacó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) luego de presentarse el 11 de marzo en el parlamento.

Entre otros temas, la organización no gubernamental destaca el reconocimiento constitucional de las radios, que tendrán “concesiones sociales” y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la libertad de expresión por todas las plataformas existentes.

“El reconocimiento constitucional es muy importante, no es menor. Si no se nombran es como si no existieran, por eso nuestra pelea por ser reconocidas por ley porque dicen que somos ilegales”, explicó a IPS la abogada Gisela Martínez, del capítulo mexicano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Martínez, empero, apuntó también que el proyecto de ley de telecomunicaciones es apenas la primera piedra de un edificio en construcción, para hacer real el derecho de los pueblos a tener sus medios de difusión.

El Senado tiene hasta este martes 30, cuando finalizará el periodo anual de sesiones, para hacer las modificaciones que planteó la Cámara de Diputados a la iniciativa y pasarla así a los 32 parlamentos de los estados mexicanos, ya que al tratarse de una reforma de la Constitución debe ser aprobada por al menos 17 de ellos.

En caso de no conseguirse esa aprobación, tendrá que abrirse un periodo parlamentario extraordinario o el proyecto de ley quedará en un impasse hasta septiembre, cuando se reanuden las sesiones formales.

En todo caso, “la batalla madre será con las leyes reglamentarias”, dijo Martínez, pues ya hay un mal antecedente con las radios indígenas.

“En 2006, una modificación constitucional permitió a las comunidades indígenas tener sus propias radios, pero siete años después aún no hay una ley reglamentaria que permita que los pueblos puedan acceder a ese derecho”, indicó.

Para Amarc, la lucha que viene si finalmente se aprueba la ley será conseguir que las radios no tengan restricciones de potencia, que puedan tener acceso a la publicidad, que no estén confinadas a un sector geográfico y que se reserve el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las emisoras comunitarias e indígenas.

Otros temas importantes serán la transparencia en la expedición de refrendos y nuevos permisos de transmisión, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la subsistencia económica de las radios, sin poner en riesgo su autonomía e independencia.

Pero no todos son tan optimistas. En Oaxaca y muchos otros lugares del país, las radios populares han sido un elemento fundamental en las luchas de los territorios y cultura frente a grandes proyectos de desarrollo: “A nosotros esa ley no nos sirve de nada”, aseveró a IPS vía telefónica Óscar Ledima Santiago, otro de los coordinadores de Radio Totopo.

“Toda esa discusión es una mentira porque las radios estamos siendo reprimidas por defender los derechos de los pueblos, y para cuando terminen de hacer los reglamentos ya no va a haber tierra por la cual luchar”, señaló.

Radio Totopo lleva ya cuatro semanas sin transmitir y el equipo que le confiscaron está valorado en poco más de 5.000 dólares. Los pobladores han bloqueado carreteros y tienen barricadas alrededor de la zona en la que se pretende construir el parque eólico.

Y no es el único caso. Otros dos periodistas de Radio Voces de los Pueblos fueron retenidos varias horas junto con dos colegas del diario nacional La Jornada el 21 de marzo. Días después fue Filiberto Vicente, de Radio Xadani, quien denunció haber recibido amenazas de muerte y, por último, Radio Huave, pionera de las comunitarias en el Istmo, sufrió el robo de su equipo de transmisión.

En todos los casos se trata de emisoras que han apoyado la resistencia de los pueblos aborígenes a la construcción de megaproyectos energéticos o mineros.

“Exigimos una investigación a fondo de estas agresiones y castigo para los funcionarios y empresarios ligados a la violación de nuestro derecho a la información”, advirtió en un comunicado la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Fuente: Periodistas en español, 3.5.13

Una mirada al futuro de la televisión

Mi colega Alejandro Pardo ya lo ha bautizado como “El Manifiesto Netflix“, y lo cierto es que el documento de prospectiva publicado hace unos días en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de la empresa, aporta pistas acerca del futuro de la televisión, aplicables a otros sectores.

Aunque se trate de un pronóstico interesado, hay que reconocer que Netflix (un servicio de pago de televisión a la carta distribuido por internet), ya se ha convertido en uno de los grandes del mercado de la televisión en los Estados Unidos y que su expansión a otros 43 países revela su voluntad de proyección global. En este sentido, indudablemente tiene relevancia la visión de futuro del sector que Netflix ha compartido con sus accionistas.

La previsión central del documento es la paulatina sustitución de la distribución lineal de televisión por la televisión vía internet, el desarrollo de los mercados de aplicaciones que remplazarán a los canales y la desaparición del mando a distancia en beneficio de sistemas de interacción más inteligentes, sociales y personalizados.

Algunas de las claves de la estrategia de Netflix pueden servir de referencia en otros sectores que, al igual que el televisivo, enfrentan la necesidad de reinventar sus modelos de producto y de negocio para sobrevivir:

 •En un tipo de contenido (películas y shows clásicos)

 •En la gestión del servicio (altas y bajas de suscriptores, facturación y atención al cliente)

 •Tarifa (ajustada, única y plana)

 •Catálogo (selectivo, protegido con altas inversiones en licencias y en producción original)

 •Innovación para la mejora tecnológica del servicio (calidad de audio y vídeo, aplicaciones, sitio web y personalización de la oferta mediante algoritmos)

 A diferencia de otros medios que se empeñan en definirse en función de un soporte, Netflix ha entendido que su negocio es un servicio: la distribución multi plataforma y personalizada de contenido audiovisual de entretenimiento.

Fuente: Infobae, 30.4.13 por José Luis Orihuela, periodista español

pan>Añade que la calidad de los contenidos informativos influye en el desarrollo y crecimiento de una sociedad, y en Ecuador “se han fijado estándares de calidad en el artículo 18 de la Constitución que responsabilizan a los medios a producir información verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, hacia la consolidación de defensorías de audiencias que velarán por la buena calidad de la información y el respeto de los derechos humanos”.

El Gobierno considera también que “la eliminación de la precarización y tercerización es un gran avance” y que de “sueldos paupérrimos, utilidades mínimas o inexistentes sin derecho a horas extra u otros beneficios de Ley” se ha pasado en la actualidad a “equiparar la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores, logrando que un comunicador titulado no gane menos de 800 dólares, mientras que uno que no tenga estudios de tercer nivel como mínimo $600″.

También se hace referencia a que “los canales alternativos de comunicación eran muy pocos y el acceso a Internet era limitado, por su reducido ancho de banda y la escasa infraestructura tecnológica”, y se ha ampliado la infraestructura de acceso a las tecnologías de información: “Con ello 10′ 700.000 ecuatorianos acceden al Internet en todo el país en sus viviendas, en 373 infocentros públicos, permitiendo contar con más información y posibilidades de expresión”.

La Secretaría de Comunicación valora que estos avances, “conquistas justas y sobre todo pasar de una la libertad de prensa que era un privilegio de pocos a promover como un derecho de todos, porque ahora el Estado promueve la democratización de la comunicación como ordena la Constitución, es motivo suficiente para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

 “La prensa necesita de muchas voces para poder ser libre. Necesita diversificarse, adaptarse y evolucionarse para poder ser libre”, concluye en un comunicado.

Fuente: Periodistas en español, 30.4.13

El Gobierno de Ecuador considera que la democratización de la comunicación es un hecho

La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador conmemora el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa y se suma a esta iniciativa para concienciar sobre el derecho a la democratización de los medios de comunicación, informa Andrés Reliche (Andes)

En este 3 de Mayo de 2013, la Secretaría de Comunicación señala “con datos factuales que Ecuador ha logrado grandes avances en materia de los derechos de la comunicación hacia una verdadera libertad de prensa, y considera que la democratización de la comunicación es un hecho”.

Entre esos datos se señala que en 2007 existían en Ecuador 1.178 medios de comunicación privados, 86 públicos y ni uno solo comunitario; mientras que en 2013 existen 1.315 medios privados, 327 medios públicos y 20 medios comunitarios.

Añade que “se avanza en firme hacia un mayor y mejor acceso a los medios de comunicación, redes sociales y otras nuevas tecnologías para fomentar la capacidad de deliberación pública y diálogo de la sociedad consigo misma y sus dirigentes sobre asuntos de interés general devolviendo el poder a la ciudadanía legitimado en el artículo 16 y 18 de la Constitución”.

Para el Gobierno “se ha logrado finalmente la separación de poderes; ya los grupos financieros o económicos no están vinculados a los medios de comunicación, cumpliendo la Constitución que garantiza en el artículo 213 la no vinculación de los medios de información nacionales con intereses ajenos a la comunicación”, norma que fue apoyada por la gran mayoría de los ecuatorianos en consulta popular.

El Gobierno sostiene que “los derechos de la comunicación benefician a los ciudadanos también en materia de educación al hacer uso de las franjas educativas dispuestas en la Ley, que fomentan la producción nacional, dando paso a la difusión masiva de contenidos culturales y educativos de calidad, cultivando la identidad nacional”.

Añade que la calidad de los contenidos informativos influye en el desarrollo y crecimiento de una sociedad, y en Ecuador “se han fijado estándares de calidad en el artículo 18 de la Constitución que responsabilizan a los medios a producir información verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, hacia la consolidación de defensorías de audiencias que velarán por la buena calidad de la información y el respeto de los derechos humanos”.

El Gobierno considera también que “la eliminación de la precarización y tercerización es un gran avance” y que de “sueldos paupérrimos, utilidades mínimas o inexistentes sin derecho a horas extra u otros beneficios de Ley” se ha pasado en la actualidad a “equiparar la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores, logrando que un comunicador titulado no gane menos de 800 dólares, mientras que uno que no tenga estudios de tercer nivel como mínimo $600″.

También se hace referencia a que “los canales alternativos de comunicación eran muy pocos y el acceso a Internet era limitado, por su reducido ancho de banda y la escasa infraestructura tecnológica”, y se ha ampliado la infraestructura de acceso a las tecnologías de información: “Con ello 10′ 700.000 ecuatorianos acceden al Internet en todo el país en sus viviendas, en 373 infocentros públicos, permitiendo contar con más información y posibilidades de expresión”.

La Secretaría de Comunicación valora que estos avances, “conquistas justas y sobre todo pasar de una la libertad de prensa que era un privilegio de pocos a promover como un derecho de todos, porque ahora el Estado promueve la democratización de la comunicación como ordena la Constitución, es motivo suficiente para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

 “La prensa necesita de muchas voces para poder ser libre. Necesita diversificarse, adaptarse y evolucionarse para poder ser libre”, concluye en un comunicado.

Fuente: Periodistas en español, 30.4.13