Las dificultades para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa se expanden por la mayoría de latitudes del hemisferio.
Procesos judiciales, reformas legales, agresiones, descalificaciones y hasta atentados son los principales mecanismos a través de los cuales se busca amedrentar a personas y periodistas.
Así lo sostienen reportes de entidades como la red global Defendiendo y Protegiendo la Libertad de Expresión (Ifex-Alc) y de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA.
Según la Red Ifex-Alc, las violaciones a las libertades de expresión y de prensa en América Latina abarcan un número “alarmante”.
La razón: 74 periodistas han sido asesinados desde enero del 2010 hasta septiembre del 2012 en América Latina y el Caribe.
En el mismo período -agrega la red Ifex-Alc- 431 comunicadores han sido amenazados de muerte y 120 periodistas han sido llevado a los tribunales, ya sea por sus informaciones u opiniones.
Para esta red formada por 80 organizaciones, lo más inquietante es que los sistemas judiciales de la región han sido incapaces de sancionar a los responsables. De hecho, de los 74 asesinatos solo ocho responsables fueron condenados.
A la luz del elevado número de agresiones a periodistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también está preocupada.
Su secretario general Ban Ki-moon, condenó ayer los ataques que sufren los periodistas y lamentó la impunidad de que disfrutan a menudo los autores, en un acto en la sede, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Ante el elevado nivel de violencia, el Secretario dijo que cobra relevancia el Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de los Periodistas. Por eso, urgió a aplicarlo a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, de DD.HH. y de prensa, según la agencia EFE.
No obstante, precisamente algunos gobernantes y organizaciones políticas aparecen como principales impulsores de esa violencia.
=�< om�Y ��V ‘text-align:justify’>“En 2006, una modificación constitucional permitió a las comunidades indígenas tener sus propias radios, pero siete años después aún no hay una ley reglamentaria que permita que los pueblos puedan acceder a ese derecho”, indicó.
Para Amarc, la lucha que viene si finalmente se aprueba la ley será conseguir que las radios no tengan restricciones de potencia, que puedan tener acceso a la publicidad, que no estén confinadas a un sector geográfico y que se reserve el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las emisoras comunitarias e indígenas.
Otros temas importantes serán la transparencia en la expedición de refrendos y nuevos permisos de transmisión, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la subsistencia económica de las radios, sin poner en riesgo su autonomía e independencia.
Pero no todos son tan optimistas. En Oaxaca y muchos otros lugares del país, las radios populares han sido un elemento fundamental en las luchas de los territorios y cultura frente a grandes proyectos de desarrollo: “A nosotros esa ley no nos sirve de nada”, aseveró a IPS vía telefónica Óscar Ledima Santiago, otro de los coordinadores de Radio Totopo.
“Toda esa discusión es una mentira porque las radios estamos siendo reprimidas por defender los derechos de los pueblos, y para cuando terminen de hacer los reglamentos ya no va a haber tierra por la cual luchar”, señaló.
Así lo señaló la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que divulgó la lista de los 39 “depredadores” de la libertad de información en el 2013. Con respecto al año anterior, cinco nuevos predadores se agregaron.
Entre ellos figura el nuevo presidente chino Xi Jinping, el grupo yihadista sirio Jabhat Al-Nosra, el partido de los Hermanos Musulmanes en Egipto, los grupos armados baluches de Pakistán y los extremistas religiosos de las Maldivas. “Estos predadores de la libertad de información son responsables de las peores exacciones cometidas contra los medios de comunicación y sus representantes”, subrayó RSF.
El reporte en América
A inicios de abril, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión presentó su informe anual sobre la región. Allí no solo se recogen los problemas en Ecuador, que ha generado el rechazo del Gobierno. También figuran otros 27 países del hemisferio. A continuación presentamos una síntesis.
Argentina
Medidas dirigidas y agresiones
Un clima hostil hacia el ejercicio del periodismo y el afán del Gobierno de tomar medidas que afecten a los medios privados, en especial los privados.
Esos son dos de los rasgos centrales que caracterizaron en 2012 la situación de la libertad de prensa en Argentina, generando así un ambiente de polarización entre el poder político y los medios. En su reporte, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA recuenta un total de 16 casos de amenazas, agresión física o campañas de difamación en contra de periodistas, principalmente privados.
Citando la Convención Americana de los DD.HH., la organización indica que esa confrontación cierra los espacios para el debate sosegado. Por eso, la Relatoría recordó que una de las tareas del Estado es contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, “incluso cuando le resulten ofensivas o perturbadoras”.
En ese sentido, dijo que el Gobierno de abstenerse de usar sus facultades para “premiar o castigar” a medios cercanos o críticos.
Esas palabras se refieren a una ley aprobada en 2011 que declara de “interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios”. Y citó el art. 13 de la Convención, que señala que no se puede restringir la libre expresión con el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. El Gobierno argentino, públicamente, no ha descalificado este informe.
Colombia
Uribe aparece en el informe
Aunque la Relatoría reconoce avances de la Justicia colombiana para sancionar a los responsables de muertes de periodistas, también señala que en el país hay inseguridad para ejercer el oficio.
En el 2012 hubo el asesinato de dos periodistas. El uno corresponde al radiodifusor Argemiro Cárdenas Agudelo, a manos de supuestos sicarios. La otra víctima fue Guillermo Quiroz, luego de una aparente agresión de un miembro de la Policía en una manifestación.
En ese sentido, la Relatoría recordó al Estado colombiano que está en la obligación de sancionar a los responsables, reparar a las víctimas e impedir que se repitan nuevos casos.
La Relatoría también reporta al menos otros 11 casos de amenazas e intimidación a periodistas y ex funcionarios públicos. En todos esos casos, las advertencias presumiblemente tienen como origen bandas criminales, grupos armados ilegales y actores políticos de diverso nivel.
En el reporte, la Relatoría también menciona al ex presidente Álvaro Uribe y su trato hacia la prensa. Específicamente reseñó un ‘trino’ de junio en Twitter en contra de comunicadores y analistas. “A las 5 p.m. publicaré Cartel de los Sicarios, Zuleta, Coronell, León Valencia, Cepeda”.
Según el reporte, “Uribe se ha caracterizado por hacer constantes declaraciones públicas que estigmatizan a periodistas independientes (…) y tienen la potencialidad de aumentar el riesgo objetivo para la vida”.
Bolivia
Judicialización a la prensa
El reporte subraya que en el país andino crece la tendencia de llevar a los tribunales a periodistas y medios, en busca de que sean sentenciados penalmente.
Uno de los casos emblemáticos es el iniciado por el gobierno de Evo Morales, en contra de dos periódicos y una agencia de noticias. A ellos se les acusa del supuesto delito de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, por el tratamiento que dieron a unas declaraciones del presidente Morales, sobre la pobreza en el Oriente del país.
Al comentar este caso, la Relatoría citó el art. 11 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa norma señala que la protección a la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles.
Además, le recordó a Bolivia que en estos casos debe probarse que en la difusión de las noticias el periodista “tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas…”.
A la par, el documento también recoge declaraciones “estigmatizantes” y de amenaza de autoridades de elección popular. Una de ellas corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los medios “inventan” conflictos y tienen “actitudes golpistas”. Y la otra a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien dijo sobre un diario: “No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa…”.
Estados unidos
La regulación encierra riesgos
Estados Unidos también está en el radar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y su informe. Aunque no ha ratificado la Convención Americana de DD.HH., el organismo también reseñó las dificultades de la libertad de expresión en ese país.
Uno de los temas que mayor preocupación genera es el trámite de la ley para poner fin a la piratería (Stop Online Piracy Act, SOPA).
Según la Relatoría Especial, los proyectos recibieron fuertes críticas online, por considerar que están redactados en un lenguaje demasiado amplio o ambiguo, que podría provocar el cierre de sitios Web completos con la consecuente limitación a la libertad de expresión.
Además, recordó que con la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU ya hizo un pronunciamiento en el mismo sentido.
El reporte también subraya otros casos en contra de este derecho fundamental. Por ejemplo, la acusación formal que el Gobierno hizo contra el ex agente de la CIA, John Kiriakou, quien habría filtrado información a medios sobre las prácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo en la administración de George W. Bush. O la orden de Leon Panetta, secretario de Defensa, de monitorear a los principales medios para detectar filtraciones no autorizadas de información clasificada”. El organismo recordó que en 2010 la Relatoría de la ONU dijo que los Estados deben proteger a testigos que revelen ese tipo de datos.
En otros países…
Canadá. El grupo Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión y otras 5 organizaciones periodísticas solicitaron al Gobierno levantar las restricciones para que los científicos federales puedan hablar libremente con los medios de comunicación.
Chile. La Relatoría tomó nota de procesos penales contra un grupo de radios comunitarias, por operar sin las respectivas licencias. Señaló que espera que la Legislatura acabe la revisión de la norma para que el tema no siga en la vía penal.
Cuba. La situación de la libertad de expresión en Cuba es similar a la presentada en los últimos años. Al respecto, la CIDH señaló que Cuba es el único país de las Américas donde se puede afirmar que no se garantiza de ninguna manera la libertad de expresión.
Guatemala. Tres periodistas, que en sus carreras han divulgado violaciones a los DD.HH. en el conflicto interno, fueron denunciados por su presunta participación, por acción u omisión, en crímenes cometidos por grupos guerrilleros.
México. Las amenazas y asesinatos de periodistas ocupan un lugar importante en el informe. Más de 22 acápites recogen informaciones sobre los atentados contra los informadores y medios de comunicación.
Panamá. El documento reseña el juicio por USD 5,5 millones del ex presidente Ernesto Pérez Balladares al periódico La Prensa, por mencionarlo en una investigación de supuesto lavado.
Fuente: El Comercio, 3.5.13 por Santiago Zeas, periodista ecuatoriano
� sM�Y ��V style=’text-align:justify’>A la par, el documento también recoge declaraciones “estigmatizantes” y de amenaza de autoridades de elección popular. Una de ellas corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que los medios “inventan” conflictos y tienen “actitudes golpistas”. Y la otra a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien dijo sobre un diario: “No sé si se van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa…”.
Estados unidos
La regulación encierra riesgos
Estados Unidos también está en el radar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y su informe. Aunque no ha ratificado la Convención Americana de DD.HH., el organismo también reseñó las dificultades de la libertad de expresión en ese país.
Uno de los temas que mayor preocupación genera es el trámite de la ley para poner fin a la piratería (Stop Online Piracy Act, SOPA).
Según la Relatoría Especial, los proyectos recibieron fuertes críticas online, por considerar que están redactados en un lenguaje demasiado amplio o ambiguo, que podría provocar el cierre de sitios Web completos con la consecuente limitación a la libertad de expresión.
Además, recordó que con la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU ya hizo un pronunciamiento en el mismo sentido.
El reporte también subraya otros casos en contra de este derecho fundamental. Por ejemplo, la acusación formal que el Gobierno hizo contra el ex agente de la CIA, John Kiriakou, quien habría filtrado información a medios sobre las prácticas de tortura contra sospechosos de terrorismo en la administración de George W. Bush. O la orden de Leon Panetta, secretario de Defensa, de monitorear a los principales medios para detectar filtraciones no autorizadas de información clasificada”. El organismo recordó que en 2010 la Relatoría de la ONU dijo que los Estados deben proteger a testigos que revelen ese tipo de datos.
Asociacion de Periodistas de Tarija
Web Oficial