Linchamiento mediático

por Juan José Toro Montoya

Si se pretende regular el periodismo en Bolivia –pues ya es hora de que eso ocurra–, las normas deben partir del mismo periodismo y sólo merecer su aprobación en la instancia legislativa. De otra forma, estaremos repitiendo la experiencia ecuatoriana y condenaremos a nuestro país al oscurantismo

A través de artículos publicados en esta columna, entrevistas y mi investigación titulada “Prensa enemiga” –que ninguna organización periodística quiso publicar– repetí machaconamente que es antinatural que los políticos elaboren leyes para regular el periodismo.

Y digo “antinatural” porque la prensa es, en esencia, enemiga de los políticos. Debido a su estructura organizacional, los Estados son manejados por los políticos y, si bien el manejo estatal debería ser público, los políticos se sienten más cómodos cuando su actividad no se hace pública. Como la función de la prensa es hacer pública la actividad de los encargados del manejo del Estado, se produce una colisión que deviene en el eterno enfrentamiento entre prensa y políticos.

Y ya que prensa y políticos son enemigos, ¿no es ilógico permitirles a estos que regulen a aquella? Precisamente por la referida enemistad natural, los políticos aprovecharán cualquier oportunidad que tengan para restringir el trabajo de la prensa o, peor aún, controlarla del todo. Sobran ejemplos para probar esa aseveración y la más reciente es la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.

Los informes señalan que esta ley maduró durante cuatro años en el país hermano. Uno de los textos de este proceso es el que fue remitido al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, por el asambleísta Mauro Andino el 18 de julio del año pasado. Cuando se lee ese documento se llega a la conclusión de que la norma pretende implantar control estatal al periodismo pero, al margen de esa cuestionable intención, existen artículos que, bien vistos, podrían mejorar el manejo de la prensa no sólo en Ecuador sino en cualquier otro país.

Pero ése no es el texto aprobado el 14 de junio por los asambleístas ecuatorianos.

El texto votado, y que hoy causa controversia, es el que Andino remitió el 13 de junio recién pasado a la actual presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con notorios cambios en su redacción. Al comparar ambos documentos se llega fácilmente a la conclusión de que el original pudo ser redactado por especialistas en la materia y probablemente tenía la loable intención de poner orden al caos jurídico en el que se desenvuelve el periodismo, pero el que se aprobó finalmente fue cambiado por alguna o algunas personas cuyo propósito es, evidentemente, el control de la prensa ecuatoriana.

El documento aprobado crea figuras como la Superintendencia de la Información y Comunicación que, según reza el Artículo 55, “es  el  organismo técnico de  vigilancia, auditoría, intervención y control, con  capacidad  sancionatoria,…” que tendría el Estado ecuatoriano sobre la prensa de su país.

La Ley Orgánica de Comunicación también crea un bodrio jurídico denominado “linchamiento mediático” que, según define el párrafo “j” de la norma cuarta del Artículo 10, es “la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

Todas las páginas de este periódico serían insuficientes para explicar lo ridículo y estúpido que es utilizar la palabra “linchamiento” en ese contexto pero el propósito de este artículo es otro.

Baste decir que lo ocurrido en Ecuador confirma, por enésima vez, mi afirmación de que los políticos no deben legislar al periodismo. Si se pretende regular el periodismo en Bolivia –pues ya es hora de que eso ocurra–, las normas deben partir del mismo periodismo y sólo merecer su aprobación en la instancia legislativa. De otra forma, estaremos repitiendo la experiencia ecuatoriana y condenaremos a nuestro país al oscurantismo de una prensa controlada.

Fuente: Los Tiempos, 20.6.13 por Juan Jose Toro, periodista boliviano

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