por César Montufar
Los primeros pasos para la aplicación de la Ley de Comunicación lo han dado los organismos nominadores del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Esta nueva institución, a pesar de haber sido debilitada en el texto aprobado frente a la Superintendencia que asumió la función sancionatoria, conservó importantes atribuciones como son la de elaborar informes vinculantes autorizando la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, informes para la reversión de frecuencias de concesionarios que incumplan su plan de comunicación y un amplio poder reglamentario en temas como los procedimientos administrativos para la presentación de reclamos y la aplicación de sanciones, los requerimientos del catastro de medios y las condiciones de distribución local de la inversión publicitaria, entre otros.
El Consejo no es, entonces, un organismo menor. Por ello, resulta la crónica de una muerte anunciada el que los 5 flamantes consejeros compartan tres características. Primero, tener vínculos o evidente simpatía con el proyecto político oficialista; segundo, haber colaborado con el mismo desde distintas posiciones de mayor o menor jerarquía y; tercero, carecer de un amplio reconocimiento académico y social en el campo de la comunicación.
Las tres características tienen su peso. La primera y la segunda dan cuenta del nivel de dependencia política respecto del Ejecutivo que se manifestará en las decisiones del Consejo. Sobre aquello insistimos que los estándares internacionales de garantía de la libertad de expresión prohíben que los órganos reguladores de la comunicación sean controlados por el poder económico o político. Sin duda alguna, el Gobierno de turno fue el gran elector detrás de las designaciones de los consejeros.
La tercera, en cambio, contrasta con un debate que surgió durante la elaboración de la ley. Varios sectores académicos propusieron conformar un Consejo de Comunicación integrado por personas del más alto nivel académico y ético para que ejerciera una suerte de control moral y deontológico del trabajo de los medios. El Consejo designado, por el contrario, presenta una realidad triste y distinta. Salvo uno de sus integrantes, que teniendo un perfil académico no es comunicador sino sociólogo, los restantes están muy lejos de exhibir credenciales como las mencionadas. Uno es periodista, otros han pasado por los medios públicos o la Secom, pero ninguno es autoridad en la materia.
Se dirá que hay que esperar a que el Consejo actúe para empezar a juzgarlo. Pero a 6 años de revolución, primero un camello pasará por el ojo de una aguja antes de que uno de estos nuevos organismos ensaye un guiño de independencia. El intento de controlar la comunicación desde el Estado inició su marcha.
Fuente: El Comercio, 29.7.13 por Cesar Montufar, ecuatoriano, dirigente político de oposición, analista y académico