por Julia Rodríguez Larreta
Mientras que gobiernos como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina iban cercenando la libertad de expresión, Uruguay lucía invicto frente a estas oleadas de autoritarismo. Nuestro país parecía seguir destacándose en el continente por una mayor solidez democrática, máxime luego de que el presidente José Mujica manifestara enfáticamente, en aquel recordado reportaje de la revista brasilera Veja, que “la mejor ley de medios es la que no existe” a la vez de agregar que si le entregaban una, la tiraría a la basura.
Sin embargo, eso ocurrió al principio de su mandato y ahora, en el año precedente a las próximas elecciones, el Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento una ley de medios que otorga un poder de intervención y de control al poder central, que preocupa seriamente. Cómo será la cosa, que hasta uno de los que participaron en el armado de este proyecto, el director de la Liccom (licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Udelar), Gabriel Kaplún, en una reciente reunión para tratar el tema, se puso a criticar ciertos aspectos del mamotreto de 183 artículos. En sus reparos respecto de los órganos de contralor, coincide llamativamente con las advertencias del ámbito político, de los sectores afines y de todos los que detectan el peligro que implica el surgimiento de censores oficiales.
Algo que rompe los ojos es la dicotomía que impregna a este profuso articulado. Con esa dualidad característica de las leyes que apuntan a constreñir la libertad de expresión y empujar a los medios hacia la autocensura, los cepos se disimulan tras frases que parecen garantizar aquello que justamente piensan vulnerar, o sea, la libertad de expresión. En el art. 14 se puede leer, “está prohibida la censura previa, las interferencias o presiones directas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio audiovisual”. Como no todos están dispuestos a leer de principio al fin tamaño proyecto, esas frases sirven para tranquilizarlos. Pero resulta que más adelante se prevé el nacimiento del Consejo De Comunicación Audiovisual que asesorado por la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audio Visual y un “ombusdman” supervisarán si se cumple con el espíritu de la ley. De considerar que no es así, podrán sancionar y poner multas, inclusive tan onerosas que podrían comprometer la supervivencia del medio. Estos fiscales serán nombrados por el Estado. Sin pelos en la lengua, Gabriel Mazzarovich, militante del Partido Comunista, afirmaba según Búsqueda, “que no había posibilidad de hacer ninguna transformación de fondo. Si la izquierda no se mete con los medios, habrá pasado por el poder sin rozarlo…Esto no es un debate cultural, es un debate ideológico con la derecha por el poder”. Dignos discípulos del comunista italiano Gramsci, cuyas directrices han seguido al pie de la letra
Fuente: El Comercio, 23.7.13 por Julia Rodríguez Larreta, periodista uruguaya