Información pública restringida es vulnerar libertad de prensa

por Armando Mariaca

Un extraño proyecto elaborado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pretende vulnerar la libertad de información y prensa al bloquear el espíritu de facilitar y reconocer ampliamente los derechos de la colectividad para acceder a la información pública. La medida ha sido proyectada por quien o quienes seguramente no tienen en cuenta que la información pública es básica y necesaria para el conocimiento público de todo lo que es el Estado y de todos los hechos en los que intervengan las autoridades.

Instituciones de la prensa han dado a conocer sus observaciones sobre puntos que efectivamente vulneran un derecho inalienable de conocer, analizar y juzgar todo lo que compete al Estado y que es administrado por el gobierno; los proyectistas pretenden vulnerar toda libertad al “anular las categorías de información secreta, reservada y confidencial consignadas en el decreto 28.168 promulgado en mayo de 2005 por el presidente Carlos Mesa y borra el principio de la máxima divulgación y la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”. Este criterio de las organizaciones de prensa del país es claro y contundente.

El proyecto, que impulsaría cerrar, bloquear o impedir el libre acceso a la información en lugar de abrir herméticos mecanismos, no es deseable ni aconsejable porque es atentatorio contra la libertad de información o expresión que son partes sustantivas de la libertad de pensar, sentir y opinar muy íntima y responsablemente, como es de desear, que debe ser el uso de las libertades partiendo del pensamiento y terminando en hechos que, de ninguna manera, puedan implicar daño, perjuicio o desprestigio para las personas e instituciones.

La disposición sobre la Información Administrativa aprobada por la Organización de Estados Americanos indica que las restricciones deben aplicarse solamente “cuando pueda afectar la seguridad interna del Estado o las relaciones internacionales; cuando una publicación pueda generar desinformación o confusión en el público; cuando por la naturaleza de la materia reglada en el acto de carácter general sea conveniente no publicar el texto ya que podría provocar en la colectividad algún efecto negativo nocivo al sentido normativo de la regulación”. Esta disposición es clara y nadie puede alegar razón alguna para privar al público y su opinión pública de conocer, analizar, juzgar y opinar con las debidas responsabilidades a ningún ciudadano que tiene en los medios de comunicación sus sistemas para saber, conocer y entender.

El proyecto pretendería impedir, hablar, opinar, escribir, informar o analizar “sobre los vulnerables recursos naturales y su preservación, sobre la economía y los recursos financieros estatales, y todo tema que en opinión de los funcionarios jerárquicos pueda incomodar a los gobernantes”. El derecho a la información es un bien inalienable y “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos” de acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Las informaciones que se generen en cualquier actividad privada o pública y que sean de interés de la colectividad, mientras no atenten contra la seguridad del Estado o puedan afectar a las relaciones internacionales o vulneren derechos de las personas o instituciones o puedan sembrar confusión en el público y crear ambientes de desorientación o confusión, o sean informaciones que atenten contra las políticas nacionales que beneficien a la nación, no pueden ni deben ser vulneradas a título de poder que ostente.

La información precisa sobre todo lo que compete al país es absolutamente necesaria, inclusive para las mismas autoridades del gobierno; cualquier vulneración a ese derecho es atentar contra las mismas labores administrativas que se cumplan en favor del Estado. En lo referido a los medios de comunicación o labor de periodistas, comunicadores, editorialistas, analistas y comentaristas, rigen los principios de responsabilidad y ninguno de ellos, por disponer de un medio, puede alterar derechos y menos atentar contra lo que la sana razón, la moral, la prudencia y la responsabilidad permiten porque, de hacerlo, se atentaría contra lo que permanentemente se defiende.

La libertad de pensamiento de la que proviene la libertad de expresión tiene asidero y razón de ser para tener acceso a las fuentes de información y nadie, por poder político, social o económico que tenga, puede restringir; de hacerlo, complotaría contra sí mismo y afectaría totalmente a las demás libertades que rigen o deben primar en la vida de los gobiernos y de los pueblos.

Finalmente, el Poder Legislativo conjuntamente el Ejecutivo deberían convenir en que preservar, mantener y respetar el libre acceso a la información pública es garantía de transparencia, honestidad y responsabilidad para las mismas autoridades; de otro modo, podría surgir la sospecha de que se piensa soslayar la información por haber hechos y realidades ajenos a la Constitución y las leyes.

Fuente: El Diario, 16.8.13 por Armando Mariaca, economista y periodista boliviano

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