Fuente: Los Tiempos, 25.10.13 por Jaime D´Mare C., periodista
La libertad de expresión siempre estuvo sometida por el poder. Este innato don de la naturaleza humana, está dominado por él, atado a normas del ordenamiento legal, de manera que el poder que se encarga de administrar las instancias judiciales tiene en sus manos instrumentos muy parecidos o iguales al del poder inquisidor, de persecución y aniquilamiento, contra quien o quienes se atreven a hablar de manera reflexiva, observando y cuestionando los excesos del poder.
En materia de libertades informativas, del periodismo, –una de las más cristalizadas formas de la libertad de expresión–, hemos retrocedido siglos en Bolivia. La situación actual puede compararse a la de las épocas absolutistas e inquisidoras, no obstante la evolución –fundada en el racionalismo humanista– de su concepto. Son las nuevas leyes, como en otra época eran las ordenanzas reales, los edictos, las que penden sobre quienes pretenden expresarse de manera contraria a los que manejan las riendas del Estado, y no aquellos principios democráticos de que la “verdad salga a luz”.
La persecución judicial, una nueva forma de persecución política, acuñada por la nueva lógica del poder, es la amenaza permanente contra quien o quienes se atreven a escribir contra las formas abusivas del circunstancial poder político. Es el amedrentamiento, el miedo a expresarse, el que internamente aprisiona la voluntad de decir lo que se quiere decir. Una forma de represión que sólo era conocida en las épocas coloniales no poder expresar sobre lo que uno siente.
¿Acaso no es ésta una nueva forma de emplear el violentismo contra la libertad de pensamiento, de opinión?. Peor todavía, es una forma de cultivar seres castrados del pensamiento.
Las amenazas de judicialización de la información, ha sacado del aire a varios programas televisivos en La Paz, Santa Cruz, principalmente, y varios columnistas de periódicos han trastocado sus plumas hacia otros ámbitos, no escriben como escribían en abierta crítica. Parecería que el gobierno está empeñado en cultivar ciudadanos complacientes y sumisos.
La libertad de expresión en Bolivia según los ojos del gobierno es irrestricta y absoluta, y hasta “exagerada”, como alguna vez dijo el mismo Presidente. Es verdad que es irrestricta para quienes piensan igual como quienes nos gobiernan. Veamos nomás la cantidad de medios escritos, aunque eventuales, que se exhiben en los kioscos diarieros, exaltando la bandera del “proceso de cambio”. Es incomparable la cantidad de semanarios, quincenarios, revistas, además de las radios y canales de televisión comunitarios, solventados por el oficialismo dada la profusión de publicidad o de propaganda estatal en sus páginas.
Alineados a la ideología imperante, propagandizan, sin o con razón, todo lo que hace y dice el presidente Morales al más puro estilo “gobbeliano”, convirtiendo las mentiras en verdades, diseminando la desinformación, las medias verdades y las falsedades. Tamaña instrumentalización sirve –no para contrarrestar las ideas, para el debate o la discusión– sino para confundir, generar miedo, para atemorizar a todos quienes se atrevan a contrariar las políticas estatales.
Frente a esa avalancha, los medios privados, sobre los cuales es constante la queja, representan un conglomerado reducido que trata de hacer escuchar su voz dando cabida a esos pocos que sortean los riesgos de las amenazas y las persecuciones judiciales.