Declaración de Santa Cruz de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia

Las relaciones entre la prensa y el poder políticamente constituido en todos sus niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, se ha deteriorado visiblemente en los últimos años, cada vez son más los casos de agresiones a los periodistas y los medios de comunicación, en los que la acusación permanente es la supuesta oposición política, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, situación que, incluso vulnerando los Derechos Constitucionales y los instrumentos normativos de protección de Derechos Humanos, atenta directamente contra la libertad de expresión como manifestación legítima del ejercicio democrático.

En este sentido, es posible observar las siguientes restricciones y limitaciones al ejercicio periodístico:

•          Trato discrecional de las fuentes oficiales hacia los periodistas que son considerados opositores, tal valoración está relacionada con la cobertura de acontecimientos que tocan aspectos sensibles a la órbita de poder. Las vocerías institucionales niegan acceso a la información pública, utilizando una prelación arbitraria a la hora de bridar información.

•          Discriminación en el ingreso de los periodistas a las conferencias de prensa, separando a los medios entre “amigos” y “enemigos”.

•          Evidente intolerancia a la crítica y el disenso, de parte de las autoridades gubernamentales en todos sus niveles.

•          Se pone en riesgo la seguridad jurídica de los medios de comunicación social cuando la asignación de la propaganda gubernamental nacional, departamental y municipal, está condicionada al favor de los intereses políticos de las autoridades en turno.

•          Evidente restricción del derecho de acceso a la información pública relacionada con la administración de los recursos y la gestión pública.

•          Permanentes y crecientes agresiones en contra de periodistas, hechos que no solo vienen desde el poder político constituido, sino también desde las organizaciones sociales afines y hostiles al gobierno en sus distintos niveles.

•          Impunidad y retraso en el esclarecimiento de los hechos delictivos y denuncias que afectan a medios de comunicación y periodistas.

•          Contrataciones laborales contrarias a las disposiciones legales que rigen al ejercicio legal de la profesión periodística, establecidas en la Ley 494.

•          Tendencia al oligopolio en la propiedad de los medios de comunicación, venida desde el oficialismo y otros sectores.

Frente a la situación descrita, el VIII Congreso Nacional de Periodistas de Bolivia, reunido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declara:

El acoso de los círculos de poder hacia los medios de comunicación y los periodistas nos hace ver que es necesario que toda Bolivia reflexione sobre la necesidad de ponerle punto final a los discursos y acciones violentas que perturban la paz, las leyes, el estado de derecho y la democracia. Esta reflexión debe llevarnos a tomar conciencia de la necesidad de una reconciliación plena, de un reencuentro de todos los bolivianos por encima de las posiciones doctrinales y de los intereses secundarios, que nos haga llegar responsables y serenos a la próxima cita electoral.

La paz, aun si los periodistas no lo dijésemos, emana de una reflexión sobre la administración responsable del poder. Cuando es administrado en beneficio de sectores privilegiados los resultados nunca han sido positivos para la convivencia nacional y para la democracia. Como

tampoco pasa por alto la responsabilidad ética y moral de los servidores públicos.

Para los periodistas la democracia que vivimos es un mandato del pueblo, de ese pueblo que no escatimó esfuerzos y expuso su vida para rescatar el Estado de Derecho de aquellos grupos que al amparo de la fuerza del propio Estado lo expusieron a la arbitrariedad, a la ilegalidad y la dictadura.

Nos vemos obligados a recordar a los políticos del país que el pueblo ha luchado también por la libertad plena de pensamiento, expresión y de prensa, por tanto, reafirmamos nuestra defensa intransigente de estas libertades, ratificando además la plena vigencia de la Ley de Imprenta.

Es dado en la Sala de sesiones del VIII Congreso Nacional de Periodistas realizado el 22 y 23 de noviembre de 2013 en Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: ANPB, 24.11.13

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