Month: January 2014

Cuando, en julio de 1974, la dictadura del general Juan Velasco Alvarado estatizó todos los diarios y canales de televisión en el Perú, explicó que hasta entonces en el país sólo había habido libertad de empresa y que a partir de ahora, al pasar los medios de comunicación de sociedades capitalistas al “pueblo organizado”, comenzaría a existir la verdadera libertad de prensa. La realidad fue distinta. Los diarios, radios y canales expropiados se dedicaron a ensalzar todas las iniciativas del régimen, a difamar y silenciar a sus críticos y, además de desaparecer toda libertad de información, el periodismo peruano alcanzó aquellos años unos extraordinarios niveles de mediocridad y envilecimiento. Por eso, cuando, seis años después, al ser elegido presidente, Fernando Belaunde Terry devolvió los diarios y demás medios estatizados a sus dueños, una gran mayoría de peruanos celebró la medida.

Creo que a partir de entonces buena parte de la opinión pública en el país aceptó —algunos con alborozo y otros a regañadientes— que la libertad de prensa era inseparable de la libertad de empresa y de la propiedad privada, pues, cuando estas desaparecían, con ellas se esfumaba la información independiente así como toda posibilidad de criticar al poder. Por eso, la dictadura de Fujimori y Montesinos utilizó una manera menos burda que la estatización para asegurarse una prensa adicta: la intimidación o repartir bolsas de dólares entre periodistas y dueños de medios de comunicación.

Ahora bien, que haya una economía de mercado y se respete la propiedad privada no bastan, por sí solas, para garantizar la libertad de prensa en un país. Esta se ve amenazada, también, si un grupo económico pasa a controlar de manera significativamente mayoritaria los medios de comunicación escritos o audiovisuales. Es lo que acaba de ocurrir en el Perú con la compra, por el grupo El Comercio, de los diarios de Epensa, operación que le asegura el control de poco menos que el 80% de la prensa escrita en el país. (El Comercio posee también un canal de cable y el más importante canal de televisión de señal abierta del Perú). Esto ha generado un intenso debate sobre la libertad de información y de crítica, algo, me parece, sumamente útil porque el tema desborda el ámbito nacional y afecta a buena parte de los países latinoamericanos.

Ocho periodistas han presentado una acción de amparo ante al Poder Judicial pidiendo que anule aquella compra, pues, alegan, transgrede el principio constitucional prohibiendo que los medios sean “objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento”. Por su parte, El Comercio sostiene que el modelo de compra que ha efectuado con los diarios de Epensa sólo concierne a su impresión y distribución, y preserva su línea editorial. Sin embargo, según precisó Enrique Zileri Gibson, uno de aquellos ocho periodistas, ni uno solo de los diarios de El Comercio y de Epensa informó que el Poder Judicial había dado trámite a la acción de amparo en contra de la fusión. ¿Esta unanimidad en el silenciamiento era puramente casual?

Ningún país democrático admite que un órgano de prensa acapare porcentajes elevados del mercado de la información, porque, si lo admitiera, la libertad de prensa y el derecho de crítica se verían tan radicalmente amenazados como cuando el poder político se apropia de los medios para “liberarlos de la explotación capitalista”. La pregunta clave es: ¿cuál es la mejor manera de impedir el monopolio, privado o estatal, de la información? ¿Una ley de medios, discutida y aprobada en el Parlamento? Es lo que ha anunciado que presentará un congresista, Manuel Dammert, proyecto que contaría con el apoyo de dos de los partidos que sostienen al Gobierno del Presidente Humala.

Este sería, en mi opinión, un remedio peor que la enfermedad. En vez de garantizar la diversificación informativa, pondría en manos del poder político un arma que le permitiría recortar la libertad de prensa y hasta abolirla. Es verdad que en varias democracias avanzadas hay leyes específicas contra el monopolio y organismos de Estado que verifican su cumplimiento, como la española Comisión Nacional de la Competencia. Son organismos de Estado, no de Gobierno. Esta distinción sólo es real en las sociedades desarrolladas. En el mundo del subdesarrollo la diferencia entre Estado y Gobierno es retórica, pues, en la práctica éste último coloniza el Estado y lo pone a su servicio. Por eso, todas las leyes de medios que se han dado en los últimos años en América Latina, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, han servido a gobiernos populistas o autoritarios para recortar drásticamente la libertad de información y de opinión y hacer pender, como una Espada de Damocles, la amenaza del cierre, la censura o la expropiación, a los órganos de prensa indóciles y críticos de su gestión.

¿Cuál es, entonces, la salida? ¿Aceptar, como mal menor, que un órgano de prensa controle más de tres cuartas partes de la información y creer los sofismas de los valedores de El Comercio sosteniendo que la fusión carece de connotaciones políticas y resulta únicamente de la eficacia y talento con que han sabido vender su “producto” en el mercado informativo? Para semejante razonamiento, no hay diferencia entre un órgano de prensa y “productos” como las cacerolas o los jugos de fruta. La realidad es que cuando una cacerola derrota a sus competidores y se queda dueña del mercado lo peor que puede pasar es que el precio de las cacerolas suba o que “el producto” empiece a deteriorarse, porque el monopolio suele producir ineficiencia y corrupción. En cambio, cuando un órgano de prensa anula a los competidores y se convierte en amo y señor de la información, ésta pasa a ser un monólogo tan cacofónico como el de una prensa estatizada y con ella no sólo la libertad de información y de crítica se deterioran, también la libertad a secas se halla en peligro de eclipsarse

La manera más sensata de conjurar este peligro es, creo, la que han elegido los ocho valientes periodistas que se han enfrentado al gigante: recurrir al Poder Judicial a fin de que determine si la fusión transgrede el principio constitucional contra el monopolio y el acaparamiento, como creemos muchos demócratas peruanos, o es lícita. Este proceso, con las inevitables apelaciones, puede llegar hasta las más altas instancias judiciales, desde luego, e, incluso al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de San José. A mí me gustaría que llegara hasta allí, porque ésta es una institución verdaderamente independiente y capaz, de modo que su fallo tiene más posibilidades de obtener el asentimiento de la opinión pública peruana.

Nada semejante ocurriría si llega a prosperar la iniciativa —inoportuna y profundamente perjudicial para un Gobierno que, hasta ahora, ha respetado las instituciones democráticas— del congresista Manuel Dammert. Por desgracia, el Congreso tiene muy poca autoridad moral e intelectual en el país —en todas las encuestas es una de las instituciones peor valoradas— y no hay posibilidad de que este debate fundamental sobre la libertad de prensa se lleve a cabo allí de la manera serena y alturada que requiere un asunto esencialmente vinculado a la supervivencia de la democracia.

Una ley de prensa sólo es aceptable si ella nace del consenso de todas las fuerzas democráticas de un país, como ocurre en Estados Unidos, el Reino Unido, España o Francia, algo que, en las actuales circunstancias, en el Perú, donde la vida política está fracturada y enconada hasta extremos absurdos —precisamente en el momento en que su economía marcha mejor, la democracia funciona, crece la clase media, progresa la lucha contra la pobreza y la imagen exterior del país es muy positiva—, jamás se produciría y la fractura y el encono aumentarían en un debate donde los argumentos legales y principistas serían arrasados en la incandescencia del debate político.

Pero, aún si se produjera aquel consenso, yo creo que una ley de medios es innecesaria cuando existe un dispositivo constitucional tan claro respecto a la necesidad de mantener el carácter plural y diverso de la prensa, a fin de que los distintos puntos de vista encuentren cómo expresarse. Es mejor que cuando se susciten casos como el que nos ocupa, se recurra al Poder Judicial, de manera específica, en busca de una solución concreta al asunto materia de controversia. Es un procedimiento más lento, sin duda, pero con menos riesgos en lo que concierne al objetivo primordial: preservar una libertad de opinión y de crítica sin la cual la democracia se desmorona como un castillo de naipes

Fuente: El País, 12.1.14 por Mario Vargas Llosa, escritor peruano

Las redes sociales son un espacio de proyección del trabajo de los periodistas, fuente informativa y terreno para establecer una interlocución distinta con los lectores. Pero la intervención del periodista no puede tener la misma franqueza que en una taberna y hay un largo repertorio de episodios conflictivos en esta relación, necesaria, que se establece en las redes sociales. En noviembre de 2012, la dirección de The New York Times destinó un editor a tutelar preventivamente los mensajes en las redes sociales de su responsable del despacho en Jerusalén después de que publicara comentarios o enlaces (a un diario libanés favorable a Hezbolá, por ejemplo) que fueron muy criticados por lectores que los consideraban una toma de partido. La defensora del lector del diario apoyó la medida del diario para asegurarse que las intervenciones en las redes sociales de su periodista fluyeran más suavemente. Se trataba, escribió, de aprovechar la promesa de compromiso de los medios de comunicación social con los lectores sin exponer The Times “a los pensamientos sin filtrar y sin editar de un reportero”. Otros finales han sido más penosos. La CNN, por ejemplo, despidió a una redactora, Octavia Nasr, en 2010 por un “controvertido” mensaje político en Twitter. Nasr comentó posteriormente que en las redes sociales no se trata de lo que dices y de lo que quieres decir, se trata de la percepción de lo que has dicho y de lo que quisiste decir. “¿Qué guía puede abordar eso?”, se preguntaba.

En dos años, he recibido muy pocas quejas sobre el tono de alguna réplica de periodistas o colaboradores de este diario en las redes sociales. Quejas de envergadura dispar y nada comparable con el asedio injurioso que algunos foreros practican en sus comentarios sobre distintos redactores. La última llegó recientemente. Una periodista de este diario enlazó en su cuenta de Twitter una viñeta de El Roto publicada por EL PAÍS. Mostraba una mujer embarazada que se hacía la siguiente reflexión: “¿Cómo es eso de que el embarazo es mío y el aborto de un psiquiatra, un cura, un juez?”. Y un lector replicó que cómo era eso de que la pensión de manutención de los hijos es del padre y la decisión de abortar solo de la madre. Esta intervención motivó un segundo mensaje de la periodista que concluía con la frase: “¿En qué mundo vives?”. Otros miembros de la red entraron en el debate, uno de ellos tratando al citado lector de “zopenco”. Y este me remitió una carta, de quien mantengo el anonimato para no multiplicar el insulto, en la que manifiesta que es profesor universitario, “me presento con mi nombre, apellidos y fotografía, me he limitado a rebatir un argumento fundado en un conocimiento deficiente del Derecho de familia español” y considera una afrenta pública la expresión “en la que se me tutea y se me dice que no sé en qué mundo vivo, hecho con el salvoconducto de ser periodista de EL PAÍS” y jaleada, prosigue, por trolls, condición que algunos intervinientes en el foro achacan, a su vez, al lector. La periodista se inhibió en el cruce de mensajes posteriores y no publicó ninguna otra réplica. Los diálogos en la red social admiten un registro más cotidiano y de mayor emotividad, pero la interjección no es la respuesta apropiada. En todo caso, la periodista no fue la autora del insulto.

Pero al margen de episodios concretos, la cuestión de cuál ha de ser la conducta de un periodista en las redes sociales está abierta y no hay recetas únicas.

La empresa editora de este diario publicó, la versión definitiva data de 2012, un breve código en el que se enumeran principios generales aplicables a toda persona vinculada de una forma u otra a las empresas del grupo y en cualquier entorno digital, ya sean redes sociales o blogs personales o profesionales. En el mismo se tratan cuestiones como la asunción de los valores democráticos, confidencialidad sobre futuros productos u operaciones de la compañía, respeto a la legalidad, responsabilidad en el empleo de fuentes, evitar los rumores, corregir los errores… y se añade un protocolo de respuesta en caso de crisis, entendida como daño a la empresa o a sus empleados. Sobre la cuestión de la relación con los lectores, el artículo 5 fija que “siempre debemos utilizar un lenguaje y tono correctos, siguiendo las normas básicas de educación socialmente establecidas” y termina con una apelación, en el artículo 10, al sentido común. Se trata de un código breve y genérico, muy distinto a los que se prodigan en el mundo anglosajón.

The Washington Post en su guía de conducta en redes sociales recuerda a sus periodistas que cuando intervienen en ellas siempre son periodistas del diario y les recomienda, antes de publicar un mensaje, preguntarse si su contenido suscitará las dudas del lector sobre su capacidad para hacer el trabajo de manera objetiva y profesional. “Si es así, no lo publiques”, concluye. El texto incluye recomendaciones prácticas como la de contar hasta 10 antes de responder a una crítica, no tomarla como algo personal y nunca replicar en nombre del diario.

En el código de la agencia AP figura una advertencia sobre activar un “me gusta” de la página de un político o hacerse seguidor de la web de determinadas organizaciones, porque ello puede crear la percepción “entre las personas no familiarizadas con el protocolo de redes sociales” de que aquel miembro de AP es un defensor de sus postulados. Es una prevención que figura en más de una guía de este tipo. Algunas, ante la necesidad informativa de seguir estas páginas, establecen que el periodista también figure como seguidor de sitios digitales que mantienen posiciones opuestas para que no se confunda el propósito informativo de este seguimiento con nada que pueda acercarse a una adscripción ideológica.

El de la BBC, por ejemplo, establece que si a un corresponsal político le interesa por razones profesionales unirse a un grupo de Facebook del partido laborista también debe hacerlo con uno del conservador, uno de los liberales y uno de los nacionalistas. En el código de AP se llega a detallar que sus directivos “no deben emitir solicitudes de amistad a los subordinados. No pasa nada si los empleados quieren iniciar el proceso de amistad en línea con sus jefes”. En la guía de la BBC, algunas normas son más restrictivas para los periodistas que trabajan en los contenidos editoriales, particularmente los políticos, que para el resto de personal. Es recurrente en varios supuestos el deber de consultar previamente a un superior.

Un aspecto que se reproduce también en más de una guía es el de mantener el diálogo con los lectores, pero evitar, como describe el de AP, “entrar en prolongados intercambios de ida y vuelta con la gente enojada que se vuelve menos constructiva con cada nueva ronda”. Los comentarios abusivos deben reportarse, prosigue, a la compañía que actuará para conseguir su borrado.

Reuters ha optado por unas recomendaciones más genéricas y breves. Tras advertir que se debe evitar, “a toda costa”, la retórica incendiaria o el hablar por hablar, termina con un “tener cuidado” y antes de colgar un mensaje aconseja reflexionar sobre el impacto que pueda tener en “nuestra profesionalidad o reputación colectiva”.

Ningún código, por más extenuante que sea su articulado, anticipará y resolverá todos los conflictos que pueden presentarse. Con todo, los principios generales que establecen los códigos éticos, aunque daten del periodo analógico, son aplicables igualmente. Los periodistas de un medio han de tener presente que, sea cual sea el tema que traten, se identifiquen o no como tales miembros de la Redacción, muchos de sus seguidores lo son por su condición profesional y la prudencia en las redes sociales nunca será un error, particularmente si se comentan temas que se siguen profesionalmente.

El juicio sobre una práctica profesional se establece analizando el tratamiento dado a una información, pero las intervenciones del periodista en las redes sociales pueden confundir este análisis o propiciar conclusiones erróneas. Una cosa es atender la crítica razonada, para rebatirla o asumirla, y otra responder a provocaciones que únicamente pueden alimentar una riña inútil y que seguramente está en la intención de quien la inicia. La paradoja reside, como escribió la defensora de A Folha en un polémico asunto, en que quien necesita y trabaja por la libertad de expresión debe limitar la propia para proteger su credibilidad y la del medio.

Fuente: El País, 12.1.14 por Tomás Delclós, periodista y Defensor del Lector de El País

Los requisitos legales o las eventuales dificultades económicas no suelen ocupar un lugar prioritario en las preocupaciones de quienes toman la decisión de construir un medio de comunicación popular con la voluntad de dar a conocer su proyecto político, concibiéndolo como lugar de participación de la comunidad. La mirada se centra en otros aspectos. El problema de la “ilegalidad” de una radio o televisora popular no es percibido hasta que surgen obstáculos para presentar proyectos a los órganos estatales, aparecen los problemas técnicos o las interferencias de emisoras comerciales. ¿A dónde ir a reclamar en ese momento? ¿A la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)? Pero, ¿cómo hacer valer los derechos, si estas emisoras no cuentan con un “DNI o partida de nacimiento”, si no hay documentos que certifiquen la legalidad de la existencia de estos medios? Cientos de emisoras se encuentran en la actualidad en esta situación.

A pesar de que la falta de reconocimiento legal no ha sido un obstáculo para que estos medios sigan funcionando en todo el país, un grupo de emisoras comunitarias, alternativas y populares presentó a la Afsca un proyecto de resolución, que debe ser considerado en breve y que permitiría otorgar de “manera provisoria” una autorización precaria que “avale el funcionamiento de las emisoras comunitarias”, lo cual implicaría un reconocimiento estatal de las mismas.

La propuesta consta de seis artículos y allí se establece que las emisoras que se hayan inscripto en el censo llevado adelante por la Afsca, por resoluciones 1 y 3 de 2009, obtendrán esa “autorización precaria” por intermedio “de un mero pedido por parte de la emisora comunitaria acompañado de una copia de la constancia que acredite la pertinente inscripción en el censo”. En el caso de las emisoras comunitarias no inscriptas en aquel censo, el proyecto señala que podrán formular un “pedido de autorización precaria acompañando las constancias que acrediten su existencia, siendo dichas constancias aquellas que fueran solicitadas en oportunidad de la inscripción al censo”.

El proyecto aclara que la autorización para los medios de este sector “es de carácter provisorio y excepcional, en virtud de las particulares circunstancias y condiciones de las emisoras comunitarias” y deja en claro que no es equiparable a la autorización prevista por la ley en el artículo 22º, que determina que quienes decidan “instalar y explotar un servicio de comunicación audiovisual, deberán obtener la correspondiente autorización por parte de la autoridad de aplicación”. La autorización precaria no afectaría “el Plan Técnico que la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual realice con posterioridad”.

Por su condición de “ilegalidad”, en la actualidad, muchas de las emisoras comunitarias, alternativas y populares, no pueden acceder a las líneas de financiamiento que provienen de distintas instancias estatales. Por este motivo el proyecto de resolución incluye en su artículo 5º la posibilidad para que la “autorización precaria” sirva como un reconocimiento que avale la existencia de estos medios audiovisuales y les permita participar de las “distintas instancias institucionales como, entre otros, fondos de fomento, concursos y diferendos en casos de sufrir interferencias o decomisos de equipos”.

De aprobarse esta resolución permitiría a las emisoras esperar el plan técnico, que debe hacer la Afsca para llamar a concurso y distribuir frecuencias, con un precario apoyo legal, y de esta forma avanzar en proyectos para formación interna, sostenimiento de las emisoras, mejoramiento técnico y edilicio, y contar con una estructura legal para crecer y proyectarse en el corto y mediano plazo. Sería también una forma de concretar lo que plantea la ley 26.522 (art. 4) en el sentido de consolidar a los “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro”.

De esta forma se fortalecería, además, “la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación”, como lo señala la misma norma, ya que en la actualidad, sin un reconocimiento estatal, los “actores privados que tienen una finalidad social” siguen siendo uno de los sectores más desamparados, a pesar de que fueron quienes más lucharon por una nueva ley.

Fuente: Página12, 8.1.14 por Fernando Gómez, integrante del medio comunitario Radionauta FM 106.3; miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

Los problemas sufridos en torno del suministro de energía eléctrica alimentaron en las últimas semanas los debates sobre las responsabilidades de las empresas que brindan servicios públicos, el derecho de los consumidores y el compromiso del Estado en la materia. Poco se ha dicho, sin embargo, respecto de un aspecto ciudadano de la problemática y, muy particularmente, de la necesidad de la información como insumo imprescindible para que la ciudadanía pueda tener acceso no sólo a los reclamos en forma justa, pertinente y adecuada, sino participación en la previsión y en la eventual toma de decisiones que anticipen medidas y eviten situaciones como las que hasta ahora se siguen viviendo. Vale recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 42, establece expresamente que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz”.

¿Qué alcance tiene esta afirmación? A la luz de muchas de las reflexiones contemporáneas sobre derechos ciudadanos, puede afirmarse que el acceso a la información sobre el estado de los servicios públicos, pero también sobre los eventuales riesgos, proyectos en marcha, medidas en desarrollo, forma parte esencial del derecho a la comunicación comprendido como derecho humano fundamental. Porque saber qué sucede y por qué sucede a su alrededor es la forma de permitir la participación de las personas en la comunidad de inserción.

Saludablemente en nuestro país se ha introducido en los últimos años el debate y se dieron pasos sobre el sistema de medios, la propiedad de los mismos, la concentración e, incluso, el uso político e ideológico de los medios de comunicación. Pero la misma intensidad de los intercambios sobre este aspecto del derecho a la comunicación postergó o no permite ver otras cuestiones relacionadas y no menos importantes. Estar informado sobre los temas que atañen a la vida cotidiana de las personas constituye parte inalienable del derecho a la comunicación, porque está directamente vinculado con el control ciudadano de las acciones públicas, en particular de aquellas que tienen que ver con el Estado, las acciones de gobierno y la actuación de los privados en ámbitos públicos.

Visto desde otro lugar se puede afirmar que los ciudadanos y las ciudadanas tienen también una corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, por lo menos en sus aspectos de evaluación y control. ¿Cómo ejercer esta responsabilidad/derecho sin información suficiente y necesaria? Si se carece de información previa, que sea veraz, suficiente y adecuada, todo queda reducido a la protesta posterior, al justo reclamo que, aun siendo atendido, nunca logra resarcir el daño ocasionado. Pero además la falta de información coloca al ciudadano en la mera condición de “consumidor damnificado”, pero lo “libera” al mismo tiempo de cualquier nivel de corresponsabilidad ciudadana en temas y asuntos que son competencia pública que deben ser asumidos, en primera e irreemplazable instancia por el Estado, pero corresponsablemente también por los ciudadanos como copartícipes que son de la construcción de lo público. ¿Cómo hacer esto sin información?

El principio fundamental, amparado también por la Constitución, señala que la información es pública y lo excepcional es el secreto. Se equivocan quienes desde el Estado invierten la ecuación, manteniendo gran parte de la información bajo la condición de “reservada” o “privilegiada” con acceso para pocos. No debería ser así cuando se trata de asuntos que atañen al interés público, a los servicios públicos o financiados en parte por el Estado. También a las empresas que brindan servicios públicos se les debe exigir transparencia e información pública veraz para la evaluación y la toma de decisiones.

Todavía está pendiente en el país el establecimiento de mecanismos más eficaces, claros y transparentes de acceso a la información pública. Es un punto no ajeno a todo lo anterior.

Está claro también que en este tipo de situaciones se juegan cuestiones e intereses de orden político y económico. Pero, sin caer en ingenuidades, es necesario aspirar en forma permanente a optimizar la calidad de la democracia que tenemos y, en ese sentido, mejorar la calidad de la información que se brinda a la ciudadanía constituye un insumo fundamental.

La comunicación es un fenómeno complejo, no sólo limitado a los medios, que incluye también la información y el acceso a la misma para la toma de decisiones, relacionada con la vida cotidiana de las personas, inseparable del ejercicio democrático y ciudadano y de la mejora de la calidad de vida.

Fuente: Página12, 8.1.14 por Washington Uranga, periodista uruguayo

El año 2014 está dedicado por entero al aniversario “175 años de fotografía”, que desde su invención en 1839 forma pate de la vida de la gente. Ningún otro logro técnico ha cambiado como la fotografía nuestro modo de ver, nuestra percepción y nuestro conocimiento del mundo en que vivimos. El Año del Jubileo 2014 nos brinda la ocasión de mirar atrás pero también para hacer de la fotografía tema central de una visión del mundo de mañana en este año en que se celebra la feria mundial de la imagen Photokina.

Cuando los señores Niépce , Daguerre y Fox Talbot desarrollaron el primer proceso fotográfico hace ahora 175 años, nadie sospechaba la importancia que este medio llegaría a alcanzar. La fotografía está presente hoy en día en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. En sus inicios, la fotografía estaba reservada solo a muy pocas personas. Pero más tarde, con su digitalización, ha llegado a las masas en todo el mundo y se ha convertido en el medios de comunicación número uno. Conectada con la fotografía está en gran medida la creatividad, junto con un alto factor de diversión. La Fotografía crea documentos de la época, hace que las cosas visibles, sensibiliza sobre problemas y pone cara a los recuerdos.

Hoy, 175 años después de su invención, casi todos tienen en muchas partes del mundo al menos un aparato fotográfico. Asociado a la cámara está el número gigantesco de imágenes que nos rodean, ya sea en el espacio público o privado, tales como Flickr, con más de ocho mil de millones de fotos. El 19 de agosto 1839, la fotografía fue anunciada oficialmente en París con todos los detalles técnicos. Miniaturistas y químicos, aventureros y especuladores, artistas, diletantes y eruditos estaban entusiasmados por igual ante el novedoso método para captar y fijar imágenes precisas sin la ayuda de dibujo o pintura. Un sueño de la humanidad se había hecho realidad. Se estima que un millón -desde la perspectiva actual, un número pequeño- de daguerrotipos, la mayoría retratos, fijados en placas de cobre chapadas en plata fueron producidos en los primeros veinte años de la historia de la fotografía.

Desde su invención, la fotografía se ha venido caracterizando por innovaciones con numerosos hitos. Las innovaciones técnicas que dieron paso a la época llamada de la fotografía moderna en 1880 fueron las placas secas, las cámaras de aficionados con rollo de película , las ampliadoras y los obturadores. Todos los desarrollos sucesivos tuvieron como meta hacer la fotografía asequible para las masas. La fotografía de aficionados desde finales del siglo XIX se caracteriza por las llamados cámaras de cajón. El concepto box camera fue desarrollado originalmente en los EE.UU.: una cámara de manejo lo más fácil posible y de bajo precio de producción que trabaja con rollo de película . En los años veinte y treinta del siglo pasado la fotografía nunca experimentó su mayor altitud de vuelo con la invención de la fotografía de pequeño formato -el “paso universal”- y la película de color.

El camino triunfal, que comienza con el desarrollo del primer chip CCD en 1970, continúa con la digitalización, que revoluciona la fotografía y crea nuevas dimensiones. La primera imagen digital se disparó el 8 de diciembre de 1975 con la cámara que construyó el empleado de Kodak de 25 años de edad Steve Sasson. La cámara tenía 4 kilos de peso y tardó 23 segundos en registrar en una casete una foto de 100 × 100 píxeles.

A mediados de los años 80 aparecen disponibles comercialmente las primeras cámaras digitales -de “fotografía electrónica”-, que entonces todavía se denominan de “vídeo de imagen fija” (Still Video Cameras). Mediante la introducción de las primeras cámaras profesionales en 1991, la fotografía digital se hace cada vez más importante. En los años siguientes, la resolución de imagen de las cámaras digitales se incrementa continuamente al tiempo que se incorporan de nuevas características, tales como la integración de la función de vídeo o en la actualidad la transferencia de datos inalámbrica. Junto con la digitalización aparece una variedad nunca antes vista de dispositivos de toma que crean nuevos mundos de imágenes y elevan el número de “clics” a nivel mundial a las cifras inconmensurables que resultan de la estimación de 180.000* fotos por segundo.

El hombre está rodeado por un mundo de imágenes, tanto en el ámbito privado como en espacios públicos. Las imágenes son el medio de comunicación de nuestro tiempo; su fuerza y su poder nos inspiran y hechizan. Las fotografías no conocen las barreras de los idiomas. El hombre, la criatura visual, necesita imágenes, porque piensa en ellas y sólo con ellas se pueden preservar los recuerdos de forma permanente.

Fuente: Periodistas en español, 8.1.14

La concentración de los medios de comunicación no sólo es un tema de libertad de empresa o de expresión, sino se relaciona con el derecho de los ciudadanos a una información de calidad, relacionada con la pluralidad, veracidad y ética, afirmó hoy la directora ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria del Perú, Marisol Castañeda

“La libertad de expresión trae consigo el derecho a información de calidad. Los periodistas y los ciudadanos en general, debemos velar por el ejercicio a una comunicación de calidad, que tiene que ver con pluralidad, veracidad y ética”, explicó.

 Castañeda indicó que la concentración de medios genera la imposibilidad de la pluralidad de opiniones.

 “No solo debemos verlo desde el lado de la libertad de expresión de los periodistas, sino de la libertad de expresión e información de los ciudadanos”, manifestó

 Refirió que la información plural y diversa, permite al ciudadano construir su opinión a partir de diversas fuentes.

 Opinó además que concentrar la posición de un grupo institucional, también limita las posibilidades de trabajo y la labor de los periodistas.

 “Otros gremios ya se han pronunciado. Si un periodista renuncia o es despedido del 80% de medios que representa un determinado grupo, sólo le quedará el 20% de medios para trabajar”, anotó Castañeda.

 Recalcó que la concentración de medios no tiene sólo repercusiones como un servicio privado de interés publico, sino en la oferta laboral.

Sin embargo, subrayó que la principal repercusión es la limitación de los ciudadanos para garantizar su derecho a información y su libre expresión de manera plural y diversa.

 “Trae la supremacía de la posición editorial de un medio que tiene mucha mayor potestad y posibilidad de hacer incidencia, crear agenda publica, limitar los temas de agenda. Y eso repercute en el ciudadano”, insistió.

Castañeda explicó que mientras existan más grupos mediáticos en equilibrio, el ciudadano tendrá mayores posibilidades de fuentes y opiniones distintas.

En ese sentido se salvaguarda su derecho a la información, a diferencia de cuando solo haya un grupo mediático, apuntó.

“De hecho en la Ley de Radio y Televisión, ese fue un punto importante: la necesidad de limitar la propiedad de medios”, explicó la investigadora. Agregó, sin embargo, que en esta ley no se tocó la propiedad cruzada, es decir que una corporación tenga radios o TV, pero además medios impresos, que es donde empieza la concentración.

 Recordó además que existe un peligro para los procesos electorales, pues ya se vio que en anteriores ocasiones, los medios hicieron campaña a favor de un candidato invisibilizando a otros.

 “Tener pluralidad de fuentes puede hacer que los ciudadanos tengan acceso a diversos candidatos y propuestas”, dijo.

 Señaló que será en el próximo proceso electoral cuándo se verá el real compromiso del grupo El Comercio con la libertad de expresión y la pluralidad que demuestra, más allá de los legítimos intereses económicos o políticos que tenga como institución.

 Finalmente dijo que la otra cara de la concentración de medios es la autorregulación de los mismos que debe ser un tema de agenda para organizar la relación entre Estado, sociedad civil y medios.

 “Una autorregulación que no está funcionando ni en el campo informativo ni de entretenimiento, a pesar de una ley que hace referencia a ella”, indicó.

Fuente: Agencia Andina, 5.1.14

El periodista debe asumir su tarea sin tomar partido y reflejar la realidad viviéndola con intensidad, debe estar listo, para ser “un especialista en generalidades”, pero puntilloso, preciso y profundo para discernir  la verdad entre las mentiras.

Hace 16 años tuve la oportunidad de incursionar en el oficio más lindo del mundo: el periodismo. Esta profesión me ha cambiado la vida y me ha vuelto mejor persona. En un principio creí que esta carrera me daba la oportunidad de cambiar las cosas y poner en evidencia lo que era incorrecto; qué equivocado estaba. Con el pasar de los años he comprendido que los periodistas somos mensajeros de los hechos que interesan a la sociedad y así debemos reflejarlos, con la mayor veracidad y fidelidad a los lectores.

Una cosa es ser periodista y otra, escritor. El periodista debe estar listo para la decepción y para alegrarse de las buenas novedades, sin tomar partido, sin tomarlo personalmente. Nadie nos ha elegido por voto directo para cambiar las cosas, pero cuando la gente opta por seguirnos, leernos, nos da el crédito para responder al día siguiente con información real, oportuna, creíble y veraz. Con este breve reflejo de experiencia personal, permítanme referirme a “los desafíos del periodismo en tiempos de cambio”.

Desde la instauración de la democracia en 1982, pasaron varias generaciones de periodistas que dieron cuenta de las dictaduras, de persecuciones, represalias y violencia extrema; de quienes soportaron exilios. Así, han contribuido a preservar el estado de derecho. Hombres y mujeres de prensa asumieron el compromiso de fortalecer la democracia. Lo hicieron bien y cumplieron su parte.

Por eso, considero que en la década de los años 90, en especial, hubo un cambio generacional fundamental en radios, periódicos y canales de televisión. La “vieja guardia” del periodismo dio, progresivamente, paso a una nueva pléyade y se marchó a los cuarteles de invierno. Aquellos que contaron las guerrillas del Che Guevara y de Teoponte, que reflejaron el paso de 11 regímenes militares de facto, entre el 5 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre 1982, gradualmente colgaron micrófonos y aparatosas grabadoras del pasado.

A partir de la primera década del nuevo siglo, aquellos jóvenes y entusiastas periodistas que escucharon y aprendieron en las salas de redacción las recomendaciones y consejos de los experimentados, comenzaron a ocupar cargos jerárquicos en los medios de prensa, buscaron entonces, como los antiguos, a marcar su huella en tiempos de democracia y compitieron por poner en evidencia los hechos de corrupción, irregularidades y conductas antiéticas de los personeros a cargo de los gobiernos.

Enfrentaron con rigurosidad a las autoridades estatales, legislativas y judiciales que los directores, jefes de redacción y editores consideraban deshonestos. Asumieron un papel del “cuarto poder” y la gente empezó a conocer un ritmo incesante de críticas y escándalos; a veces con fuentes informativas y hay veces sin ellas.

En esos tiempos, un buen periodista era el que aportaba para la destitución de una mala autoridad. El estar detrás del poder se convirtió, en algunos casos, en enfermedad. La cúspide de ese periodismo se vivió en las jornadas de octubre de 2003, cuando cada reportero, locutor, conductor de televisión y periodista de diversos medios aportó al cambio de gobierno. Se fue Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y juró como presidente de la República Carlos Mesa (2003-2005).

Sin embargo y a pesar del cambio de gobierno, los problemas sociales, políticos y económicos continuaron. Hubo críticas a la administración de Carlos Mesa y se dio crédito a la imagen del otrora diputado y máximo dirigente de los cocaleros, Evo Morales. Hubo reporteros, periodistas, locutores y conductores de televisión que centraron sus esperanzas en él.

Llegó junio de 2005 y Carlos Mesa abandonó Palacio de Gobierno agobiado por la falta de recursos para satisfacer las demandas sociales que se desbordaron en manifestaciones, con bloqueos en las calles y en el Legislativo; el reconocido periodista se fue a casa. Llegó el abogado y expresidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez Veltzé y con él la convocatoria a las elecciones generales, pero además salió a la luz pública el escándalo de los misiles chinos.

Ganó Morales y una mayoría festejó el triunfo. Se avecinaba el esperado proceso de cambio. Los periodistas que contribuyeron se encargaron de reflejar cada paso de la nueva administración. El discurso presidencial del 22 de enero de 2006 —que anticipaba las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que viviría el país—, el decreto de austeridad, la reducción del sueldo del mandatario, la nacionalización de los hidrocarburos y la nueva Constitución Política del Estado.

Las cosas han cambiado en los ámbitos económico y social desde ese entonces. El país se encuentra polarizado en el aspecto político e ideológico y es evidente la existencia de una rivalidad entre los periodistas que apoyan el proceso de cambio y los que son considerados contrarios al instrumento político del MAS. Esta situación decepcionó a una parte de los hombres de prensa, que en su momento creyeron que una nueva construcción del Estado en búsqueda de la inclusión social, el respeto al estado de derecho y el vivir bien.

En los cerca de ocho años de administración del presidente Morales, varios medios de prensa fueron tildados de opositores. Los periódicos La Prensa, El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF) soportan demandas en la Justicia Ordinaria, para estos medios no se aplicó la Ley de Imprenta.

Los medios, considerados opositores, no tienen acceso a la propaganda estatal. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿Los recursos publicitarios del Gobierno serán utilizados para premiar a los medios que se identifican con el Gobierno? La televisión estatal y la otrora radio Illimani se convirtieron en los canales para transmitir en directo —mañana, tarde y noche— los actos públicos y discursos del Jefe del Estado, que visita y entrega obras en los municipios del país.

Existe un desgaste en la estructura del Estado y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la crisis en el sistema judicial continúa, al igual que la violencia contra la mujer y los niños. El narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la corrupción y el contrabando se constituyen en los grandes problemas aún sin resolver. Estos temas están en la agenda diaria de los medios. Y a pesar de que el Gobierno cuente con una cadena de radioemisoras no podrá ocultar la verdad, intentará maquillar las cosas malas, pero considero que no podrá engañar a la gente.

El periodismo, aquel que ponía en evidencia los casos irregulares, que a veces usaba fuentes y en otras no, parece que se ha autocensurado, ahora existen reparos. Esto contribuyó a la rigurosidad, la responsabilidad y al profesionalismo, pero no apruebo la autocensura que es el temor a la hora de informar. Para ser periodista en Bolivia hay que tener la voluntad y la pasión; leer más para contar con las herramientas tecnológicas y de la investigación.

Las nueva generación de periodistas tiene el desafío, además de mantener la noticia clásica de la pirámide invertida, de contar los hechos con mayor claridad; la gente quiere ver y leer la información de distintos ángulos para entender y tomar una posición. Quiere enterarse a través de los artículos de prensa, reportajes y crónicas, de lo que realmente pasa y de las perspectivas.

Entonces, como reflejaba el premio Pulitzer, Ryszard Kapuscinski, el periodista debe asumir con mayor dedicación, sin tomar partido, en fortalecer su trabajo, en reflejar la realidad viviéndola intensamente, debe estar listo, como decía don Huáscar Cajías, para ser un especialista en generalidades, pero también puntilloso, preciso y profundo para discernir entre verdad y mentiras.

Fuente: La Razón, 5.1.14 por Jaime Loayza, periodista boliviano

Manuel Castells, profesor de investigación de sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y miembro de la Academia Europea y del Alto Comité de Expertos sobre la Sociedad de la Información, dedicó doce años a una investigación destinada a elaborar una teoría sociológica de base empírica y multicultural sobre la era de la información. Son tres tomos, precisamente con ese título, que abordan temas de economía, sociedad y cultura, en un mundo marcado por una revolución tecnológica en la comunicación.

En la página 382 del tercer tomo se lee lo siguiente: “Las batallas culturales son las batallas del poder en la era de la información. Se libran primordialmente en los medios de comunicación y por los medios de comunicación, pero estos no son los que ostentan el poder. El poder como capacidad de imponer la conducta radica en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a través de íconos, portavoces y amplificadores intelectuales”. En su análisis, el autor de la referencia plantea que a la larga no es importante quién tiene el poder porque en la nueva era ya no existen élites de poder estables, pero que sí hay élites desde dentro del poder, que aprovechan periodos de posición política importante para “obtener un acceso más estable a los recursos materiales y las conexiones sociales”.

Respecto de la primera afirmación, si el poder lo entendemos como la capacidad de imponer la conducta y lo hace a partir de la manipulación de símbolos e íconos, es fácil deducir que para evitar que los ciudadanos se conviertan en seres pasivos que creen que participan en la sociedad y en el mundo porque tienen información, a veces, abrumadora y la repiten con la ilusión de estar emitiendo una opinión, que no es tal, es indispensable que la educación realice los cambios necesarios para que los niños y los jóvenes aprendan a leer los símbolos, los íconos, lo audiovisual, pues en el mundo de hoy “la existencia material/simbólica de la gente está plenamente inmersa en un escenario de imágenes virtuales, en un mundo de representación, en el que los símbolos no son solo metáforas, sino que constituyen la experiencia real”.

En cuanto al segundo aspecto, la nueva forma de entender el tiempo y el espacio y su relación con la sociedad, la organización, la economía y la vida ya no permite élites estables en el poder, ya no hay partidos históricos que puedan acreditar una existencia de muchos años, hay más vale movimientos que tratan de asimilar lo nuevo y aplicarlo a sus propuestas de gobierno y es dentro de estos movimientos, generalmente de corta duración, donde aparecen las élites que aprovechan su ubicación en la estructura de poder para, en palabras de Castells, “obtener un acceso más estable a los recursos materiales y a las conexiones sociales”, para que esto, que no es nuevo, desaparezca, también necesitamos una educación que nos ayude a entender que el poder es servicio público y que ejercerlo significa anteponer el bien común a lo personal.

Fuente: El Universo, 4.1.14 por Nila Velásquez, periodista ecuatoriana

El periodista Philip Shenon recibió una llamada telefónica en la oficina de Washington de The New York Times en la primavera del 2008. Al otro lado de la línea hablaba un destacado abogado que, casi cincuenta años atrás, había formado parte de la Comisión Warren que examinó las pruebas del asesinato del presidente John F. Kennedy y que, en esta ocasión, le hacía a Shenon una solicitud inusual: dado el éxito de su reciente libro sobre los interiores del equipo gubernamental que repasó los ataques terroristas del 9 de septiembre del 2001, el interlocutor lo persuadía para que realizara un examen similar con la Comisión Warren, y, así, reescribir la historia.

A fines del 2013, coincidiendo con el cincuenta aniversario del magnicidio, apareció el libro de Shenon, traducido en español como JFK: caso abierto. La historia secreta del asesinato de Kennedy (Nueva York, Vintage, 2013). Lo que cuentan más de 700 páginas es muy interesante por las repercusiones planetarias de ese crimen y el del policía J. D. Tippit; por los intrincados caminos que culminaron con los disparos de Lee H. Oswald, el francotirador que ocasionó heridas mortales al jefe de Estado y lesiones gravísimas al gobernador de Texas que lo acompañaba en la caravana; y por la incapacidad (¿o negativa?) de los mecanismos de justicia para establecer conclusiones convincentes.

Hasta hoy la serie de elementos extraños de aquel acontecimiento que pudo poner al mundo al borde de una guerra nuclear no ha sido esclarecida. ¿Se trató de un solo tirador? ¿Cuántos disparos hubo? ¿Por qué la CIA y el FBI ocultaron datos que al Servicio Secreto le hubieran servido para vigilar a Oswald en Dallas? ¿Fue un asesinato cometido por un filocomunista delirante o fue una conspiración que involucraba confusamente a gobiernos extranjeros y mafias? ¿La muerte de Oswald, dos días después de la de Kennedy, fue planeada? Una conclusión que da escalofríos es que, de haberse seguido debidamente las pistas, hubiera sido posible impedir el crimen.

Otra lección es que, cada vez que hay necesidad de adular y proteger al poder político, los responsables de los organismos encargados de sancionar la verdad están entrenados más bien para mentir con descaro, incluso bajo juramento: el Servicio Secreto, la Policía de Dallas, el FBI y la CIA ocultaron información y distorsionaron sistemática y profesionalmente los hechos en torno al asesinato del presidente. Los descubrimientos de Shenon muestran que, medio siglo después, las mentiras solo han sido parcialmente demolidas, ya que las motivaciones últimas siguen ocultas en los sórdidos sótanos del poder.

Es repugnante saber cómo aquellas agencias destinadas a dotar de credibilidad a un país son instrumentos de los políticos que se arrogan el derecho exclusivo de señalar la verdad. Philip Shenon comprueba que el periodismo investigativo hilvana un relato más certero y más duradero que el de la versión oficial. El periodismo debe disputar la perspectiva sobre la verdad que el Estado quiere imponer con el silenciamiento, la amenaza, el miedo y con leyes punitivas que corrompen toda racionalidad de convivencia democrática. Los periodistas de investigación conocen que, con frecuencia, los voceros de los poderes estatales mienten por cada diente.

Fuente: El Universo, 3,1.14 por Fernando Balseca, periodista ecuatoriano