La libertad de expresión secuestrada

El poder político tiene eso de particular: “poder”. Se reviste de omnipotentes facultades al grado que cuando quiera puede disponer y transgredir, sin mayores problemas y escrúpulos, todo lo que para el común de las personas, y particularmente para quienes le contradigan, está estrictamente vedado y prohibido.

El poder político puede controlar la información y secuestrar la libertad de expresión cuantas veces así lo requiera para imponer por la fuerza y la irracionalidad su discurso, del que pretende sea hegemónico y se homogenice entre la ciudadanía.

El poder político también puede ignorar, de manera olímpica, preceptos normativos legales, constitucionales, de los que pide a otros, observarla con rigurosidad, prohibiendo transgredirlas. Exige sanciones, de las más duras y drásticas, para quienes actúan contra las disposiciones normativas.

El poder tiene eso, de hacer lo que se le antoje sin importarle, como en este caso, las normativas, la Constitución, los valores democráticos, el respeto a los otros. Ignora en realidad los valores humanos, la dignidad de las personas.

El Gobierno dirá que respeta y fomenta una irrestricta libertad de expresión, pero en los hechos, la encadena tortuosamente, como ocurrió éste miércoles 22, secuestrada por casi cinco horas para escuchar un largo informe presidencial, por todos los canales de televisión existentes en nuestro país. Los canales y las radios privadas, por ley, por exageraciones de ley diríamos, están obligados a retransmitir la tediosa lectura del informe presidencial, encadenando así la libertad de expresión, dejándonos sin opción de ejercerla a quienes estamos acostumbrados al “zapping”, un ejercicio de libre expresión por demás democrático frente a los medios. Seguramente que hubo mucha gente que apagó su televisor y se dedicó a otras actividades.

Esas largas cadenas televisivas a las que está acostumbrado el Movimiento al Socialismo para escuchar a su líder, Evo Morales, son formas de controlar la información. Tienen la finalidad de que solamente –de forma única–, sea escuchado el discurso del Presidente, en una actitud monopolística de la administración y gestión de la información, contraria  y vulneradora del Art. 107, Inc. III de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que dice: “Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios”.

El derecho a la información, por si no lo saben los colaboradores del Presidente, es de doble vía,  ampara la libertad a emitir información, así como la libertad de recibirla, de escoger la información que a uno le interese, de ver el canal de Tv que uno quiera, de comprar el periódico que a uno le interese. Uno no puede estar encadenado a las instancias del poder político.

Además, esta doble vía es la puerta para iniciar acciones legales, ante la indefensión en que nos encontramos los receptores de mensajes, frente a los abusos del poder político sobre nuestros derechos, nuestras libertades.

No hay duda que el oficialismo ha celebrado el acaparamiento total de la información, como se lo hace en aquellas sociedades sometidas a un sistema dictatorial o autoritario. Una victoria empero, muy efímera, ya que la victoria final siempre será del pueblo que reclama la plena libertad democrática que tiene su piedra de toque, como dicen las Naciones Unidas, en la libertad de expresión.

Fuente: Los Tiempos, 24.1.14 por Juan D´Mare C. periodista

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