“Posturas enfrentadas claramente, y un pedido general de los periodistas para que no se aplique la llamada “Ley Mordaza”, son resultados de lo sucedido con el caricaturista Bonilla, recientemente sancionado por la Ley Orgánica de Comunicación, impuesta por el Presidente Rafael Correa en Ecuador. Junto a él, también se ha sancionado al periódico El Universo.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), creada el 8 de octubre de 2013 por mandato de la Ley Orgánica de Comunicación, ha considerado que un dibujo del caricaturista Xavier Bonilla publicado el 28 de diciembre de 2013 en El Universo de Guayaquil, “deslegitima la acción de la autoridad y apoya a la agitación social”, por ello resolvió el 31 de enero que Bonilla tenía que rectificar en el lapso de 72 horas el texto escrito al pie del gráfico (con las mismas características, dimensiones, en el mismo espacio y sección) y que el periódico El Universo debe pagar el 2% del promedio de facturación del último trimestre.
Bonilla, conocido como Bonil, caricaturizó el allanamiento al apartamento del periodista y activista Fernando Villavicencio, asesor del asambleísta de oposición Cléver Jiménez, donde fueron confiscadas sus computadoras.
En 2011, ambos denunciaron al Presidente por presuntos delitos de lesa humanidad durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
En la leyenda del dibujo sancionado se leía: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”. Pocos días después el presidente Rafael Correa se refirió públicamente a Bonilla como “sicario de tinta y enfermo” y amenazó con aplicar la Ley de Comunicación. A los pocos días el caricaturista fue sancionado. El periodista Fernando Villavicencio, cumple condena a 18 meses de prisión ratificada por el delito de injuria judicial contra el presidente Rafael Correa. Por la misma infracción, también fue condenado el legislador de oposición Cléver Jiménez.
rechazo
La reacción del diario ecuatoriano El Universo, fue de apoyo al dibujante, si bien dijo que no representa la línea editorial del medio. También dijo que la sanción impuesta lesiona la libertad de expresión.
En un editorial titulado “Rechazo”, el diario El Universo indicó que la Supercom interpreta que al publicar la opinión del columnista, el rotativo la asume como propia, es decir, como posición institucional. “Somos una publicación pluralista y respetuosa de la libertad de expresión, como debe ser la prensa en un país que se define como democrático, y la posición institucional, como lo indicamos en esta página, es, únicamente, la que se expresa en el editorial y nos hacemos responsables de ella”, añadió. El editorial apuntó que el diario rechaza la resolución que “lesiona, una vez más, la libertad de expresión en el país y hará uso de todos los recursos de la ley para defender esta causa”. La columna de Bonilla apareció en blanco.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que las sanciones impuestas en Ecuador contra el caricaturista Xavier Bonilla y el diario El Universo, “representan la aplicación concreta de la ley mordaza, ponen de manifiesto la intolerancia y de manera peligrosa alientan aún más la autocensura.”
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “esta es la demostración de que se acabó la libertad de expresión en Ecuador. Si alguien quiere ser más exacto, todavía existe un tipo de libertad de expresión bajo el régimen del presidente Rafael Correa: únicamente la libertad que él autorice. Lo cual, lógicamente, no es libertad sino el imperio de un sistema tiránico”.
“Ladre quién ladere”
Mientras tanto el gobierno del presidente del país ha dicho que no retrocederá en la sanción y el mandatario insistió en que se combate la “mentira” de los medios de comunicación. Según el presidente Correa, Bonilla, al escribir en una de sus viñetas una frase que “no corresponde a la realidad” y que “estigmatiza la acción” de la Fiscalía y de la Policía, es un “cobarde” y aunque el rotativo no asumió como propia la caricatura, es “responsable de la información y/o opiniones que comunica”.
El Gobierno ha dicho que el allanamiento se produjo bajo orden judicial para investigar la supuesta vinculación de Villavicencio y Jiménez, en la obtención ilegal de información confidencial del presidente Correa y de colaboradores suyos.
“Aquí no se está combatiendo la caricatura, el humor, como falsamente la prensa quiere posicionar, estamos combatiendo la mentira, la corrupción”, dijo Correa, al considerar que si la leyenda de la viñeta respondía a declaraciones de Villavicencio se debió entrecomillar y señalar fuente. “Vamos a luchar con toda nuestra fuerza contra estos cobardes, sicarios de tinta y contra sus mentiras, ladre quien ladre, basta de tantas mentiras”, recalcó Correa.
Contra la Ley
60 personas han presentado una demanda contra la Ley, entre políticos, ex jueces, diputados, periodistas y escritores, sobre la base que la Ley contraviene disposiciones de la Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión.
La demanda actual contiene 23 impugnaciones. Reclama irregularidades en el proceso de aprobación de la ley en el Congreso, que se defina a la información como “servicio público” lo que no contempla la Constitución y acusa al gobierno de arrogarse el poder inexistente de regular “el ejercicio de los derechos de la comunicación”.
El miércoles 21 de enero el presidente de Rafael Correa firmó el reglamento de la ley, promulgada el 25 de junio de 2013. Aunque la Sala Constitucional aceptó la demanda, rechazó suspender su aplicación mientras dure el proceso. En julio de 2013, la Corte admitió otra demanda de inconstitucionalidad en la que se impugnaron 52 artículos de la ley aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, con el apoyo del oficialista Alianza País, del presidente Rafael Correa, que copa 100 de los 137 escaños del parlamento unicameral ecuatoriano. Para los detractores de la norma, como el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, su promulgación es “negativa para el periodismo independiente, para la prensa privada y para la libertad de expresión en Ecuador”. No incluye regulaciones para los medios gubernamentales, pero sí incluye el “linchamiento mediático”, que se produce por la publicación reiterada de informaciones con el fin de “desprestigiar o reducir la credibilidad pública”.
(Con datos de La Vanguardia, El Observador, Los Tiempos)
Fuente: Los Tiempos 9.2.14