Es subyace el puro interés pro-gobiernista, de facilitar con todos los medios de control posible, los caminos para la reelección presidencial de Evo Morales y Álvaro Linera en los anunciados comicios de octubre de este año.
La Ley del Régimen Electoral que faculta los actos administrativos del Tribunal Electoral es contraria a los mismos postulados que declara como sus propios principios; “asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos del ciudadano, ciudadana y de los pueblos y naciones originarias”, por tanto podríamos decir que es una ley que no ha tenido la suficiente participación y el debate entre quienes dicen ser “legisladores”, porque una ley, debe estar sustentada por los principios primeros, los valores morales que le dan lugar, es decir, los derechos naturales del ser humano, los derechos humanos, como la libertad de expresión.
La propaganda es un derecho natural, es un derecho consagrado en los artículos 106 y 107 de la nueva Constitución Política del Estado, que en su esencia y contenido no ha sido definida ni establecida conforme su significación por organismo alguno del Estado Plurinacional, y por tanto existe un uso arbitrario, descomunalmente descontextualizado, abiertamente manipulado, creando condiciones de favoritismo, inequidad en la competencia electoral, menguándose el derecho a la comunicación y a la información de la población. Sólo los medios oficiales tienen derecho a las prerrogativas de la ley electoral en cuanto a difundir propaganda, cuando quieran y cuanto quieran. Los medios privados y los periodistas, en cambio, corren riesgo de sanciones. Lo que siente mucha gente es que detrás de la indefinición de “propaganda” es eso, coartar la libertad de expresión.
La propaganda en los hechos es la que da lugar a la libre expresión, a la información y a la política partidaria. Es propia del ser humano ya que nace de su intelecto, de su ser interior, de su forma de pensar. Pretender controlarlo por medio de las normas sancionadoras electorales es todo un absurdo.
La propaganda tiene un origen eclesiástico, fue utilizada por la Iglesia en las catacumbas romanas para propagar su fe proclamando la igualdad de los hombres frente a la tremenda esclavitud de la época. Ya era, como vemos, una expresión de posición política, ya se exigía libertad en igualdad de condiciones para todos los hombres, por cuanto todos tienen derecho a su dignidad. De contrapartida, sabemos que la propaganda avivó los odios y rencores provocando las dos últimas guerras mundiales. Ahí, descarnadamente la propaganda mostró sus verdaderas intenciones.
La propaganda reducida al campo electoral simplemente, ¿será todo mensaje difundido con el propósito de promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno y/o solicitar el voto que pueden hacerse en actos públicos o por medio de avisos pagados en medios de comunicación social? Definitivamente no es así. Hay que separar las cuestiones; propaganda y difusión no están claras en la ley.
La “definición y alcance” del contenido de propaganda en la ley está fuera de toda racionalidad, desenchufada de la realidad de lo que debe entenderse por propaganda, y si ha pasado el control constitucional ha debido ser con chanchullo, porque a las claras es una norma anticonstitucional.
Fuente: Los Tiempos, 5.2.14 por Juan D`Mare, periodista boliviano