A propósito de las revelaciones sobre medios paraestatales

La sospecha de que al Gobierno le preocupa más controlar mejor la información que defender una mayor calidad informativa en los medios de comunicación está dejando de ser tal para convertirse en certeza. Lo digo hoy, luego de la entrevista hecha a Raúl Peñaranda en el programa de radio de SemanarioUno sobre el libro -anunciado para fines de 2013 y que finalmente estará en circulación en abril- sobre libertad de prensa y el cambio de propiedad de un par de importantes redes de televisión y de un diario.

El libro titulará Control remoto y contendrá el resultado de una investigación hecha durante cinco meses por Peñaranda sobre la propiedad y el contenido informativo de las redes PAT, ATB, el canal Full TV y el diario La Razón.

Inicialmente, el objetivo de la investigación era dilucidar el misterio en el que sumergieron a esos medios sus dueños antiguos y nuevos propietarios. Los rumores señalaban a autoridades de Gobierno y a empresarios afines al MAS, pero no pasaban de eso, de rumores.

Pues bien, Peñaranda fue tras la información, pero en el proceso de la investigación vio que había un dato mucho más importante a descubrir, ¿quién controla esos medios? Y explica por qué señalando el resultado de su investigación: “Todas las personas con las que me he entrevistado –algunas off de récord, otras para el micrófono- apuntan a que el Vicepresidente es el que tiene un dominio editorial sobre esos medios, que la investigación llama paraestatales”.

Peñaranda no titubea al hacer tal afirmación. Dice estar seguro de la veracidad de los datos recogidos a lo largo de los cinco meses de trabajo, a través de entrevistas a más de treinta personas directamente involucradas en los medios citados, y de análisis de contenido de horas de informativos televisivos y de decenas de ediciones de La Razón.

En las entrevistas queda claro, con nombre y apellido, quiénes son los encargados de recibir las instructivas de la Vicepresidencia y de hacerlas cumplir en los medios, afirma

Los nombres aluden a periodistas responsables del manejo de dichos medios. Uno de ellos, Ezequiel Serres, fue aludido como responsable de la renuncia del periodista Eddy Franco a la jefatura de PAT en La Paz, hecha pública tras el feriado de Carnaval.

Éste dice haber recibido de manera verbal, y luego por escrito, una llamada de atención de Serres por haber usado la palabra “desastre” –prohibida en el canal- al narrar el drama que vive Beni, afectado por inundaciones que han dejado ya decenas de víctimas fatales, además de pérdidas millonarias en vivienda, sembradíos y ganados.

La prohibición se evidencia en la investigación de Peñaranda. “Analicé al menos 170 notas sobre las inundaciones, publicadas en estos medios que yo llamo paraestatales. Ninguna de ellas contiene crítica al Gobierno… no se habla de declaratoria de desastre. En ATB, ni una alusión. En PAT una mención de 18 segundos de un alcalde beniano… que es cortado por la presentadora de La Paz. La idea de que no se podía hablar de eso está claramente establecida. Para el Gobierno era un tema de suma sensibilidad”.

Eso, por citar un ejemplo, aunque el libro Control remoto contiene más estudios de caso, que ayudan a evidenciar una misma línea editorial en estos medios paraestatales, objeto de la investigación de Peñaranda. Pero es un caso emblemático que comprueba cuán peligroso es el control informativo desde el poder político, no sólo porque actúa camuflado, a través de testaferros, sino porque apunta a imponer el relato oficialista sobre hechos de interés público que hacen a la administración del Estado y al respeto o violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Un relato único que, de ganar    más espacio, jamás permitirá conocer la verdad de casos como el de la represión en Chaparina, el escándalo Rózsa-Soza, el caso Cuba o los de corrupción, como los que estallaron con las detenciones en EEUU del exgeneral René Sanabria y el mayor Fabricio Ormachea, zares antidroga y anticorrupción al momento de ser sorprendidos in fraganti traficando drogas y extorsionando.

Fuente: Página Siete, 18.3.14 por Maggy Talavera, periodista boliviana

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