Sub editorial
Sin convocar a las partes ni percatarse de la vigencia de la Ley de Imprenta, el juez 11º de Instrucción en lo Penal de la sede de gobierno ha dispuesto “declarar improbada la excepción de incompetencia promovida por Ricardo Aguilar y Claudia Benavente, autor de una nota y directora del periódico La Razón, respectivamente, “prosiguiéndose con la competencia para ejercer control jurisdiccional de la presente investigación”.
Como se recordará, el Procurador del Estado demandó a Aguilar por revelar “secretos de Estado” y a Benavente por “complicidad” con el argumento, absolutamente injustificado que el autor habría revelado acciones reservadas en un reportaje sobre el trabajo de la comisión que elaboró la Memoria que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Incluso se hizo referencia a espionaje en favor de Chile.
Luego esta autoridad aclarará que el objetivo de la demanda es que el periodista diga quién le pasó la información, olvidando que un pilar de nuestro trabajo es defender a rajatabla el secreto de la fuente, norma que ha sido recogida sabiamente tanto por la Ley de Imprenta como por la Constitución Política del Estado, de la que el Procurador se siente uno de sus principales autores.
También se debe recordar que un caso puede ser declarado secreto o reservado sólo por disposición expresa y en forma previa a su divulgación, y que la prohibición es para los funcionarios públicos, no para los medios de comunicación.
Así, por donde se analice este caso es un despropósito al punto que despide un preocupante tufillo electoral.
Una vez más, declaramos desde Los Tiempos nuestra solidaridad en este caso con los ejecutivos, periodistas y trabajadores de La Razón.
Fuente: Los Tiempos, 30.5.14