Clarín y el Gobierno reflotan la guerra por la Ley de Medios

El Gobierno y el Grupo Clarín vuelven a recalentar la pelea por la Ley de Medios. Desde el oficialismo se sigue sin emitir opinión sobre el plan de adecuación presentado por el holding periodístico a pesar de que los plazos establecidos ya están vencidos. Por ese motivo, ayer Clarín envió una dura carta a los directores kirchneristas de la Afsca argumentando ser el único grupo en haber cumplido el plazo de 180 días establecido para presentar su división de activos. En la misiva, también se hace responsable a estos funcionarios, con Martín Sabbatella a la cabeza, de “trato discriminatorio” en relación a los demás medios. Y argumenta no haber tenido las mismas oportunidades para adecuarse que otras empresas periodísticas y de sufrir exigencias para readecuar su grilla diferente a las que la Afsca reclamó al resto. De hecho, Clarín amenaza a los directores K con iniciarles acciones penales “si persisten con esta persecución”. También hace referencia a “incumplimientos” de la Afsca del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre trato igualitario. “El incumplimiento de estas pautas es cotidiano y en forma sistemática se discrimina a Grupo Clarín y se favorece a los medios competidores”, asegura la nota.

A modo de ejemplo, Clarín sostiene que a los accionistas de Direct TV y América TV “se les permite ser accionistas indirectos de sociedades titulares de registros de señales, mientras que se le veda la misma posibilidad a Grupo Clarín (Resolución 618)”. Califica como “llamativo” que la Afsca “le haya permitido a la sociedad controlante indirecta de Directv tener el 100 % de su capital cotizando en el mercado de capitales (lo que permite la libre transferencia de la empresa sin control alguno) cuando la ley permite que ello sea de tan sólo un 30% (art. 25 inc. e)”. Se recuerda también que el organismo oficial realiza una “aplicación selectiva” de la norma con la inexplicable demora de más de 20 meses en el tratamiento de los planes de Telefe y Prisa. Y habla de “escandalosa campaña de hostigamiento del Gobierno que tiene por finalidad silenciar las opiniones editoriales críticas hacia las políticas oficiales, lo cual configura una violación al derecho a la libertad de prensa y expresión”. Se hace referencia a un “favoritismo” de Sabbatella para beneficiar a otros medios en el caso del ordenamiento de la grilla. Según el texto, “estas desigualdades provocan severos daños actuales y futuros del que Ud. es co-responsable y así le será reclamado mediante las acciones legales pertinentes”.

El grupo sostiene que el 15 de agosto de finalizó “en tiempo y forma” con los actos necesarios para ejecutar su propuesta de adecuación “declarada admisible mediante Resolución N° 193/AFSCA/2014”. Y solicita a la Afsca que “ordene y resuelva los actos necesarios para culminar el proceso, incluyendo una extensión del plazo de ejecución por todo el tiempo que esa Administración requiera para analizar e instrumentar los mismos”. El grupo argumenta que varios organismos oficiales no han emitido aún una serie de documentos autorizando ciertos procesos vinculados al plan de adecuación. Además, se le reclama a la Afsca que “tenga por contestada la improcedente intimación formulada al grupo” referida a la posibilidad de encarar la desinversión de oficio debido a que Clarín pretendió mantener las señales de la Unidad 4.

Al respecto, en declaraciones radiales, Sabbatella se excusó por las demoras en aprobar el plan de Clarín sosteniendo que “la adecuación no es solamente las señales. Hay que estudiar y analizar cada una de las unidades, quienes son los futuros compradores, si hay compatibilidades o no, si los nuevos compradores cumplen exactamente los requisitos o no. Eso es lo que estamos estudiando”. En referencia a Telefe, dijo que la Afsca “no tiene la obligación de tratar primero uno u otro plan. Eso no está establecido en ningún lado. La complejidad del expediente puede hacer que salga primero uno u otro”. Además, aseguró que el caso Telefe “debe ser más estudiado porque hay una complejidad extra sobre si existe algún nivel de incompatibilidad vinculado al servicio público”.

Y dio a entender que las decisiones finales las toma la presidenta Cristina Fernández. “Soy parte del equipo de la presidenta, estoy a disposición de lo que ella decida, hasta el 10 de diciembre del 2015, hago exactamente lo que decida la presidenta, después del 10 de diciembre del 2015 hago exactamente lo que decida Cristina, porque nosotros somos parte de este proyecto”, se sinceró.

Fuente: El Cronista, 22.8.14 por Andrés Sanguinetti, periodista argentino

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