Hace unos días se realizó, en Santa Cruz de la Sierra, el acto de posesión del nuevo directorio de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), presidido por don Pedro Rivero Jordán. A la ceremonia fueron invitados el presidente Evo, el vicepresidente y la ministra de Comunicación. Brillaron por su ausencia (EL DEBER. 20.11.2014). Al comentar esta noticia, pienso en la conducta ejemplar del exguerrillero José Mujica, presidente de Uruguay que, como el sudafricano Nelson Mandela, desechó la reelección y deja el cargo admirado por todo el mundo. El respeto a la libertad de prensa de este viejo guerrillero ‘tupamaro’ fue impecable. También recuerdo a la exguerrillera Dilma Rousseff, hoy presidenta reelecta de Brasil (2010-2014/ 2014-2018). Ella dijo, en 2011: “Prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de las dictaduras”. Toda una declaración de intenciones que ella cumplió e hizo cumplir escrupulosamente, pero Bolivia es diferente. Hay ‘demócratas’ que prefieren “el silencio de las dictaduras” cuando a ellos les incomoda “el ruido de la prensa libre”. Hace un año, por ejemplo, doña Amanda Dávila, ministra de Comunicación, sentó cátedra y dijo: “No pueden ser los propietarios de medios los que se constituyan (sic) en árbitros de lo que es la libertad de prensa. Eso no es correcto. Deben ser los pueblos, los ciudadanos, los que comenten, analicen y evalúen lo que es libertad de prensa y opinión” (EL DEBER, 23.10.2013).
La ministra tiene y no tiene razón. Tiene razón cuando habla de los ciudadanos como “árbitros de lo que es libertad de prensa”. A eso se le llama ‘mercado’. Los ciudadanos evalúan la libertad de prensa cuando compran y leen periódicos. A nadie se le obliga a comprar y leer periódicos, ver un canal determinado de televisión u oír una radio. En cambio, la ministra no tiene razón cuando niega a los propietarios de los ‘medios’ el derecho de comentar, analizar y evaluar la libertad de prensa, porque, además de ser un derecho, forma parte de su oficio y responsabilidad. De las palabras de la ministra se deduce que el Gobierno se considera ‘árbitro’ indiscutible para juzgar, en nombre del ‘pueblo’, lo que es y no es libertad de prensa y opinión en Bolivia. El Gobierno –en democracia– no es quién para calificar y otorgar certificados de buena conducta sobre libertad de expresión. Y si esto ocurre, hablamos de ‘censura’.
Si los ciudadanos permiten, con su silencio, que un gobierno elegido democráticamente ordene antidemocráticamente qué se informa, cómo se informa y cuándo la información debe convertirse en propaganda, están consintiendo el abuso de poder. Conviene saberlo y no olvidarlo.
Fuente: El Deber, 28.11.14, por Pedro Shimose, escritor, poeta y periodista boliviano