Democracia y libre expresión

Editorial de El Deber
En octubre de 2010, una decena de periódicos de Bolivia dejó sus portadas en blanco con apenas la inscripción: “No hay democracia sin libertad de expresión”. Fue una protesta nunca antes vista por la Ley N.º 045, que coloca en estado de vulnerabilidad a los medios de comunicación y a los periodistas. Se considera esta ley con un título y un propósito noble: la lucha contra el racismo y la discriminación, pero que persigue un fin innoble: controlar a los medios y a la sociedad. Sin entrar en alguna precisión, la ministra de Comunicación aseguró que en Bolivia hay una “excesiva” libertad de prensa a la que, cuando es bien ejercida, no se le pueden fijar límites.
Dos de los artículos de la referida norma, el 16 y el 23, son controversiales por decir lo menos. El primero de ellos dice que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de su licencia de funcionamiento”. El art. 23 indica que “cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”. Se solicitó, sin resultados, modificar esos artículos antes de la aprobación de la citada ley. Algunas organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hicieron llegar sus propuestas pero estas fueron a parar al tacho de la basura.
Últimamente, el viceministro de Descolonización anunció un proceso contra la periodista Amalia Pando por permitir un supuesto acto de discriminación durante una entrevista radial con el coronel Germán Cardona. La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, aludida por Cardona en la entrevista, dijo no estar de acuerdo con el juicio contra Pando, lo propio manifestó el vicepresidente del Estado, mientras que el defensor del pueblo criticó la aplicación ‘errónea’ de la mencionada ley.
En el caso de Pando se hicieron distinciones en la aplicación de la misma ley cuando un exministro de Salud reveló públicamente el delicado estado de salud de un exmagistrado. Funcionó, en cambio, la ley del embudo: ancha para unos y angosta para otros. La ANP rechazó la amenaza de juicio contra la nombrada periodista y reiteró que se comete abuso de poder al emplearse una legislación creada para otros objetivos “como un mecanismo para generar un clima de temor y autocensura entre los medios de comunicación y los periodistas”.
Es más que prudente el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley en cuestión para hacerle las enmiendas correspondientes
Fuente: El Deber, 9.5.15