Prensa bajo acoso

Los medios de comunicación que no son de la línea oficialista ni responden a los devaneos del poder vienen soportando una fuerte y sostenida arremetida de las principales autoridades del Gobierno, lo que acentúa un deterioro gradual de las condiciones para el ejercicio periodístico en Bolivia. Hace poco, durante el conflicto por las demandas de los cívicos de Potosí, cuyas movilizaciones llegaron a la ciudad de La Paz, el jefe de Estado acusó a los medios de “incendiar el país” y de estar al servicio de la oposición.
La cantinela no es novedosa por cuanto el primer mandatario, a poco de haber llegado a Palacio Quemado hace casi una década, identificó a los medios como sus principales enemigos y desestabilizadores de su gestión. No se ha quedado atrás el vicepresidente al admitir públicamente que el Gobierno evita la publicidad en algunos medios porque “mienten” y hacen “política partidaria”. Privados de esos recursos que recibe el TGN de todos los bolivianos, esos medios están condenados a la asfixia financiera e incluso a cerrar sus puertas.
Acusaciones de tal jaez, destempladas y sin pruebas, se han vuelto recurrentes y coinciden con el alejamiento de los medios informativos de figuras connotadas del periodismo, caracterizadas por su posición crítica al Gobierno. Con motivo de la visita del papa Francisco, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en carta dirigida al pontífice, denunció la “sistemática asfixia a los medios independientes a través de injustos tributos, por una fiscalización destinada a generar temor y autocensura, y por las constantes agresiones a los periodistas”.
Mientras el vicepresidente del Estado afirma que nunca antes hubo tanta libertad de expresión en el país, la ANP considera que se está atravesando un momento crucial en que el silenciamiento de voces que discrepan con las ideas del Gobierno podría limitar drásticamente esa libertad de expresión que se dice que hay en Bolivia. La misma organización recuerda que este año, con celeridad llamativa, fueron imputados y enviados a la cárcel los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco cuando cumplían su trabajo periodístico. Este atropello se agrega a los 21 casos de agresiones físicas y verbales reportados por la ANP en lo que va del año.
La prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Por eso es preocupante el acoso a los medios de comunicación por regímenes que, en teoría, se consideran libres y democráticos
Fuente: El Deber, 14.8.15

Acatar la libertad de expresión no es un acto protocolario

La regulación, el acatamiento, la vigencia de la libertad de expresión, de opinión, el debate de las ideas y la libertad de prensa han sido producto de una lucha incesante de la humanidad por ver respetados y reconocidos sus derechos fundamentales que son inalienables, universales, irrenunciables e interdependientes.
La materialización de las ideas, las distintas formas de comunicación, el acceso a distintas fuentes de información, la posibilidad de informar, de opinar, de disentir, son pilares fundamentales para la democracia e inherentes al ejercicio de la profesión periodística que, como toda práctica profesional, se rige por referencias deontológicas.
La libertad de información, consagrada universalmente, constituye una esencialidad en la participación ciudadana real y en la construcción de condiciones materiales y espirituales de las personas.
En Guatemala, el periodismo ha sido una profesión de alto riesgo. Durante el conflicto armado, según algunos datos, la contrainsurgencia cobró la vida de 342 periodistas y 126 fueron desaparecidos; decenas tuvieron que salir al exilio para resguardar sus vidas. Muchos fueron torturados, se implantó la censura oficial y prevaleció la humillante autocensura, que privó a la sociedad del conocimiento de las atrocidades que sucedieron y que muy poco están reflejadas en los medios. Atreverse a informar, apegarse al rigor de la verdad, no acatar los límites impuestos, se convirtieron en sentencias de muerte.
Hoy nuevas amenazas nos tienen cercados, la agitación de los escenarios en donde se desarrollan los hechos que constituyen noticia se convierten en peligros, que unas veces se hacen evidentes y otras son parte del enorme subregistro de casos que los reporteros no denuncian.
Los ataques contra periodistas se han incrementado, provienen de agentes vinculados al Estado, de autoridades, de fuerzas de seguridad, de partidos políticos, de sicarios, de criminales y hasta de pobladores, entre otros.
También se ha recurrido a las denuncias penales, para inhibir la libertad periodística, tal el caso de las acciones ejercidas por allegados al partido Líder, por haberse difundido información que perjudica la imagen de su candidato presidencial, con lo cual buscan someter a un acoso a profesionales quienes están haciendo su trabajo. Se obvia así la jurisdicción privativa a la que tenemos derecho y que es lo que correspondería cuando se tratare de delitos referidos a la libertad de expresión.
Desde 1994, en la Declaración de Chapultepec, las personalidades signatarias reconocieron que “la crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales, son un peligro constante para el progreso alcanzado”. Agrega: “Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicaciones. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas”.
Trece candidatos a la Presidencia —faltó uno— firmaron la Declaración que establece un decálogo que materializa una aspiración ciudadana, como dijo un miembro de la SIP, “saca de la abstracción la libertad de prensa y expresión y la convierte en algo medible y tangible”.
Fuente: Periodistas en español, 14.8.15 por Ileana Alamilla, periodista guatemalteca

Periodistas contra el discurso del odio en los medios

La Federación Europea de Periodistas (FEP) se ha unido a la organización italiana “Carta di Romawelcoming” en una iniciativa lanzada en el diario La Stampa, en la que se pide a los profesionales de los medios ser conscientes del peligro de una discriminación propagada a través de los discursos de odio, tras los recientes debates y cobertura de los medios sobre la “crisis migratoria” en Europa.
Ricardo Gutiérrez, secretario general de la FEP, señala que “los periodistas deben atreverse a denunciar y enfrentar el discurso del odio públicamente. Tienen la responsabilidad ética de contrarrestar los mensajes y comentarios racistas y discriminatorios que incitan al odio y la violencia contra otras personas en la esfera pública”.
Frente a una ola de comentarios antigitanos en la página Facebook de La Stampa, el periódico anunció el 9 de agosto que suprimiría esos mensajes racistas y prohibirá a los usuarios publicar esos comentarios. El periódico recomendó a sus lectores no responder o reaccionar a los comentarios de odio, sino informar al editor de inmediato para tomar las medidas necesarias y evitar la propagación del discurso de odio.
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La iniciativa se puso en marcha después de que varios periodistas, entre ellos el alemán Anja Reschke, de la televisión pública regional NDR, o Julien Vlassenbroek, periodista belga que trabaja para la televisión pública RTBF, tomaran posición públicamente contra el crecimiento de ataques racistas contra los refugiados durante las emisiones de sus programas.
Julien dijo: “Es desalentador como periodista ver un gran número de comentarios que se basan en la xenofobia y la ignorancia si quieres expresar tu odio a otros seres humanos, por favor hazlo en otro lugar, pero no en esta página de Facebook”.
Gutiérrez considera que “estas respuestas de periodistas individuales son de gran alcance. Los periodistas no pueden permanecer pasivos cuando se enfrentan a la incitación al odio y la ignorancia de lo contrario se convertirán en cómplices. Las organizaciones de medios tienen derecho a aplicar medidas para hacer frente a los comentarios de odio y prevenir que cualquier persona pueda predicar ese tipo de mensajes en los medios.
“A pesar de que la libertad de expresión, tal como fue concebida por la Convención Europea de Derechos Humanos, se aplica también a las declaraciones que ofenden, resultan chocantes o perturban los demás”, dijo Ricardo Gutiérrez,  “en este caso, no es realmente una cuestión de libertad de expresión. Se trata de la ética profesional de los periodistas y los medios de comunicación”.
“Hay una serie de códigos de ética en las redacciones que requieren de medios de comunicación y editores moderar los comentarios de los usuarios de Internet con el fin de evitar los de carácter racista, discriminatorios, insultos y odio. Los propietarios de los medios de comunicación deben proporcionar los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo esta misión periodística”, añadió.
Fuente: Periodistas en español, 14.8.15

Malasia: medios censurados por mencionar la corrupción del gobierno

Los grupos titulares de medios de comunicación en Malasia han lanzado una campaña dirigida a la opinión pública para que les ayude a tutelar el derecho a la libertad de expresión, tras la suspensión de una página de información digital y dos periódicos locales por publicar artículos relativos a un escándalo financiero en el que está implicado el primer ministro del país, informa Mong Palatino en la publicación Global Voices Online.
El 19 de julio de 2015 apareció bloqueado Sarawak Report, un  sitio informativo, como resultado de las diligencias abiertas por la Comisión de Malasia para la Comunicación y los Multimedia (Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC), que le acusa de difundir “acusaciones no verificadas” sobre los negocios de 1Malaysia Development Bhd (1MDB), una sociedad de inversiones gubernamental y dice que el bloqueo se ha llevado a cabo “tras recibir quejas de la opinión pública”. La semana siguiente, el Ministerio del Interior suspendió la licencia de los periódicos The Edge Financial Daily y The Edge Weekly, también por publicar documentos y reportajes de investigación sobre 1MDB.
El caso 1MDB se refiere a algunas dudosas transacciones financieras efectuadas por la entidad, que habrían costado miles de millones de dólares a los contribuyentes. En los primeros días de julio de 2015, el estadounidense Eall Street Journal publicó un informe denunciando la transferencia de 700 millones de dólares a diversas cuentas bancarias del primer ministro de Malasia, Najib Razak, a través de la sociedad 1MDB. De momento, el gobierno malasio dice que está investigando los movimientos de la compañía y el ministro niega las acusaciones.
Por su parte, el digital Sarawak Report mantiene no haber cometido ningún delito y exige que el gobierno presente pruebas acerca de los manejos llevados a cabo por 1MDB, en lugar de censurar la información: “Este nuevo atropello a la libertad de los medios no hace más que desacreditar a una Administración que está demostrando no ser capaz de enfrentarse a la evidencia”. El bloqueo de Sarawak Report ha inspirado  a muchos internautas malasios, que no cesan de comentar lo sucedido en las redes sociales.
En cuanto a los periódicos censurados, el Ministerio del Interior ha declarado que dos de los artículos publicados en The Edge sobre 1MDB podían “presumiblemente, suponer un peligro para el orden público y la seguridad, y sembrar la alarma en la opinión pública”.
El Centro para el Periodismo Independiente (Center for Independent Journalism, CIJ) ha emitido un comunicado afirmando que el gobierno tiene que investigar las acusaciones de corrupción en lugar de atacar a la libertad de expresión: “El CIJ manifiesta su enorme preocupación por la última vuelta de tuerca en torno a una cuestión de interés público, que niega la capacidad de todos a buscar información, discutir sobre ella y formarse una opinión. El CIJ reitera su exigencia de que se investiguen las cuestiones de actualidad y se niega a aceptar ningún tipo de regulación o censura en Internet”, lo mismo que en los medios convencionales.
Malaysiakini, página informativa alternativa, ha publicado un editorial denunciando la actuación del gobierno, al que acusa de “pérdida de credibilidad”: “Cuando unos representantes políticos que no tienen nada que ocultar silencien u n medio de comunicación ponen en duda su credibilidad. Esta suspensión lo que hace es enviar al pueblo el mensaje de que el gobierno tiene algo que ocultar”.
Para el Club de Corresponsales Extranjeros de Malasia (Foreign Correspondents Club of Malaysia ) “la idea de que el gobierno pueda suspender, o revocar la licencia periodística mina cualquier defensa que se haga de la libertad de prensa. Y suspender un periódico por publicar informes que nadie ha podido demostrar que sean falsos, es algo absolutamente contrario al concepto de justicia natural”.
La asociación de defensa de los derechos humanos Suaram ha exigido al gobierno verdad y transparencia. El grupo de juristas Lawyers for Liberty ha asegurado que la suspensión de Sarawak Report tiene un “efecto escalofriante” en la prensa: “Es necesario recordar a las autoridades que el periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un componente indispensable en una sociedad moderna y democrática, como medida de control y equilibrio para los excesos del gobierno. Un comportamiento autoritario envía a la prensa un espantoso mensaje de autocensura”.
Los juristas malasios aseguran también que investigaciones como la publicada por The Edge deberían verse “animadas” por las autoridades, para garantizar un buen gobierno.
Fuente: Periodistas en español, 12.8.15 por Mercedes Arancibia, periodista española

La libertad de expresión en Bolivia

En un artículo anterior hice una resumida descripción de la situación del derecho a la libertad de expresión en América Latina, sobre la base del análisis de la temática en dos eventos realizados en San José de Costa Rica, durante los días 16 al 20 de junio pasado; describiendo las formas en las que se vulnera este derecho. Algunos amables lectores de mi columna me pidieron que hiciera el análisis del tema en nuestro país, razón por la que abordo el tema.
Es lamentable constatar que en Bolivia la libertad de expresión no está exenta de las acciones y determinaciones que la vulneran o, cuando menos, la ponen en grave riesgo de restricción indebida.
Resulta muy preocupante que, desconociendo el principio del pluralismo político proclamado por el art. 1º de la Constitución, altos funcionarios de gobierno desplieguen acciones de descalificación social o política en contra de aquellas personas que asumen una posición crítica o diferenciada frente a las políticas o el accionar del Gobierno nacional. Desconociendo su derecho a la libertad de expresión tildan a esos ciudadanos de derechistas, neoliberales, incluso de “agentes del imperialismo”, los estigmatizan como enemigos del “proceso de cambio”, o les acusan de trabajar a favor de empresas transnacionales; así, a manera de ejemplo, se puede mencionar las últimas acusaciones hechas públicas en contra de las ONG Cedib, Fundación Tierra, Fundación Milenio y Cedla, a las que se las acusa de “hacer política”, y de responder a “intereses transnacionales”, amenazando de expulsarlas del país. Ese accionar gubernamental constituye una lamentable y grave vulneración del derecho a la libertad de expresión.
De otro lado, no dejan de llamar la atención y generar legítima preocupación las acciones de amedrentamiento desplegadas por servidores públicos en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, a través de amenazas, como las que fueron vertidas en contra de una periodista de la Red ATB, o las vertidas en el Municipio de Yacuiba en contra de una periodista, hechos que oportunamente fueron denunciados, pero hasta la fecha no han sido esclarecidos.
En los últimos días se ha hecho pública la determinación del Gobierno, que se viene ejecutando desde mucho tiempo atrás, de excluir de publicidad estatal a aquellos medios que unilateralmente los ha catalogado como “políticos”; en razón a que asumen una línea editorial crítica o tienen programas en los que expresan posiciones contrarias o críticas a las políticas de gobierno. Con esa acción de exclusión generan una asfixia económica a los medios masivos de comunicación social, motivando a que se autocensuren y, en su caso, cancelen programas o destituyan a periodistas. Así, a manera de ejemplo, podemos señalar lo que ha acontecido con Carlos Valverde, la periodista Amalia Pando, que se vio obligada a renunciar a la Red Erbol, o el periodista John Arandia, intempestivamente separado de sus funciones en Cadena A. Esas acciones constituyen una forma indirecta de vulneración a la libertad de expresión, ya que generan una suerte de autocensura en los medios masivos de comunicación social.
De otro lado, se han emitido disposiciones legales, como la Ley del Régimen Electoral o la Ley Antirracismo, que imponen obstáculos legales al ejercicio de la libertad de expresión.
Según dispone el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…). El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores (…). No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”. De otro lado, el art. 21.5 de la Constitución prevé que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 5) A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.
Las acciones gubernamentales antes referidas infringen las normas convencionales y constitucionales trascritas; por lo tanto, vulneran el derecho a la libertad de expresión de las personas cuyas ideas, opiniones y pensamientos motivan su descalificación social o política además de generarle consecuencias económicas. Algo más grave aún, vulneran el derecho de los bolivianos y bolivianas a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.
Cabe recordar que, por previsión del art. 1º de la Constitución, Bolivia es un Estado democrático de Derecho, lo que significa que tiene como uno de sus elementos cualificadores la concepción plural de la Sociedad, sustentada en la plena vigencia de la libertad de expresión; en coherencia con ello, el Estado Plurinacional se funda en la pluralidad y el pluralismo político, lo que supone la coexistencia de diferentes ideologías, sin que esté permitida la imposición de un monopolio ideológico; finalmente, el Estado de Derecho supone, de un lado, el respeto y cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico, y, de otro, la vigencia plena de las libertades, así como el resguardo y respeto de los derechos fundamentales.
Siendo esas las cualidades del Estado boliviano, es inconcebible que en un régimen democrático se desplieguen esas acciones en contra de la libertad de expresión, desconociendo las reglas preestablecidas y los compromisos internacionales, como los pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fuente: Los Tiempos, 12.8.15 por José Antonio Rivera, catedrático de Derecho Constitucional