El vicepresidente Álvaro García Linera hace poco -sin mostrar prueba alguna- afirmó que hay medios “mentirosos y políticos” que defienden intereses de transnacionales a título de “cuidar” el medioambiente. La medida: cortarles la publicidad estatal, financiada con los impuestos de todos los bolivianos (TGN). Esto, en todas sus letras, es un abuso y va contra la Constitución Política del Estado, mellando el Art. 107 y sus III incisos. ¿Mentirosos?, ¿quiénes?, ¿cuáles las pruebas? Lamento la mala calidad de crítica del vicepresidente García Linera. Esta acusación, al parecer, muestra algún temor a la libertad de pensamiento y por ende expresión (LE) que, entre otros, pretende -periodísticamente- informar a la sociedad civil sobre lo que acontece en Bolivia, entre ellas, por supuesto, la fiscalización de la gestión gubernamental consagrada en la CPE.
Por ello, la pregunta de rigor: ¿esa casi “especie” de confederación de medios estatales y para estatales -a los que alude Raúl Peñaranda- con claro sesgo “político”, no mienten? ¿Ese 80% de medios, al que se refiere el vice García Linera, ¿no mienten?
El desdén por la libertad de expresión es desdeñar este derecho señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las constituciones de los sistemas democráticos. Este derecho incluye el de no ser molestado por causa de opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La LE en Armand Mattelard es dialéctica con la libertad de pensamiento. Ariel Dorfman va más allá, y la cataloga como esencia humana. José Martí no admite la forma de “forjar” con filosofías, religiones, sistemas políticos que enfajan (a las audiencias) como a un caballo embridado. Que algunos medios (privados) en una posición genuflexa decidieron (política y empresarial) alinearse al Gobierno es su decisión, respetable por supuesto.
John Stuart Mill afirma que la LE es esencial para el descubrimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Ese mensaje (hecho noticioso) que las personas deciden aceptar o rechazar. Oliver Vendrell Holmes Jr. y Louis Brandéis, famosos juristas, sustentan que ésta (información) es el sostén para vivir en libertad democrática. Por ejemplo se informa: “sólo el 10% de los trabajadores tiene un trabajo digno. La agricultura es uno de los sectores informales en la que hay más pobreza. 9 de cada 10 trabajadores tienen un empleo precario”. “Se nota que el desempleo nos debe estar golpeando de una manera tan cruel porque se ve grandes concentraciones de comercio informal, que es la manera como el desempleo se expresa, se escapa y se muestra”. Estas noticias desdicen que la pobreza en los 10 años de Gobierno actual sigue igual, sino que se ha incrementado; ¿por ello, el medio que difundió las mismas, miente? Loable sería que el Poder permita que los medios compitan entre las audiencias en igualdad de condiciones, superando el temor a la LE.
El receptor tiene la experiencia necesaria para determinar cuáles -noticias- son verdaderas, falsas, o relativas. Entonces, eso de “mentirosos” permite colegir, más bien, un temor, ¿a qué?, ¿a la fiscalización?, ¿a la información independiente? ¿Para así justificar una (deliberada) asfixia económica? Por “ética revolucionaria” el Poder tiene la obligación de garantizar la LE en democracia, de no ser así, continuaría el “auto flagelo” que debilita el “proceso de cambio”.
Fuente: El Diario, 4.9.15 por Juan José Chumacero, director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (CISEC).