La libertad de expresión en Bolivia tiene una faceta virtual que se ha puesto en debate especialmente durante los procesos electorales. Declaraciones de autoridades nacionales y departamentales del Órgano Electoral Plurinacional y de otros poderes han mostrado voluntades y argumentos tanto para regular contenidos en redes sociales como para no hacerlo. Este es un ejemplo nacional de una preocupación global acerca de una doble función de internet con relación a la libertad de expresión: como una tecnología que promueve la libertad de expresión o como otra que permite a empresas, gobiernos, ciudadanos/as y reguladores bloquear contenidos y desconectar usuarios.
Probablemente la respuesta a esta preocupación es mixta, por cuanto internet puede promover la libertad de expresión a la vez que restringirla. Por un lado, es imposible controlar o censurar contenidos que ya hayan sido publicados, especialmente si se viralizan, ya que implica denunciar a Facebook, Blogger, Twitter, etc. para que borren los mensajes cuestionados, que pueden ser miles, y entender que cuando éstos han sido eliminados ya hay otros blogs y cuentas que han compartido nuevamente esos contenidos. Se vuelve un ejercicio de nunca acabar. De esa manera, internet sí es una plataforma que defiende la libertad de expresión (que hayan abusos de esa libertad de expresión es otro tema, que conversaremos en otra columna).
Por otro lado, ya lo mencionamos, es posible solicitar que se borren ciertos contenidos e incluso que se anulen ciertas cuentas de usuarios. Lo extraño es que quien decide si hacerlo o no son las empresas privadas que tienen base legal en EEUU o en algún otro país que nunca es Bolivia; me refiero a Google, Facebook, Twitter, entre otras.
Acciones más locales pueden bloquear el acceso a contenidos para que al buscarlos a través de exploradores los usuarios no los encuentren. También se puede interpretar o crear legislación para tipificar algunos actos de usuarios como delictivos y tomarlos presos, para amedrentarlos. Estas son algunas formas en las que se puede restringir la libertad de expresión en internet.
Frente a esta situación, nos queda entender que nuestro derecho a expresarnos libremente también se ejerce en internet y que es posible amenazarlo desde diferentes poderes; por lo que hay que ejercerlo responsablemente e informarse de las diversas acciones que pueden tomar las empresas, los gobiernos y otros usuarios en contra de este derecho. Más allá de aspavientos poco informados como denunciar hackeos ante la más mínima situación extraña, mejor será conocer las normas nacionales y los procedimientos que imponen las empresas en las que abrimos cuentas, para entender cuando nuestro derecho está siendo coartado.
Fuente: La Razón, 24.9.15 por Eliana Quiroz, periodista