La madre de las mordazas

La libertad de expresión es un derecho humano, entendiendo como tal a aquel que nace con el ser humano y forma parte de su esencia, independientemente de su reconocimiento formal por parte de un Estado.
Es decir, los derechos humanos lo son aunque la Constitución y leyes de un país no los reconozcan.
Por esa razón, en los países democráticos, e incluso en aquellas dictaduras con apariencia democrática, los tratados internacionales sobre derechos humanos están, en la jerarquía normativa, por encima de las leyes nacionales y los estados suscriptores están obligados a adecuar su legislación a los estándares de los referidos tratados.
Tal como ya lo hemos comentado en esta columna, el oficialismo, desde sus inicios, ha desplegado una muy bien articulada estrategia para sustituir, en el subconsciente colectivo, la libertad de expresión por el concepto “comunicación”, con el objeto de desvincular la actividad de la prensa de la libertad de expresión. Esto lo pudimos notar desde los primeros borradores de la Constitución de Montecristi hasta la Ley de Comunicación aprobada en 2013.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la libertad de expresión como el “derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones o informaciones”.
En relación con la comunicación, el DRAE la define de nueve maneras, pero en ninguna como un derecho humano:
“… acción y efecto de comunicar o comunicarse…”, “…trato, correspondencia entre dos o más personas…”, “… transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor…”, etcétera.
Entonces, la comunicación es un vehículo de la libertad de expresión, pero NO es un derecho. La libertad de expresión es un derecho humano que se exterioriza y se ejerce a través de la comunicación.
Para explicarlo con otro derecho, cito el de libre circulación dentro del territorio ecuatoriano, que yo lo ejerzo cuando me transporto por las carreteras del país. Pero ni las carreteras, ni el vehículo son un derecho humano.
La reforma constitucional que promueve el Gobierno, según la cual la comunicación quedaría encasillada como un servicio público, no es más que un intento de ponerle barrotes constitucionales a la cada vez más deteriorada libertad de expresión, que a cuentagotas y con terror ejercemos en el Ecuador.
Digámoslo frontalmente: NO se trata de una discusión semántica o técnica sobre la naturaleza de la comunicación; lo que está en juego es la estatización formal de la libertad de expresión de los ecuatorianos.
Entendamos que si el Gobierno reforma la Constitución y establece que la comunicación es un servicio público, esta deberá seguir la suerte y regulación de los demás servicios públicos. Y, en consecuencia, al igual que el alumbrado público o el servicio de agua potable, la comunicación se convertiría en una de las tareas y obligaciones del Estado para con sus ciudadanos (servicio público) y, en consecuencia, será una actividad privativa del Estado y delegable al sector privado de manera temporal, por excepción y con las limitaciones que el Estado disponga.
De manera que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión (a través de la comunicación) de los nacionales y extranjeros que residan o transiten por el Ecuador estará condicionado a la voluntad del gobernante de turno o al funcionario a cargo de su control. ¿Qué tal?
Se viene la madre de todas las mordazas.
Fuente: El Universo, 11.11.15 por Pedro X. Valverde, abogado ecuatoriano

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