La democracia en riesgo

La sucesión de acontecimientos producidos en el ámbito de la comunicación desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri no constituyen apenas un problema sectorial, de un campo de actuación o de un grupo de personas afectadas por razones profesionales o vocacionales. Hoy en día, la comunicación y el ejercicio del derecho que está vinculado a la misma, está indisolublemente ligado a la democracia misma. No puede pensarse la democracia al margen de la comunicación democrática y la comunicación democrática, plural, diversa es condición esencial para una democracia que garantice la igualdad y la justicia de los ciudadanos.
“Hoy en día se considera que la comunicación es un aspecto de los derechos humanos. Pero este derecho se concibe cada vez más como el derecho a comunicar, y rebasa el derecho a recibir comunicación o a ser informado. Se estima pues, que la comunicación es un proceso bidireccional, cuyos participantes –individuos o colectivos– mantienen un diálogo democrático y equilibrado.” El “hoy en día” de la cita resulta ya viejo por lo menos en el tiempo, aunque de ello aún no se han enterado (o no quieren darse por enterados) los nuevos gobernantes de la Argentina. La cita corresponde al documento de la Unesco titulado “Un solo mundo, voces múltiples” (también conocido como Informe MacBride) y data de 1980.
Solo para recordar. En el mismo texto se afirmaba que “el derecho a la comunicación constituye una prolongación lógica del progreso constante hacia la libertad y la democracia. (…) Todo el mundo tiene derecho a comunicar”. Pero para hacerlo tienen que existir condiciones mínimas de viabilidad política y factibilidad operativa. Y corresponde al Estado –porque estamos frente a un derecho humano inherente también a la ciudadanía– garantizar tales condiciones. Si no hay pluralidad de voces, si se fomenta o facilita la concentración mediática, si se miente o se omite la información (aunque se hagan conferencias de prensa en las que se responde siempre sobre un libreto ensayado y aprendido) no solo se está violando un derecho sino que se atenta contra la democracia misma.
Escribían los expertos convocados por la Unesco en 1980:
“La diversidad y la elección del contenido de la comunicación son condiciones previas para la participación democrática. Todo individuo y todo grupo concreto deben estar en condiciones de formular juicios fundados en la más amplia gama posible de informaciones, mensajes y opiniones y tener la ocasión de compartir sus ideas con los demás.” En síntesis, nuevamente; sin diversidad y posibilidad de elegir contenidos no hay democracia. Y tal elección no puede medirse con la vara del mercado ni dejar que la oferta y la demanda “regule” el tema. Lisa y llanamente porque la comunicación no es una mercancía, sino un bien cultural al que todos los ciudadanos tienen que acceder como derecho, de la misma manera que a la salud, a la educación y al trabajo remunerado con un salario justo.
Miente también el dirigente político o el funcionario (incluyendo también al Presidente) que mira para el costado, se hace el distraído o afirma no tener ninguna responsabilidad cuando una empresa privada deja sin trabajo a un periodista por razones de su posicionamiento político o editorial. Mucho más grave aún cuando todos los indicios ponen en evidencia que estas medidas represivas contra la libertad de expresión están promovidas y aplaudidas por la misma autoridad política.
“La variedad y la posibilidad de escoger el contenido de la comunicación es una necesidad en un sistema democrático, aunque no sea la única, y aunque esta condición no garantice automáticamente la democratización. Todo individuo debe tener la posibilidad de formarse su propia opinión a partir de una amplia gama de informaciones y de la presentación de puntos de vista diversos”, seguía diciendo la Unesco hace más de 35 años en aquel documento que hoy, con tristeza y preocupación, todos los argentinos deberíamos repasar para cotejar con lo que está ocurriendo frente a nuestras narices.
Como se dijo, las citas que anteceden no responden a ningún pronunciamiento reciente. No son parte de declaraciones políticas de grupos ultra y tampoco de voceros del gobierno saliente. No expresan tampoco la plataforma de una confabulación contra el gobierno que desde el 10 de diciembre se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Pero sirven para echar luz sobre las determinaciones adoptadas en materia de comunicación (…coincidentes también con medidas tomadas, bajo el mismo sesgo ideológico, en casi todas las áreas). Avasallamiento de la diversidad, promoción de la concentración mediática, aliento de la censura, atropellos a la libertad de expresión. Con todo ello lo que se hace es atentar contra la democracia y la república, palabras con las que se llenan la boca impúdica y falazmente todos y cada uno de los funcionarios del gobierno del PRO. Porque el derecho a la comunicación está siendo violado, la democracia está en riesgo.
Fuente: Página12, 13.1.16 por Washington Uranga, periodista uruguayo

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