91 años de la Ley de Imprenta

Acostumbrados a esa terminología convertida en festiva, podríamos decir que hoy, 19 de enero, celebramos el 91 aniversario de la polémica Ley de Imprenta, promulgada por el presidente Bautista Saavedra en 1925. Sus 71 artículos son la prenda de garantía del ejercicio del actual derecho a la comunicación y a la información, al no existir otra norma legal que se refiera al ordenamiento reglamentario de esos derechos de libertad.
Es igual de añeja ya que deriva históricamente de aquel Art. 150 de la fundacional Constitución Política del Estado que decía: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley determine”.
La primera Ley de Imprenta fue sancionada el 7 de diciembre de 1826, fue creada por tres ciudadanos parlamentarios que se encargaron de redactarla: José María Pérez de Urdininea, presidente. Miguel María de Aguirre, diputado secretario. José Mario Salinas, secretario Ministro del Interior, Facundo Infante, bajo la presidencia de Antonio José de Sucre. De manera que desde el nacimiento de nuestra patria a la vida independiente, se cuenta con reglamentación legal sobre el derecho a comunicar, a informar a través de los medios, tomando en cuenta la significación de la prensa en los inicios republicanos, Desde esa primera ley a la actual, ha corrido mucha agua bajo el río. Así como hubo 17 reformas constitucionales en nuestra vida republicana, también hubo muchas reformas a la Ley de Imprenta, bajo presión del poder político de turno. Cada gobernante pretendía proyectarla conforme sus visiones ideológicas para acomodar a sus intereses el manejo de la comunicación pública.
La última que recordamos los periodistas de mi generación sobre las propuestas de reforma de la ley es aquella propuesta por Mario Rolón Anaya (ADN) en 1988 que en tan sólo dos párrafos y 46 palabras pretendía borrar de un solo plumazo una ley más que centenaria y garantía de todos a expresarse. La iniciativa de la ley había nacido en el Concejo Municipal de Cochabamba, con Medardo Navia (MIR). Felizmente la movilización de los periodistas acabó imponiéndose, barriendo tan descabellada iniciativa. La Ley de Imprenta desde entonces no ha sido desagraviada por esta torpeza edil. Lo menos que podría hacerse en ese sentido es dar paso a la instalación del Tribunal de Imprenta, como manda la Ley (Art. 21), en todos los Concejos y juntas municipales del país. No sólo se trata de desagravio sino cumplimiento legal, lo contrario significaría incumplimiento de deberes y desacato a la ley.
La Ley de Imprenta por su antigüedad, casi 100 años, es considerada obsoleta por no haberse actualizado y modernizado, o mejor, adecuado a la realidad actual, aunque el espíritu de su contenido sigue y seguirá siendo el mismo, ser el ente que garantice la expresión de las ideas, las opiniones que se digan a través de la comunicación social que no cambia, sino que se adecúa conforme va encontrando soporte en las nuevas tecnologías. Hay necesidad de adecuarla, más no de revisar su contenido, el espíritu mismo de la norma, que en muchas cuestiones es más acertada que las normas modernas, por ejemplo, no reconoce ni distingue fuero alguno en todos los casos de delitos de imprenta, desde el Presidente del Estado Plurinacional hasta un ciudadano cualquiera puede ser enjuiciado por la Ley de Imprenta (Art. 28), lo que es justo. Todos deben comparecer ante el Tribunal de Imprenta,  por lo que dicen públicamente, si con ello molestan u ofenden.
Fuente: Los Tiempos, 19.1.18 por Jaime D`Mare C periodista.

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