Cuando el periodismo estorba

Para quienes estorba el periodismo crítico y creen que la comunicación es un “servicio público”, no estaría mal que observen el caso de Chile, donde gobierna una cercana amiga del Presidente. Ella se cobija con las banderas de socialista y progresista, pero jamás se le ocurriría hacer lo que ha hecho su amigo ecuatoriano.
En Chile, la pluralidad de medios, ya sean grandes, chicos, radiales, escritos, televisivos, alternativos… cumplieron su tarea: destaparon casos de corrupción y sacudieron los cimientos del poder político y económico. Si un medio evitó algún tema por intereses o dependencia con quien sea, otro lo expuso. Compitieron y el resultado está a la vista.
Pusieron contra la pared a influyentes personajes, incluidos el banquero más poderoso y hasta el hijo y la nuera de la Presidenta, pero al Gobierno no se le ocurrió plantearles un juicio, declararse injuriados, llamar al “pueblo” a repudiarlos o dedicarles una andanada de ataques. Cuando en marzo del 2014 arrancó la gestión de Michelle Bachelet, quien se ha empeñado en reemplazar algunas políticas que en su país funcionaron bien por las fracasadas de otras latitudes, el oficialismo habló de diseñar una ley para regular a los medios de comunicación. Pero no hubo piso para que prospere tal idea.
Ciertamente hay partidarios de poner límites, pero son minoría, y el país parece vacunado contra la censura luego de la larga y cruenta etapa dictatorial.
Gracias a trabajos periodístico de investigación, datos de fuentes protegidas y hasta filtraciones, pero sobre todo al interés de cumplir con la tarea, los chilenos conocieron que buena parte de sus políticos oficialistas y de oposición, engañaban al Fisco y a las autoridades para financiarse. Recibían dinero de empresas o de ejecutivos y a cambio entregaban recibos de terceros. En los medios hubo acogida a las denuncias contra allegados a la Mandataria y sus ministros, así como contra poderosas empresas. Gran parte de los casos están en manos de la justicia.
Organizaciones sociales denuncian que en Chile hay concentración de medios en dos grupos económicos y que eso atenta contra la libertad de expresión. Los dos tienen gran audiencia, pero eso no impidió que presenten su trabajo de denuncia e investigación, ni que aparezcan otros y hagan lo propio.
En Chile, como en gran parte del mundo democrático, la comunicación no es un servicio público que deba ser dado en gracia por el Estado, tampoco hay un clima persecutor contra medios. No hay instituciones como un Consejo de Regulación o una Superintendencia de Control (vaya nombres reveladores), y tampoco una presidenta que cope las pantallas cada semana. Correístas, analicen lo que pasa con sus amigos chilenos. No olviden que la salud de una democracia se mide en gran parte por la de sus medios.
Fuente: El Comercio, 10.2.16 por Diego Cevallos Rojas, periodista ecuatoriano