Editorial
Un principio que siempre debemos cumplir es reconocer, si los hay y que en forma posterior a la difusión de una noticia o una opinión se nos hace notar, los errores que pudiéramos cometer y proceder a su respectiva rectificación
Entre las consecuencias del profundo desconcierto que ha provocado en las filas del oficialismo la decisión ciudadana de no aprobar la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir una nueva reelección de los actuales primeros mandatarios, se encuentra la de volver a definir a los medios de comunicación y las redes sociales como objeto de ataque, entre otros, porque serían los culpables de ese resultado. Para decir una perogrullada, nuevamente buscan matar al mensajero y no corregir el mensaje.
No es fácil desbaratar esa posición, pues la pasión política interfiere el debate civilizado. Pero si se puede afirmar que es muy difícil “crear” realidades o hechos. Lo que sí es posible es difundir masivamente aquellos hechos que desde el poder se quisiera ocultar o maquillar, porque ése es nuestro deber. Por tanto, han aumentado a cifras impensables hace pocos años, la cantidad de ciudadanos, hombres y mujeres, hasta hace poco alejados de los circuitos de la información.
En ese contexto, utilizar la táctica de mentir o de manipular a la gente es no sólo un hecho moralmente cuestionable, sino equivocado, pues se presume que ésta no tiene acceso a la suficiente información que le permite comparar el discurso oficial con lo que está sucediendo ni la suficiente inteligencia para discernir la información que recibe.
Por ello, la responsabilidad de los operadores de los medios es clave, porque, particularmente en momentos de desorientación como los actuales, su tarea puede ayudar a comprender mejor la realidad o, al contrario, a crear mayor confusión. En consecuencia, es necesario, tanto para nosotros como para la ciudadanía, recordar algunos principios que guían nuestro trabajo.
El principal, si duda, es que estamos comprometidos a buscar la verdad, y hacerlo utilizando los instrumentos que el oficio nos da y, sobre todo, comprendiendo lealmente que nuestro deber es informar de la mejor manera a la gente. Es decir, recordar que los periodistas no somos fiscales que dictaminamos ni jueces que sentenciamos. Nuestro deber es ofrecer una información documentada producto de una previa investigación y, en los espacios asignados, difundir una plural opinión que permita una mejor comprensión de la realidad.
Otro principio es que un hecho tiene varios actores y que estos tienen el derecho de ofrecer “su” verdad, y con el conjunto de esas verdades acercarnos a lo que realmente ha sucedido.
Y un tercer principio que siempre debemos cumplir, pero particularmente cuando hay profusión incesante de informaciones y de fuentes interesadas, es reconocer, si los hay y que en forma posterior a la difusión de una noticia o una opinión se nos hace notar, los errores que pudiéramos cometer y proceder a su respectiva rectificación.
De la mano de esos principios es posible rebatir en forma tajante a quienes, desde el poder, quieren restarnos credibilidad por presuntas afinidades de corte ideológico, político o comercial, o quieren cooptarnos para someternos a sus designios, y desde el llano, nos quieren inducir a ocupar espacios que no nos corresponden.
Ése es el compromiso que el periodista, hombre y mujer, tiene con la sociedad y su conciencia.
Fuente: Los Tiempos, 13.3.16