Editorial
Muchas veces en la historia de los últimos diez años, han surgido, por parte del Gobierno, amenazas contra periodistas por informaciones o criterios no acordes con lo que piensan y sienten las autoridades. Últimamente, a raíz de investigaciones y comentarios de un periodista de la ciudad de Santa Cruz, han surgido amenazas por parte de muchos funcionarios en sentido de que “seguirán juicios a periodistas” que, según esas autoridades, “son contrarias totalmente al Gobierno, porque falsean a la verdad”.
Las entidades periodísticas del país -y muy especialmente la Asociación de Periodistas de Santa Cruz-, han protestado por las amenazas, por arbitrarias y alejadas totalmente de la racionalidad, al margen de atentar contra la libertad de expresión que es derivación de la libertad de pensamiento que es bien no solamente de los comunicadores sociales, periodistas, editorialistas, analistas y otros que escriben señalando yerros o aprobando medidas del Gobierno, sino de las mismas autoridades con inclusión de quienes lanzan amenazas contrarias a un principio constitucional.
La libertad de pensamiento, de la que proviene la libertad de expresión no es dádiva de ninguna autoridad y menos de quienes se irrogan derechos para condenar a periodistas por el hecho de haber emitido opiniones contrarias a cualquier autoridad o conjunto de ellas, siempre que se basen en la verdad y el sentido de responsabilidad. Parece, por los extremos a que llegan muchas autoridades, que no se quiere reconocer derechos constitucionales y que la prensa y quienes laboran en ella no pueden ser sometidos a cualquier juicio y ser condenadas por lo que hayan expresado. Se olvida que la libre expresión es derecho inalienable, irrenunciable e imprescriptible de todo ciudadano, siempre que no violente la Constitución, las leyes y la verdad; se olvida que empresas de la comunicación social y periodistas, al informar, comentar cualquier hecho noticioso o que afecta al país, hacen uso de un derecho incondenable e irreprochable porque la libertad de expresión es, con seguridad, base y fundamento de casi todas las leyes que son parte de la fuerza del Derecho (Constitución y leyes civiles y morales) y contraria al derecho de la fuerza, que es ejercitado sólo por dictaduras y gobiernos totalitarios que casi siempre se creen dueños absolutos de la verdad que debe regir en un país.
En la prensa y el periodismo nacional existe el firme propósito de mantener firme e indestructible el principio de la libertad de expresión porque lo contrario sería claudicar de un principio que es base sustantiva del ejercicio profesional que permiten la Constitución y las leyes. Por todo ello, la prensa y periodistas de todo el país, están con quienes sólo han cumplido con su deber y por ello son amenazados con juicios y medidas que podrían llegar a extremos imprevisibles.
Fuente: El Diario, 7.3.16