El ciudadano y la Ley de Imprenta

Editorial
Con la ligereza y agresividad con las que siempre hace sus denuncias y descalificaciones, el Ministro de la Presidencia ha dicho que “el ciudadano (…) está planteando la necesidad de una ley de regulación de medios, no lo ha dicho el Gobierno; compartimos por supuesto esa necesidad para que (los medios) no se tomen la libertad de usar la mentira como verdad”.
Al margen de que se puede comprobar que son los representantes del oficialismo quienes se toman la libertad de usar la mentira como verdad (la propia afirmación de que es “el ciudadano” el que plantea regular los medios es una prueba de ello, pues son los voceros oficiales y oficiosos del Gobierno y el MAS quienes lo hacen por medios, calles y plazas), la declaración ministerial es una seria amenaza a la libertad de información que, de concretarse, afectaría a quienes trabajamos en este oficio, pero, sobre todo, a la ciudadanía
Las libertades de expresión, opinión, información y de acceso a la información pública son parte del derecho humano a la comunicación y la información. Su vigencia tiene por objeto que la ciudadanía esté correctamente informada y tenga acceso a conocer diversos puntos de vista para así adoptar certeras decisiones en su vida cotidiana. Un mecanismo fundamental para concretar ese derecho es que quienes intermedian entre los sucesos y la ciudadanía, los periodistas, ejerzan, dentro los márgenes de la ley, las libertades mencionadas, situación que no gusta a los poderes establecidos.
Es decir, desde que hubo periodismo surgieron las fricciones con los poderes establecidos, especialmente los políticos, pues mientras para que estos se mantengan requieren de un elevado secretismo en sus acciones y de difundir sólo la información que les convenga, los periodistas deben, más bien, develar sus secretos y, sobre todo, difundir aquellas acciones que afecten a la gente. Es decir, el deseo del Ministro citado no es nuevo, la diferencia es que bajo parámetros democráticos se garantiza el respeto a esas libertades, bajo parámetros autoritarios se busca eliminarlas y si no es posible limitarlas al máximo.
En el caso concreto que se comenta, la Ley de Imprenta vigente garantiza el desempeño libre del periodismo. Disposiciones como la de establecer un Tribunal de Imprenta en los municipios para procesar delitos y fallas de imprenta (debidamente tipificadas), para que no sean procesadas, cuando se trata de autoridades públicas en el ámbito penal (que es lo que en verdad se busca eliminar); establecer que el secreto de imprenta es inviolable o que la sanción si hay delito o falla es pecuniaria y no pena corporal; reconoce el derecho del ciudadano de someter a un periodista a su juzgamiento en tribunales ordinarios si considera haber sido injuriado o calumniado, no así a los funcionarios públicos, que necesariamente deben acudir al Tribunal de Imprenta para procesar a un periodista.
No es difícil inferir, pues, las razones por las que el oficialismo desea regular el trabajo periodístico, pero es seguro que no es el ciudadano el que quiere hacerlo. Es que, la población sabe que sin un periodismo libre no hay democracia.
Fuente: La Prensa, 24.5.16