El poder masista quiere cambiar la Ley de Imprenta para evitar se descubran las malversaciones y la corrupción en la que están podridos los funcionarios estatales
No es el tiempo de debatir ni reformar la Ley de Imprenta. No con este gobierno. Hay necesidad de correcciones, pero eso debemos posponerlo y proponerlo “todos”, incluyendo periodistas y pueblo, porque la libertad de comunicar es de todos. No es privilegio de nadie, menos del Gobierno que quiere tener voz y mando en todo. La Ley de Imprenta es uno de los bastiones más firmes contra el abuso del poder. Es un derecho subjetivo político y público de cada quien, no sólo de periodistas. No se revisa la Ley de Imprenta, sino en un gobierno ampliamente democrático y no dictatorial, cuando las condiciones estén dadas, cuando los políticos demuestren racionalidad y coherencia en sus puntos de vista y no impongan caprichos y absurdeces afines a sus intereses partidarios.
La comunicación es un derecho universal y la ley de Imprenta dentro el ordenamiento institucional, viene a ser algo así como el reglamento del derecho a la comunicación y a la información. Es la única que nos permite entender nuestros derechos en materia de libertad de comunicaciones. Respalda la libertad de autonomía de cada uno frente al Estado: “Todo hombre tiene el derecho de publicar por la prensa…” en continuidad de la libertad de expresar nuestros pensamientos e ideas, lo que promueve a la vez la formación de la opinión pública que es condición para todo proceso democrático, ya que revela las múltiples visiones políticas sobre nuestra comunidad, corrobora además la función de crítica sobre el mal desempeño de los funcionarios del Gobierno.
El poder masista controla el Poder Judicial y un absurdo y tonto Poder Legislativo. Quiere cambiar la Ley de Imprenta, probablemente a su gusto y capricho, para perpetuarse en la administración del país, para ocultar y evitar se descubran las malversaciones y la corrupción en la que están podridos los funcionarios estatales. No hay acceso a la información ni mucho menos transparencia en el manejo de los recursos del Estado. El poder político, siempre practica el mismo juego para controlar a la gente controlando la información.
¿No es corrupto autorizar a sus seguidores el uso de dinamita en las acciones de libertad de expresión, como son las manifestaciones, para atemorizar, someter al pueblo? Esto va más allá; linda con apología del delito que sancionan nuestras leyes. ¿No es corrupto, a título de dar a publicidad los actos administrativos del Gobierno invertir en propaganda para endiosar a su líder?, ¿no es corrupto ostentar un título que no se tiene? La corrupción está por todas partes. Quieren reformar la Ley de Imprenta para seguir con la práctica de la impunidad.
Ya una primera vez el masismo a inicios de su gestión fracasó en este intento. El actual Gobernador cochabambino siendo diputado planteó a las organizaciones gremiales de periodistas el absurdo de “autorregular por ley” el ejercicio y los fundamentos éticos del periodismo. La regulación es coercitiva, propia de los mecanismos de coacción, prescriben acciones y conductas, en tanto que la autorregulación es un campo que corresponde al compromiso moral y ético que se asume frente al deber ineludible de informar de los periodistas, prescribe convicciones y actitudes.
Fuente: Los Tiempos, 21.5.16 por Jaime D´Mare, periodista boliviano