La vieja Ley de Imprenta, siempre vigente

La Ley de Imprenta es quizás la única ley que está vigente desde 1925, hace 91 años. Es un instrumento que ha orientado, ha servido de soporte y de protección al periodismo.
Su vigencia se debe a tres principios fundamentales que son la esencia y el motor del periodismo y que aportan a consolidar al sistema democrático: a) Constitucionaliza la libertad de prensa, como derecho de los periodistas a informar y ser los vehículos de la libertad de expresión. b) Instituye el secreto profesional, ya que en su art. 8 dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo, acá en Bolivia como en cualquier otro país. c) Se crean los tribunales de imprenta para el procesamiento de los periodistas, que, cuando hacen su trabajo, se pueden equivocar, manipular, tergiversar, mentir y afectar a la dignidad de la personas. Para juzgarlos se instituyeron los tribunales de imprenta, aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos por la vía ordinaria.
Esta vieja ley está causando malestares e intenciones. El Gobierno del MAS quiere una ley de medios de comunicación, la misma que estaba en su plan de trabajo presentado ante la Corte Nacional Electoral para participar en las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009. Estaba entre las primeras 100 leyes priorizadas; es decir que hace una década existe ese propósito, que hora encuentra la oportunidad de modificar una de las pocas leyes antiguas que aún siguen vivas, con una enorme vigencia e importancia para la ciudadanía y los trabajadores de prensa. La Ley de Imprenta está bajo fuego cruzado, otra vez.
Pero no solo este Gobierno busca modificar o abrogar la Ley de Imprenta. Banzer, como dictador y en democracia, lo intentó; García Meza mandó cerrar medios y exiliar a periodistas. Paz Estenssoro y Paz Zamora, con sus estilos, tuvieron dolores de cabeza con el rol de la prensa y buscaron controlarla. Sánchez de Lozada arremetió, con billetes en mano, a los empresarios para convencerlos y, a fuerza de presiones, a los jefes cuando un periodista hacía una investigación periodística. Incluso Carlos Mesa tenía bajo el brazo una Ley de Acceso a la Información, la cual era impulsada por Usaid, comandada por Nardy Suxo, la exministra de Evo.
El debate democrático y responsable debe abrirse, pero bajo el paraguas de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y del espíritu de la Ley de Imprenta. No se debe perder de vista que ya se intentó controlar y presionar al periodismo.
En la mayoría de los gobiernos, se pretendió atentar contra el secreto en materia de imprenta, porque esto inquieta, molesta y no deja dormir tranquilos a los gobernantes.
Definitivamente levantar el secreto en materia de imprenta afectará en gran medida al periodismo, y lo hará en diferentes niveles: no se podrá investigar o denunciar los actos de corrupción y a los corruptos, ya que casi siempre estos hechos, tienen como hilo conductor algunos datos proporcionados por una fuente anónima. El poder político saldrá como el más beneficiado de esta figura, aunque también los otros espacios de poder: justicia, militares, policías. Los periodistas tendrán que vivir o trabajar con miedo, ya que podrían ser objetos de juicio, seguimiento o encarcelamientos. Incluso los actuales mandatarios se han favorecido de esta ley cuando estaban en el llano de la lucha.
La arremetida furibunda de algunos ministros de Estado y dirigentes políticos con adjetivos de descalificación hacia los medios de prensa no hace más que fortalecer el trabajo cotidiano del periodismo, instancia a la que la gente se apega y confía ante el panorama de confusión y de insultos que vivimos. Frente a ello, el reto es vivir y construir el periodismo bajo una premisa: “con una mezcla de pasión por el oficio e indignación ante los abusos del poder”
Fuente: El Deber, 29.5.16 por Hernán Cabrera, periodista y Defensor del Pueblo de Santa Cruz

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