Inviolabilidad de la libertad de expresión

La libertad de expresión y prensa ha sufrido, a través de los tiempos, atentados de toda naturaleza por parte de quienes exigen que se respete sus propias libertades y han pretendido que la prensa, la televisión, la radio y la comunicación alternativa se pongan a su servicio, un servicio incondicional que sirva sólo a los intereses creados de quienes poseen poder político, económico, social o de cualquier naturaleza.
Los pueblos, libres en su pensamiento y goce de la libertad de expresión y prensa, han resistido los embates de dictaduras, totalitarismos y otras formas de despotismo y desgobierno y han defendido sus libertades sin claudicación alguna porque pueblo sin libertad de expresión y prensa es pueblo sumido en las tinieblas, son pueblos condenados a vivir bajo consignas del silencio y el oscurantismo.
Han equivocado caminos y conductas quienes conculcan las libertades a través de hacerlo con los medios de comunicación o periodistas, editorialistas, analistas y escritores o pensadores que sirven al bien común porque todos ellos actúan bajo principios de la verdad y la responsabilidad, y, por lo mismo, ajenos y contrarios al libertinaje que es prostitución de las liberta de prensa.
El don de la Libertad, creado por Dios con el libre albedrío, es el cimiento de vocaciones intransigentes del ser humano por preservar su dignidad y lograr la vigencia de los derechos humanos y de todo bien que implique respeto absoluto a su libre albedrío; en otras palabras, tener en cuenta que la conciencia del ser humano se refleja mediante el pensamiento que es medio y forma de manifestarse con la libre expresión o sea lo que se siente, cree, piensa, analiza, razona y muestra el ser humano de sí mismo, de su conciencia y todo ello implica el libre pensamiento o decisión o elección entre el bien y el mal.
Hoy, en nuestro país, como en muchos del Cuarto y Tercer Mundo, se pretende violentar la libertad de expresión y prensa a través de modificaciones a leyes sustantivas -caso de la Ley de Imprenta- o implantar regulaciones y conductas acordes con intereses que no siempre son los intereses del país. Campo peligroso que conduciría sólo a coartar las libertades de la población y, en sus consecuencias, de quienes propugnan medidas contrarias a la libertad de expresión y prensa. Muchas veces, surge en la población una interrogante: ¿Qué harían los que tienen poder político, económico y social sin los medios de comunicación, sin la existencia de una prensa y televisión y radio independientes? Estarían ligados a sus propios medios que defienden la posición del poder muchas veces en contra de los intereses y conveniencias del Estado que es todo el país.
La humanidad, a través de todos los tiempos, ha utilizado su pensamiento, su capacidad de raciocinio, su criterio y forma de concebir creencias, hechos, conceptos, criterios, que, de una u otra manera, se hicieron concepciones filosóficas, científicas, tecnológicas y culturales de toda naturaleza.
La libertad de expresión se manifestó mediante la palabra y ella se hizo lenguas e idiomas capaces de dar a conocer mediante escritos todo lo que el hombre puede concebir como pensamiento, idea o criterio sobre diversos tópicos que hacen a la vida.
Conforme transcurrieron los diferentes procesos de la civilización, la libre expresión o comunicación del sentimiento humano fue perfeccionándose porque el hombre mismo, leyendo y estudiando lo escrito fue mejorando y ampliando su capacidad para razonar mejor, meditar profundamente, concebir ideales, criterios y pareceres en pro de sí mismo buscando mejores condiciones de vida.
La libre expresión, parte práctica y sustantiva del pensamiento humano, se hizo prensa, comunicación masiva y, con la creación de la imprenta adquirió dimensiones que abarcó todos los ámbitos del conocimiento y los divulgó y mostró al mundo en infinidad de idiomas.
Dios mismo, determinó que el acopio de datos, experiencias, hechos, expresiones emitidas por el ser humano sirvan para constituir lo que con el tiempo se llamó “Sagradas Escrituras” que, bajo el entendido de que se basaban en las tablas de los diez mandamientos, fue el dictado de vida para los hombres y son los hechos de los hombres elegidos por Dios que enriquecieron el libro eterno -la Biblia- y cuyas páginas dieron la esencia para mucho de lo que pensó y sintió el hombre.
El pensamiento humano, hecho libre expresión se ha hecho inviolable porque es parte sustantiva e íntima del espíritu que ha sabido encontrar los mejores caminos para el avance de la civilización a través de todos los tiempos. Ello implica que la inviolabilidad es condición fundamental del pensamiento que se manifiesta en la libertad de expresión, prensa y comunicación en defensa y servicio a la vida, justicia y derechos de los pueblos.
En muchos estamentos de la población se dirá que los periodistas abusamos en la defensa de la libertad de expresión y prensa; ese abuso, en todo caso, implica la defensa de todas las libertades, del derecho a vivir bajo imperativos de la Constitución y las leyes, bajo los principios de defensa de los derechos humanos y propugnar la paz, la concordia, la armonía y la solidaridad entre todos los componentes de la sociedad nacional.
Será siempre una posición intransigente que nadie, por poder que tenga, podrá manipular, coartar, regular, destruir y, si lo hace, será, más temprano que tarde, en detrimento propio. El periodismo boliviano no puede aceptar que la libertad de expresión y prensa sea sumida en el silencio que sólo puede reinar en los cementerios.
Fuente: El Diario, 3.6.16 por Armando Mariaca, periodista boliviano

Libertad de prensa

Es un mundo cada vez más refractario del principio de la libertad de prensa y cada vez más riesgoso para los periodistas. Es una resbaladiza pendiente que se mira desde abajo. Como si la arquitectura jurídica que sostiene la posibilidad de vivir en democracia—el derecho a disentir—se hubiera desmoronado. La resultante es un mundo propicio para diferentes versiones de despotismo.
En el Medio Oriente el rango del abuso va de la racionalidad institucional de Al Sisi en Egipto, una dictadura militar, a la impenetrable brutalidad de ISIS, un proto Estado en partes de Siria e Irak. Esos abusos incluyen detenciones, condenas arbitrarias, secuestros y decapitaciones, tanto de periodistas locales como extranjeros. Es dolorosa evidencia del fracaso de la Primavera Árabe, aquella corriente de libertad que en 2011 invitó a imaginar una “cuarta ola” democratizadora.
La prensa europea, por su parte, es atacada por al menos tres frentes. Primero por el frecuente acoso de sus corresponsales en el Medio Oriente; nótese la reciente liberación de tres periodistas españoles tras diez meses de cautiverio. Luego por ser blanco del terrorismo en suelo europeo, siendo el caso de Charlie Hebdo el más renombrado pero no el único. Y tercero, por el surgimiento de partidos anti democráticos y racistas, en la izquierda y en la derecha, que pega en el centro de los principios legales imprescindibles para la existencia de la prensa libre.
Esto como espejo de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Ello por que nos reunimos esta semana en un evento organizado por el Programa de las Américas del CSIS, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, para conversar sobre “Libertad de prensa en las Américas”.
En Estados Unidos la integridad física de los periodistas no ha estado tan en riesgo como en otras latitudes, excepto que los corresponsales en el exterior también son victimizados con frecuencia. El contexto interno, por su parte, no ha sido el más adecuado para la libertad de prensa. Más bien lo contrario. El grave estado financiero de la industria periodística limita la práctica profesional. Y, por otro lado, el gobierno federal intenta investigar filtraciones con frecuencia. Más aún, en un año electoral especialmente sensible, uno de los candidatos—Trump—se ha caracterizado por sus ofensas constantes a medios y periodistas. Así lo explicó Marty Baron, director del Washington Post.
Si fueran sinceros, los enemigos del pluralismo deberían reemplazar el término medios de comunicación por órganos de difus
En América Latina, el panorama es por demás sombrío, a pesar de algunas luces. En Venezuela, la prensa independiente casi no existe. El absurdo incluye que el control de la cuenta de capital actúa como mecanismo de censura, en tanto impide a los periódicos acceder a las divisas para importar papel. El suministro del insumo ocurre en base a donaciones del extranjero. Así, la operación de muchos medios está reducida a una fracción de lo que era antes de la llegada del chavismo al poder, si no es que han desaparecido por completo. Así lo contó Miguel Henrique Otero, director de El Nacional de Caracas.
En Argentina, la historia era similar, salvo que algunos medios tomaron la decisión y tuvieron la capacidad de resistir los repetidos intentos de silenciamiento del gobierno de los Kirchner, en el poder durante 12 años. Ese fue el caso de algunas empresas y muchos periodistas. “El gobierno anterior pensó que, como ellos, todos tienen un precio. Estaban equivocados”, aseguró Ricardo Kirschbaum, director de Clarín. La resultante fue la victoria de la oposición en noviembre pasado y una saludable alternancia en el poder.
En América Latina, la mutilación de la libertad de prensa se deriva de dos condiciones que se presentan juntas o separadas: los intentos de eternización en el poder y la degradación de un Estado capturado por organizaciones criminales. La perpetuación requiere del silenciamiento de la crítica. Mientras denuncian a los monopolios informativos privados, y sus supuestas conspiraciones, esos gobiernos van construyendo sus propios monopolios en colusión con otros medios privados, pero faciles de corromper, o en manos del Estado y con recursos públicos, claro que con un diseño institucional inspirado en Granma más que en la BBC.
Es una realidad aún más brutal en aquellas zonas del continente donde el crimen organizado controla el territorio, a menudo capturando el poder político, especialmente a nivel subnacional. Un doloroso recordatorio de ello ha sido el reciente secuestro de tres periodistas en Colombia, a pesar del final feliz de su posterior liberación. Menos felices han sido los cientos de casos de periodistas asesinados en México, Honduras y El Salvador, por nombrar tres países, casi siempre por investigar al poder y sus lazos con el narcotráfico.
Casi al mismo tiempo que esta columna se publica, al Comité para la Protección de Periodistas—CPJ en inglés, organización basada en Nueva York—le fue rechazada su petición para ser ONG de consulta de Naciones Unidas. Ello ocurrió por decision del panel de 19 países que se ocupa de esos menesteres y con el voto negativo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros y a propósito de perpetuación.
Si fueran sinceros, los enemigos del pluralismo deberían reemplazar el término “medios de comunicación” por “órganos de difusión” y “libertad informativa” por “comisariato politico”. Tal es la ofensiva antiliberal en curso. La libertad de prensa corre peligro. Sin ella, el poder no se investiga. Sin ella, la sociedad no critica. La siguiente victima bien podría ser la democracia.
Fuente: El País, 29.5.16 por Hector E. Schamis, argentino, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa “Democracy & Governance” de la Universidad de Georgetown
 

La vieja Ley de Imprenta, siempre vigente

La Ley de Imprenta es quizás la única ley que está vigente desde 1925, hace 91 años. Es un instrumento que ha orientado, ha servido de soporte y de protección al periodismo.
Su vigencia se debe a tres principios fundamentales que son la esencia y el motor del periodismo y que aportan a consolidar al sistema democrático: a) Constitucionaliza la libertad de prensa, como derecho de los periodistas a informar y ser los vehículos de la libertad de expresión. b) Instituye el secreto profesional, ya que en su art. 8 dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo, acá en Bolivia como en cualquier otro país. c) Se crean los tribunales de imprenta para el procesamiento de los periodistas, que, cuando hacen su trabajo, se pueden equivocar, manipular, tergiversar, mentir y afectar a la dignidad de la personas. Para juzgarlos se instituyeron los tribunales de imprenta, aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos por la vía ordinaria.
Esta vieja ley está causando malestares e intenciones. El Gobierno del MAS quiere una ley de medios de comunicación, la misma que estaba en su plan de trabajo presentado ante la Corte Nacional Electoral para participar en las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009. Estaba entre las primeras 100 leyes priorizadas; es decir que hace una década existe ese propósito, que hora encuentra la oportunidad de modificar una de las pocas leyes antiguas que aún siguen vivas, con una enorme vigencia e importancia para la ciudadanía y los trabajadores de prensa. La Ley de Imprenta está bajo fuego cruzado, otra vez.
Pero no solo este Gobierno busca modificar o abrogar la Ley de Imprenta. Banzer, como dictador y en democracia, lo intentó; García Meza mandó cerrar medios y exiliar a periodistas. Paz Estenssoro y Paz Zamora, con sus estilos, tuvieron dolores de cabeza con el rol de la prensa y buscaron controlarla. Sánchez de Lozada arremetió, con billetes en mano, a los empresarios para convencerlos y, a fuerza de presiones, a los jefes cuando un periodista hacía una investigación periodística. Incluso Carlos Mesa tenía bajo el brazo una Ley de Acceso a la Información, la cual era impulsada por Usaid, comandada por Nardy Suxo, la exministra de Evo.
El debate democrático y responsable debe abrirse, pero bajo el paraguas de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y del espíritu de la Ley de Imprenta. No se debe perder de vista que ya se intentó controlar y presionar al periodismo.
En la mayoría de los gobiernos, se pretendió atentar contra el secreto en materia de imprenta, porque esto inquieta, molesta y no deja dormir tranquilos a los gobernantes.
Definitivamente levantar el secreto en materia de imprenta afectará en gran medida al periodismo, y lo hará en diferentes niveles: no se podrá investigar o denunciar los actos de corrupción y a los corruptos, ya que casi siempre estos hechos, tienen como hilo conductor algunos datos proporcionados por una fuente anónima. El poder político saldrá como el más beneficiado de esta figura, aunque también los otros espacios de poder: justicia, militares, policías. Los periodistas tendrán que vivir o trabajar con miedo, ya que podrían ser objetos de juicio, seguimiento o encarcelamientos. Incluso los actuales mandatarios se han favorecido de esta ley cuando estaban en el llano de la lucha.
La arremetida furibunda de algunos ministros de Estado y dirigentes políticos con adjetivos de descalificación hacia los medios de prensa no hace más que fortalecer el trabajo cotidiano del periodismo, instancia a la que la gente se apega y confía ante el panorama de confusión y de insultos que vivimos. Frente a ello, el reto es vivir y construir el periodismo bajo una premisa: “con una mezcla de pasión por el oficio e indignación ante los abusos del poder”
Fuente: El Deber, 29.5.16 por Hernán Cabrera, periodista y Defensor del Pueblo de Santa Cruz

Ley de imprenta y su espíritu

En un momento como el que vivimos es bueno recordar que tenemos una Constitución y una ley que deja en claro los derechos de los periodistas y sus deberes y responsabilidades. No es necesaria una modificación de la ley y mucho menos la redacción de una nueva que, debe subrayarse, vulneraría el art. 107 de la Constitución
La Constitución reconoce el derecho de los bolivianos a la “libertad de pensamiento” (art. 21, 2), a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” (art. 21, 5), a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva” (art. 21, 6).
En el capítulo séptimo dedicado a la comunicación social, establece en su art. 106 que el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, opinión, información, rectificación y réplica; el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio,  sin censura previa. Garantiza esos derechos a los trabajadores de la información. Reconoce además la libertad de conciencia de estos.
En el art. 107 está la clave: “Las informaciones y opiniones emitidas a través de los medios de comunicación  social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”. No hay lugar para las dudas. La responsabilidad de los periodistas está regulada por sus códigos de ética, sus mecanismos de autorregulación (existe hoy un Tribunal Nacional de Ética en pleno funcionamiento) y su ley, que no es otra que la Ley de Imprenta.
La ley, aprobada en 1925, cuyo primer artículo dice que todos tienen derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin censura, es un instrumento que se ocupa de los delitos de imprenta cuya responsabilidad recae sobre los autores directos (los periodistas), los directores de medios y los editores de impresos. Pero comienza por afirmar que el secreto en materia de imprenta es inviolable y que aquel que revelare el secreto de imprenta es responsable, como delincuente, contra la fe pública.
La Ley precisa tres tipos de delitos: 1. Contra la Constitución, cuando se busca promover su incumplimiento parcial o total. 2. Contra la sociedad, cuando se busca comprometer la existencia o la integridad de la nación, poner al país en riesgo de una guerra internacional, promover el trastorno del orden público, incitar a la desobediencia a las leyes o a las autoridades, provocar la perpetración de un delito, o ser obscenos o inmorales. En esta tipificación, sin embargo, indica que no se cometen delitos cuando se pone en evidencia los defectos de la CPE o de los actos administrativos, legislativos o judiciales. 3. Contra las personas individuales o colectivas, cuando se calumnia o injuria a estas, sean estas (las calumnias o injurias) falsas o verdaderas. Aclara en este punto que nadie puede ser obligado a probar la verdad de hechos difamatorios, salvo aquellos contra funcionarios públicos o ejecutivos de empresas privadas en el ejercicio de su funciones. La prueba de los hechos denunciados por los periodistas los exime de pena, salvo la que corresponde al delito de injuria.
El mecanismo de juzgamiento de esos delitos corresponde a los jurados de imprenta (elegidos por los concejos municipales, lo que marca su jurisdicción local). Los únicos delitos que pueden potestativamente ser llevados a tribunales ordinarios son los de calumnia e injuria. La acción contra los acusados de cualquiera de estos delitos se inicia en el Ministerio Público y se traslada a un Juez de Partido, quien guía el proceso y sortea a los jurados. El proceso es resuelto en su totalidad por el Jurado de Imprenta que elige un Presidente para conducirlo hasta la emisión de un fallo que pasa al mencionado juez para su ejecución.
Como puede apreciarse, en consonancia con la Carta Magna, lo fundamental de la Ley de Imprenta es su filosofía y su espíritu. El argumento de que es obsoleta porque sólo se refiere a medios impresos carece de fundamento alguno. Lo que importa en su texto es la idea de la libertad de expresión y el secreto de fuentes, la tipificación de los delitos y el mecanismo de su juzgamiento. Es evidente que este instrumento es perfectamente aplicable en este siglo XXI a la prensa, radio, televisión, multimedia y medios en línea.
En un momento como el que vivimos es bueno recordar que tenemos una Constitución y una ley que deja en claro los derechos de los periodistas y sus deberes y responsabilidades. No es necesaria una modificación de la ley y mucho menos la redacción de una nueva que, debe subrayarse, vulneraría el art. 107 de la Constitución.
Quienes detentan el poder deben entender que medios de comunicación social y periodistas son imprescindibles para la democracia y que su ejercicio libre es un imperativo. Los medios y los periodistas no tienen como tarea ser complacientes con el poder, por el contrario, su mirada crítica, la investigación y la denuncia de sus excesos, son nuestra garantía como sociedad de que la democracia funciona y que no es un simple celofán retórico de carácter decorativo.
Fuente: Los Tiempos, 29.6.16 por Carlos D. Mesa, periodista, ex presidente de la República

RSF denuncia campaña del Gobierno contra medios

La institución Reporteros Sin Fronteras (RSF), dedicada a la defensa de la libertad de prensa en el mundo y a la protección de periodistas, emitió un comunicado este sábado en el que denuncia una campaña del Gobierno  contra los medios en Bolivia.
“Este clima de hostilidad hacia la prensa, que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia, no puede durar más”, señaló Emmanuel Colombie, responsable del Despacho América Latina.
“Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, añadió Colombie.
El comunicado de la institución denuncia que el 19 de mayo de 2016, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una sesión de interpelación preparada por el Legislativo, “acusó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), así como a (la red) ERBOL y los diarios El Deber y Página Siete de formar parte de un ‘cártel de la mentira’”.
“Desde hace varios meses los reporteros Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez son blanco de una verdadera campaña de difamación, marcada por ataques verbales”, aseguró la entidad, que es una ONG internacional que tiene su base en Francia.
Fuente Página siete, 29.6.16

Periodismo de datos

Editorial
Una parte fundamental del trabajo periodístico es su aspiración a fiscalizar el poder. No es posible pensar una prensa sin compromiso por la verdad y la transparencia, ambas son parte de su esencia en el marco democrático. Por eso, el periodismo de datos es una de las herramientas clave de este proceso de fortalecimiento del rol vigilante de la prensa respecto del poder público.
Con su investigación El patrimonio del gabinete de Evo, EL DEBER se ha transformado en el primer medio boliviano en clasificarse al Data Journalism Awards (en español, Premios de Periodismo de Datos), competencia internacional que reconoce el trabajo excepcional en el campo del periodismo de datos. La investigación, publicada el 21 de enero de este año en el sitio EL DEBER DATA del Diario Mayor, promueve la transparencia en la gestión pública, un bien escaso en la administración gubernamental en más de 30 años de democracia. El trabajo compitió entre 471 trabajos de los cinco continentes y quedó entre los 63 finalistas, que están divididos en 10 categorías, un logro histórico para esta casa periodística y también para el periodismo boliviano.
A través de este trabajo de investigación, los bolivianos hemos podido conocer al detalle las declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) que realizaron los más altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente Evo Morales. La investigación fue impulsada por la periodista Nelfi Fernández y el desarrollador Williams Chorolque, bajo la guía de la experta en periodismo de datos, Sandra Crucianelli, y del consultor David Dusster; además de la colaboración de Lourdes Molina Rea, Miguel Ángel Roca, Christopher André Díaz, Marco Zubieta, Cristian Araúz y del abogado Julio César Caballero y de la diseñadora Elizabeth Aróstegui. Un verdadero trabajo en equipo que ya ha dado grandes frutos y que marca un hito en la investigación periodística en el país.
Ojalá los gobernantes de turno, de todos los niveles del Estado, comprendan la importancia de esta labor que se da a través de las diversas plataformas periodísticas de EL DEBER como son el producto impreso, la página web y la radio. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de los Premios de Periodismo de Datos 2016 y cena de gala a realizarse en Viena (Austria) el 16 de junio. Seguros estamos de que este trabajo abrirá una ancha senda para concretar el objetivo de ser un periodismo sin concesiones, comprometido con la verdad y la información
Fuente: El Deber, 27.5.16

El ciudadano y la Ley de Imprenta

Editorial
Con la ligereza y agresividad con las que siempre hace sus denuncias y descalificaciones, el Ministro de la Presidencia ha dicho que “el ciudadano (…) está planteando la necesidad de una ley de regulación de medios, no lo ha dicho el Gobierno; compartimos por supuesto esa necesidad para que (los medios) no se tomen la libertad de usar la mentira como verdad”.
Al margen de que se puede comprobar que son los representantes del oficialismo quienes se toman la libertad de usar la mentira como verdad (la propia afirmación de que es “el ciudadano” el que plantea regular los medios es una prueba de ello, pues son los voceros oficiales y oficiosos del Gobierno y el MAS quienes lo hacen por medios, calles y plazas), la declaración ministerial es una seria amenaza a la libertad de información que, de concretarse, afectaría a quienes trabajamos en este oficio, pero, sobre todo, a la ciudadanía
Las libertades de expresión, opinión, información y de acceso a la información pública son parte del derecho humano a la comunicación y la información. Su vigencia tiene por objeto que la ciudadanía esté correctamente informada y tenga acceso a conocer diversos puntos de vista para así adoptar certeras decisiones en su vida cotidiana. Un mecanismo fundamental para concretar ese derecho es que quienes intermedian entre los sucesos y la ciudadanía, los periodistas, ejerzan, dentro los márgenes de la ley, las libertades mencionadas, situación que no gusta a los poderes establecidos.
Es decir, desde que hubo periodismo surgieron las fricciones con los poderes establecidos, especialmente los políticos, pues mientras para que estos se mantengan requieren de un elevado secretismo en sus acciones y de difundir sólo la información que les convenga, los periodistas deben, más bien, develar sus secretos y, sobre todo, difundir aquellas acciones que afecten a la gente. Es decir, el deseo del Ministro citado no es nuevo, la diferencia es que bajo parámetros democráticos se garantiza el respeto a esas libertades, bajo parámetros autoritarios se busca eliminarlas y si no es posible limitarlas al máximo.
En el caso concreto que se comenta, la Ley de Imprenta vigente garantiza el desempeño libre del periodismo. Disposiciones como la de establecer un Tribunal de Imprenta en los municipios para procesar delitos y fallas de imprenta (debidamente tipificadas), para que no sean procesadas, cuando se trata de autoridades públicas en el ámbito penal (que es lo que en verdad se busca eliminar); establecer que el secreto de imprenta es inviolable o que la sanción si hay delito o falla es pecuniaria y no pena corporal; reconoce el derecho del ciudadano de someter a un periodista a su juzgamiento en tribunales ordinarios si considera haber sido injuriado o calumniado, no así a los funcionarios públicos, que necesariamente deben acudir al Tribunal de Imprenta para procesar a un periodista.
No es difícil inferir, pues, las razones por las que el oficialismo desea regular el trabajo periodístico, pero es seguro que no es el ciudadano el que quiere hacerlo. Es que, la población sabe que sin un periodismo libre no hay democracia.
Fuente: La Prensa, 24.5.16

“Periodistas” sin sueldo

Hace unas semanas, en Bogotá, directores de la prensa tradicional se sentaron a dialogar de tú a tú con algunas estrellas de las redes sociales sobre el futuro de los medios. Entre la forzada humildad de los tradicionales y un poco de soberbia de los advenedizos, quedó claro que el mundo de la información cambió, y no necesariamente para bien.
La diferencia, además de generacional, es de magnitud de audiencia y de monto de la inversión. La prensa tradicional no tiene cómo competirle a esa avalancha informativa que inunda las redes sociales. Es una gran paradoja: Twitter y Facebook valen miles de millones de dólares y pagan cero por el contenido.
Ben Rhodes, consejero estrella de comunicaciones del presidente Obama, se quejaba en estos días de que los medios estadounidenses ya casi no tienen corresponsales de prensa en el exterior. Ahora la realidad de lo que sucede en el mundo la cuentan desde Washington unos jovencitos sin ningún bagaje. Muchos periodistas, incluso de los grandes medios, se limitan a difundir lo que encuentran en las redes sociales.
La biografía no autorizada de Carlos Slim, del periodista Diego Enrique Osorno, publicada recientemente, además de la historia familiar y de negocios del mexicano más rico del mundo, ofrece un interesante repaso del discurrir político y social de México en los últimos 50 años y del papel jugado por los medios.
El libro de Osorno, entremezclado con varias entrevistas a Slim, relata la estrecha relación del multimillonario con la prensa. Larry King, después de CNN, se convirtió en socio de Slim en el canal por internet Ora TV: una empresa controlada por Slim, es accionista del New York Times, y muchos de los más importantes periódicos y revistas de México sobreviven en buena parte gracias a la pauta publicitaria de sus empresas.
En pocos años muchos de los medios tradicionales de México y de otras partes del mundo no podrán salvarse, aunque tengan detrás a un mecenas. En la última década, en los periódicos de Estados Unidos se ha perdido el 40 % de los empleos. Esto significa que cada vez hay menos buenos periodistas, y la primera víctima es la información.
Fuente: El Espectador, 23.5.16 por Juan Carlos Gómez, periodista colombiano

La ley que incomoda a todos los gobernantes

En los últimos días, políticos masistas generaron con “marketera” intención una corriente de opinión sobre la Ley de Imprenta. Sí, los mismos que la defendían cuando estaban fuera del poder, ahora quieren cambiarla/anularla. Pero ninguno dio un solo argumento más que su rencor contra el buen periodismo.
Un masista dijo que la ley data de 1925, por tanto es vieja. A ver, la efectividad de una norma no depende de su edad, hay leyes que nacieron ayer, pero no se aplican por desidia o ignorancia de los encargados, una de ellas: la Constitución, que apenas tiene ocho añitos y ya fue violada por sus propios impulsores.
Otro masista indicó que es absoleta. No es cierto. El Gobierno aplicó la Ley de Imprenta. Fue cuando decidió procesar al responsable del desaparecido periódico La Prensa por la nota publicada el 9 de diciembre de 2008: “Evo negoció luz verde con los contrabandistas dos meses antes”. La “noticia” tuvo dos fuentes, Jesús Chambi Mamani (acusado de contrabando) y César López (presidente de Aduanas aquella vez), quienes revelaron que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, autorizó liberar la mercancía ilegal de 33 camiones.
Pero el Gobierno abandonó el caso, supongo porque no tenía argumentos para probar sus acusaciones, aunque, en mi criterio, había en abundancia y hubiera ganado el juicio.
Pero el MAS se siente incapaz en tribunales independientes (de Imprenta). Una prueba: el procurador Héctor Arce acudió a un tribunal ordinario, controlado casi en su totalidad por el Gobierno, para obligar al periodista de La Razón, Ricardo Aguilar, a revelar su fuente sobre una información intrascendente en torno al tema marítimo, publicado el 13 de abril de 2014. Después de protestas sociales, el Tribunal de la Judicatura de La Paz declinó competencia el 5 de agosto y remitió el caso a un Tribunal de Imprenta, que se instaló el 18 de diciembre de 2014. Pero, el Gobierno no siguió el proceso, no tenía un solo argumento.
La ley no se aplicó antes por varios factores, entre ellos, no había democracia y tampoco alcaldes ni concejos electos para elegir a los miembros del Tribunal de Imprenta, sino hasta 1985. Sin embargo, en la era democrática un caso de Imprenta terminó con fallo. Fue el 20 de enero 2003, en Cochabamba, donde 12 jurados absolvieron al reportero Marco Carrillo Fuentes -quien después fue Asambleísta Constituyente por el MAS- de los casos de difamación, calumnia e injuria, pero le impusieron una sanción de  400 bolivianos porque encontraron “faltas de imprenta”.
Otro caso se produjo durante el gobierno banzerista. El entonces director de El Extra, Jimmy Iturri, hoy director de ATB, llamó esa vez a defender la Ley de Imprenta y salvó su cabeza gracias a ella, se acogió al artículo 20, que establece que “la acción penal prescribe en cuatro meses”. Su acusador, el exministro de Gobierno  Wálter Guiteras, hubiera ganado el juicio  si hubiera presentado la demanda en los plazos legales.
Otro masista opinó que se debe cambiar la Ley de Imprenta porque el presentador de TV, Carlos Valverde, mintió en el caso “Tráfico de Influencias” que involucra a Evo Morales, su expareja Gabriela Zapata, y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Si la mentira fuera una causa, tendríamos que cambiar la Constitución a cada rato porque algunos políticos mienten con frecuencia, entre ellos Morales y García.
Como pueden ver, el masismo no tiene un solo argumento, por lo que deduzco que su intención es llevar a los periodistas a los tribunales ordinarios, siguiendo el ejemplo de los “neoliberales”, que quisieron hacer lo mismo en el gobierno de Víctor Paz.
Otro objetivo oculto es anular el secreto de fuente, precepto esencial para investigar, no sólo del periodista, sino de cualquier ciudadano. Lo usa el mismo presidente Morales, cuando acusa y no dice la fuente. ¿O él puede decir lo que le venga en gana y no los otros ciudadanos?
La Ley de Imprenta tiene defectos, pero también, virtudes, y una de ellas es proteger al periodista de cualquier ataque para que informe con libertad e independencia. No es un fuero, un ciudadano puede procesar a un periodista en un tribunal ordinario, pero no un servidor público, éste debe someterse al Tribunal Constituido por la Opinión Pública, salvo que un periodista se haya inmiscuido en su vida privada.
Fuente: Página siete, 22.5.16 por Andrés Gómez, periodista boliviano

Daniel Santoro: “Hay un relato para estigmatizar a la prensa que investiga al poder”

Daniel Santoro descubrió el contrabando de armas a Ecuador y Croacia que terminó con Carlos Menem. También indagó las rutas del dinero del kirchnerismo
“Si el delito Offshore actúa a escala global, el periodismo debe investigar a escala global”, dice Santoro
Daniel Santoro no pierde las virtudes de los viejos periodistas. Lo recordamos cuando entraba, militante, con su mochila al hombro, a la clase de Periodismo Impreso cuando era profesor de la mítica Escuela de Periodismo de la ciudad de La Plata (Argentina).
Todavía carga en esa mochila una laptop, un grabador y una libreta de notas. “Nada más necesita un buen periodista, lo demás son accesorios superfluos”, afirma en tiempos en que se debate en América Latina la relación tensa, difícil, entre periodistas y poder político. Llegó a Santa Cruz invitado por la Universidad Evangélica Boliviana para dictar clases en una maestría de Periodismo.
Santoro es uno de los periodistas de investigación más reconocidos de América Latina y acababa de publicar el best-seller La ruta del dinero K, un trabajo de investigación que desveló al detalle la trama de corrupción que salpicó a los Kirchner antes de su derrumbe político tras las elecciones de octubre y noviembre de 2015.
Subsecretario de Redacción del diario Clarín, Santoro se defiende de las críticas del kirchnerismo en sentido de que su diario forma parte de un pool que monopoliza el espectro mediático argentino de las últimas décadas.
– ¿El kirchnerismo perdió la elección por acción de Clarín? ¿Evo perdió el referéndum en febrero por las denuncias del periodismo?
¿Cuánto pueden los políticos achacar a los medios y a los periodistas por sus derrotas?
Creo que hay una exageración en cuanto al poder de los medios de comunicación. En la historia argentina se ha demostrado que en el año 73 y 74, la mayoría de los diarios y las radios intervenidas por la dictadura militar estaban en contra de Juan Domingo Perón y, sin embargo, su candidato Héctor Cámpora ganó las elecciones y luego ganó Perón con el 56% de los votos.
El periodismo tiene una función que es informar, formar y entretener y ser el perro guardián de la democracia. Esta función se sustenta, en Argentina, en que hay muy buenos periodistas de investigación. Esos son los que llevaron a investigaciones periodísticas que, luego, tuvieron un correlato en procesos judiciales por corrupción.
El caso de venta de armas a Ecuador y Croacia que me tocó indagar llevó a que el expresidente Carlos Menem sea detenido. La nota fue publicada en 1995, pero Menem fue reelecto después por casi el 50% de los votos. Y, con Cristina Kirchner, en el año 2011, hubo una serie de investigaciones por el caso Shocklender y desvíos de fondos de varios millones de pesos y en ese momento la opinión pública estaba muy convencida de la expresidenta, pero era de amianto, todas las balas le rebotaban.
Creo que debemos tender a una relación más profesional entre medios y poder político a través de leyes de acceso a la información, conferencias de prensa, autorregulación de parte de los medios, y esto llevarlo a las redes sociales, donde estos códigos de ética y de comportamiento profesional directamente no existen.
Internet, en lugar de ser una plataforma para acceder a más datos se convierte en un intercambio de insultos y de basura, donde perdemos la capacidad maravillosa de construir un foro de debate.
Bueno, pero también hubo otros casos como el de Ricardo Balbín donde se dijo que el retrato caricaturesco del mandatario en los medios llevó a su caída…
– ¿Cuál es el peso real que tienen los medios en los procesos políticos?
Creo que tienen un peso relativo. Cuando una sociedad está enamorada de un presidente en un proceso político no se quiere escuchar la verdad que pueda insinuarse en la prensa independiente y que no aparece en los medios tradicionales.
Parte de la literatura académica ha exagerado el rol de los medios en los procesos políticos y los muestran como que son todopoderosos y capaces de manipular las mentes de las personas. La gente la tiene muy claro. Por más que haya medios masivos y tradicionales que digan que la pared es blanca, si la pared es marrón, así será vista por la opinión pública.
En tus últimos escritos planteas que se ha caído un muro de impunidad con la que se manejaba el kirchnerismo.
– ¿Qué condiciones explican su derrota electoral y este giro que ha dado Argentina con Mauricio Macri?
Cristina Kirchner, en sus dos presidencias armó un muro de protección jurídica y política que se estableció con la designación de los jefes de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. A poco de ser nombrada creó una agrupación de jueces y fiscales que apoyó al Gobierno.
Después de esa medida, Cristina nombró a cientos de jueces y fiscales para cercar las causas que la comprometían. Un caso emblemático fue la firma de un pacto internacional con Irán por el atentado a la AMIA que suponía que un juez argentino podría interrogar a los iraníes sospechosos de ser los autores intelectuales del ataque. Después de una serie de apelaciones, el caso pasó a la Cámara de Casación Penal y, allí, la causa estuvo dos años paralizada por presiones del Ejecutivo. Cristina hizo renunciar a un juez, nombró a abogados a través de un procedimiento irregular, trató de apartar a otro juez para que no dictara su decisión, es decir, unas interferencias enormes, pero finalmente, ese acuerdo fue declarado inconstitucional.
De la misma forma, en muchas causas judiciales han presionado con campañas de difamación para no ser perjudicados. Hoy, parece que surgen cada día nuevas causas judiciales contra funcionarios kirchneristas, pero no es así, son las causas que no pudieron prosperar debido a la presión del poder político.
– Hay una “prensa militante” para cada momento político. Durante el kirchnerismo, ¿hubo una prensa prokirchner y otra antikirchner? ¿Y, hoy, una prensa promacri y antimacri?
El kirchnerismo hizo lo que otros movimientos políticos en la región. Lo vimos muy claramente en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia. El kirchnerismo impulsó y creó la idea de un periodismo militante. Para mí, la militancia política me parece una cosa muy grandiosa. Pero mi modelo profesional es el modelo del periodismo honesto, donde yo no puedo tener en mi mochila la carga de un compromiso partidario con alguna de las partes a la hora de escribir y de informar.
Además, Cristina Fernández creó un conglomerado de medios afines. A través de la pauta publicitaria oficial podían financiar sus actividades y habían creado un relato hegemónico en sentido de que en Argentina no había inflación, no había crisis, no había delincuencia. Excepto Clarín, La Nación y algunas radios, no había esa bandera de medios pluralistas para que haya más voces. Incluso partidos chicos como el socialismo fueron censurados por los medios oficialistas.
Si a esto le sumamos el hostigamiento, la situación se hizo insostenible. Cada periodista tiene derecho a pensar como quiera. Pero lo grave era el hostigamiento y la agresión personal para lograr la demonización del otro. En una democracia madura está bien discutir sobre los contenidos políticos, pero no descalificar a los que escribieron las notas. Y decir desde el poder político que es un vendido, alcahuete de los grandes medios, voceros de los fondos buitre y del imperialismo.
– Aquí en Bolivia se está dando con periodistas como Carlos Valverde que han denunciado tráfico de influencias en la empresa CAMC y hoy tiene que ponerse a buen recaudo por temor a ser detenido…
Exacto. Discutamos si la nota está bien hecha, si tiene fuentes contrastadas y documentos.
Ese tiene que ser el eje del debate. Pero no la estigmatización y el escarnio público de los que investigan al po-der. Este fenómeno llevó en Argentina a la autocensura entre periodistas que sufrían interferencias telefónicas. Ese fue uno de los momentos de mayor hostigación contra periodistas de las últimas décadas desde 1983, cuando se retomó la democracia.
– ¿Es necesaria también una autocrítica sobre el rol de los medios en el marco democrático?
Yo creo que los medios deben autorregularse, tener un código de ética y volver al modelo anglosajón que separa las noticias de las opiniones, donde los dueños manejan la posición editorial del diario y los periodistas tenemos el derecho de manejar las noticias. En los procesos de corrupción algunos periodistas también han sido copartícipes.
Hay que evitar los conflictos de intereses y apuntar a la transparencia de los medios. Tenemos que saber bien quiénes son los dueños de los medios. Además, es fundamental tener una ley de libertad de conciencia a través de la cual ningún periodista pueda ser obligado a publicar un determinado contenido que vaya contra sus principios y que eso no sea motivo de que te congelen en tu carrera profesional.
La autorregulación es el único camino para separar la paja del trigo en nuestro gremio, en un momento muy difícil donde las nuevas tecnologías han roto el modelo de negocio tradicional de la información y ver cómo financiar el periodismo de calidad y de investigación.
– ¿Cuáles son las claves de la investigación periodística en tiempos de revolución digital? Hoy lo vemos con las filtraciones masivas de datos a través de WikiLeaks o el ICIJ, por ejemplo. ¿Qué riesgos ve en este proceso?
Nada mejor que un par de zapatos y una mochila con libretas de apuntes para buscar fuentes confiables. Los periodistas tienen que tener capacidad para verificar la información y discriminar las operaciones de prensa.
En el caso de las filtraciones masivas hay que añadirle periodismo de investigación. No se trata decir el Mossack Fonseca incluye a alguien en la lista de las inversiones offshore. Es cierto, el dato es importante, pero tenemos que hablar con las partes involucradas.
Hay que agregarle periodismo a todo eso y aprovechar las nuevas herramientas que hoy ofrece la revolución digital, en un mundo donde la plata negra ha avanzado con todos estos recursos sofisticados a través de las cuentas offshore y ocultas, yo creo que la ciudadanía y los Estados tienen un recurso fundamental, que es el periodismo de investigación utilizando las nuevas tecnologías de la información.
– ¿Las filtraciones como tales no son suficientes?. ¿Qué riesgo tienen?
Nos pasó con la primera ola de filtraciones de WikiLeaks. Sin el apoyo de los medios, lo que se vieron eran documentos secretos del Ejército de Estados Unidos donde se daban a conocer nombres de fuentes de información y allí se puso en riesgo la vida de personas de las fuentes de información que Estados Unidos tenía en Irak.
Qué es más importante, ¿la vida o la noticia? Por supuesto que las vidas son más importantes. Hay una forma de tratar la información que proviene de las filtraciones, que es separar lo que es importante de lo que no lo es. En la segunda ola de las filtraciones, WikiLeaks se alió a grandes medios de prensa globales y allí los periodistas le dieron un tratamiento profesional a la información que divulgaba Julian Assange. Había que sacar las fuentes de información y discriminar qué era lo más importante en términos noticiosos.
En todo el mundo es un delito dar a conocer el nombre de un espía profesional. Hay riesgos. Otro riesgo es meterse con la vida privada de las personas. Una cosa es filtrar un documento sobre una cuenta de un funcionario corrupto y otra cosa es filtrar un documento sobre la vida privada de un funcionario.
¿Cómo ves a Julian Assange en una tercera etapa, donde el fundador de WikiLeaks apoya abiertamente a gobiernos como los de Evo Morales, Rafael Correa o Nicolás Maduro?
Creo que Assange desconoce la realidad del periodismo que vivimos en Ecuador, Bolivia, Venezuela y en la Argentina de los Kirchner de todos estos años. De estas políticas de hostigamiento.
Assange habla desde su asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, exalta la figura de Correa, pero no dice nada de un presidente que ha hecho un juicio por 80 millones de dólares al diario El Universo de Guayaquil dejando un precedente completamente negativo para la prensa en América Latina y el mundo. Creo que hay un desconocimiento de Assange con este hostigamiento que sufrimos los periodistas en nuestra región. Hay en Assange como cierto romanticismo en ver líderes populares en personajes que, como Cristina Kirchner, terminaron incrementando su fortuna personal un 1.200 por ciento en 12 años.
¿Hay un declive de Assange y del modelo de WikiLeaks?
Hay un declive de WikiLeaks y el modelo del ICIJ es, de hecho, un modelo superador dado que tuvo un tratamiento profesional de la información sobre los Papeles de Panamá.
La investigación se hizo en base a una filtración masiva de documentos, hicimos una alianza entre medios a escala global y entrenamos a los periodistas para que puedan entrar a esa base de datos. Se compartió información, porque entendimos que el delito de “cuello blanco” se lleva a cabo a escala global y, por eso, los periodistas tenemos que tener redes internacionales para investigar de forma globalizada. No solo era un documento de Panamá, había que entrelazar los datos con contactos y cruzar información entre periodistas de diversos países.
Periodismo de investigación, ¿cómo?, ¿en qué condiciones?
Los periodistas de investigación somos un problema en las redacciones, porque no estamos en la rutina del día a día. Los editores y jefes de redacción no saben dónde meternos y encasillarnos. Creo que para un medio de comunicación, la investigación es una inversión fundamental. Invertir en capacitación, recursos y en la conformación de equipos de trabajo efectivos. Hay que conformar pequeños ejércitos de periodistas de investigación para competir por información propia.
Lo mejor es crear equipos al margen de la redacción, por fuera de la presión de las ocho horas de trabajo y del cierre del papel o del diario digital. Y en los medios más chicos o medianos, que no son el New York Times ni el Washington Post o Los Angeles Times, pueden tener un editor especializado que vaya convocando a periodistas de las diversas áreas para realizar determinadas investigaciones.
El objetivo es romper con la “declaracionistis”, el periodismo de las declaraciones sobre el periodismo de los hechos, que terminan siendo la caja de resonancia de lo que dicen los actores políticos o económicos, no hay contexto, no hay contraste de fuentes y no hay datos en profundidad.
Hay que invertir en investigación y apuntar a las alianzas con otros medios a escala global, como lo hace el ICIJ, dado que los costos para investigar son muy grandes.
Fuente: El Deber, 22.5.16 por Carlos Morales, periodista boliviano