A raíz de una publicación de la revista brasileña “Veja”, el 16 de julio de 2012, el suscrito publicaba el artículo:BOLIVIA: de “república bananera” a Estado Plurinacional da Cocaína.(http://diarioandaluz.com/2012/07/16/bolivia-de-republica-bananera-a-estado-plurinacional-da-cocaina/)
Hoy, siete y medio año después y luego de que Evo Morales hubiera renunciado y huido del país, es tiempo de publicar la segunda parte de aquel artículo.
Para comenzar, es necesario ampliar lo que ha sido (todavía lo es) el “estado plurinacional da cocaína” que la revista VEJA develaba en aquella oportunidad.
Además de los vínculos al narcotráfico, este narco estado “había” tenido vínculos con el narco terrorismo de las FARC, el MRTK y ahora un nuevo fenómeno social: los terroristas digitales que operan en las redes sociales, además de mercenarios de la comunicación y “diplomáticos” terroristas, como los de España, que recientemente enviaron un comando de encapuchados a tratar de rescatar a miembros del gobierno del narco cacique que gobernaba Bolivia.
Debido a esto, además del calificativo de estado plurinacional da cocaína” habría que calificarlo como “narco aldea global” dado que en pleno siglo XXI, un cacique semi analfabeto logró instaurar algo parecido a las ya anticuadas “repúblicas bananeras” pero mucho más sofisticado y peligroso, dada la época histórica global que le tocó vivir.
En este contexto y como no podía ser de otra manera, las anacrónicas ideas de este cacique, basadas en el racismo invertido y la exacerbación de los sentimientos más bajos de la población vulnerable del país, chocaron frontalmente con las ideas de integración y tolerancia de la actual juventud, con los resultados ya conocidos.
Empero, todavía estamos a medio camino de dejar atrás la “narco aldea” y volver a la senda de la civilización, puesto que la estructura del Estado Plurinacional continúa intacta impregnada en la propia CPE.
La principal tarea del próximo gobierno será la de desmontar esta estructura y reponer la institucionalidad republicana democrática. Recordemos que la actual CPE (Constitución Política del Estado) se aprobó en un cuartel a costa de la sangre de ciudadanos bolivianos muertos en La Calancha.
Para lograr lo anterior hay dos caminos: hacer una profunda reforma de la actual CPE o convocar a un Congreso Constituyente.
Por cualquiera de los dos caminos, la tarea a realizar es “limpiar” de demagogia a la actual CPE, para que no exista la paternalista e interesada “utilización” del tema indígena, sobre lo que armaron la estratagema de discriminación “positiva” que transversalmente se anida en la CPE.
Esto no significa marginar a los pueblos indígenas de estar representados en la estructura de la sociedad, sino por el contrario, darles a los verdaderos indígenas (los que viven en las zonas consideradas como áreas indígenas) un nivel de autonomía plena que beneficie a TODA esa población ( no solo a dirigentes susceptibles de ser corrompidos), en la nueva estructura del estado federal, para evitar que a nombre de ellos se pueda manipular el valor del voto ciudadano, la distribución justa de los recursos o soliviantar sentimientos de división entre los bolivianos
Así se desarticularía el actual estado de prebendalismo donde a cambio de “pegas” y otros artificios, se corrompe a líderes indígenas, mientras la situación para los que de verdad son indígenas y viven como tales, no cambia en absoluto.
Prueba de esta aseveración es la actual disputa que tiene el pueblo Weenhayek en Tarija, que entre dos líderes se acusan mutuamente de haber hecho desaparecer algunos millones de dólares que una transnacional les pagó como indemnización por la explotación hidrocarburífera de sus tierras.
Esto al mismo tiempo acabaría con otra distorsión aún mayor: la de la injusta valoración del voto de los ciudadanos bolivianos.
El siguiente ejemplo ilustra como se distorsiona el elemento principal de la democracia: el voto ciudadano: En la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), 795 familias que se “reconocen” como guaraníes en el último censo, eligen uno de los 30 asambleístas departamentales que deciden el destino de este Departamento. (1)
Caso parecido ocurre con los weenhayeks, donde 5.366 personas eligen otro asambleísta departamental; pero más patético es el caso de los tapietes, donde solo 117 personas eligen un tercer asambleísta. Esto hay que compararlo con los más de 400.000 habitantes del resto del Departamento que se tienen que repartir el voto de los otros 27 asambleístas departamentales, lo que arroja un aproximado de 15.000 por cada uno. (2)
A esto hay que agregarle las “trampas” para favorecer el voto rural en cada una de las circunscripciones del Departaento..
No es raro entonces, que el MAS, que es el autor de la actual CPE, siempre tenga mayoría en la ALDT, aunque nunca hubiera obtenido la mayoría de los votos en el departamento de Tarija.
Esta inaceptable distorsión del voto, no ocurre solo en Tarija, se la puede verificar a lo largo y ancho del país..
Como si esto fuera poco, la legislación actual contempla la OBLIGATORIEDAD de que haya por lo menos un indígena entre los vocales electorales departamentales, alguien que por lo anteriormente mencionado, seguramente va a coadyuvar a que se cierre el círculo vicioso del prebendalismo y la manipulación. Así se explica que el MAS obtuviera dos tercios en Asamblea Legislativa Plurinacional, prácticamente a lo largo de casi todo su gobierno.
Otro tanto ocurre con la “discriminación positiva” referida al conocimiento de la lengua indígena como requisito para ejercer un cargo público, algo que se utiliza para “cernir” discrecionalmente a “elementos no deseados”, y que irónicamente ni siquiera los gobernantes que fueron los patrocinadores de esta CPE, nunca cumplieron esta norma como es de conocimiento público.
Otro ejemplo de demagogia, son los 36 idiomas oficiales que en la práctica es imposible de cumplir, además de innecesario como se ha comprobado en todos estos años.
Asimismo, es patética la utilización del “lenguaje inclusivo” con que comienza el texto constitucional, con “los” y “las” para subrayar (como si los bolivianos seríamos retrasados mentales) que las leyes escritas en la CPE “incluyen” también a las mujeres.
Otra medida urgente que debe asumir el próximo gobierno, es la reinstitucionalización de todas las instituciones públicas donde se valore la meritocracia y se deje de lado las prácticas de utilizar las instituciones del estado, como “botín político” para dar “pegas” a sus militantes.
Parte de esta institucionalización es la conformación de poderes totalmente independientes como lo deben ser el Poder Judicial y el Poder Electoral. No puede ser que exista un “delegado presidencial” entre los vocales electorales. Esto es tan absurdo como tener en un partido de futbol, un juez de línea nombrado por uno de los equipos.
Otra disposición que se tiene que reincorporar, es la impedir que se puedan dictar leyes que favorezcan el cambio estructural del manejo del estado en la misma gestión legislativa, sino que se la tenga que dejar para el próximo periodo, para evitar la tentación de que un potencial dictador maneje a su antojo las leyes, con el propósito de perpetuarse en el poder, como lo hemos experimentado.
En este sentido también se debe anular la opción de poder ganar una elección con el 40% y el 10% de diferencia sobre el segundo, para evitar la tentación de cometer fraude.
Otro aspecto importante, es la aclaración de que es la tricolor la bandera boliviana que representa a TODOS los bolivianos, sin que eso signifique que en las regiones puedan existir un sinnúmero de otros símbolos patrios.
También se debería instituir una nueva “cultura del trabajo” en contraposición de la “cultura del ocio y la borrachera” para lo que se necesitará rehacer el calendario de feriados dejando solo los que están arraigados desde hace siglos, es decir el de Año Nuevo, Carnaval, Día del Trabajador, Día de la Patria (6 de Agosto), Todos Santos y Navidad, sin que esto implique que disposiciones departamentales puedan declarar feriados los días festivos que se considere necesarios.
Además de todo esto, la medida más importante es el paso al estado federal que debe incluir un nuevo pacto fiscal donde la distribución de los recursos debería hacerse de manera más equitativa entre el nivel nacional (federal) y los estados federales (actuales gobernaciones y municipios).
Todas estas medidas posibilitarán devolverle la institucionalidad democrática a nuestra República que deberá cambiar su nombre a República Federal de Bolivia.
Esto es a grandes rasgos, lo que el nuevo gobierno deberá hacer y para eso se necesita un frente amplio o por lo menos un pacto que incluya a todas las fuerzas democráticas, tanto de partidos políticos, organizaciones cívicas y movimientos sociales que tengan como única premisa retomar el camino democrático, para que en posteriores elecciones y ya con reglas claras y con una democracia consolidada, podamos dirimir nuestras diferencias civilizadamente, que es en esencia, lo que la democracia persigue.
Es por esto, señores políticos, cívicos y sociales, que el pueblo boliviano les pide unificar criterios, deponer aspiraciones personales y mirar un solo horizonte: el de una Bolivia democrática y federal. Este es el único camino para dejar atrás la “el estado plurinacional da cocaína” y encaminarlo a la República Federal de Bolivia. Esta es la tarea que la historia ha puesto en sus manos y sus hijos y nietos se los demandarán si equivocan el camino.
- (1)Datos extractados del censo realizado por el INE en 2012
- (2)Datos extractados del censo realizado por el INE en 2012
*Javier Vega es Presidente de la Asociación de Periodistas de Tarija